«Resonaron las voces de los jamás escuchados», se titula el voluminoso Informe 2004 (560 páginas) de Amnistía Internacional (AI). El Siglo conversó con Sergio Laurenti, Director Ejecutivo para Chile de la organización internacional.-Una información de última hora dice que, ante fallos de la justicia que los afectan, 6 dirigentes mapuches pasaron a la clandestinidad.«La verdad […]
«Resonaron las voces de los jamás escuchados», se titula el voluminoso Informe 2004 (560 páginas) de Amnistía Internacional (AI). El Siglo conversó con Sergio Laurenti, Director Ejecutivo para Chile de la organización internacional.
-Una información de última hora dice que, ante fallos de la justicia que los afectan, 6 dirigentes mapuches pasaron a la clandestinidad.
«La verdad es que es una mala noticia. A pesar que estas personas han sufrido mucho bajo la administración de justicia, han sido sujetos de las leyes antiterroristas y de prácticas deleznables como la utilización de testigos sin rostro, considero que están en riesgo, tienen menos posibilidades de que les asista una defensa apropiada. Es una señal muy fuerte para el gobierno, que debería estar haciendo lo suyo en materia de administración de justicia y evidentemente no lo hace.
Esto se relaciona con el Informe de la ONU, y nuestro propio Informe del año pasado, cuya parte central tenía que ver con la situación de dirigentes mapuches y la manera tan extrema en que se les ha reprimido».
-AI tiene posición sobre leyes como la de Amnistía, que provienen de dictaduras, pero ¿qué capacidad de influencia tiene ante este gobierno y la comunidad? «Amnistía no está sola en el mundo. Hay una cantidad de organizaciones que trabajan por la defensa de DD.HH. en todo el mundo y en Chile hay algunas particularmente destacadas. Amnistía, como una organización con 1.800.000 miembros en todo el mundo, tiene una voz que a veces le permite hacer resonar la voz de otros con mayor efectividad. Nuestra fórmula es que son las personas movilizadas, la sociedad civil, los que hacen posible el cambio. Vea la situación en Argentina (yo vengo de Argentina): la ley de amnistía acaba de ser derogada. Yo no creo que sea un sueño imposible para Chile. Las organizaciones de DD.HH. han manifestado su voz en este asunto: esta ley debe ser derogada, debe ser anulada y sus efectos deben ser retrotraídos. Probablemente va a pasar algún tiempo, probablemente se use como moneda de cambio la aplicación de esta ley para obtener espacios, libertades, flexibilización de legislación en favor de algunos».
-¿Tienen alguna opinión respecto al Servicio Militar Obligatorio (SMO) y la Objeción de Conciencia?
«Amnistía ha sido parte por años de Objeción de Conciencia y la consideramos un derecho en una circunstancia como la de Chile, de Servicio Militar Obligatorio. Que una persona por razones filosóficas, culturales, de postura social, de actitud pacifista, etc., pueda optar a no realizar el SMO es un derecho que debe ser consagrado en la legislación. En este momento hay algunos avances, hay una indicación para un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, y hay bastante apoyo de diputados de varias bancadas».
-Respecto a la existencia, como en Chile, de dos sistemas: la justicia civil y la justicia militar con sus prerrogativas para juzgar asuntos que competen a civiles, ¿cuál es la doctrina de AI?
«AI se ha pronunciado a lo largo de varios años respecto a que todos los procesos que afectan a civiles y a militares, por delitos vinculados con la acción terrorista, por parte del Estado o fuerzas de oposición, sean llevados ante la justicia ordinaria. Consideramos que no hay espacio para que la justicia militar actúe sobre ciudadanos que no tienen el fuero militar y en actos que no sean vinculados exclusivamente con aquellos que están contemplados en el Código de Justicia Militar».
-¿Tiene AI alguna opinión, en el caso chileno, acerca de la institucionalidad política, o no encuentra allí una materia de preocupación? «Más que la política de un gobierno de turno nos preocupa la inacción en algunos ámbitos que han sido reiteradamente señalados como problemas. Desde nuestra perspectiva, una buena idea se arruina cuando no tiene una adecuada difusión, los tiempos son tan escuetos como los que ha tenido la Comisión de Violencia Política y Tortura y los recursos generales con los que ha contado, por ejemplo para llegar a personas de zonas aisladas, del ámbito rural, etc., han sido limitados. Según entiendo, unas 26.000 personas se han presentado, lo que en nuestro cálculo representa un 10% de los que podrían hacerlo.
En otro campo, por años los gobiernos de la democracia han estado siguiendo las trágicas condiciones de reclusión de presos y presas. El Informe de AI, por tercer año consecutivo, hace una referencia al tema. Es inaceptable que en un Chile como el de hoy, haya personas durmiendo en la calle en la Penitenciaría Sur aquí en Santiago, en la calle 1 por ejemplo, o en condiciones extremas en la Penitenciaría Sur, en el Centro de Detención en Temuco, en Colina 2. En nuestro Informe está el caso de dos presos políticos que fueron mojados con agua y puestos inmediatamente en una celda de reclusión en pleno invierno. Esas condiciones horribles de reclusión representan alguna forma de tortura.
Lamentablemente, Chile no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención de la Tortura, que permite que personeros que representan básicamente a la Comisión de DD.HH. de Naciones Unidas visiten sin aviso previo sitios de reclusión. Y otro problema es la detención y las primeras horas de los detenidos, en las que son objeto de maltratos o traslado en condiciones inapropiadas. Yo fui testigo, hace poco, del trato extremadamente brutal que un gendarme le propinó en una sede judicial a un chico que ‘se estaba portando mal’, según su perspectiva, después que había sido verificada su condición física y estaban esperando ser atendidos.
Hay que desarticular la ideología de represión con las que han sido entrenados muchos carabineros y gendarmes que están en las filas. Esto es una de las consecuencias de un entrenamiento militar que tenía por objeto la represión de un enemigo y no la restricción de un ciudadano. Estamos hablando de dos cosas diferentes.
La acción de la policía debe estar limitada por las restricciones de los instrumentos internacionales, y también por la noción de que estamos tratando con ciudadanos».
-¿Cuál es su opinión sobre la rebaja de la edad de responsabilidad penal de los jóvenes?
«Eso tiene implicancias más serias que sencillamente decir que un joven de una edad determinada tiene la madurez suficiente para entender sus actos. Es muy probable que sea cierto que la manera en que son educados hoy, la manera en que crecen, las facilidades de acceso a la información, les haga comprender de una manera más temprana las consecuencias de sus actos. Pero también es cierto que la educación no ha acompañado una toma de conciencia de los valores implicados en el ejercicio de la libertad. La baja de la edad de responsabilidad penal implica más riesgos que beneficios para la sociedad.
Hace poco, vi un programa fascinante en la TV, que mostraba en la población La Legua un grupo de estudiantes de educación, sicología, etc., que tienen un kinder abierto a la comunidad, y su énfasis es preparar los chicos para ser los dirigentes de esa población dentro de 20 ó 30 años. Me impactó mucho que todo su programa estaba orientado a la formación de valores que los alejen de la violencia, las prácticas mafiosas, la delincuencia, y los ayuden a tomar decisiones éticas, a optar por el trabajo como una cultura para la vida.
Esto es muy promisorio. Si el énfasis es exclusivamente la capacidad de crear riqueza, es un énfasis equivocado. La noción primera para hacer posible la vigencia de los derechos humanos es conocer los derechos que tenemos, y saber cómo defenderlos».