La indignación nacional que suscitó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLAANLA) de otorgar licencia a la empresa HUPECOL para explotar un bloque petrolero dentro del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN), y que obligó al Gobierno Nacional a su revocatoria, pone de manifiesto la validez y la urgencia de […]
La indignación nacional que suscitó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLAANLA) de otorgar licencia a la empresa HUPECOL para explotar un bloque petrolero dentro del Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN), y que obligó al Gobierno Nacional a su revocatoria, pone de manifiesto la validez y la urgencia de abordar a fondo el debate sobre el modelo económico que los colombianos deseamos para nuestro país.
Que el modelo económico no está en discusión, ha sido un argumento reiterativo del gobierno cada vez que la Delegación de Paz de las FARC-EP ha planteado en la Mesa la pertinencia del tema respecto del contenido de la Agenda, que en dos apartes del preámbulo reza: «El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso»; y, «El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país».
La Macarena, el Quimbo, Santurbán, Ranchería, Bruno, Van Der Hammen, Marmato, son botones para la muestra sobre lo que significa la continuidad del modelo económico neoliberal que el gobierno se niega a discutir y que amenaza con arrasar en pocas décadas invaluables riquezas naturales, comprometiendo gravemente el futuro de las próximas generaciones.
Por otra parte, se ha vuelto común escuchar la afirmación gubernamental de que la paz tendrá un marcado acento en los territorios; lo que a juzgar por los hechos, se concreta en una visión de paz territorial consistente en la cesación del enfrentamiento armado para multiplicar las oportunidades de hacer negocios y aumentar las ganancias de las transnacionales y sus socios criollos.
Por el contrario, nuestra visión de paz territorial parte de la necesidad histórica de redimir del abandono y el atraso los territorios donde se ha vivido y padecido el largo enfrentamiento armado, cuyos pobladores en su inmensa mayoría son colonos forzados de manera violenta a internarse en las selvas para abrir montaña y fundarse en ella a golpe de hacha y machete.
Nuestra visión del territorio va más allá del simple espacio geográfico con sus riquezas naturales, e incorpora como aspecto esencial a las comunidades con su compleja red de relaciones sociales de producción, distribución, consumo e intercambio; sus formas de relacionamiento con la naturaleza de la que son parte inseparable; su visión del mundo, su cultura. Su vertebración (o aislamiento) con otros territorios y comunidades, con el conjunto de la nación y el mundo.
Y es precisamente en los territorios del conflicto, donde históricamente han estado asentadas las FARC-EP, entendidos de la forma ya señalada, que los combatientes farianos aspiramos a desarrollar el proceso de reincorporación económica, política y social, una vez concretada la dejación de las armas, según sea convenido en el tratado de paz.
Esta visión contenida en las propuestas referidas al punto 3. Fin del Conflicto; que dejamos a consideración del Gobierno desde el mes de diciembre del año 2015, incluye la creación de Territorios Especiales de Paz.
En las propuestas se plantea que en virtud de la firma del tratado de paz, los Territorios Especiales además de los beneficios derivados de los acuerdos como son la normalización de la propiedad de la tierra; la construcción de infraestructura social: vías, puentes, acueductos, energía; el otorgamiento de créditos y asistencia técnica y profesional para la producción de alimentos; así como la asistencia en salud y educación; además, decimos, deben gozar de medidas económicas especiales que incentiven la constitución de cooperativas de todo tipo; beneficios para las empresas que construyan sus plantas físicas en dichos territorios, o, que ocupen mano de obra de sus habitantes o establezcan convenios de comercialización y encadenamiento productivo con dichas cooperativas.
Paralelamente, estos territorios deben ser priorizados dentro de los planes de descontaminación por explosivos y de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito; de programas especiales para proteger el medio ambiente y preservar las riquezas naturales; así como de campañas de reforestación.
Los territorios de paz, acogiendo excombatientes de la insurgencia, de las Fuerzas Armadas y los paramilitares, serán factor decisivo en el proceso de reconciliación nacional, mediante programas de integración social con las comunidades. Y en el marco de una nueva cultura de paz; se podrían crear los jueces de normalización social y bienestar ciudadano encargados de solucionar los conflictos a partir de la conciliación.
En estos territorios pagarán las sanciones reparadoras, quienes sean sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como se ve, la idea de los territorios de paz va dirigida a cimentar la verdadera reconciliación de la familia colombiana; y, a sentar las bases de lo que debe ser una concepción democrática de los territorios.
Solamente a partir de una concepción del territorio de este tipo, se pueden poner a salvo de la voracidad del capital transnacional, las valiosas riquezas naturales que son patrimonio de todos los colombianos. Por esta razón, consideramos que el Área de Manejo Especial de La Macarena debe ser el primer Territorio de Paz que se cree en Colombia.
Solamente las comunidades que habitan el Área de Manejo Especial de La Macarena y los combatientes que nos hemos abrigado por años en su seno, conocemos en realidad los tesoros naturales que guarda esta región única en el planeta; por eso, nadie mejor para proteger y cuidar esta reserva de la humanidad.
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