En entrevista con Clarín.cl el abogado Juan Guzmán Tapia (1939) puntualiza el contexto histórico vivido durante los años como Juez de la Corte de Apelaciones; retirado de los tribunales, actualmente, dirige el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile y litiga en la defensa de la cineasta Elena Varela, autora […]
En entrevista con Clarín.cl el abogado Juan Guzmán Tapia (1939) puntualiza el contexto histórico vivido durante los años como Juez de la Corte de Apelaciones; retirado de los tribunales, actualmente, dirige el Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Chile y litiga en la defensa de la cineasta Elena Varela, autora del documental Newen Mapuche ; al respecto declaró: » No se ha presentado ningún recurso para la recuperación del material fílmico. Una vez concluido el juicio nos vamos a ocupar de las indemnizaciones correspondientes»
En 1998 Juan Guzmán Tapia, entonces Ministro Especial de la Corte de Apelaciones, aceptó la querella que interpuso Gladys Marín en contra de Augusto Pinochet, acusándolo del secuestro y asesinato de la dirigencia del Partido Comunista de Chile (1976). El Juez se veía impedido para actuar, ante la vigencia de la Ley de Amnistía, decretada en 1978; finalmente Juan Guzmán logró indiciar y desaforar a Pinochet, argumentando «secuestro permanente», en los casos: Caravana de la muerte y Operación cóndor, sin embargo la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones desistieron encarcelar a Pinochet por motivos de salud (sic).
«La verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la denominada verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva» dijo Juan Guzmán Tapia a l Clarín , en teoría debería ser así, pero se retiró defraudado del Poder Judicial; ahora dedica su esfuerzo y experiencia a la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Central y a la defensa de la comunidad mapuche, que a su vez lo nombró » tuguntufe » (portavoz) del pueblo lafquenche. Su regreso a los tribunales, obedece a su perseverante defensoría de los Derechos Humanos, esta vez litiga por la libertad de Elena Varela.
MC.- ¿En qué momento se percata de los crímenes de la dictadura?, ¿pensó renunciar al sistema judicial chileno o marcar la diferencia desde adentro?
JG.- No me percaté de los crímenes de la dictadura hasta muy avanzada ésta. Cuando se sabía de personas que eran muertas por operativos militares, se pensaba que se trataba del cumplimiento de los apercibimientos del toque de queda, que estaba advertido; o de hechos sueltos cometidos por la soldadesca abusando del poder. Todo esto era repudiable, pero estaba lejos de reflejarnos lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Cuando comencé a darme cuenta de detenciones ilegales sistemáticas, era relator en la Corte de Apelaciones de Santiago y no tenía en mis manos la decisión sobre los habeas corpus o recursos de amparo rechazados. En esos momentos, pensé que hacía el bien quedándome en el poder judicial. Por lo tanto, nunca pensé en renunciar del mismo.
MC.- ¿Era viable la primera querella de Gladys Marín en contra de Pinochet? Lo pregunto ante el blindaje político y jurídico del dictador y senador vitalicio…
JG.- Era viable, aunque los abogados que la presentaron dudaron de que yo la admitiría a tramitación. Luego, pensaron que haría una tramitación ligera. Más tarde, cuando comencé a procesar a muchos generales, coroneles, etcétera, jamás pensaron que procesaría a Pinochet. Pero, la querella me pareció viable desde el principio. Toda persona, a pesar del blindaje que tenga, puede ser juzgado. Para eso existen los procesos de desafuero. Y yo solicité tres veces el desafuero de Pinochet, y la corte de apelaciones lo otorgó en dos ocasiones: Caravana de la muerte y Operación cóndor y lo rechazó en el caso de la calle Conferencia.
MC.- En el ámbito de la Justicia Internacional, ¿qué precedente dejó el arresto de Pinochet en Londres?
JG.- La solicitud de extradición y de prisión para esos efectos respecto de Pinochet por parte del Juez Baltasar Garzón implicó un gran paso hacia la aplicación práctica de la jurisdicción penal universal. Desde luego, el artículo 23.4 de la Ley orgánica del poder judicial otorga a la Audiencia Nacional española jurisdicción y competencia para conocer y permitir que se juzgue en España por determinados crímenes de lesa humanidad, y Baltazar Garzón, al enterarse de que Pinochet se encontraba de paso por Inglaterra inició el proceso de extradición necesaria, despachando la orden de arresto correspondiente. Más tarde, entró en vigencia la Corte Penal Internacional donde se consagró la jurisdicción internacional que regula el principio de la justicia universal, que básicamente consiste en que se activa ésta cuando en un país no se quiere o no se puede investigar o juzgar por ciertos delitos a una persona que los perpetró dentro de su propio país o en otro. Los crímenes de la competencia de dicha corte son: genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el de agresión. En todo caso, la implementación por Garzón de esta nueva forma de persecución por dichos crímenes pone en guardia a los potenciales de no incurrir en contra de los crímenes más atroces, que son precisamente aquellos de la competencia de la ley orgánica mencionada y del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional.
MC.- ¿Qué pensó sobre la actuación del gobierno de Eduardo Frei en Londres?, ¿y ahora ante la reelección presidencial?
JG.- Me parece increíble que Frei se atreva a presentarse nuevamente y que lo apoye la Concertación. Objetivamente pienso que ha sido el peor de los gobiernos llamados democráticos de Chile. Esto, en lo político y lo social. Favoreció, eso sí, a las multinacionales, las empresas forestales, las celulosas, etcétera, en detrimento de los pueblos indígenas y de la naturaleza misma, entre otras cosas. Desde luego, se perdió durante su gobierno (y para siempre) la independencia del poder judicial al quedar supeditado éste al poder legislativo.
MC.- La periodista Patricia Verdugo hablaba del 11S en New York como inicio del destape de las cuentas secretas del Riggs Bank; por otra parte, el abogado Sam Buffone se quejaba de la apatía del Departamento de Estado Norteamericano, en el Caso Letelier, luego del 11S. ¿Cambió algo en los Tribunales de Chile después del 11S?, ¿cómo recibió la noticia de las cuentas del Riggs Bank?
JG.- Me pareció muy propio de un dictador el hecho de tener cuentas corrientes millonarias, obtenidos aquellos millones por medios poco legítimos. Lo que me resultó más sorprendente fue que la gente lo censurara más por eso que por las violaciones a los derechos humanos. En cuanto a si cambiaron los tribunales después del 11S/2001, mi respuesta es: no.
MC.- A falta de concordia entre la verdad histórica y la verdad jurídica, ¿cómo construir una memoria colectiva?
JG.- La verdad jurídica es muy importante y debe prevalecer sobre la denominada verdad histórica que muchas veces es muy subjetiva. Hoy, los medios para investigar son cada vez mejores, por lo que se puede llegar a una verdad jurídica con mayor facilidad.
MC.- ¿Qué temática propone la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Central?, ¿debería ser una materia académica obligatoria para estudiantes preuniversitarios?
JG.- Pienso que deberían restaurarse las clases de educación cívica en la enseñanza secundaria, y en el marco de éstas, enseñarse los derechos humanos. En cuanto a la enseñanza de DD. HH. en la Universidad, deberían enseñarse en todas las carreras. En la Universidad Central tenemos un Centro de Estudios de Derechos Humanos y estamos promoviendo la enseñanza de estos derechos para alumnos chilenos, extranjeros, todo tipo de público: civiles, uniformados, etcétera.
MC.- Actualmente, ¿cuál es la mayor debilidad del Estado de derecho chileno en materia de DDHH?
JG.- Bueno, el poder judicial realmente no es un defensor de los derechos humanos, como debería serlo en virtud de su potestad conservadora de estos derechos. Pero pienso que la mayor debilidad está en la falta de transparencia de lo que ocurre dentro de las cárceles y en la censura de hecho que existe por parte de los medios de comunicación que incide en la falta de libertad de informar y en el derecho de las personas a ser informadas.
MC.- Por favor, explíquenos la desproporcionada aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de la comunidad mapuche, ¿por qué desempolvaron la Ley 18.314 en 2003?, ¿cuántos mapuches han sido juzgados desde entonces?
JG.- El hecho de haber utilizado la Ley de conductas terroristas es un ejemplo de la debilidad del Estado, particularmente del poder judicial en el caso de los indígenas. En vez de corregir y de disponer que los delitos juzgados conforme a esa ley eran delitos comunes, como lo eran, los jueces de la Corte Suprema le hicieron el juego al poder ejecutivo y obviamente atentaron contra el derecho humano del debido proceso. No sé cuantos indígenas fueron juzgados conforme a dicha ley.
MC.- Finalmente, ¿ante qué instancia se encuentra la defensa de la cineasta Elena Varela?, ¿presentó un recurso para la recuperación del material fílmico?
JG.- La causa se encuentra en el estado de que los abogados seamos citados para la audiencia de la preparación del juicio oral. Entonces indicaremos las pruebas que vamos a utilizar. Solicitamos la incompetencia del tribunal en Rancagua y el juzgado de garantía acogió nuestra petición. El juicio va a tener lugar en el sur: Loncoche o Villarica. La razón de la incompetencia fue que el primer crimen respecto al cual se refiere esa causa fue cometido en Loncoche. No se ha presentado ningún recurso para la recuperación del material fílmico. Una vez concluido el juicio nos vamos a ocupar de la recuperación de todo y de las indemnizaciones correspondientes.