«La ley antiterrorista contra el pueblo mapuche: la criminalización contra una nación»

Inició la conversación la Coordinacción de Organizaciones Autónomas Mapuche de Santiago, realizando una reseña sobre la realidad del pueblo Mapuche antes y después de 1997, fecha que aparece como eje referencial en el ascenso de la movilización mapuche y que trajo consecuencias político-sociales que explican la actual situación de este pueblo.

Lo anterior en un marco político de movientabilidad persistente de los pueblos originarios, habitantes del cono sur del continente hoy conocido como América.

Para COOAMS, la resistencia de los pueblos originarios ha sido permanente desde que arribaron los europeos a este territorio, momento desde el cual han sido negados, despreciados e invisibilizados como actores políticos. Imponiéndose todo tipo de calificativos como: «bárbaros«, «flojos» o «alcohólicos«, cosa que en la actualidad se ha modificado por «terroristas«, una vez que estos decidieron terminar con su estado subalterno e iniciar procesos de politización apuntando hacia la autonomía y la autodeterminación.

Señaló además COOAMS, que demográficamente el pueblo Mapuche abarca el 87.2% de la población total indígena dentro de la comunidad imaginada llamada Chile, estos distribuidos tanto en las zonas rurales como urbanas. Un dato no menor si tenemos en consideración que el 35,1% de la población Mapuche se encontraba bajo la línea de pobreza, cosa que diez años después, es decir, diez años en que la conflictividad ha sido permanente en Chile, la reducción de esta tendencia ha bajado en un 15%. Dentro de una realidad donde los habitantes Mapuche arrojan el mayor nivel de indigencia como también el mayor nivel de discriminación y racismo.

Dichos datos llevó a las organizaciones Mapuche y en específico a la CAM a crear una nueva forma de hacer política para el pueblo Mapuche con el objetivo de revertir lo que denominan un proceso de exterminio. Producto de esta política, el Estado recurrió a la aplicación de la Ley por Conductas Terroristas para neutralizar y terminar con el movimiento Mapuche, que tiene en la actualidad a 36 Presos Políticos Mapuche en procesos judiciales por dicha ley. Además ha generado constantes allanamientos a las comunidades, como asesinatos políticos (Lemun, Catrileo, Mendoza Collío). No obstante, para COOAMS, la irrupción de esta política también ha provocado avances sociales importantes. Uno, el fin de la opresión cultural e identitaria; dos, la recuperación de predios territoriales; tres, el reconocimiento de parte del Estado de una «Verdad Histórica» comprometiéndose internacionalmente a generar un «Nuevo Trato«, que muchas veces ha quedado supeditado al asistencialismo a través del Proyecto Orígenes. Por último, señalaron que ideológicamente el pueblo Mapuche ha dado un paso cualitativo, lo que ha generado el surgimiento de nuevos weichafe.

Juan Pablo Cárdenas, director de la Radio Universidad de Chile y Premio Nacional de Periodismo del año 2005, señaló que el pueblo chileno no ha reconocido su mestizaje, ni la existencia de una cultura común, sobre todo en los más pobres, marcando notable diferencia con otros países del continente, como Paraguay, Ecuador y Bolivia que al reconocer su mestizaje contribuyen ha mejorar sus democracias con la perspectiva originaria.

Además hizo una crítica a las organizaciones Mapuche por sus diferencias y por la imposibilidad de construir un movimiento de carácter nacional como ocurre en Bolivia y Ecuador, impidiendo que la movilización Mapuche tenga repercusiones más amplias. Así mismo, realizó un llamado de atención al pueblo chileno, enfatizando la ausencia de una izquierda fuerte que solidarice activamente y mas allá del discurso reivindicativo Mapuche, lo que provoca que las demandas sean tomadas por el Estado desde una perspectiva asistencialista y judicial.

Jorge Pinto, historiador y candidato a Premio Nacional de Historia, señaló que las actuales injusticias que vive el pueblo Mapuche demuestran solo la fuerza coercitiva que tiene el Estado, la cual no es muy distinta a lo que ha sucedido desde su nacimiento como nación. Este Historiador se remitió a los tiempos de la Ocupación de La Araucanía para señalar el marco temporal en que comenzó la violencia contra los Mapuche, subrayando que al igual que ayer, la expansión y dominación del Estado se debe a dos aspectos, uno económico y el otro político.

Dos errores cometió el Estado según Jorge Pinto cuando se habla del pueblo Mapuche. El primero es presumir que Chile no le debe nada a los Mapuche, cosa que significaría falsear la historia, ya que existen elementos culturales, sociales, políticos y económicos que los Mapuche contribuyeron sobre todo en la zona denominada La Frontera. En segundo lugar, pensar que las tierras Mapuche eran improductivas en manos de ellos. Dicho lo anterior, Pinto señaló que la violencia se impuso sobre una segunda violencia, la violencia de la expropiación de tierras que sufrió el pueblo Mapuche luego de la ocupación militar.

Por último, Pinto dijo que el peor fracaso del Estado es no haber construido una comunidad entre las tres razas que convivieron en La Frontera, la Mapuche, chilena y extranjera. Por el contrario, se buscó deslegitimar una (Mapuche) lo que ha dañado duraderamente a la novena región que hoy se esfuerza por crear lazos de comunidad, pero que sin embargo todo apunta a que se inició demasiado tarde.

Con las ponencias antes reseñadas se entró en la materia de la Ley por Conductas Terroristas. El primero en iniciar la discusión fue el historiador Pedro Rosas, quien dijo que en la actualidad se está ante una construcción simbólica edificada en torno al orden, apuntando a crear un miedo hacia las reivindicaciones sociales con el fin de mantener un orden «social» que arrincona a través del miedo dichas reivindicaciones. Haciendo un parámetro con la década del 60, Rosas señaló que durante dicha década la resistencia era una cuestión ética, cosa que se vio reafirmada en la dictadura cuando se legitimaron todas las formas de lucha, pero que sin embargo, bajo la democracia de los acuerdos, se tratan de terroristas. Finalizó este historiador, planteando su miedo a que cualquier reivindicación sea tomada como terrorista como hoy está ocurriendo con el pueblo Mapuche.

Luego fue el turno de Alberto Espinoza, abogado de larga trayectoria en la defensa de los DD.HH, quién afirmó que la aplicación de la Ley Antiterrorista obedece a un objetivo político que sobrepasa los marcos jurisdiccionales ya que estos no están dados en los Mapuche para que se les pueda aplicar. Así, partió de una premisa básica: el terrorismo debe causar temor, término muy ambiguo si se entiende que todo puede causar temor, un robo, una violación, etc. Por lo tanto según este abogado, la Ley Antiterrorista se está utilizando para causar temor pero en los Mapuche, en sus militantes, simpatizantes y líderes.

¿Por qué no son terroristas las demandas Mapuche? Preguntó Espinoza, primero, porque la lucha es de carácter ancestral, lo que está respaldado por leyes internacionales dictadas desde la ONU. Además la lucha Mapuche es por respeto a la dignidad, donde no se aprecia una intencionalidad de provocar hechos que puedan ser categorizados de terroristas. Esto por otro punto muy esencial, con hondas y piedras no se puede provocar un gran poder ofensivo.

Bajo dichos prismas concluyó Alberto Espinoza, diciendo que la actuación del Estado contra los Mapuche muestra lo más permanente de la Doctrina de Seguridad Nacional que aún se aplica en baja intensidad en Chile, con la consecuencia de aplicar la fuerza estatal y judicial para aplacar una justa demanda social.

Desde un aspecto vivencial, Víctor Queipul, Longko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, reivindicó la movilización Mapuche a través de su legitimación histórica y persistencia cultural. Refutó la apreciación de terrorista que se vierte sobre los Mapuche, señalando, que desde éste lado jamás se ha matado a alguien, como si lo ha hecho la policía, como son los casos de Lemún, Catrileo y Mendoza Collío. Agregó además, que si los Mapuche mataran, sería ensuciar la legitimidad de la lucha.

Con el Longko estuvo además la lamngen Natividad Llanquileo, de la Comunidad Esteban Yevilao de la comuna de Tirúa, quien leyó una carta hecha por los Familiares de los Presos Políticos Mapuche, quienes denuncian que «no es sólo el Ministerio Público, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, si no que es el propio Gobierno Chileno, a través de los abogados querellantes de las distintas Gobernaciones Provinciales. Es decir, el Gobierno Chileno de la Concertación ayer, y hoy de la Derecha, se hace parte siempre, en contra del pueblo mapuche y a favor de los usurpadores, invocando a los cuatro vientos su aplicación«.

Igualmente denuncian que «la aplicación de la Ley Antiterrorista en el procesamiento de los presos políticos mapuche implica arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como: Secreto de la investigación durante casi todo el proceso, que impide el derecho a la defensa. Prisión preventiva durante todo el proceso para la mayoría de los imputados (más de un año), no respetando la presunción de inocencia, supuestamente, garantizada por el actual sistema judicial chileno. Testigos «sin rostro» o secretos, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversión en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y los fiscales«.

Según Natividad Llanquileo, la Fiscalía está solicitando para sus familiares penas que van entre los 30 y 103 años, por último denuncian que «la aberración jurídica más grande la constituye el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche, del Proceso de Recuperación Territorial de Choque (Cárcel de Concepción), quienes, por un mismo hecho, están siendo procesados por la justicia civil y por la militar al mismo tiempo«.

Cerró finalmente Raúl Sohr, quién planteó que la aplicación de la Ley Antiterrorista contra los Mapuche es un acto de discriminación. Al igual que Espinoza, dijo que la concepción de terrorismo fundada en causar temor es extremadamente subjetiva, ya que juzgar intencionalidades siempre ha sido una tarea delicada. Si fuera por el plano operativo dijo Sohr, entonces estudiantes, trabajadores y cualquier movilización social aquí o fuera de Chile debería ser sancionada, ya que la utilización de piedras o quemas a través de bombas molotov ocurren en todos los lugares. No obstante, estos mismos hechos, si se producen en territorio Mapuche son sindicados de terroristas, por lo tanto existe una aplicación de justicia de forma no igualitaria. Subrayó sin embargo, que sería extremadamente aberrante aplicar dicha legislación a las legítimas protestas sociales contra un nefasto sistema económico. E incluso, equiparar una acción de una persona que detona bombas, con gente que reivindica mejoras a la calidad de vida. Sintetizó dicho planteamiento, diciendo que un sistema democrático debe distinguir entre la protesta social, aún si recurre a la violencia y un movimiento empeñado en la aplicación del método terrorista.

Para Sohr, la mayoría de los chilenos admite que las raíces de las reivindicaciones del pueblo Mapuche son profundas. La deuda histórica del Estado de Chile con sus primeros pobladores no ha sido ni remotamente pagada, como sí ha sucedido en Australia o Canadá donde los gobiernos han pedido perdón por los abusos cometidos. Muy en contraparte con la actuación chilena donde los calificativos de terroristas o la deslegitimación política son permanentes.

Por último, planteó que apuntar como terrorista a ciertos activistas mapuche, es un acto de mala fe. Una hipocresía ante el mundo, cuando Chile señala que aquí reina la paz, es decir, que no operan grupos terroristas cuando a la vez se encausa gente bajo dicho prisma. A raíz de esto, afirma Raúl Sohr, invocar la legislación por Conductas Terroristas constituye un recurso intimidatorio que linda en el racismo.

Algunos dirigentes Mapuche englobados en la Coordinadora Arauco Malleco han pasado en las cárceles de Chile por quince meses bajo la excusa de ser una «prisión preventiva«, además están siendo doblemente juzgados, tanto por justicia militar como civil (para ellos ver las conclusiones del Seminario Justicia Militar en causas Mapuche) lo que eleva las penas al doble por un mismo hecho. Se agrega a esto, el secreto de la investigación, que mantiene por meses los expedientes en las sombras imposibilitando la creación de una defensa óptima. Se acrecienta esto con la imposición de testigos que ocultan su identidad, impidiendo conocer, saber y creer si lo que señalan es verídico, acaso ¿no pueden inventar testimonios? (para esto ver el juicio de Los Loncos, donde hubo testigos sin rostro que no eran capaces de reconocer a los imputados e incluso negaban que estuvieran en la sala cuando estaban frente a ellos).

Es necesario plantear que internacionalmente todos tienen derecho a un debido proceso, y que todo Estado tiene el derecho de sancionar las protestas que sobrepasen la legalidad, pero ello debe ser dentro de los parámetros civiles acordes con la institucionalidad. Pero acá en Chile no se cumple ni lo uno ni lo otro.

Conclusiones del seminario que podemos dimensionar, es que los hechos Mapuche no son terroristas, que el Estado de Chile debe saber diferenciar entre una legítima protesta social y hechos que pueden ser catalogados de terroristas (cosa que en Chile hasta la fecha no ha sucedido, no así el terrorismo de Estado); debe existir un mayor conocimiento sobre lo que brotó en los campos Mapuche desde una dimensión político-social y cultural para no caer en la judicialización y criminalización de la protesta mapuche. Pero por sobre todo, solucionar políticamente las diferencias entre el gobierno chileno y este pueblo.

Por último para considerar: «La dictadura no logró mortificar el espíritu mapuche, ¿qué le hace pensar a los sucesivos gobiernos chilenos que lo van a lograr multiplicando las penas? Es una estrategia fracasada e instigada por ciertos sectores del poder y ha sido implementada por distintos gobiernos y que no responde a una reflexión profunda de dónde va este país» (Raúl Sohr).