La lucha de los mapuche: antes no tenían alma, ahora son terroristas

«La existencia de presos políticos mapuche evidencia que las autoridades han hecho uso abusivo del poder punitivo del Estado para reprimir las acciones de protesta social del pueblo mapuche, y desactivar sus organizaciones por la vía del encarcelamiento de sus líderes», dice José Aylwin, director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

«Sus condenas son injustas y su encarcelamiento es la dramática consecuencia de la política de criminalización de la protesta social indígena, impulsada por los gobiernos de la Concertación. La presidenta Michelle Bachelet no ha cumplido su promesa electoral, asumida en reunión con organizaciones indígenas congregadas en Nueva Imperial, de dar cumplimiento a las recomendaciones del Relator de la ONU para los derechos indígenas. Antes bien, se han mantenido las situaciones de criminalización de la protesta mapuche», agrega. Chile no ha cumplido con el compromiso de ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, ni la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Decenas de comunidades mapuche se encuentran actualmente cercadas por extensos predios de plantaciones de pinos y eucaliptos, propiedad de grandes holdings, entre ellos el Grupo Angelini, dueño de Forestal Bosques Arauco SA, y el Grupo Matte, dueño de Forestal Mininco SA. La extensa superficie que poseen estas dos compañías -y otras más pequeñas- supera los 2 millones de hectáreas. El pueblo mapuche cuenta con apenas 700 mil.

El negocio maderero -que incluye plantas de celulosa- es resguardado celosamente por las políticas gubernamentales y genera ganancias por más de 3.000 millones de dólares. Se dice que los inversionistas del sector forestal aspiran a aumentar las superficies plantadas a más de 5 millones de hectáreas.

El silencio de los culpables

Nadie habla de los daños que produce esta política y que se manifiestan en varios aspectos. Por un lado, irreversibles perjuicios ecológicos. Las plantaciones forestales erosionan la tierra hasta convertirla en no apta para la agricultura. Las comunidades indígenas se ven afectadas por la disminución de sus fuentes de agua, agotadas por el sobre consumo de las especies exóticas. Otro daño lo producen las fumigaciones con químicos altamente tóxicos para la salud. La fauna silvestre y el bosque nativo son lentamente arrasados y, con ello, las plantas medicinales utilizadas por las machi*.

Otra problemática ocultada por las autoridades han sido los proyectos viales. La construcción de la Carretera de la Costa -que intenta unir Tirúa con Puerto Montt- ha obligado a muchas comunidades a exigir desvíos del trazado original, sin obtener hasta el momento respuesta del gobierno. La obra no beneficiará a propietarios indígenas de la zona, sino a las grandes empresas que necesitan vías de acceso rápidas y destruirá de paso, gran parte del ecosistema de la zona. Similar conflicto originó la construcción del trébol de Temuco, proyecto que ocupó la tierra de comunidades mapuche destruyendo incluso sitios arqueológicos.

Tras 66 días de huelga de hambre, el viernes 14 de diciembre los presos políticos mapuche José Huenchunao, Juan Millalen y Jaime Marileo, decidieron suspender su prolongado ayuno. Héctor Llaitul y Patricia Troncoso continúan sin ingerir alimentos y están próximos a cumplir 70 días de movilización ante la indiferencia de las autoridades. Patricia Troncoso debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Angol, tras sufrir un desmayo. Los doctores Germán Bass y Tania Muñoz emitieron un informe en el que advierten que los presos políticos mapuche se encuentran en un «estado de salud crítico, con riesgo vital». La pérdida de peso fluctúa entre 14 y 23 kilos. «Requieren de supervisión médica diaria, con exámenes de laboratorio periódicos», señalan los facultativos. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifestó su «extrema preocupación por la salud de los huelguistas» y exhortó al gobierno a que «se revisen las sentencias y a que se liberen a las personas condenadas arbitrariamente».

Los huelguistas han sido visitados por decenas de organizaciones y personalidades, entre ellas el dirigente aymará boliviano Felipe Quispe y el ex juez Juan Guzmán Tapia, quien procesó y pidió el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet. «La lucha de los mapuches es política y, de hecho, como se hizo durante la dictadura, se le fabrican delitos para criminalizarlos», escribió el ex juez en el periódico La Nación. «Ellos persiguen el cumplimiento de las promesas hechas por presidentes anteriores -agregó-, el reconocimiento por el Estado de los derechos que les son inherentes y su igualdad dentro de la diversidad que les es propia. Lo cierto es que durante la gestión de Michelle Bachelet, la represión, el hostigamiento y la persecución política contra las comunidades, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado. Además, han sido víctimas de la persecución policial, como también de la de los fiscales, conforme a la ley de conductas terroristas».

Para algunos, la dictadura continúa

Desde el inicio de la huelga se ha acrecentado la represión a las comunidades mapuche. En Ercilla fue detenido por efectivos del Servicio de Inteligencia Policial (SIP) de Carabineros, Omar Huenchullan, dirigente de Temucuicui. «Los policías, sin darle a conocer el motivo de su violenta detención, lo llevaron amarrado a la Comisaría de Ercilla, donde le informaron que existía una orden de detención en su contra», señala un comunicado de su comunidad. Huenchullan fue trasladado al Tribunal de Garantía de Collipulli, donde el fiscal Ricardo Traipe le informó que existía una orden de detención emanada del Tribunal de Garantía de Victoria, de 2004, por «amenazas» en contra del latifundista René Urban. Pero Huenchullan ya había sido detenido en varias ocasiones en 2005 y 2006, y en septiembre de 2007 por esa causa, presentándose a diferentes audiencias, la última de ellas en compañía del ex juez Juan Guzmán. A pesar de que siempre compareció ante el tribunal, Carabineros lo volvió a detener. «¿Por qué motivo en todas estas detenciones, encarcelamientos y audiencias anteriores, no se le informó de dicha orden de detención?», se pregunta la comunidad. «Esta detención demuestra la persecución y seguimiento permanentes de que somos objeto por parte los organismos policiales», agregan.

Comunidades de Rofue, Zullinko y Ragintuleufu denunciaron que el machi Pascual Catrilafy otras autoridades mapuche de Ragintuleufu, comuna de Nueva Imperial, fueron violentamente allanados y detenidos por efectivos policiales de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial. Carabineros arrasó y destruyó instrumentos espirituales. Para informarse sobre la situación, se presentaron en la Comisaría el machi Fidel Tranamil, de la comunidad José Jineo Ñanco, de Rofue, y el lonko** Diego Valdivia, del sector Zullinco, comuna de Freire. Pero Carabineros los golpeó y detuvo violentamente, ejerciendo torturas y maltratos físicos, según denuncian. A efectos de dejar constancia de las lesiones y heridas provocadas, las autoridades mapuche se dirigieron al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en donde el personal médico constató las lesiones provocadas por la brutal golpiza.

Iván Llanquileo, lonko de la comunidad Juana Millahual, estuvo dos meses en prisión, acusado por la Fiscalía de Cañete y el Ministerio Público de «tenencia de armas de guerra». Llanquileo estaba en prisión desde el 31 de agosto y había sido trasladado a la cárcel El Manzano, de Concepción, desde donde se sumó a la huelga de hambre. Estuvo 25 días sin ingerir alimentos. Le acusaban de esconder un fusil M-16, que fue encontrado a kilómetros de su hogar. Señaló Iván Llanquileo: «Estoy libre como siempre ha debido ser… Este no es más que un montaje muy bien urdido para encarcelar a los mapuches que luchamos por nuestros derechos. La resolución judicial respalda lo que siempre dijimos. El tiempo en la cárcel sirvió para reafirmar nuestra posición y, por lo tanto, el Estado debe entender que defendemos nuestros espacios territoriales».

La condena internacional

Daniel Salinas (PS), miembro del Comité Central de su partido y concejal por Algol, envió una carta a la presidenta Michelle Bachelet, también militante socialista, solicitando la libertad de los presos políticos mapuche: «Espero que nuestra presidenta preste oídos activos a este llamado que por un imperativo de conciencia, frente a una injusticia flagrante, le he realizado. Los conflictos no se resuelven reprimiendo a ciegas e inculpando a inocentes. Conquistamos la democracia, entre otras cosas, para ganarnos el derecho a dialogar y a discrepar, cuando sea necesario», dice.

Pero las cosas no mejoran. José Lepicheo, de 17 años, mapuche del sector de Huetelolen, acaba de ser reconocido por las comunidades indígenas como otro preso político mapuche, con la particularidad de que es menor de edad y está detenido en la Cárcel de Menores de Coronel. Se le acusa de participar en la quema del vehículo de un corresponsal de Radio Bío Bío a quien los mapuches catalogan de «informante de Carabineros». El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre. Un testigo «protegido» (sin rostro) atestiguó contra del menor y se le procesó por «robo con intimidación e incendio». El juez de la causa decretó seis meses de investigación.

Durante los gobiernos de la Concertación más de 420 mapuches han sido procesados por la Ley de Seguridad Interior del Estado y la Ley Antiterrorista. Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Comité Derechos Económicos y Sociales y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, además del Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros, han condenado la aplicación de la Ley Antiterrorista para perseguir la protesta social y, eventualmente, delitos comunes que puedan haber cometido los mapuches en el marco de la lucha por recuperar sus tierras. En decenas de oportunidades han emplazado a las autoridades chilenas a que, en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado, reviertan esta situación.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su «preocupación ante la definición amplia de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, lo que ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras», y añade que la normativa legal antiterrorista «no garantiza el derecho a un debido proceso y ha concluido en la aplicación de condenas totalmente desproporcionadas».