La larga espera para despenalizar el aborto por violación

Cuando arrancó la sesión, la asambleísta Ximena Peña, hablando en nombre de la comisión que propuso las reformas, pidió que el debate se divida en dos grandes partes. Las reformas, dijo, abordan temas distintos con «aristas importantes» -lucha contra la corrupción, comercialización de medicamentos caducados, delitos sexuales en contra de niños. Una sola jornada no iba a ser suficiente. Su pedido fue aprobado por mayoría.

Durante tres horas, se habló sobre las reformas hasta el artículo 202. En el 150 se penaliza el aborto, por lo que su reforma es la que se propone. La discusión sobre ese artículo acaparó gran parte de las 15 intervenciones de los asambleístas.

Hacía menos de una semana, el 1 de agosto, debía empezar este segundo debate, pero se suspendió por falta de quórum. Se necesitaban al menos 70 asambleístas. Había solo 59. El número mínimo de asistentes se habría podido completar si los asambleístas correístas que estaban en el pleno se hubieran registrado, pero decidieron no hacerlo. «Que el presidente Litardo gobierne con su mayoría y que esa mayoría gobiernista les dé sus votos», dijo a los medios la legisladora correísta Soledad Buendía, a la salida del hemiciclo.

El primer debate de la reforma tuvo tres sesiones: el 3 y el 15 de enero, y el 5 de febrero de 2019. En el Ecuador, no hay una norma que establezca plazos entre el primero y el segundo debate de una ley. La decisión del bloque correísta alargó una espera de más de seis meses.

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Pasadas las tres horas de debate del 6 de agosto de 2019, el presidente de la Asamblea, César Litardo, suspendió la sesión y dijo que la retomarían el martes 13 del mismo mes. De acuerdo a la moción de la asambleísta Peña, en la segunda parte del debate deben abordarse las reformas que van desde el artículo 217 hasta la disposición final del COIP.

Pero en la última sesión, en la que intervinieron 15 asambleístas, al menos otros 13 que pidieron no pudieron hablar ese día. No está claro si, en la continuación del segundo debate, se les dará el tiempo a todos para discutir un tema (el aborto por violación) que en teoría debió tratarse el primer día.

Los asambleístas que intervinieron fueron 15: Ximena Peña (Alianza País) Marcela Aguiñaga (Revolución Ciudadana), Henry Cucalón (PSC), Kharla Chávez (Alianza País), Dallyana Passailaigue (PSC), Rosa Orellana (Alianza País), Franklin Samaniego (Revolución Ciudadana), Héctor Yépez (CREO), Sebastián Palacios (SUMA), Wilma Andrade (ID), Viviana Bonilla (independiente), María Mercedes Cuesta (independiente), Silvia Salgado (Partido Socialista), César Rohon (PSC), y Mónica Alemán (Revolución Ciudadana).

Tres (Rohon, Bonilla y Yépez) hablaron en contra de la despenalización. Nueve (Peña, Aguiñaga, Passailaigue, Palacios, Andrade, Cuesta, Salgado, Alemán y Samaniego) a favor. Tres (Cucalón, Chávez, Orellana) no mencionaron el tema. Se enfocaron en otras reformas, como la rebaja de las penas por robos.

Los doce legisladores que decidieron tocar el tema que ellos mismos calificaron como delicado, polémico y sensible, lo hicieron desde las convicciones personales y las cifras. En su intervención, la asambleísta de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, compartió datos actualizados de la Fiscalía. «Estoy convencida que cuando ustedes puedan conocer la veracidad de las cifras puedan tomar una decisión que no venga del dogma», dijo Andrade. «Yo tengo el mío pero Ecuador es un estado laico y sobre esa base tenemos que legislar». Luego leyó los datos: en los cinco años de vigencia del COIP son 26.132 las niñas, adolescentes y mujeres que fueron violadas en el país.

Otra asambleísta que mencionó una cifra fue Viviana Bonilla. Dijo que actualmente había solo una mujer en la cárcel por abortar. «¿ Cuántas mujeres necesitan estar presas para que despenalicemos?», preguntó María Mercedes Cuesta durante su intervención, en respuesta.

El discurso de Cuesta fue, quizás, uno de los más intensos. Recordó su intervención en el primer debate, hace seis meses, cuando confesó que ella había sido víctima de violación. Dijo también que entre 2008 y 2018, 2052 niñas habían parido en hospitales del sistema público. «Señoras les dicen cuando dan a luz. Señora, ya pueden amamantar a su hijo. ¡Carajo! no son señoras, son niñas y tienen 14 y 12 años» cuestionó con pasión Cuesta. «No son señoras. Son criaturas que han tenido que dejar el colegio, que están condenadas a la miseria porque tienen que ser madres», dijo la asambleísta independiente.

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Si el martes próximo que se retome el debate, se logra concluir todas las intervenciones, los 137 asambleístas deberán votar las reformas. Según el procedimiento establecido, las propuestas para las reformas al COIP llegan primero al Consejo de la Administración Legislativa (CAL). Allí se verifica que cumplan con requisitos legales y constitucionales. Luego se trasladan a la comisión competente para tratarlas. En este caso, la Comisión de Justicia, que fue presidida por Marcela Aguiñaga de Revolución Ciudadana, y que desde mayo de 2019 está encabezada por Ximena Peña, de Alianza País.

Allí se aprobó un primer informe que fue leído en el pleno en la sesión 656, el 3 de enero de 2019. Como es usual, la sesión fue suspendida cuando la entonces presidenta Elizabeth Cabezas lo consideró pertinente. Se retomó en dos otras ocasiones: el 15 de enero y el 5 de febrero, cuando se dio por concluida el primer debate. Las observaciones, comentarios o correcciones que se hicieron durante el debate en el pleno son considerados por la Comisión de Justicia que prepararó un segundo informe. La convocatoria para el segundo debate es potestad del Presidente, que ya no es Cabezas, sino César Litardo.

La segunda parte del debate, que según Litardo se retomará el martes 13 de agosto de 2019, podría durar varios días -tal como ocurrió en el primero. Dependerá del criterio con que Litardo dé paso a las intervenciones de los asambleístas que han pedido hablar. La forma de votación será, muy posiblemente, propuesta por la asambleísta ponente, Ximena Peña y podrá ser, según se determina en la Ley Orgánica de la Función Legislativa «por títulos, capítulos, secciones o artículos». Es decir, los legisladores pueden votar por todo el paquete de reformas, o por los artículos específicos.

Una vez que se termine el segundo debate, la única persona que podría hacer cambios o incorporaciones es Peña, por ser la ponente del proyecto. Pero no es usual que eso ocurra: normalmente existe ya un acuerdo político entre bancadas para votar el proyecto discutido en el pleno. Después del segundo debate, se debe votar.

Durante el primer debate de las reformas del COIP, 44 asambleístas expusieron sus argumentos para justificar su apoyo o rechazo a las reformas. De ellos, 17 dijeron estar a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Entre ellos, Sebastián Palacios de SUMA, Gloria Astudillo de CREO, Liliana Durán de Alianza País, María Mercedes Cuesta de Fuerza Ecuador en ese entonces y hoy independiente; y Jeannine Cruz de CREO. Las intervenciones que defendieron la postura contraria, fueron 13. Entre ellos, Viviana Bonilla de Alianza País, César Rohon del PSC, Noralma Zambrano de Alianza País y Pedro Curichumbi de CREO.

En esa ocasión también se recibieron en comisiones generales a ciudadanos a favor y en contra de la despenalización. Entre los que no apoyan la despenalización estuvieron Pablo Crespo de la Red Vida y Familia como «testimonio de vida». Martha Villafuerte de la Red Vida y Familia, quien para expresar su postura en contra dijo que el gobierno promueve educación con ideología abortista . El médico Mario Monteverde que dijo que «que cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide estamos frente a un ser humano «.

Entre los ciudadanos que hablaron a favor de la despenalización estuvieron Bernarda Ordóñez de la organización Mujeres con Voz quien dijo que el aborto no es un tema controversial sino una dolorosa realidad que se escapa del Derecho. «En los últimos tres años se han registrado más de 14 mil violaciones y en la última década más de 20 mil niñas menores de 14 años parieron, a estas niñas se les robó su niñez», dijo. Sybel Martínez del Grupo Rescate Escolar recordó que Ecuador ostenta el índice más alto de embarazo adolescente en América Latina. «La violación es una muerte anticipada y se profundiza cuando existe un embarazo no deseado en niñas y adolescentes», dijo. El médico César Paz y Miño contó que, en su experiencia como médico ha evaluado a niñas de entre 9 a 17 años «con embarazos con problemas malformativos severos catalogados como monstruosidades, producto de violación». Dijo además que era difícil concebir que el embrión fuese una persona. «Para ello es necesario que el nacido pueda existir fuera del útero de la mujer embarazada», dijo Paz y Miño. «Esto no puede ocurrir antes del séptimo mes de embarazo», dijo.

La discusión social para despenalizar el aborto por violación se reactivó a mediados de 2018, cuando se anunció el debate de las reformas al COIP. Había estado en pausa al menos cinco años. En el 2013 hubo un intento de que se incluya al aborto en casos de violación en el nuevo Código Penal. Cinco asambleístas de Alianza País – entonces el partido de mayoría- hablaron categóricamente sobre las razones por las que debía incluirse el tema en el debate.

Pero ese grupo fue silenciado cuando el presidente Rafael Correa les dijo que eran desleales , y amenazó con renunciar si, desde la Asamblea, se insistía con el tema. Luego de la amenaza, fueron sancionadas disciplinariamente por el Comité de Ética de Alianza País, lo que implicó una suspensión a su rol en la Asamblea por treinta días.

Los intentos por incluir el tema en el nuevo Código fracasaron. Pero en estos seis años, la sociedad civil ha intentado posicionar el tema de nuevo en el debate público y legislativo. La fundación Desafío -que promueve los derechos sexuales y reproductivos- lanzó la campaña #DéjameDecidir para mostrar los diferentes argumentos por los que se debería despenalizar el aborto por violación.

Mostró, por ejemplo, que entre 2004 y 2014 en el país abortaron 431614 mujeres. De ellas, el 85% podría haber abortado en la clandestinidad o mediante autoinducción. Además, mostraron que las mujeres que más abortan tienen entre 16 y 25 años y que más de 45 de cada 100 mil mujeres mueren cada año por un aborto en el Ecuador. Fundación Desafío y otros colectivos también recordaron las diferentes recomendaciones que el Ecuador ha recibido de organismos como el Comité de Derechos Humanos, o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en los que ha pedido al Estado que garantice que las niñas y las mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso a abortos seguros.

El 28 de septiembre se organizó la primera marcha en el Ecuador para conmemorar el Día de acción global por un aborto legal y seguro. Ese mismo año, se creó Aborto Libre , una plataforma de colectivos y ciudadanas que buscan despenalizar el aborto en todas las causales. Algunos de los asambleístas, como Héctor Yépez, han dicho que en realidad la despenalización del aborto por violación es la puerta para la despenalización en el resto de causales. «No lo puedo apoyar», dijo en el segundo debate, «Forma parte de una agenda para promover la legalización del aborto libre en el país», dijo. El aborto en el Ecuador es legal solamente bajo dos causales: cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada y quedó embarazada, y cuando la vida o la salud de la mujer embarazada corre un peligro que no puede ser resuelto por otros medios.

La culminación del segundo debate de estas reformas será histórico: las irreconciliables posturas de quienes insisten que la viabilidad del producto de una violación son materia de total protección jurídica y de aquellos que creen que una mujer embarazada por violación que aborta no debe ir a la cárcel se resolverán mediante la simple aritmética legislativa. Pero, al día siguiente, el Ecuador será el mismo país y, al mismo tiempo, radicalmente distinto.