En la caleta de Punta de Choros, en la costa del océano Pacifico de Chile, unos 900 pescadores no se atreven a celebrar plenamente aún el rechazo de las autoridades regionales al proyecto minero portuario Dominga por insuficiencias ambientales. Estos pescadores, de la norteña región de Coquimbo, temen que el gobierno desbloquee el proyecto de […]
En la caleta de Punta de Choros, en la costa del océano Pacifico de Chile, unos 900 pescadores no se atreven a celebrar plenamente aún el rechazo de las autoridades regionales al proyecto minero portuario Dominga por insuficiencias ambientales.
Estos pescadores, de la norteña región de Coquimbo, temen que el gobierno desbloquee el proyecto de la compañía chilena Andes Iron, que invertiría 2.500 millones de dólares en la extracción de hierro y promete 9.800 empleos en la etapa de construcción y 1.400 en la fase de producción.
El proyecto afectaría varias reservas naturales y los pescadores cuestionan también los efectos del paso de barcos cargueros y de una planta desalinizadora.
Dudan, además, según comentaron en entrevistas con IPS, que el Consejo de Ministros mantenga la decisión de las autoridades regionales ambientales que rechazaron la explotación de la mina Dominga, controlada por la familia Délano.
Andes Iron presentará este mes su apelación al Consejo de Ministros, instancia decisoria final, insistiendo en las bondades del proyecto que extraerá 12.000.000 toneladas anuales de concentrado de hierro y otras 150.000 de concentrado de cobre.
La explotación duraría 26,5 años y será a tajo abierto interviniendo 10.000 hectáreas para instalar una zona de extracción, una planta y un sector de relaves. Requerirá además un puerto para sacar el mineral que se exportará hacia China, Japón y otros mercados.
«Es una zona rica en recursos bentónicos y hay muchas algas y microvida. Queremos que se replantee el proyecto minero. Hay necesidad de desarrollo, sobre todo en una zona pobre como esta, pero bien hecho», dijo a IPS la geógrafa y guardaparques Paulina Correa, a cargo de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.
«Aquí hacemos turismo de bajo impacto. Muchas personas viven de eso y lo cuidan. Queremos un desarrollo que proteja el medio ambiente», agregó Correa quien lamenta que el proyecto minero dividió a la comunidad entre quienes viven de la pesca y del turismo y quienes habitan en la precordillera andina.
Punta Choros cuenta oficialmente con 238 habitantes permanentes, pero esa cifra se multiplica por 10 al sumar los trabajadores de una decena de restaurantes y hospedajes, por el boom de turistas, atraídos por sus espectaculares playas, avistamiento de ballenas y típica gastronomía.
El proyecto fue inicialmente aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo que indicó que la mina «cumple con la normativa ambiental aplicable» y que la compañía «subsanó los errores, omisiones e inexactitudes».
Según Oscar Rebolledo, director regional subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, «las medidas propuestas (por la compañía) se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias» que derivan del proyecto.
Pero Claudio Ibáñez, intendente (gobernador) de la región, opinó lo contrario y el 9 de marzo dirimió un empate a seis entre los secretarios regionales y rechazó el proyecto.
«La proposición que hace (la compañía) en términos ambientales de compensación o reparación no son apropiadas ni suficientes para asegurar como es debido el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la reservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental», afirmó Ibáñez al justificar su decisivo voto.
Dijo estar consciente que Dominga representa «una posibilidad de desarrollo económico y social importante», pero indicó que tiene igual conciencia de que «estamos poniendo en riesgo una de las reservas naturales más importantes del mundo y el hábitat para decenas de especies».
Punto caliente de biodiversidad mundial
En el área del proyecto minero a cielo abierto está la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, creada el año 1990 para proteger esta especie (Spheniscus humboldti) con problemas de conservación y donde 80 por ciento de su población mundial nidifica.
Habitan ahí otras especies en peligro: el yunco (Pelecanoides garnotii), ave capaz de sumergirse hasta 80 metros en el mar, y mamíferos como el lobo marino común (Otaria flavescens) y el chungungo o nutria de mar (Lontra felina) en peligro de extinción. La reserva incluye tres islas donde crecen varias especies de flora endémica en categoría de conservación por la fragilidad de su ecosistema.
También en la zona se halla la Reserva Marina Islas Choros y Damas, con 49 especies de flores, incluidas la añañuca amarilla (Rhodophiala bagnoldii). En torno a isla Chañaral se avistaron este verano austral decenas de grandes cetáceos como el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). También las ballenas fin (Balaenoptera physalus) y azul (Balaenoptera musculus) ambas en peligro de extinción.
Josué Ramos, pescador y buzo de la Asociación Gremial de Pescadores de Los Choros, vive sacando machas (Mesodesma donacium) desde 1996. Contó a IPS que en el año 2000 este molusco bivalvo se extinguió y 12 años después se estableció un proyecto para su repoblamiento.
«Se pactaron 100.000 unidades, pero se plantaron solo las primeras 10.000. Al cabo de 14 años dio resultados. Hoy hay una playa de 18 kilómetros con un sector productivo de10 kilómetros y la macha se expande», relató.
«El año antepasado fue el primero de extracción con estudios, seguimiento y análisis de la biomasa. Sacamos 670 toneladas y en un sector que es un área de manejo de nativos salieron 95 toneladas. El 2016 aumentó a 832 toneladas en el sector grande y mi gremio sacó 156 toneladas» contó Ramos.
«Con la conciencia que se ha ido generando ha habido mejores frutos en las áreas de manejo, con parcelas marinas que el Estado nos pasó para que cuidáramos. En 30 kilómetros de costa hay seis áreas de manejo y eso representa 70 por ciento de la producción de recursos bentónicos de la región», subrayó.
Ramos se opone a Dominga porque «sobreexplotan, mandan para afuera y después domina el precio. Para sacar una tonelada de hierro a 52 dólares al precio actual, dejan 100 toneladas de relave con compuestos químicos. Nosotros sacamos una tonelada de macha y producimos 1,5 millones de dólares. Y solo levantamos la arena sin ningún tipo de transformación».
Este pescador no tiene «ninguna expectativa» de que el Consejo de Ministros mantenga el rechazo ambiental a Dominga y cree que va a triunfar «el maldito progreso».
«Ya renunciaron dos ministros que votan», agregó, aludiendo a recientes dimisiones de Andrés Gomez Lobos, de Transportes, y Pablo Badenier, de Medio Ambiente.
El 30 de marzo representantes de Andes Iron se reunieron con una decena de crianceros (cabreros trashumantes) en la Casa Dominga, en el municipio de La Higuera, en un encuentro cerrado, pero a cuyo diálogo IPS logró tener acceso.
«Nosotros vamos a ir con todo. Aquí hay una injusticia y no nos vamos a doblegar», dijo el representante de la empresa a crianceros, favorables a la mina y que por turno informaron de sus entrevistas con radios locales para persuadir sobre las bondades del proyecto.
Al término de esa reunión, Omar Alfaro, de la Asociación de Crianceros de La Higuera, dijo a IPS que gracias a un acuerdo marco «el proyecto Dominga mejorará los rubros productivos y cuando cierre su faena quedaríamos con un mejor desarrollo en actividades como la agrícola, la parte criancera y también la pesca».
Alfaro participó en una mesa comunal donde se firmó el acuerdo marco que compromete a la empresa a entregar «un piso mínimo de 1.300 millones de pesos y un máximo de 2.600 millones de pesos anuales (entre 2 y 4 millones de dólares) para proyectos una vez que la mina entre a producir», relató.
El acuerdo incluye «mejorar la genética del ganado y tener la posibilidad de reforestar y recuperar el bosque nativo deteriorado por largas y prolongadas sequías», declaró.
Sobre el agua que usará la mina, Alfaro contó que «una geóloga hídrica nos explicó la situación» indicando que Dominga «va a reinyectar (el agua) en la misma cuenca del río».
«Tenemos esperanza de que se respete la institucionalidad. Creo que es importante para el país, y el Consejo de Ministros tiene una oportunidad enorme para poder revertir y ordenar los instrumentos técnicos que se han dado en la institucionalidad medio ambiental», declaró Iván Garrido, gerente general de Dominga al diario electrónico Pulso.
El ejecutivo pidió que el Consejo de Ministros «valore el informe del Servicio de Evaluación Ambiental» de Coquimbo, que les fue favorable.
Liesbeth Van der Meer, directora ejecutiva de la no gubernamental Océana Chile, cree que el proyecto será definitivamente rechazado.
«Aquí más que un problema político hay un problema de la evaluación ambiental. Hubo una serie de irregularidades y eso genera que no se pueden evaluar los impactos sobre uno de los 36 hotspots (puntos prioritarios) de biodiversidad en el mundo», dijo a IPS.
Si se aprueba Dominga se cometerá «un crimen contra el patrimonio natural», agregó.
Van der Meer pidió «no pensar que todo el desarrollo en Chile va a ser extractivista» y demandó respetar a pescadores y operadores turísticos de Punta de Choros, adonde en 1998 llegaban 900 visitantes que se multiplicaron hasta 50.000 el 2016.
La minería es determinante en la economía de Chile y atrae más de un tercio de las inversiones extranjeras, en un país que es el mayor productor mundial de cobre y otros minerales, como renio, litio y yodo, además de extractor relevante de varios más.