La concentración de los escasos medios de prensa existentes en Chile en dos oligopolios controlados por poderosos grupos económicos -Agustín Edwards y Alvaro Saieh- convierte en una meta digna de titanes mejorar las condiciones de trabajo mediante procesos de negociación colectiva. Más aún cuando éstos se rigen por una legislación laboral que fue hecha a la medida de quienes siguen teniendo la sartén por el mango. Es lo que han comprobado los tres sindicatos del Consorcio Periodístico S.A. (Copesa). En la última etapa del proceso de negociación 540 periodistas, fotógrafos, trabajadores gráficos y administrativos de la empresa están a un paso de hacer efectiva la huelga, aprobada por el 85 por ciento de los sindicalizados.
Copesa pertenece al grupo económico de Alvaro Saieh Bendeck, ingeniero comercial, ex funcionario de la dictadura de Pinochet y entusiasta gestor de la privatización de empresas públicas. También es académico y miembro de la junta directiva de la Universidad Andrés Bello. Fue distinguido este año como «profesor emérito» por la Universidad de Chile a pesar que en 1981, cuando era prorrector de esa casa de estudios, impulsó la «regionalización» que la despedazó. Además, es propietario de CorpBanca, de VidaCorp y otros negocios financieros, industriales y de servicios que traspasan las fronteras nacionales. Entre esos negocios está Copesa, empresa que posee los diarios La Tercera, La Cuarta y La Hora, las revistas Qué Pasa y Paula, las radios Zero y Duna y varias imprentas (Ediciones Chiloé, Prosa, etc.). En total, trabajan allí más de mil personas, la mitad afiliadas a los sindicatos N° 1 (229 trabajadores de producción), N° 2 (121 vendedores de publicidad y personal administrativo) y N° 3 (205 periodistas, reporteros gráficos, diseñadores y afines).
«En octubre del año pasado, el consorcio se dividió en tres filiales para obtener beneficios tributarios: Copesa, propietaria de las maquinarias e inmuebles; La Tercera/ Qué Pasa y La Cuarta/La Hora», explica el periodista Osvaldo Navas, dirigente del sindicato N° 3. Tuvieron que consultar a la Dirección del Trabajo si los sindicatos existentes podían continuar representando a los trabajadores en la negociación colectiva. La respuesta fue afirmativa. Presentaron el proyecto pero la empresa objetó su representatividad. Esta vez fue consultada la Inspección del Trabajo, que ratificó el primer pronunciamiento. La empresa no tuvo más remedio que afrontar la negociación con los tres sindicatos unidos. Pero sin informarles, presentó un recurso de protección cuyo resultado está pendiente.
PELEAR PESO A PESO
En su petitorio, los trabajadores solicitaron incremento de sueldos de acuerdo con el IPC y 1,75% de aumento real al año, además de reajuste de bonos y otros beneficios. «Desafortunadamente, la empresa hizo tabla rasa de las buenas perspectivas económicas del país y de la industria publicitaria para los próximos años. Sus representantes dicen que no están en condiciones de dar un reajuste real. En su primera respuesta señalaron que no habría aumento, ni siquiera de acuerdo al IPC, e incluso rebajaron beneficios. En tres años, hasta la próxima negociación, significaba bajar los sueldos en 10 por ciento. Como es obvio, eso provocó una airada reacción de los trabajadores», señala Navas.
Como sociedad anónima cerrada, Copesa no está obligada a dar a conocer sus balances. A los sindicatos les entregó datos mínimos con un informe deficitario de los dos últimos años. La «trampa», dicen los dirigentes, es que las inversiones -compra de maquinarias- y el pago de indemnizaciones a más de cien personas despedidas en 2004 las incluye en el rubro «gastos». También exhibe gastos operacionales no especificados… por 3 mil millones de pesos.
Después de muchas tratativas, se lograron algunos avances (bonos en UF, aumentos en beneficios), excepto en dos aspectos: el incremento real de sueldos y el bono por término de negociación. Al llegar al límite del plazo para negociar, la última propuesta de la empresa fue mantener el contrato actual agregando solamente el IPC y un bono trimestral equivalente a 1 UF (bruto, o sea, imponible) a partir de septiembre. Según la ley, esa oferta permite a la empresa contratar personal de reemplazo en caso de huelga. La propuesta fue rechazada por 386 votos de un total de 452, en asamblea sindical del 28 de junio.
En otra combativa asamblea los trabajadores desecharon por unanimidad recurrir a la mediación de la Inspección del Trabajo. Pero Copesa lo hizo, obligando a extender en cinco días hábiles el plazo para hacer efectiva la huelga (8 de julio) si no se logra acuerdo en la mediación. En esta etapa mejoró su oferta, pero sin llegar a lo solicitado por los sindicatos: 1 por ciento (21 mil pesos) sobre el IPC (aumento progresivo en tres años) y un bono de 10 UF por término de negociación. «Es lo mínimo que podemos aceptar», dice Jorge Rojas, presidente del Sindicato N° 1. Su compañero Ramón Pérez destaca que «nos hemos esforzado por desarrollar un proceso de negociación muy técnico, avalado con cifras y con propuestas para financiar nuestras peticiones. De esa manera dejamos a la empresa sin fundamentos para refutar nuestros planteamientos».
EL DILEMA DE LA HUELGA
«De los años en que he sido dirigente -dice Osvaldo Navas-, los trabajadores de Copesa nunca han estado más cerca de la huelga que en esta oportunidad. Lamentablemente, el Código del Trabajo -que viene de la época de Pinochet y ha recibido apenas un maquillaje en los gobiernos de la Concertación-, no favorece a los trabajadores, y menos a los trabajadores en huelga. Permite sustituirlos con rompehuelgas y dispone la reincorporación de los huelguistas a los quince días de paro».
Como ocurre en otras empresas del sector, al menos un tercio de los trabajadores del área periodística de Copesa son colaboradores que «boletean», sin derecho a beneficio alguno. «Eso debilita la fuerza en una huelga, al margen que hay muchos periodistas contratados que no están sindicalizados», observa Luis Isla. Además de contar con ese personal, la empresa reincorporó a estudiantes que hicieron la práctica durante el verano y adelantó ediciones de algunos suplementos, preparándose para afrontar una eventual huelga.
En el ánimo pro huelga influye el deterioro de las relaciones humanas en algunas áreas, el alto nivel de gastos de los directivos -sin proporción con las remuneraciones de los trabajadores- y la venta por decisión unilateral de una parcela de recreación (complejo deportivo, piscina, sitios de picnic) en 1.200 millones de pesos. Había sido adquirida con dinero de los trabajadores y de la empresa -proveniente de un fondo de indemnización con aportes mutuos-, pero fue vendida sin consulta y sin retribuir al personal por esa pérdida. «Era el único patrimonio que los trabajadores sentían suyo», señala Ramón Pérez. Otro dirigente del Sindicato N° 1, Abraham Armijo, agrega: «La gente está cansada de que usen y abusen de ella. Trabajamos en tres turnos, pero muchas veces hacen trabajar a la gente en días festivos o de descanso». Adrián Zamora destaca que los trabajadores han logrado disminuir la pérdida de papel de 8,5 a 3 por ciento, lo que significa un gran ahorro (1 por ciento equivale a 63 millones de pesos), «pero la empresa se queda con el 80 por ciento de ese ahorro y sólo el 20 por ciento restante lo distribuye a los trabajadores a través de un bono que nosotros mismos costeamos». Además, Copesa terminó con la antigua tradición de entregar cada día los diarios La Tercera y La Cuarta a todo el personal, y ahora cobra también por ocupar los estacionamientos.