Se pudo recrear una parte de los intentos de encubrimiento en la V Región descritos en la primera parte de este artículo desde un caso concreto que tuvo lugar en Valparaíso, el de la muerte del Padre Miguel Woodward. Tras las peripecias que se describen abajo, el caso de Miguel sigue su camino, ahora en […]
Se pudo recrear una parte de los intentos de encubrimiento en la V Región descritos en la primera parte de este artículo desde un caso concreto que tuvo lugar en Valparaíso, el de la muerte del Padre Miguel Woodward. Tras las peripecias que se describen abajo, el caso de Miguel sigue su camino, ahora en manos de una Ministro en Visita que inspira confianza en sus familiares. Sin embargo, no han dado resultados sus denuncias ante las autoridades y ante los medios de los hechos delictivos que han enfrentado. Suponiendo que también pueden estar afectando a otros familiares de víctimas, incluso sin que lo sepan, se los detalla abajo.
LA HISTORIA OFICIAL
Es escueta la historia oficial de Miguel Woodward. Fue asesinado en Valparaíso el 22 de septiembre de 1973. Era sacerdote católico, de 41 años, y había dedicado su vida a los pobres. Vivía con ellos, presidiendo la JAP (Junta de Abastecimiento y Precios) en su población del Cerro de Placeres. Se hizo cura obrero, trabajando en los Astilleros Las Habas y en el Centro de Estudios y Capacitación Laboral (CESCLA), fundado por la Universidad Católica de Valparaíso. Militó, además, en el MAPU, un partido marxista de origen cristiano – motivo por lo cual fue suspendido de sus funciones sacerdotales por el Obispo Ruíz Tagle. Tenía previsto casarse en ese mismo mes de septiembre.
Por la madrugada del 22 de septiembre una patrulla naval le detuvo en su casa de la población. Llevaron a Miguel a la Comisaría 3 de Carabineros en el Cerro Barón donde le sometieron a un primer interrogatorio, golpeándolo y torturándolo. Más tarde llevaron a Miguel al buque escuela Esmeralda donde fue torturado nuevamente. Sufrió graves lesiones adicionales por haber sido lanzado desde una altura de unos dos metros por una escalera que pasaba de la cubierta al entrepuente de tripulación. Entró en coma y, al comprobarlo, los oficiales de la Esmeralda pidieron al Comandante del crucero Almirante Latorre, amarrado al lado, que enviase un médico.
Se ordenó que Miguel fuese trasladado al Hospital Naval en Playa Ancha. Sin embargo, la ambulancia no podía acercarse a la Esmeralda: desde hacía varios días los accesos estaban intransitables a vehículos por causa de los cuerpos – vivos y muertos – que estaban tirados por todo el molo. Por lo tanto se trasladó a Miguel a la cubierta del Lebu, otra de las cárceles flotantes amarradas en el molo. Desde allí pudo ser bajado a la ambulancia.
Miguel murió camino al Hospital Naval. Su cuerpo fue reconocido en el Hospital por un capellán naval quien avisó al Vicario General del Obispado. La familia de Miguel no fue informada de su muerte ni por la Armada ni por el Obispado. El Obispado pidió que les fuera entregado su cuerpo para enterrarlo. La Armada se negó. Más tarde, ya después de su muerte, unos familiares de Miguel en Santiago se enteraron, por terceros, de su detención. Tras comprobar su muerte avisaron a sus padres y demás familiares cercanos, residentes en Europa (Miguel tenía doble nacionalidad: chilena y británica).
Posteriormente, le fue entregado a la familia un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward firmado por un médico naval. Decía que había muerto por «paro cardio-respiratorio causado por TEC agudo cerrado». El lugar de la muerte se decía que era «la vía pública» en Valparaíso. Más tarde su nombre se encontró en los archivos del Cementerio Playa Ancha, indicando que su cuerpo fue ingresado en el cementerio el 25 de septiembre de 1973 y que había sido enterrado junto con otros en una fosa común destinada a indigentes.
CÓMO SE ENCUBRIERON LOS TESTIMONIOS
Los Primeros Encubrimientos
Conocer los primeros intentos de encubrir la muerte de Miguel y desprestigiarle ayuda a comprender lo que pasó después.
El mismo día de su detención unos marinos regresaron a la casa de Miguel para allanarla, «encontrando» una caja de granadas – que ellos mismos habían colocado allí unas horas antes, según algunos vecinos que los habían visto desde lejos. Esa tarde el vespertino «La Estrella», que en esos días pasaba por la censura militar, afirmó que Miguel había sido detenido por una patrulla naval y llevado, para ser interrogado, al buque escuela Esmeralda. Se le acusó de infidencias como sacerdote, múltiples violaciones y la práctica de la violencia armada.
En el año 1975 su familia se enteró que Miguel Woodward había muerto como resultado de tortura. El embajador de Chile en Londres en una carta al «The Observer» que había difundido la noticia, negó lo ocurrido. Especuló que era un montaje para perjudicar al estado de Chile, cuya deuda externa se renegociaba por entonces.
En ese mismo año la Armada puso en marcha otras medidas de ocultación que afectaron no sólo el caso de Miguel sino los de 108 víctimas más. El Servicio de Inteligencia Naval (SIN) montó una Operación ficticia, basado en un Proceso, el A-637, de la Justicia Naval. Fue un precursor de lo que posteriormente se conoció como «Operación Colombo». Utilizando «partes denuncias» del SIN, este Proceso se inició a comienzos de 1975, y fue sobreseído en marzo de 1976.
El Proceso no fue más que un escondite para casos de detenidos desaparecidos ya asesinados o destinados a ser asesinados. Entre los primeros estaban Miguel y el Padre Antonio Llidó (asesinado en 1974), descritos en el Proceso como «inculpados en rebeldía». Entre imputados que serían asesinados más tarde estaban Mario Calderón Tapia, Carlos Gajardo Wolff y Alfredo de García Vega. Sus nombres fueron incluidos posteriormente entre los 119 muertos de la Operación Colombo, un montaje cuyo fin era confundir a la opinión pública internacional, alegando que habían muerto en Argentina en una refriega entre miristas.
Como se Ocultó el Testimonio de un Oficial Naval Consciente
El primer testimonio directo de las circunstancias de la muerte de Miguel tardó unos veinte años en llegar a la familia Woodward. Procedió del Capitán de Navío que comandaba el crucero Almirante Latorre. Este Capitán fue quien envió a su médico para atender a Miguel en la Esmeralda. El médico informó al Capitán que había atendido a Miguel en la cubierta del Esmeralda (más tarde lo negó, diciendo que fue en el molo) y que tenía graves heridas internas, ruptura de órganos y hemorragias. Era imposible que sanara y el le daba, como mucho, una hora de vida. Le hizo ver al Capitán que las heridas habían sido causadas por reiterados golpes propinados con fuerza en el cuerpo. Miguel fue enviado al Hospital Naval.
El médico, en el curso de una carrera exitosa, fue ascendido a Almirante y nombrado Director de Sanidad Naval. Se negó a testificar ante la Comisión Rettig y, al ser imputado como encubridor en la querella presentada por Patricia Woodward, contestó por carta a la Ministro instructora Corti en 2003 que no sabía nada de la muerte de Miguel. El Comandante del Almirante Latorre, por el contrario, nunca ocultó lo que le había pasado a Miguel. Formuló unas fuertes protestas, lo que aparentemente contribuyó decisivamente a que las torturas en la Esmeralda cesasen el 23 de septiembre, el día después de la muerte de Miguel. Unas pocas semanas después el Capitán fue obligado a dimitir de la Armada.
A principio de los ´90, el ex-Comandante del Latorre hablaría con un sacerdote seglar de la diócesis de Valparaiso. Éste transmitió al actual Obispo de Valparaíso lo que el Capitán le había dicho cuando éste, al asumir como Obispo en 1999, pidió a su clero información sobre la muerte de Miguel. Posteriormente, al ser consultado por la familia de Miguel, el Obispo negó que hubiese recibido cualquier información relevante de su clero en esa ocasión. Contestó en el mismo sentido a la Ministro instructora del caso judicial referente a la muerte de Miguel. Este máximo responsable de la diócesis de Valparaíso , que antes había sido Obispo Castrense, es hoy en día Vice-Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.
La pista se enfrió de nuevo. Pero el ex-Comandante del Almirante Latorre, al morir en 1994, dejó una herencia: había testificado ante la Comisión Rettig. Les habló, entre otras cosas, de lo que el médico del crucero le había dicho. Este testimonio del Capitán tampoco pudo salir a la luz sin dificultades. Fue sólo en el año 2002 que la familia de Miguel encontró en los archivos de la Fundación Vicaría de Solidaridad una referencia al testimonio del Capitán Fanta ante la Comisión. Pidieron aclaración al Programa de Derechos Humanos (Ministerio del Interior), los custodios del Archivo Rettig, cuyo Secretario Ejecutivo en una carta a la Policía de Investigaciones de junio de 2002 había negado la existencia de tal testimonio.
Los funcionarios del PDH – todos ellos profesionales intachables – inmediatamente admitieron a los familiares que no habían tenido acceso directo a los archivos. Unas semanas después el propio Secretario Ejecutivo escribió a la Ministro, adjuntando unas notas manuscritas sobre la entrevista con el ex-Comandante del Almirante Latorre. Dijo que los había encontrado no en los archivos del PDH sino en los de la Fundación Vicaría de Solidaridad. Ese dato fue negado más tarde a los familiares por la Secretaria de la Fundación.
Dada estas circunstancias, los familiares de Miguel decidieron entrevistarse con el antiguo abogado de la Comisión que había redactado las notas. Éste les habló de forma transparente aunque no quiso identificar a los miembros de la Comisión a quienes hacía referencia por razones de «ética profesional».
Espontáneamente les informó que, en base a sus notas y sus recuerdos de la entrevista con el ex-Comandante del Almirante Latorre, él había redactado un informe detallado en su computador, imprimiéndolo para que fuera incorporado a los archivos de la Comisión Rettig. Ese informe ha desaparecido de los archivos. El abogado, a petición del Programa de Derechos Humanos, había tratado en años recientes de reconstruir sus notas. Eran, sin embargo, incompletas y difíciles de descifrar y el abogado admite que no recuerda claramente lo que se dijo en la entrevista.
Recientemente, al hacer un nuevo análisis de las notas manuscritas de la entrevista, los familiares se percataron de lo que parece ser una burda manipulación relacionada con las mismas. Todas las páginas habían sido numeradas en la Corte de Apelaciones y justo en el lugar donde, se supone, debería estar el informe escrito e impreso por el abogado aparecen dos hojas (páginas 509 y 513) que no tienen relevancia alguna a los temas investigados por la Comisión Rettig: son hojas fotocopiadas de una revista del año 1971 referente a asuntos aduaneros.
La conclusión parece inevitable: alguien, actuando de parte de la Armada de Chile, sustrajo dos hojas que componían el informe escrito e impreso por el abogado de la Comisión y las sustituyeron con otras, irrelevantes, para dificultar que se notara la falta del documento original. Aunque todas las hojas, originales y añadidas, llevaban escrita la numeración correspondiente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, sólo las originales también llevaban la numeración timbrada de la Comisión Rettig (páginas 175293 al 175295).
Cómo se Encubrió el Delito de un Alto Mando
Coincidiendo con estas revelaciones, la familia Woodward se enteró que el gobierno británico había financiado un proyecto relacionado con los Archivos Rettig. Técnicos británicos habían asesorado a la Corporación Justicia y Democracia, custodios de los papeles presidenciales de D. Patricio Aylwin Azócar, en la transferencia a CD-Rom de una copia de los archivos Rettig en poder de la Corporación. El propio Presidente Aylwin hizo saber a los familiares de Miguel, por medio de la embajada británica, que había averiguado que constaban en su copia de los archivos varias hojas referente a la muerte de Miguel. Oportunamente, alguna parte de este material procedente de la Corporación llegó a la Ministro Corti, por medio del Ministerio del Interior
Ese material incluía un Acta de entrevista con un Almirante del 22 de octubre de 1990, redactada por un abogado de la Comisión Rettig. Éste en septiembre de 1973 había sido Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval (Valparaíso). La entrevista tuvo lugar en presencia de otro alto mando que durante esa época había sido Comandante de la I Zona Naval. El Almirante trató primordialmente de la detención y desaparición de un primo suyo, Jaime Aldoney. No obstante, también habló de Miguel Woodward.
Admitió que Miguel había sido detenido por una patrulla naval e identificó al oficial responsable de las patrullas en la zona de Cerro Placeres. Reconoció que Miguel había muerto como resultado de malos tratos – al interrogador, dijo textualmente, «se le habría pasado la mano». También dijo que Miguel estuvo en la Esmeralda y que el barco había sido habilitado como «centro de interrogación». Alegó que fue él que dio la orden para que Miguel fuera trasladado al Hospital Naval y reconoció que nunca se realizó una investigación sobre su muerte.
Fue ésta la primera ocasión en que las autoridades judiciales y los familiares de Miguel tuvieron acceso al testimonio completo ante la Comisión Rettig de este Almirante. Al denunciar el caso de Miguel en julio 2001 ante la Justicia por «inhumación ilegal», el Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos se limitó a incluir una referencia, incompleta, al testimonio del Almirante.
El abogado de la Comisión que había entrevistado al Almirante fue citado judicialmente para testificar en el caso Woodward. El fin primordial de su comparecencia, a petición de los familiares de Miguel, era para que ratificara lo que ya había reconocido ante ellos: su autoría de la entrevista. No lo hizo. Citado por la Ministro Corti, el abogado no fue entrevistado por ella sino por su actuario. Éste, en el curso de un interrogatorio de unas tres horas, no hizo referencia alguna a la entrevista con el Almirante.
Igualmente chocante fue que el abogado, en el curso de su interrogatorio por el actuario, al hacer una referencia al ex – Comandante del Almirante Latorre, testificó que esa entrevista (realizado por él también) había sido el único «que nos permitió acreditar que el Sr. Woodward fue encontrado en el molo del Puerto en muy malas condiciones, al parecer agónico». Tal fallo de memoria respecto a la entrevista con el Almirante fue particularmente sorprendente dado que unos pocos meses antes el abogado había reconocido a los familiares de Miguel su autoría del acta.
Una semana después de la entrevista el sumario fue sobreseído, tras más de tres años de investigación. Patricia Woodward apeló a esta resolución. Pidió, además, al ex-abogado de la Comisión que enviara una declaración jurada a la Corte en que reconocería su autoría del acta de entrevista con el Almirante. Contestó que primero debería consultar con el ex-Secretario de la Comisión Rettig. Esperaba que éste opinara sobre cómo se realizaba una declaración a la luz del acuerdo de confidencialidad que regía las actuaciones de miembros y abogados de la Comisión. El ex-Secretario es actualmente Subsecretario del Interior y más tarde el abogado informó a los familiares que no había podido hablar con él, dado lo difícil que resultaba contactar con los altos cargos de la Administración.
Cabe señalar que las acciones descritas por el Almirante claramente constituyen los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia. Como tal debían haber sido denunciados por la Comisión Rettig en primera instancia al Comandante en Jefe de la Armada puesto que, según el propio Informe Rettig «prácticamente en todos los casos en que los antecedentes recopilados indicaban la posible participación en ellos de agentes de las fuerzas Armadas y del Orden, le fue consultado al Comandante en Jefe de la rama respectiva….por los antecedentes que pudieran existir en la Institución sobre los hechos.» Por lo tanto, en este caso, tratándose de graves delitos, necesariamente hubiera sido informado el entonces Comandante en Jefe de la Armada, hoy en día Senador de la República.
El ex-Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval, ahora jubilado, fue imputado en la querella por asesinato y torturas presentada por Patricia Woodward en 2002. En años recientes ha sido Consejero de la Cía. Aceros del Pacífico S.A. (empresa privatizada durante el régimen militar), Cía. Minera del Pacifico S.A. y Mutual de Seguros («el Mutual de la Armada»). Buen amigo de la jerarquía católica, el Almirante fue el responsable de seguridad del Papa Juan Pablo II cuando éste visitó Chile en el año 1987.
Las Hojas del Informe Rettig que No se Entregaron a la Justicia
El Presidente Aylwin, al informar a la embajada británica de las hojas referentes a Miguel Woodward en los Archivos que estaban en manos de la Corporación Justicia y Democracia, especificó que sumaban «unas 130». La embajada británica pudo comprobar este dato.
El Presidente Aylwin, por medio de la embajada, se ofreció para hacer llegar esas hojas directamente a la Ministro instructora del caso de Miguel si ésta se lo pidiera personalmente. Sin embargo, al hacer lo indicado, la respuesta que recibió la Ministro fue del Director General de la Corporación Justicia y Democracia. Le negaba la entrega directa del material, ofreciendo enviarlo al Ministerio de Interior para su posterior reenvío a ella. De ese modo llegó a la Ministro en junio de 2003 algún material procedente del Jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior.
No eran, sin embargo, las 130 hojas referidas por el Presidente Aylwin y comprobadas por la Embajada Británica. Llevando la numeración timbrada de los Archivos Rettig – páginas 175237 al 175295 – sólo sumaban, 58.
Anteriormente, en 2001, el Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos (Ministerio del Interior), al presentar su denuncia judicial por la «inhumación ilegal» de Miguel Woodward, la había acompañado con unas hojas procedentes del Archivo Rettig «original», custodiado por ellos mismos. Eran las páginas 175257 al 175258 y páginas 175280 al 175289. Sólo sumaban, por lo tanto, 13 páginas.
CONCLUSIONES
Los hechos delictivos denunciados en este artículo estuvieron en conocimiento de muchos en el transcurso del tiempo desde que ocurrieron. Ninguna persona, ninguna institución se ha armado de valor para rectificarlos, proteger a víctimas y familiares de los casos tratados por la Comisión Rettig o denunciar a los responsables ante la Justicia.
La razón principal de esta impunidad parece sencilla. Después del golpe la mayoría de los que planificaron y dirigieron esos crímenes se hicieron poderosos y, a menudo, ricos. Más tarde, otras personas les encubrieron, comprometiendo a sí mismas y a las instituciones democráticas que decían servir. Finalmente, nadie se atrevía con los culpables o con sus encubridores. Lo que algunos admitían en privado no lo repetían ni públicamente ni ante la Justicia. Lo que se rumoreaba entre amigos jamás encontraba un medio donde difundirse.
Este artículo, por lo tanto, al contar la historia de un hombre sencillo y bueno, es también la historia de otras personas. Pertenecen a la clase dominante de este país – militares, políticos, empresarios, abogados y sacerdotes. Aun sacrificando su propio honor, siguen ocultando lo que ocurrió a ese hombre y a tantos otros hombres buenos.