Entre las ingentes riquezas generadas por la explotación de petróleo, la corrupción, el abandono del Estado y un conflicto social y armado recrudecido, sobreviven cientos miles de habitantes de departamentos que como en Putumayo, Arauca, Meta o Caquetá, la pobreza del pueblo ha sido producto de la riqueza de sus tierras, como profetiza Eduardo Galeano […]
Entre las ingentes riquezas generadas por la explotación de petróleo, la corrupción, el abandono del Estado y un conflicto social y armado recrudecido, sobreviven cientos miles de habitantes de departamentos que como en Putumayo, Arauca, Meta o Caquetá, la pobreza del pueblo ha sido producto de la riqueza de sus tierras, como profetiza Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina.
Como en otras regiones del país, el abandono centenario del Estado, conllevó a indígenas, colonos y campesinos a iniciarse en el negocio de la producción de la hoja coca, empresa que siendo en la región significativamente rentable a mediados de los noventas del siglo pasado, atrajo a su vez a raspachines y campesinos de Colombia entera. Campesinos quebrados por la apertura económica de Gaviria. Otros, la mayoría, «las piedras rodantes que no han podido criar lama», los que nunca han tenido nada, obligados por las penurias a migrar, errantes de región en región.
Colonos todos, que por los azares de la permanente distorsión económica de los mercados agropecuarios o por las violencias que las élites han emplazado en los campos como forma de abaratar y usurpar las tierras que otros han culturizado. El Putumayo no ha sido ajeno a esta historia.
A finales de los noventas, incursionó en la región el Bloque Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Rugió primero herido de muerte el corregimiento de El Tigre, luego serían varias las masacres perpetradas por paramilitares armados con motosierras y fusiles, contra pobladores inermes de varios municipios del bajo Putumayo. Se tiñó de sangre y muerte el Putumayo.
En medio de las matanzas, de las masacres, en los primeros dos años del siglo XXI, el Putumayo fue militarizado a través de la implementación del Plan Colombia, que si bien generó un crecimiento desmedido de la inversión militar, éste no sólo no derivó en evitar que el terror se impusiera con motosierras y a balazos, contrario a toda lógica o más bien, coherente con la prédica de la Escuela de las América y las órdenes del pentágono, agudizó la crítica situación de las comunidades: víctimas re-victimizadas. Como se sabe, los militares no llegaron para impedir el asesinato selectivo de los dirigentes, ni mucho menos a frenar las masacres. Los indolentes militares, ajenos al sufrimiento del pueblo, crecieron en número en el Putumayo para proteger el capital de las petroleras.
En efecto, el documento «La masacre de El Tigre. Reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz» que relata los hechos acaecidos el 9 de Enero de 1999 formula la existencia de complicidad de la Brigada XXIV por omisión, por connivencia con el paramilitarismo y estigmatización a las víctimas1.
El Plan Colombia además significó fumigaciones, a diestra y siniestra. Guerra contra la droga que como señala Molano en su última columna en El Espectador, ha resultado inútil, costosa y contraproducente.
«Van 20 años fumigando y la coca sigue tan campante. La estrategia de fumigar para subir los precios y bajar el consumo es fallida. Sube el precio, pero no baja el consumo, lo que significa que a largo plazo la fumigación es una estrategia para sostener los precios y justificar la guerra contra las Farc, para cotizarles a las empresas contratistas norteamericanas que hacen el oficio y, claro está, contribuir al enriquecimiento de Monsanto».2
Sin posibilidad ni condiciones de participar y mucho menos de ejercer derechos, las comunidades y sus debilitadas organizaciones sociales, fueron testigos de excepción de la extrema laxitud de la normativa ambiental colombiana, de la permisividad del Estado y de la corrupción de los funcionarios públicos, para que transnacionales como Vetra y el Consorcio Colombia Energy (CCE), sólo por citar dos casos, hayan sido beneficiados de concesiones leoninas que permitieron el saqueo del petróleo, la destrucción de la economía campesina y la generación de graves impactos ambientales y sociales, como ha sucedido en la concesión conferida para la explotación petrolera en el corredor Puerto Vega – Teteyé municipio de Puerto Asís.
Pese a las denuncias de las comunidades de incumplimiento de la licencia ambiental otorgada a Vetra y CCE, por la explotación de los campos Quinde, Cohembí y Quillacinga, las transnacionales en su desmesurado afán de lucro y sin importar los impactos ambientales, han solicitado una ampliación de la Licencia Ambiental que derivaría en la construcción de 100 pozos de petróleo y 20 locaciones.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, por solicitud de más de 58 organizaciones campesinas e indígenas, citó a Audiencia Pública, realizada el 31 de Enero del presente en el municipio de Puerto Asís.
En el marco de la audiencia las comunidades denunciaron que la explotación de petróleo en el corredor Puerto Vega – Teteyé por parte de Vetra y CCE, han ocasionado los siguientes efectos sociales, económicos y ambientales:
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Contaminación de humedales por vertimiento de aguas residuales industriales propias de la explotación petrolera. Los humedales son considerados ecosistemas estratégicos. El Estado colombiano es firmante del Convenio de Ramsar, sobre conservación de humedales, ecosistemas megadiversos de la alta amazonia.
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Vertimientos de aguas residuales en quebradas y ríos que son usados como abastecedores de agua de los acueductos veredales y corregimentales.
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Pérdida de caudal de ríos y quebradas afluentes del río Putumayo.
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Desecamiento de quebradas abastecedoras de acueductos comunitarios.
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Fracturas en los complejos hidrogeológicos
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Demoras para el control de la contaminación por crudo cuando se presentan atentados, denuncian también ineficiencia e ineficacia por parte de los operadores para remover as sustancias contaminantes.
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Aumento de la accidentalidad vial, deterioro de la red vial del municipio, que no es reparada o siquiera conservada en buen estado por parte de las empresas concesionarias.
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Problemas de salud de distinta índole, por contaminación del aire, del agua y del suelo.
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Contaminación del aire a través de la emisión de material particulado y humos de combustión.
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Destrucción del tejido social y organizativo en la región.
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Ruptura de los circuitos económicos sustentables fundamentados en la producción agropecuaria de indígenas, afrocolombianos y campesinos – colonos.
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Aumento del conflicto por la tierra y el territorio.
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Violación a la consulta previa a las comunidades indígenas, lo que representa una violación del Convenio 169 de la OIT firmado por el gobierno colombiano para proteger los territorios y la cultura de las comunidades indígenas.
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Desplazamiento inter fronterizo, interveredal y al interior del país.
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Aumento de los casos de violación al DIH y al DIDH, entre los casos más representativos se tiene el asesinato del presidente de ACSOMAYO LUIS ARCELIANO MELO el 01 de diciembre de 2005, después de 8 días de la reunión en el Caserío de Puerto Vega, donde se presentó el Plan de Desarrollo Petrolero, la judicialización de los dirigentes de las comunidades, persecución por parte del Batallón de Artillería No 27 contra defensores de Derechos Humanos, entre otros casos.
Por estas razones, las comunidades residentes en el corredor Puerto Vega – Teteyé, han reiterado su desacuerdo en lo relativo a la ampliación de la Licencia Ambiental para el CCE – Vetra. Como se ha señalado, existe una relación inversamente proporcional entre la renta petrolera obtenida por las transnacionales y los padecimientos de las comunidades; luego los costos ambientales, sociales, económicos y culturales producto de la explotación petrolera, son abrumadoramente altos en comparación con la inversión para mitigarlos.
Inicialmente el Estado colombiano y las instituciones responsables de proteger el medio y ambiente y los derechos de las comunidades, deberían estudiar con mayor profundidad la afección que causa la explotación petrolera a la cuenca amazónica en la región del Putumayo; no obstante esta medida no resolverá nada, si no se desarrollan con celeridad cuatro procesos complementarios: una modificación sustancial de la política ambiental colombiana orientada a hacer respetar el ambiente, los recursos la soberanía nacional y popular; la renegociación de todos los contratos de concesión con las transnacionales que implique un aumento significativo en el porcentaje de participación de la renta minera a la nación colombiana; mecanismos de participación comunitaria como la consulta previa para indígenas, campesinos, afrocolombianos, con carácter vinculante, democrática, efectiva, libre e informada y; la Planificación colectiva del territorio.
La comunidad internacional, los ocho países que comparten la Amazonía y particularmente los países miembros de CELAC con área en esta región, están en la obligación de exhortar al Gobierno de Colombia a que tome medidas serias para la protección de la naturaleza y de las comunidades que habitan y conservan «el último pulmón del mundo» en la región del Putumayo.
No tomar medidas urgentes será condenar toda una región a la muerte y al olvido.
NOTAS:
1 BELLO, A. Nubia y Col. La Masacre de El Tigre. Reconstrucción de la memoria histórica en el Valle del Guamuéz, Putumayo. CNRR- Grupo de Memoria Histórica. p. 28, 42 y 48. En: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe_el_tigre.pdf
2 MOLANO, Alfredo. Inútil, costosa y contraproducente. Columna. El Espectador. Bogotá D.C. Febrero 1 de 2014. En: http://www.elespectador.com/opinion/inutil-costosa-y-contraproducente-columna-472306
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