Los grupos ecologistas denuncian los recortes y la falta de prevención, pero se muestran prudentes a la hora de relacionar la nueva ley con la reciente oleada de incendios
Fue un pleno tenso. El pasado 8 de julio, el Congreso de los Diputados aprobaba, gracias a los votos del Partido Popular y con el apoyo de UPyD y UPN, la reforma de la Ley de Montes. Un texto que, a la postre, introducía una novedad importante: la posibilidad de recalificar zonas forestales quemadas siempre y cuando las comunidades autónomas consideren que existen «razones de interés público de primer orden» y sin necesidad de que pasen 30 años, como dictaba la anterior ley. La oposición puso el grito en el cielo ante lo que consideraba una «invitación a la especulación», a lo que el diputado popular Manuel Torres respondió acusándoles de «falta de sensibilidad» con los habitantes del mundo rural, a los que se quiere limitar «sus posibilidades de desarrollo».
Poco más de un mes después de aquel pleno, los devastadores incendios declarados en la sierra de Gata (Cáceres), Ódena (Catalunya) o en diversos puntos de Galicia copan los titulares en los medios de comunicación y levantan suspicacia entre buena parte de la población, que se pregunta si entre la citada reforma y el fuego existe una relación directa.
«Hablar de esa relación es prematuro», apunta Theo Oberhauer, de Ecologistas en Acción. «Es cierto que la modificación del artículo 50 de la ley puede favorecer los incendios intencionados: la experiencia nos dice que los gobiernos autonómicos declaran de interés general los proyectos que quieren, desde macrourbanizaciones a estaciones de esquí. Pero por el momento no tenemos constancia de que ninguna comunidad autónoma haya autorizado construir en terrenos quemados. Es algo que, en todo caso, veremos en un futuro».
A día de hoy, la gran mayoría de incendios en España se producen por la quema de rastrojos y de masa forestal de cara a obtener pastos para el ganado. Ambas causas han llegado a representar más de la mitad de los incendios en los últimos años, seguidas de los accidentes causados por maquinaria agrícola o chispas de vehículos en pistas sin asfaltar. Los causados por la clásica colilla son pocos, aunque menos aún los provocados por causas naturales como rayos, que apenas representan un 5%. «Entre todas esas causas, a veces resulta complicado discernir qué incendios son provocados y cuáles fruto de una imprudencia o un accidente», explica Oberhauer. «Por ejemplo, si un agricultor tiene permiso para quemar rastrojos y quema accidentalmente el monte, se trata de un accidente. Pero si no tenía ese permiso, se considera provocado».
Durante los años 80 y 90, los incendios intencionados causados con fines puramente especulativos eran mucho más comunes, algo a lo que puso freno la ley impulsada por Cristina Narbona en 2006. Ahora, la nueva ley puede suponer «un retroceso», según denunció la propia exministra en Twitter, en una aseveración compartida por los ecologistas. «Algunos políticos tienden a simplificar y a referirse a las ‘malas personas’ que provocan incendios», afirma Oberhauer en referencia a las recientes declaraciones de José Antonio Monago. «Pero la realidad es que las personas trastornadas, los llamados pirómanos con una enfermedad mental, representan un porcentaje pequeño. Se trata de un fenómeno mucho más complejo».
En esa complejidad, las condiciones climatológicas juegan un papel fundamental. «En un incendio interviene la temperatura, la humedad y la velocidad del viento», explica Oberhauer. «El cambio climático provoca que las condiciones sean cada vez más adversas, y los incendios cada vez más difíciles de controlar».
Prevención y diálogo
«No es que se haya recortado, es que se han reducido los medios al ridículo», denuncia con indignación Diego, agente forestal en Guadalajara. «No se valora el conocimiento del medio que tenemos los forestales. Estamos en constante contacto con el ganadero, el agricultor o el cazador, estamos al corriente de todas las relaciones que hay entre la gente del monte». Pese a ello, se sienten ninguneados, a pesar de que se juegan la vida sobre el terreno cobrando, en algunos casos, 900 euros escasos, lo que incluso ha llevado a la huelga a las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF). Tras la problemática se esconde, según él, una clara intención privatizadora por parte de la administración.
Diego tiene una versión pesimista sobre el problema. «Da igual lo que se invierta en prevención o en equipos de extinción: ya pueden ser millones. Hasta que no se sienten en una mesa y a nivel europeo los ganaderos, los agricultores y los responsables de la ordenación del territorio, los incendios seguirán produciéndose masivamente cada verano. Conseguimos apagar un 97% de ellos, pero luchar contra los más grandes es prácticamente imposible». En ese sentido, no duda en calificar la gestión del PP como «nefasta», y en hacer un llamamiento, casi desesperado, a la planificación y el diálogo con los que más saben del monte.