Entre las voces más autorizadas para explicar el complejo fenómeno de la migración, este abogado cubanoamericano reúne raras cualidades.
Domina el tema, por haberlo ejercido en los tribunales de los Estados Unidos durante muchos años. Entiende bien que la ley no es un territorio ajeno a la razón política ni es un fetiche que la dicta. Puede explicar la cuestión migratoria cubana en términos comparativos, por haber ejercido su oficio con migrantes de otros países. Y hacerlo en un lenguaje claro y conciso, distante de las retóricas de su oficio.
Le agradezco a nombre de Temas, cuyo Consejo asesor él honra, por el tiempo y prontitud con que ha respondido a estas inquisiciones de última hora.
Rafael Hernández (RH): Según fuentes oficiales de los Estados Unidos, en el año fiscal 2022 han entrado a ese país más de 260 mil cubanos, casi todos de manera irregular, sin visas de ningún tipo, a través de la frontera mexicana. ¿Cuál es el estatus legal otorgado a esos cubanos en el momento de ingresar? ¿Son catalogados como refugiados? ¿En qué se ha diferenciado este procedimiento del que se aplica a otros migrantes del sur que han intentado cruzar la frontera en 2022?
José Pertierra (JP): Los cubanos que ingresan de manera irregular a los Estados Unidos lo hacen como indocumentados. No como refugiados. El Departamento de Seguridad Interna (en inglés, Department of Homeland Security, DHS) está obligado a detenerlos temporalmente.
Antes de la implementación de los nuevos reglamentos, el 9 de enero de 2023, los cubanos detenidos al cruzar no eran expulsados de forma expedita (como tantos otros indocumentados recién llegados); gozaban del privilegio de ser puestos en libertad por el DHS, bajo parole o bajo una promesa de presentarse posteriormente ante la corte.
La ley de Ajuste Cubano (Public Law 89-732) permite que cualquier cubano que haya ingresado a los Estados Unidos con visa o con parole, pueda recibir (a discreción de Inmigración) la residencia permanente, siempre y cuando haya estado físicamente presente en el país por más de un año y un día.
En el año 2017, para evitar que los cubanos que ingresaban al país de forma irregular recibieran los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano, el presidente Barack Obama terminó con la política conocida como “pie seco/pie mojado” e instruyó a los funcionarios del DHS a no concederles parole. El que no hubiera ingresado con visa o parole, no calificaría (por definición) para la Ley de Ajuste Cubano.
Para implementar la directriz del presidente Obama, el DHS le cambió el nombre al mecanismo legal para liberar a los cubanos recién llegados. En vez de concederle parole, comenzó a soltarlos con algo que llamaban “Order for Release on Recognizance” (ORR). Es decir, bajo la promesa de que el cubano se presentaría a corte cuando lo citaran.
Pero, en 2021, un juez de Inmigración en Miami dictaminó que, de acuerdo con la Suprema Corte de los Estados Unidos, la única autoridad que tiene el DHS para liberar a los indocumentados recién llegados es la de otorgarles parole. En otras palabras, el juez decretó que ORR es parole con otro nombre. Posteriormente, muchos jueces de Inmigración han seguido esa interpretación y han estado concediéndoles a los cubanos que recibieron ORR la residencia a través de la Ley de Ajuste Cubano, a pesar de que no han recibido parole. Entonces vemos cómo, en la práctica, la política de “pie seco/pie mojado” regresó, pese a la directriz del presidente Obama.
Esta es una de las razones que explican el flujo masivo de cubanos indocumentados, que han cruzado ilegalmente la frontera de los Estados Unidos con México. Sabían que solo con pisar territorio estadounidense recibirían residencia permanente en los Estados Unidos, incluso sin tener que pedir asilo o alegar persecución en su país natal.
Los cubanos siguieron gozando del privilegio que las leyes de inmigración estadounidenses les han dado durante décadas. Ningún otro nacional goza del estado de gracia que han disfrutado los cubanos al llegar ilegalmente a los Estados Unidos.
RH: En cuanto al estatus legal definitivo de los migrantes cubanos, ¿son los tribunales los encargados de dictar ese fallo? ¿Algunos de ellos pueden estar sujetos a deportación? ¿Cuántos se estima que pueden ser deportables? ¿Qué impediría a los susceptibles de deportación apelar a la Ley de Ajuste Cubano para permanecer en los Estados Unidos?
JP: El nuevo reglamento, publicado el 9 de enero en la Gaceta Oficial (Federal Register), cambia dramáticamente las reglas del juego para los cubanos que tratan de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos: serán expulsados a México o a Cuba. Si quieren pedir asilo, tendrán que hacerlo online desde el exterior. Los Estados Unidos no quieren permitir que lo hagan en su territorio, si han ingresado de forma irregular al país. El gobierno de Biden promete emplear más jueces y funcionarios de Inmigración para agilizar el trámite de asilo. Y, para poder deportar de modo más rápido a los cubanos que capturan en la frontera tratando de ingresar ilegalmente, van a emplear más oficiales de la Patrulla Fronteriza.
Anticipo que abogados y organizaciones que defienden a los inmigrantes van a tratar de desafiar este reglamento ante los tribunales federales, alegando que la Ley de Asilo no permite expulsar a personas que pidan asilo hasta que no hayan litigado sus casos. Y, para tratar de contrarrestar ese recurso legal, el gobierno de Biden anunció que está preparando otro reglamento que descalificaría para el asilo a cualquier persona que, en ruta hacia los Estados Unidos, haya pasado por un tercer país y no haya pedido asilo allí. En otras palabras, quieren cerrarle la frontera a los cubanos que tratan de cruzar irregularmente. Trump trató de implementar algo similar cuando era presidente y los tribunales federales bloquearon el reglamento. Habría que ver cómo el gobierno de Biden escribirá el nuevo reglamento para evitar que los tribunales lo bloqueen.
Por otra parte, hasta las antiguas reglas del juego son susceptibles de verse afectadas por este cambio. La regla del 9/01 no se les puede aplicar a quienes entraron ya, pero los tribunales pudieran apretar las tuercas sobre la interpretación del parole y así descalificarlos para la residencia.
Entonces, les quedaría solicitar el asilo. Tendrían que demostrarle a un juez de inmigración que tienen temor de ser perseguidos en Cuba, debido a su opinión política o a su membresía en un grupo perseguido. El temor debería ser razonable. Los cubanos tienen más posibilidades de convencer a un juez sobre el asilo que los centroamericanos. Así y todo, si logran implementar la regla que impide el asilo a los que han pasado por un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos (y hacen que sea retroactiva), entonces sí se les pondría difícil a los cubanos que entraron antes del 9/01.
No creo que la prioridad para el gobierno de Biden sea deportar masivamente a los cubanos que entraron antes de esa fecha. La prioridad es detener el flujo a partir del 9/01.
RH: Cuando un cubano es devuelto a Cuba por el Servicio de Guardacostas, ¿todavía puede aspirar a solicitar su ingreso por vía legal? Según la ley estadounidense, ¿los que ingresaron por la frontera y sean deportados podrían solicitar una visa de inmigrante o un parole o aspirar de alguna manera a ingresar al país en el futuro?
JP: Los cubanos que han sido deportados de los Estados Unidos no calificarían para el programa de parole que ha anunciado el presidente Biden. Y para poder ingresar a través de una petición familiar tendrían que obtener un perdón. Algo que no es fácil.
RH: Según la nueva regulación vigente a partir del 9 de enero de 2023 para los migrantes de Nicaragua, Haití, Venezuela, ¿el otorgamiento de la categoría de parole representa un acceso asegurado hacia la residencia permanente? ¿La Ley de Ajuste les daría a los cubanos un acceso asegurado por encima de los otros migrantes?
JP: Como aún está vigente la Ley de Ajuste Cubano, los cubanos que han ingresado con parole tendrán el derecho de solicitar la residencia permanente después de haber estado en los Estados Unidos más de un año. En cambio, los venezolanos, nicaragüenses y haitianos que ingresen con parole, a través del mismo programa, no tienen ese beneficio. Los cubanos siguen gozando de más privilegios que los demás.
Pero recuerda una cosa importante que pocos saben: la Ley de Ajuste Cubano es discrecional. Es decir, Inmigración no está obligado a aprobarle la residencia a los que la piden.
Si el gobierno de Biden decide que no le conviene la Ley de Ajuste, digamos, por razones de seguridad nacional o para controlar con más eficiencia el flujo migratorio de cubanos, el Ejecutivo tiene la potestad jurídica para cerrar esa vía hacia la residencia. Sin necesidad de acudir al Congreso.
El talón de Aquiles electoral del Partido Demócrata en las elecciones de 2022 fue el tema de la inmigración. Creo que para las elecciones de 2024 será lo mismo. Como te mencioné antes, la Ley de Ajuste no está sometida a norma obligatoria. Es discrecional. Con tal de que no sea por razones arbitrarias o caprichosas, el presidente puede desestimar su uso. No necesita que el Congreso lo haga.
RH: Si los Estados Unidoshan reconocido que las sanciones contra Venezuela y Cuba han tenido un peso en el aumento del flujo migratorio, ¿sería esperable que estas se redujeran? ¿Podría la normalización migratoria ser el camino hacia un proceso de entendimiento entre los Estados Unidosy estos países?
JP: Curiosamente, la nueva regla reconoce explícitamente que las sanciones de los Estados Unidos contra Cuba contribuyeron al flujo masivo de cubanos que ingresaron ilegalmente en 2022. Dice textualmente: “DHS assesses that the high—and rising—number of Cuban nationals encountered at the SWB and interdicted at sea is driven by three key factors: First, Cuba is facing its worst economic crisis in decades due to the lingering impacts of the COVID-19 pandemic, high food prices, and economic sanctions.”[«El DHS considera que el elevado —y creciente— número de cubanos que llegan a la frontera suroeste e interceptados en alta mar responde a tres factores: primero, Cuba experimenta su peor crisis económica de las últimas décadas debido a los duraderos efectos de la Covid-19, los altos precios de los alimentos y las sanciones económicas».]
El gobierno espera que los miles de permisos de parole que van a concederles a los cubanos, combinado con el cierre de la frontera a los que pretenden ingresar de forma irregular, va a resolver el problema.
Pero el imán que atrae a los inmigrantes históricamente siempre ha sido la economía. Para salir de la pobreza, las personas están dispuestas a escalar muros de acero y obstáculos legales. Washington lo sabe y por eso está invirtiendo $3,2 mil millones de dólares para fortalecer la infraestructura económica de El Salvador, Honduras y Guatemala. La inmigración irregular de los nacionales de esos países ha decaído. Igual que la de los mexicanos.
Sin embargo, la inmigración ilegal de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses se ha disparado. No es casualidad que vengan de los países que Washington ha estado tratando de estrangular económicamente.
Si el gobierno de Biden quiere reducir la inmigración ilegal de los cubanos a los Estados Unidos tendrá que hacer más que conceder una cantidad limitada de parole y tratar de sellar la frontera. Tiene que dejar de asfixiar a Cuba y permitir que respire.
No tengo ninguna duda de que, cuando la situación económica cubana mejore, la inmigración ilegal de cubanos disminuirá enormemente. Lo hemos visto antes.
Rafael Hernández es politólogo, investigador, ensayista y director de la Revistas Temas