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La ley de desarrollo rural pretende despojar a los indígenas de sus territorios

Fuentes: Rebelión

Las comunidades indígenas están en pie de lucha, pues varios dirigentes de los cabildos del norte de Nariño y el sur del Cauca que organizaron lo que llamaron la Movilización Nacional por la Dignidad, alertaron al país y al mundo del riesgo que enfrentan ante el propósito del gobierno de Álvaro Uribe de arrebatarles buena […]

Las comunidades indígenas están en pie de lucha, pues varios dirigentes de los cabildos del norte de Nariño y el sur del Cauca que organizaron lo que llamaron la Movilización Nacional por la Dignidad, alertaron al país y al mundo del riesgo que enfrentan ante el propósito del gobierno de Álvaro Uribe de arrebatarles buena parte de sus territorios para ponerlos al servicio del capital financiero internacional.

Feliciano Valencia, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) afirmó que los diversos cabildos del país van a resistir con dignidad y van protestar ante «la amenaza a nuestro territorio y a nuestra autonomía por las últimas leyes que aprobó el Congreso, como el Estatuto de Desarrollo Rural, que no permite la ampliación, constitución, ni saneamiento de resguardos».

Se quejó también del abandono a que se encuentran sometidas sus comunidades por parte del Estado colombiano, pues todo programa social que se anuncia por parte del gobierno nacional está condicionado a que los indígenas se sometan a los lineamientos de la Seguridad Democrática, con lo cual se pretende involucrarlos en el conflicto armado del país.

SE LEGALIZA CONTRARREFORMA AGRARIA

Con la Ley denominada de Desarrollo Rural que el gobierno Uribe hizo aprobar en el Congreso de la República el pasado 13 de junio, prácticamente se legaliza la contrarreforma agraria impulsada por el narcoparamilitarismo, los terratenientes y los especuladores de la tierra, explica Edith Bastidas, directora del Centro de Cooperación al Indígena con sede en Bogotá.

Lo que está detrás de esta ley no es más que la intencionalidad de poner la tierra al servicio del gran capital financiero transnacional, mediante mecanismos que permitan validar como prueba de propiedad los títulos obtenidos mediante fraude, dejando en duda los títulos legítimos y ancestrales de los resguardos indígenas.

Para los indígenas esta ley desconoce preceptos constitucionales como los artículos 286, 287 y 307 de la Carta Política en los que se reconocen como «entidades territoriales» a «los territorios indígenas» y por lo tanto «gozan de autonomía para la gestión de sus autonomías».

DETRÁS DE LOS GRANDES RECURSOS MINEROS Y MADEREROS

El gobierno de Uribe en su óptica neoliberal, según la cual todo debe ser rentístico y comercial tiene gran interés en que los territorios indígenas localizados en lo que se conoce como el Chocó biogeográfico que comprende la faja del Pacífico colombiano y llega hasta los límites con Ecuador, sean explotados por transnacionales, dado que allí se encuentran grandes riquezas mineras y madereras, como el principal bosque de catival del mundo, las calizas de Pitayó en el municipio de Silvia y los auríferos en Almaguer y La Vega, en el departamento del Cauca.

Se trata, en síntesis, de facilitar los grandes negocios al capital financiero a través de la explotación de recursos naturales como está ocurriendo con las plantaciones de palma africana en el Chocó, para lo cual se ha arrebatado más de 10 mil hectáreas a las comunidades afrodescendientes y se ha producido un fenómeno de desplazamiento humano.

VIOLENCIA COMO PRESIÓN

Los dirigentes indígenas se quejan de que sus comunidades son objeto de intimidación por parte de grupos paramilitares. Como en sus territorios se concentra buena parte de las riquezas minerales y madereras del país, el conflicto por el dominio de la tierra se siente con mayor rigor. Por eso no es gratuito que en 2001 se haya producido la masacre paramilitar de El Naya, en el municipio caucano de Buenos Aires, que dejó más de 100 víctimas; o que en los últimos tres años hayan asesinado en esta zona del occidente colombiano a 17 dirigentes campesinos, y que el gobierno haya instalado ahí un batallón de alta montaña.

Además, la política del gobierno Uribe «de no entregar ni una hectárea más de tierra para los indígenas», como lo ha reiterado el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, va a la par con su discurso de crear una falsa apariencia de que estas comunidades están acaparando buena parte del territorio colombiano en perjuicio del resto de la población, ocultando que la mayoría de tierras productivas está concentrada en pocas manos y no cumplen con la función social de la propiedad. Para denunciar esta situación se prevé instalar por parte de las organizaciones sociales y de derechos humanos un Tribunal Internacional de Opinión para denunciar esta inicua situación que afecta la vida y la dignidad de la población indígena colombiana.

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