«El conflicto social colombiano se origina debido a los niveles de desigualdad que vive el país, con un 50% de la población viviendo en la pobreza y un 30% en condiciones de miseria. Hablamos del tercer país en el mundo con mayor nivel desigualdad, con un conflicto social que dura ya casi 70 años y […]
«El conflicto social colombiano se origina debido a los niveles de desigualdad que vive el país, con un 50% de la población viviendo en la pobreza y un 30% en condiciones de miseria. Hablamos del tercer país en el mundo con mayor nivel desigualdad, con un conflicto social que dura ya casi 70 años y al que se suma un conflicto político que ha generado más de 6 millones de desplazados, el 2º país después de Siria.» Jorge Molano es abogado defensor de derechos humanos, ha logrado procesar y encerrar a varios generales del ejército colombiano por sus crímenes. Vive amenazado y es sin duda un hombre valiente, cuya labor ha sido reconocida ampliamente a nivel internacional. Hablamos con él y con la compañera Luisa Vidal de Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia , asociación valenciana que lleva más de 10 años colaborando en la defensa de los derechos humanos.
Los años de conflicto
En los años 50 una dictadura aupada por las élites, termina cuando los empresarios paralizan la industria para derrocar al dictador Gustavo Rojas Pinilla en 1957. «Se establece entonces un bipartidismo que excluye a otros sectores políticos. Durante 30 años, los partidos conservador y liberal se alternan en el poder cada cuatro años. Para que una persona pueda acceder a algún cargo público, debe acreditar su pertenencia a uno de los dos partidos.» Este contexto da lugar a la aparición de las FARC en 1964 y el ELN en el 65. Comienza el conflicto armado.
A partir de entonces van a aparecer más movimientos armados derivados de estas guerrillas. Ante esta situación, en 1961 el Pentágono pone en marcha un plan integral para Latinoamérica que pretende recorrer todo el continente con el fin de no repetir experiencias como la cubana, es la llamada doctrina de Seguridad Nacional. «Los ejércitos nacionales deben conformar organizaciones especiales de carácter antiterrorista y anticomunista. La doctrina de la Seguridad Nacional entiende que quien vive en zona guerrillera, es defensor de los derechos humanos, opositor al gobierno o luchador reivindicativo, es enemigo del Estado. Toda oposición y labor de crítica, toda disidencia es criminalizada y comienza a ser destruida.» En esta línea, en 1965 el gobierno colombiano autoriza a sus comandantes a dar armas y recibir entrenamiento militar a la población civil, lo que daría lugar a la formación de las Juntas de Autodefensa. Estos permisos transitorios se convirtieron en permanentes y se prolongan hasta 1989.
La ideología de la Seguridad Nacional se apoya en teorías maoístas como: el agua es al pez como el campesino es a la guerrilla. «Si le quitas el campesino, la guerrilla no tiene agua, no puede existir. El objetivo es la vitoria militar.»
Durante los años 80, en la Escuela Superior de Guerras José María Córdoba lugar de formación de los altos oficiales del ejército, se redactan manuales del ejército bajo el título «conozcamos a nuestro enemigo». «En estos manuales se indicaba como las asociaciones civiles de campesinos, la organización nacional indígena de Colombia, defensores de derechos humanos, comité de presos políticos y juristas son parte del enemigo que debe ser destruido. Un sistema antidemocrático que quiere eliminar a la disidencia y generar sometimiento.»
Las modalidades de represión empiezan a variar con el tiempo; la represión es militar, jurídica, social, política, económica… En los 70 las desapariciones forzadas se viven en Argentina y Chile, en los años 80 predominan las detenciones y torturas. A finales de los 80, es la eliminación sistemática de líderes en el campo político, sindical o de derechos humanos. «Es también en los 80 cuando comienzan a crearse grupos paramilitares que hacen el trabajo sucio para el gobierno, de este modo pueden mantener una buena imagen internacional. A cambio hay impunidad para los paramilitares.»
Más tarde se producen masacres abiertas contra pobladores de zonas guerrilleras. «Estas experiencias de represión generan una sensación de terror que sirve para desarticular a los movimientos sociales y evitar que estos puedan desarrollarse y oponerse al estado. Es el caso de la Unión Patriótica, parido político formado por desmovilizados de las FARC, gente de los partidos tradicionales, comunistas y otros, son asesinadas al menos 4500 personas en 7 años.»
Durante los 90 entra en juego el narcotráfico, como catalizador y dinamizador del conflicto. «En Colombia se ha ejercido durante años un terrorismo de Estado asociado al narcotráfico. Se producen múltiples casos donde estructuras de la fuerza pública se asocian con el narco para el control social, algo que también ocurre internacionalmente como el caso de la contra nicaragüense.» El narco es una máscara que sirve para justificar la estrategia militar en el conflicto, así como estrategias de represión más potentes. «Con el asesoramiento de los EEUU, se da una especialización en el área de justica secreta; un entramado legal que oscurece la labor de fiscales, jueces, testigos secretos y la existencia de las pruebas. Los abogados no sabían quién investigaba ni quien dictaba sentencia. El pretexto era que se protegía del narco a fiscales y jueces pero funcionó para perseguir a los dirigentes de la industria del petróleo que se oponían a cómo se estaba saqueando su negocio. También a las huelgas de trabajadores de telefonía, estudiantes y campesinos.» Se conforma así un modelo de estado abiertamente autoritario.
En los 90 el movimiento social, está muy debilitado. Entre el 85 y el 95 hay 10 mil dirigentes sindicales asesinados. Durante el gobierno de Uribe se producen detenciones masivas, unas 20 mil, bajo acusación de pertenecer a la guerrilla. Mientras esto se daba en el plano institucional, el paramilitarismo empieza a entrar en regiones aisladas del país arrasando a la población y generando desplazamiento. «En los 50 las tierras eran ocupadas por dirigentes del bipartidismo, ahora se genera un proceso de contrarreforma agraria donde el nuevo propietario es el paramilitar. Además de ese control social que adquiere el paramilitarismo, el Estado comienza a intervenir en esas zonas pretendiendo hacer ver que la llegada de paramilitares supone un desarrollo para la sociedad.» Si en 1988 surgen los paramilitares, en 1995 son ya un actor político. «Pasaron de tener el control social y económico a tener también el político y a negociar con el ejército para que garanticen la seguridad en las zonas que ellos controlan y así poder hacer inversiones; minería, bancos, hidrocarburos…»
La lucha contra la impunidad
La estrategia de los gobiernos ha sido permitir la llegada a las comunidades indígenas y campesinas a los paramilitares. «Estos entran con motosierras, violan a las mujeres, juegan al fútbol con la cabeza del líder delante de todo el pueblo para generar terror y la gente huye.» Entonces llegan las multinacionales y explotan la tierra que dejan inservible aun cuando años después la justicia decida que debe ser devuelta a los campesinos. Pero a pesar de lo que muchas veces se nos ha querido contar en los grandes medios, ésta no es una historia de campesinos que apoyan a la guerrilla y multinacionales que hacen negocio con paramilitares. «De lo que se trata aquí es de juzgar la actuación de un Estado que permite las masacres para quitarse de en medio cualquier rival político y gobernar con total autoridad.»
La realidad en Colombia es la impunidad, no por deficiencia de la justicia sino por las prácticas de las instituciones. «Los crímenes han sido permitidos desde la justicia y por eso perduran las torturas, desapariciones y masacres. Cuando los jueces o fiscales deben investigar a sus superiores, la cadena de mando lo frena. Quienes desde el Estado han cometido crímenes contra la población, en vez de ser juzgados son condecorados a colocados en embajadas. Tenemos el caso de Jorge Petrel, magistrado de la corte Suprema, a quien se le adjudican la tierra de un campesino asesinado.» En los pocos casos en que la justicia actúa, la atención se centra siempre en la ejecución material, protegiendo a quienes dan la orden o planifican las masacres. «Los jueces que se atreven a investigar y denuncian a altos cargos militares son perseguidos, descalificados o asesinados por parte del mismo Estado, como en los casos del magistrado Carlos Horacio Orán o el abogado de derechos humanos Eduardo Umaña.»
En el año 2000 Colombia empieza a recibir denuncias de la comunidad internacional, la ONU, la Corte Interamericana de DDHH, Amnistía Internacional y de varios gobiernos que acusan al colombiano de haber creado a los paramilitares y piden indemnizaciones para sus víctimas. «Entonces el gobierno plantea desmovilizar a los paracos, un proceso esquizofrénico ya que son los mismos.» Surge en 2005 la ley de justicia y paz, que plantea que los paramilitares dejen las armas; deben decir la verdad, disolverse y reparar a las víctimas. «Empezamos a encontrar contradicciones de un gobierno que afirma hay 14 mil paramilitares en el país para después asegurar que ya se desmovilizaron 35 mil. Y todavía sigue habiendo más.» Se genera un proceso de impunidad. «Es una labor de maquillaje, un lavado de cara público del gobierno, una limpieza de capitales de los paramilitares provenientes del narcotráfico. Únicamente 105 paramilitares han sido juzgados, la justicia colabora así en el panorama general de impunidad.»
En lo referente a la reparación a las víctimas, se reclaman entre 4 y 6 millones de hectáreas robadas a los campesinos. «En un plan previsto para 10 años, el gobierno crea una ley para devolver terrenos en la que más del 70% de la tierra no se devuelve. En 50 años tan sólo se han resuelto 1600 de las 60 mil denunciadas que se han presentado por la restitución de tierras. Un porcentaje ridículo que genera un modelo de negación de derecho de las víctimas, legalización del despojo e impunidad para quienes han ejercido actos criminales.»
En el año 2000 las multinacionales pidieron 4 millones de hectáreas para explotar el oro. El 99% de los territorios reclamados eran zonas de donde habían sido expulsados pobladores de comunidades indígenas, campesinos y afro- descendientes. «Así las empresas se desarrollan y benefician a partir del terror y el crimen. A las empresas se les pone unos impuestos muy bajos para que puedan invertir y se les pide que tengan seguridad, esto hace que contraten al ejército para que les proteja. Son pasos hacia la privatización de la fuerza pública y la seguridad del Estado. En los casos en que líderes campesinos se han opuesto a las multinacionales, han sido eliminados por el ejército considerándolos como guerrilleros.»
Pese a todo, hay que destacar la importancia del resurgimiento del movimiento campesino que se ha movilizado contra el Tratado de Libre Comercio que acaba con sus formas de vida. «Hace 2 años hubo grandes movilizaciones que el gobierno calificó de ridículas teniendo después que reconocer la realidad por la presión de los sindicatos, estudiantes y otros sectores que han tomado conciencia.» Y es que paralelamente a las agresiones constantes, la resistencia continua y se reinventa. «La gente no deja de luchar, la población civil se organiza y no para de sumar a pesar de sufrir el horror, siempre se han movilizado. Son también 60 años de resistencia.»
La Caravana y el proceso de Paz
Desde 2008 un grupo de abogados se reúne en Londres para estudiar cuál es la situación y las garantías de derechos humanos en Colombia. Se forma entonces la Caravana Internacional de Juristas que recorrerá el país para analizar su situación y estudiar medidas de presión a la comunidad internacional. En un primer momento viajaron 14 juristas y abogados, ya en 2014 fueron 75 los que recorrieron el país verificando la situación real colombiana en materia de derechos humanos.
En 2014 hubo un asesinato cada 6 días, 626 agresiones diarias, amenazas, lo que provoca una estigmatización que se mantiene desde la presidencia y gobierno contra quienes defienden los derechos humanos. Mucha gente se ha exiliado para poder salvar la vida y están excluidos de cualquier proceso, hay medio millón de exiliados. «Quienes defienden los derechos humanos son espiados por el gobierno infiltrándose en sus oficinas y hasta en sus viviendas particulares, son amenazados y también sus familiares. Lo mismo ocurre con sindicalistas, periodistas, juristas. Una estrategia llevada a cabo desde la presidencia, tanto en el país como fuera, por ejemplo en Valencia. Quedan también muchos ataques a defensores de DH que no se investigan.»
Los casos en que se llega a juzgar a militares y altos cargos salen por la labor de los defensores de DH, ya que la justicia ordinaria permite la impunidad. «Mucha de estas condenas se consiguen en la Corte Interamericana de DH, haciendo que fuera se condene para que dentro se pueda hacer algo. La visibilidad internacional es importante porque la imagen de Colombia queda dañada y se realizan menos inversiones en el país. Es la fuerza que se puede hacer internacionalmente. Sin la visión desde fuera no se hubiera podido resistir.»
La Caravana está presentando estos informes y haciéndolos públicos, también para reivindicar ante la UE y otras estructuras internacionales su obligación de proteger a los defensores de derechos humanos. El Parlamento Europeo ratificó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, lo que debería incluir una defensa de los derechos humanos. «Organizaciones como la nuestra, Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia , denuncian a la comunidad internacional por ignorar estas situaciones. Cuando tratamos de que nuestro políticos presionen, lo que nos venden es que en el contexto de crisis actual las empresas son lo importante, primero nosotros y nuestra economía. Las empresas españolas están invirtiendo allí, así que «si sólo os amenazan no es para tanto.»
Esta respuesta está en sintonía con la línea que sigue el gobierno colombiano en relación a los defensores de derechos humanos. «Ellos hacen discursos como estos: Las acusaciones de los abogados de DH en representación de víctimas, tiene como intención el hacer una guerra jurídica contra el aparato militar que busca desmoralizar los cuerpos armados del Estado e impedir la movilidad de las tropas. Se trata de una estrategia contra el Estado en la que las guerrillas serían la parte militar y los abogados los encargados de la guerra jurídica.» De igual forma, oponerse al saqueo y la destrucción es visto como oponerse al progreso del país. «Cuando planteamos que los derechos de la población sean respetados y se les consulte sobre el uso que se puede hacer de sus territorios, lo califican como actos en contra del progreso y el desarrollo.»
Otra tarea importante que realizan los defensores de derechos humanos es la de representar a quienes siendo víctimas, se encuentran más desfavorecidos por su condición social. «Cuanto más de base es una persona más difícil tiene acceder a la justicia. La labor de los defensores de derechos humanos es importante porque representa a estas personas que no tienen acceso por lo complicado y vulnerable de su situación. Muchas de estas personas vulnerables son perseguidas para que no sean testigos. A las mujeres que se atreven a denunciar las mandan a casa directamente.»
Ante esta situación el actual proceso de paz que vive Colombia se ve con cierto escepticismo, sin embargo hay coincidencia en que es necesario. «Es una necesidad que se avance en la paz. La escalada de violencia entre diciembre y marzo, donde las operaciones militares bajaron a 24, han aumentado ahora a más de 100, con lo que de continuar esta escalada se puede volver de nuevo a la guerra. El sector de poder en Colombia habla de perdón y olvido de los asesinatos, de los robos, de los beneficios económicos del terror. Para esto no puede funcionar así, se debe hacer justicia, no puede ser que la justicia sea un obstáculo para la paz. No habrá paz sin justicia.» Por ello se ha confirmado una comisión de la verdad que está formada por 11 miembros elegidos por las FARC y el gobierno. El problema es que tendrá un carácter extrajudicial y un acceso restringido a información reservada.
El gobierno exige también que la doctrina militar no se vea modificada. «Si no se modifica ese aleccionamiento por el cual se ve a la sociedad como enemigo, se permite que se mantengan la tortura y la desaparición. Esto no puede consentirse.» Así mismo, el gobierno quiere mantener el número de soldados en el ejército, actualmente 500 mil hombres en armas.» La excusa es que el ejército se va a encargar de construir carreteras y hoteles. Esto podría llevar a una transición sin transición, una sociedad militarizada.»
Para que se dé una paz sólida debe haber ciertas garantías.» Garantías de no repetición, de reparación a las víctimas y de desarticulación de los paramilitares, ya que si se firma la paz con las FARC pero se mantiene el paramilitarismo, no va a haber una paz duradera. Eso es un fraude a la sociedad.» Debe haber también un proceso de desmilitarización de la policía, actualmente dependiente del ministerio de guerra y una solución al problema del narco. Del mismo modo es necesario que se respeten ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la manifestación, a la protesta y a la participación política.
La paz pasa también por una redistribución de la riqueza y un desarrollo del mundo rural. «Es fundamental acabar con la aberrante desigualdad aunque el gobierno ha dicho que el modelo de desarrollo no está abierto a negociación. El proceso de paz está orientado a que haya una calma que garantice sobre todo las inversiones internacionales, eso demuestra que sólo se quieren una paz de fusiles.»
Antes de terminar la entrevista la compañera Luisa hace una reflexión que invita a conectarnos con lo que ocurre en realidades que parecen remotas. «Es importante visibilizar qué es lo que ocurre pero también como ciudadanos tratar de presionar a nuestros gobierno para que se cumplan los derechos humanos. Es importante reaccionar ante las amenazas de forma rápida. Estas políticas de represión son trasnacionales, el modelo de privatización de la policía y la seguridad es exportable y un ejemplo es el paso que se está dando aquí con la ley Mordaza. Quien tiene seguridad privada es quien tiene dinero para pagarla. Por todo esto, apoyarles a ellos es también poyarnos a nosotros.»
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