Tras el anuncio de la bancada en el Congreso de la República del Polo Democrático Alternativo (PDA) de votar negativamente el proyecto de Ley de Inteligencia, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro señaló que existen varios problemas en esta iniciativa presentada por el gobierno del presidente Santos. Insistió en que, luego de la […]
Tras el anuncio de la bancada en el Congreso de la República del Polo Democrático Alternativo (PDA) de votar negativamente el proyecto de Ley de Inteligencia, el representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro señaló que existen varios problemas en esta iniciativa presentada por el gobierno del presidente Santos.
Insistió en que, luego de la criminal acción del DAS en el renombrado escándalo de las chuzadas, la ley que se presenta a discusión en el Congreso no permite abrigar esperanzas de que se va a poner punto final a la acción criminal de los organismos de inteligencia.
«La Ley de inteligencia y contrainteligencia propuesta por el gobierno, en vez de erradicar las actuaciones criminales de los organismos de inteligencia, puede terminar estimulando nuevas formas de impunidad y de acción violatoria de los derechos de los ciudadanos, al encubrir a funcionarios que emprendan actividades ilícitas utilizando para ello su estatus de agentes secretos», afirmó Cepeda.
Entre las principales preocupaciones del representante con respecto a la Ley de inteligencia y contrainteligencia, está el artículo 32, que excluye de los deberes de denuncia y declaración a funcionarios de los organismos de inteligencia que puedan tener importante información sobre graves violaciones de derechos humanos.
El congresista advirtió que la ley no contempla detalladamente, la restricción de las actividades de la llamada inteligencia criminal «que es aquel tipo de inteligencia en forma de espionaje y policía política que se ha aplicado en los últimos años».
Además, con relación a la llamada inteligencia estratégica, dijo que el proyecto de ley no prevé serios mecanismo de control y amplía considerablemente el término de la reserva sobre documentos de inteligencia. Recordó que, mientras que en Estados Unidos actualmente dicha reserva tienen un término de 25 años, en Colombia el proyecto de ley podría ampliar ese término a 50 años. «Es decir que dos generaciones de colombianos no conocerían información relevante. Esto es, ni más ni menos, sepultar el derecho a la verdad que tienen las víctimas», aseguró.