Se ha proclamado la paz en Colombia, pero, para el movimiento social, el trabajo no ha terminado. A decir de la mayoría de organizaciones defensoras de derechos humanos [1], el aniversario de la firma del acuerdo de paz -celebrado el pasado 24 de noviembre- se ha caracterizado por incumplimientos, implementación a paso de tortuga, ataques […]
Se ha proclamado la paz en Colombia, pero, para el movimiento social, el trabajo no ha terminado. A decir de la mayoría de organizaciones defensoras de derechos humanos [1], el aniversario de la firma del acuerdo de paz -celebrado el pasado 24 de noviembre- se ha caracterizado por incumplimientos, implementación a paso de tortuga, ataques brutales contra protestas pacíficas y un aumento en los asesinatos selectivos a líderes sociales.
En mi último acompañamiento pregunté a Jairo, de la Fundación DHOC, sobre su opinión frente al proceso. «La respuesta breve es que va mal,» me respondió. Nos encontramos en el departamento de Guaviare, a las puertas del Amazonas, donde las asociaciones campesinas locales habían convocado tres días de movilizaciones en defensa de los acuerdos. La movilización hizo parte de una convocatoria nacional a raíz de los múltiples incumplimientos de los que responsabilizan al gobierno.
Para Jairo, los incumplimientos del gobierno son ninguna sorpresa. Como en muchas zonas de Colombia las comunidades en Guaviare tienen montones de acuerdos incumplidos acumulados, firmados después de paros y protestas durante los años anteriores. Pero, para él, no es una razón para resignarse. Entre otras cosas porque la atención nacional e internacional hacia el acuerdo genera cierta esperanza de que se pueda presionar al gobierno para que cumpla.
Las asociaciones campesinas a las que acompaña IAP mantienen su apuesta por el camino de la paz, tomando los acuerdos como una palanca crucial para alcanzar transformaciones sociales. Enrique, un líder campesino de la zona, lo explica de la siguiente manera unos días antes de la movilización: «El acuerdo de paz no solo beneficia la guerrilla. Al contrario. El 95 % del acuerdo busca solucionar las raíces del conflicto contrarrestando injusticias históricas. El acuerdo trata de escuelas, vías y tierra para nosotros los campesinos, y por eso nos toca a nosotros defenderlo.»
Hasta la fecha, las FARC-EP han cumplido en gran medida con su parte del acuerdo. En agosto de 2017 entregaron sus últimas armas y el primero de septiembre se convirtieron en un partido político con un gran acto en la Plaza de Bolívar en Bogotá. El partido fue nombrado la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, manteniendo sus siglas FARC.
El cumplimiento del Gobierno es más indolente [2]. Por eso el diagnóstico malo de Jairo. Él me recuerda que la paz tiene muchos enemigos que se dedican a poner obstáculos al proceso; en la fase legislativa, en la implementación e incluso por otras vías que van mucho más allá de la legalidad colombiana.
¿Se puede dilatar el acuerdo hasta su quiebra?
En octubre 2016 los colombianos votaron «no» al acuerdo de paz con una abstención altísima y una mayoría estrecha. Más allá de las modificaciones acordadas con los sectores contrarios a la firma, esto significó que todos los puntos tienen que pasar por el sistema legislativo normal, un proceso en el cual se está ahora poniendo trabas, renegociando y dilatando cada vez más la implementación del acuerdo.
Un ejemplo clave es el proceso legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): una columna vertebral del acuerdo que define, entre otras cosas, el sistema judicial que otorga amnistías, indultos y penas reducidas a los actores del conflicto con la condición que aporten la verdad. La JEP es un campo de batalla central entre los defensores y los opositores del acuerdo. Los partidarios del «no» critican que los líderes históricos de la guerrilla puedan presentarse a las elecciones, mientras los sectores favorables a la paz mantienen que la esencia del acuerdo es justamente eso; que la guerrilla reemplace las armas por argumentos, tomando el camino de la política parlamentaria.
La JEP ha sido dilatada por cientos de propuestas de cambio en ambas salas del congreso; y numerosos congresistas han abandonado las salas a la hora de votar con la intención de impedir el quórum necesario para pasar el acto legislativo. La JEP por fin ha podido aprobarse, pero sin muchos de los dientes que tuvo inicialmente (por ejemplo, los financiadores del paramilitarismo no tendrán la obligación de presentarse ante el tribunal, como estaba pactado en un principio).
El hecho que el expresidente Alvaro Uribe y sus compañeros de partido traten de obstruir el proceso de paz no es ninguna noticia; la novedad es que, con la JEP, la coalición unida para su implementación se está quebrantando. Esto es un síntoma claro de que se acercan las próximas elecciones, que se llevarán a cabo en marzo y mayo de 2018. En el clima de campaña electoral, puede ser más oportuno para alguno de estos políticos asumir una posición crítica en detrimento del acuerdo de paz [3].
La Corte Constitucional ha blindado jurídicamente el acuerdo de paz por tres periodos presidenciales. A pesar de eso, hay un temor bien fundado de que todo el proceso caiga si el sector del «no» gana las elecciones.
La mano dura
La movilización en Guaviare se concentra en señalar dos incumplimientos principales: las erradicaciones forzadas de coca y los asesinatos de líderes sociales.
Respecto a la coca, el acuerdo promete apoyo a procesos de sustitución voluntaria, pero, presionado por el gobierno de los Estados Unidos, el estado colombiano está erradicando forzosamente a gran escala. En toda Colombia, campesinos cocaleros ponen resistencia frente a las erradicaciones, y estas protestas pacíficas han sentido la mano dura del Estado. El ejemplo más grave pasó en Tumaco, Nariño, el 5 de octubre 2017, cuando la policía disparó y mató nueve campesinos en una protesta. La policía argumenta que la protesta estuvo liderada por disidencias de las FARC-EP y bandas criminales, un argumento muy familiar en las zonas rurales de Colombia, donde desde hace muchos años cualquier tipo oposición ha sido reprimida a la fuerza bajo el pretexto de estar protagonizada por la guerrilla.
En el autobús hacia Guaviare entró una noticia en el celular de mi compañero: cuatro campesinos cocaleros han resultado heridos por disparos de la policía. Durante los días siguientes se escuchaba una y otra vez la misma demanda: que el gobierno termine de una vez de darles trato de guerra a los campesinos, que cumpla el acuerdo de paz y termine las erradicaciones forzadas.
El gobierno insiste en ejercer dos estrategias simultáneas, las erradicaciones y la sustitución voluntaria. En un acompañamiento anterior, en la región del Catatumbo, pude vivir en primera persona la colisión entre ambas. Mientras los funcionarios del programa de sustitución negociaban acuerdos locales con las comunidades, el gobierno central mandó tropas para erradicar. Los funcionarios decían muchas palabras bonitas en aquella cancha de futbol donde 300 campesinos estaban reunidos para preparar la sustitución, pero les resultó difícil superar la desconfianza arraigada de las comunidades, viendo el comportamiento ambiguo del Estado. La sustitución voluntaria es un proceso que requiere tiempo y recursos, pero por el momento parece que hay más plata destinada a la mano dura. [4]
«¿Tiene que ser alfabético para ser sistemático?»
El 16 de julio 2017 fue hallado el cuerpo de Ezequiel Rangel, un joven líder campesino perteneciente a ASCAMCAT. Él es uno más de los numerosos líderes sociales que han sido asesinados desde la firma del acuerdo, a pesar de las promesas de garantías de seguridad para el ejercicio de la participación política [5].
Los números varían. Un informe de Indepaz y Marcha Patriótica sostiene que son 133 los defensores de derechos humanos asesinados solamente en el primer semestre de 2017, mientras la cifra de ONU es de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales asesinados en 2017. A pesar de las divergencias, las organizaciones de derechos humanos en Colombia coinciden en su preocupación por los hechos, reclamando respuestas y acciones del gobierno [6].
El gobierno se niega a hablar de asesinatos sistemáticos. Por eso, entre los campesinos, viene circulando un comentario de humor patibulario, con la pregunta: «¿tiene que ser alfabético para ser sistemático?» Jurídicamente, tiene que haber claridad sobre un victimario para poder llamarlo sistemático, una claridad muy poco probable dentro de un futuro cercano en Colombia.
Una característica común de la mayoría de los casos es que han ocurrido en zonas antes dominadas por las FARC-EP. Un hecho que indica que el Estado no ha logrado el control en los territorios.
Los asesinatos traen memorias oscuras del genocidio político de la Unión Patriótica; un partido fundado por distintos sectores de izquierda en 1985 como resultado de un proceso de paz con las FARC. La UP obtuvo un gran apoyo en las primeras elecciones, pero en los años siguientes fue exterminada brutalmente con un saldo de entre 3500 y 5000 miembros del partido asesinados; entre ellos dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes [7].
Los líderes que acompaña IAP conocen muy bien la historia de su país, y cuentan cómo, en aquellos años tan duros que parecen estar regresando, la distancia entre los políticos bien peinaditos de los sectores más guerreristas y los motoristas encapuchados que mataban a sus compañeros era bien corta. Solo el futuro mostrará si el proceso logra acabar con las fuerzas paramilitares que están conquistando terreno en gran parte del país.
Aprovechar cualquier espacio de participación
También tuvimos la oportunidad de estar en las afueras de la ciudad Barrancabermeja, cuando 20 mujeres delegadas del Valle del Río Cimitarra se encontraron para tratar el tema de la participación política de la mujer, que el acuerdo de paz busca promover.
Después de haberse quejado sobre los incumplimientos de siempre, una de las delegadas se preguntó si era el tiempo de dejar a un lado su desconfianza. Las demás la respondieron que era más bien una cuestión de mantener la presión hacia el gobierno. «El primer paso es conocer bien el acuerdo», dijo una, «y después hay que aprovechar cualquier espacio de participación que se abra.»
Las asociaciones campesinas en el Valle del Río Cimitarra, en Guaviare y en Catatumbo están dispuestos a pelear por el cumplimiento del acuerdo, y lo hacen en varios frentes; desde la participación local, por la vía parlamentaria y mediante la movilización en las carreteras y las calles, porque, ¡la lucha continúa por la justicia social!
Este artículo fue publicado originalmente en danés en el medio digital Colombianyt el 11/12/2017
[1] http://www.contagioradio.com/balanc…
[2] http://www.elcolombiano.com/colombi…
[3] Semana Edición No. 1855. «La JEP en cintura» y «Último minuto».
[4] Semana Edición no 1849. «La Batalla que se está perdiendo» y «Fracaso Anunciado».
[5] http://prensarural.org/spip/spip.ph…
[6] http://www.acnur.org/noticias/notic… y http://www.indepaz.org.co/wp-conten…