Según informa la prensa, usted es la coordinadora de los trabajos de preparación del texto, para reformar la Ley de Memoria de 2007, que su gobierno desea llevar al Consejo de Ministros, antes de fin de mes, para poder comenzar su tramitación parlamentaria en otoño y poder aprobar la nueva norma antes de que finalice el año.
Según estas mismas informaciones, las bases de este texto son las proposiciones de ley ya presentadas por el PSOE en el Congreso y las «aportaciones» que les enviemos antes del 11 de julio los ciudadanos, y el objetivo es disponer de una norma jurídicamente irrevocable, contra la que no quepa recurso y que haga justicia a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo por su condición de tales.
De ahí que en sus declaraciones a la prensa usted haya recordado muy oportunamente que España «es la única democracia importante en el mundo que tiene fosas comunes con desaparecidos y familias enteras, algunas personas muy mayores, esperando no morirse pensando que sus padres, sus abuelos, sus familiares están sin identificar y sin la dignidad que corresponde a una democracia».
La razón de enviarle esta Carta abierta es recordarle que España también es una «democracia» que, desde la publicación del texto de la Ley de Memoria Histórica en el BO a finales de diciembre de 2007, no reconoce la misma dignidad a todas las víctimas del franquismo, por establecer dicha Ley, en su artículo 10, una indigna división discriminatoria entre ellas.
Una discriminación que continuará mientras no se cambie ese artículo infame que las divide arbitrariamente en dos categorías y atribuye una indemnización de 9.615,18 euros a las condenadas «a pena de muerte efectivamente ejecutada» antes de 1968 y de 135.000 euros (más de trece veces mayor) a las que lo fueron después de esa fecha hasta 1977.
Una arbitraria e infamante discriminación que los redactores de dicha norma intentaron «justificar» con frases voluntariamente imprecisas: «en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte» y por luchar «en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos». ¡Cómo si las circunstancias que concurrieron en la muerte de Federico García Lorca, Blas Infante, Lluís Companys, Juan Peiró, Julián Zugazagoitia, Francisco Cruz Salido, Julián Grimau, Francisco Granado y Joaquín Delgado, las Trece Rosas, María Pérez «la Jabalina», y tantos otros y otras más, por haberse producido antes de 1968, no fuesen tan excepcionales como las que concurrieron en la muerte de los que luchaban, después de esa fecha hasta 1977, por los mismos valores!
Una discriminación que no hace sino añadir en democracia otra injusta y dolorosa penalización a la ya infligida por el criminal franquismo a las familias de esas víctimas, y cuya infame injusticia ha incitado al grupo Unidas Podemos/Izquierda Unida a presentar una Proposición no de Ley, para reformar la de Memoria Histórica de 2007, en la que se fija una «reparación de carácter económico» única para todas las víctimas de la represión franquista.
Es de suponer que, por participar este grupo en el gobierno de «coalición progresista», su propuesta será retenida y figurará en el texto que se presentará en nombre de dicho gobierno para reformar la Ley de 2007. Pues solo así España dejará de ser la única democracia que comete una tan vergonzosa e inaceptable infamia.