El jueves 19 de agosto de 1982, hace 37 años, se desarrolló en el centro de Santiago la primera «Marcha del Hambre» en contra de la dictadura. Fue un antecedente directo de las Jornadas de Protesta Nacional que irrumpieron el 11 de mayo del año siguiente, y que hicieron tambalear al tirano. Es un dato […]
El jueves 19 de agosto de 1982, hace 37 años, se desarrolló en el centro de Santiago la primera «Marcha del Hambre» en contra de la dictadura. Fue un antecedente directo de las Jornadas de Protesta Nacional que irrumpieron el 11 de mayo del año siguiente, y que hicieron tambalear al tirano. Es un dato histórico clave que muestra que no es cierto que el fin del autoritarismo se logró sólo y principalmente en el plebiscito de 1988 y que «le ganamos con un lápiz» a Pinochet.
En esos días, yo era un adolescente, un liceano del Insucodos de Avenida España, y no tenía vínculo alguno con la oposición política. Me enteré de la marcha por uno de los miles de panfletos que fueron diseminados en los barrios de Santiago, llamando a salir a la calle a protestar contra la dictadura.
Fue la primera vez que me sumé a una muchedumbre que, avanzando por el Paseo Ahumada, proclamaba su indignación contra la tiranía. Fue la primera ocasión en que escuché dos gritos, que tantas veces se repetirían en los años siguientes: «¡Pan, trabajo / justicia y libertad!», y «¡Se va a acabar, se va a acabar / la dictadura militar!». No pocos de los que asistimos éramos estudiantes secundarios, cuya realidad era ocultada (o desfigurada) en la televisión por espacios como la teleserie «De cara al mañana», que era transmitida por TVN.
Fue también la vez primera en que veía a la policía uniformada con cascos y escudos, golpeando en forma inmisericorde. También fue la primera vez, desde el golpe de Estado de 1973, en que se lanzaban gases lacrimógenos en el centro de Santiago. Ambos hechos, por cierto, se repetirían desde entonces una y otra vez. Hasta el grupo «Upa» se inspiró en aquello para componer su emblemático tema «Ella Llora».
EL ESCENARIO NACIONAL
El 11 de marzo de 1982 la dictadura había celebrado el primer año de la «entrada en vigencia» de su Constitución. Augusto Pinochet dijo entonces: «En la lucha contra el comunismo soviético, nuestra primera obligación para afrontarla es la unidad interna. Por ello, no se permitirá que nadie siempre la semilla de la discordia entre nosotros. No aceptaremos que persona alguna nos pretenda encasillar en malintencionados y rígidos esquemas políticos».
Unas pocas semanas antes, el 22 de enero, había muerto el ex Presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María. Un mes después, el 25 de febrero, era asesinado por degollamiento y disparos de armas de fuego el presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), Tucapel Jiménez. Ambos se encontraban trabajando por la unidad social y política para enfrentar la dictadura y ponerle término.
Al calor de la entrada en vigencia de la Constitución, la tiranía había puesto en marcha su plan de institucionalización. Así por ejemplo, había comenzado a operar el nuevo sistema previsional, con once Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). También se había iniciado la Municipalización de la Enseñanza e impuesto la Ley General de Universidades. Ese año 1982 se iniciaba, entonces, con un país que experimentaba la profundización del proyecto neoliberal.
Mientras se imponían esas transformaciones, la dictadura no hacía el menor esfuerzo por disimular su dimensión más brutal. Se revelaba que Gabriel Hernández, jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de Calama y el agente Eduardo Villanueva, robaron 45 millones del Banco del Estado, sucursal Chuquicamata, y asesinaron a dos funcionarios de la entidad bancaria, a los que luego dinamitaron. Mediante Decreto Nº 1.019 del Ministerio de Justicia era indultado César Luis Palma Ramírez, ex agente del Comando Conjunto, por su participación en el crimen del Edecán Naval Arturo Araya, ocurrido en 1973. Por «ser activistas marxistas» se prohibió el reingreso al país del grupo Illapu, quienes habían viajado regularmente fuera de Chile. Eran víctimas de un envenenamiento masivo seis presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago.
En Temuco, el 29 de enero de 1982 fueron detenidas 61 personas en el marco de los Trabajos Voluntarios organizados por la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED) y la Agrupación Cultural Universitaria (ACU), organizaciones que serían claves en la democratización de la FECH y la FEUC. La prensa los calificó a coro de grupo «subversivo» y «terrorista». Sin embargo, el Fiscal Militar de la Guarnición de Temuco a la larga dispuso la libertad incondicional de todos, por falta de méritos.
Antes de conocer esta decisión, la entidad «estudiantil» que controlaba la tiranía en la Universidad de Chile, presidida entonces por Pablo Longueira, emitió una declaración, en la que «condena enérgicamente a este reducido grupo de activistas», y señalaba que «no permitirá que unos pocos, pero ya conocidos activistas, comprometan la imagen de la universidad, en actividades ajenas a sus intereses y reñidas con la ética profesional». Y concluía: «Quienes incurran en estas actividades no pretendan obtener amparo o defensa de esta Federación, ni el apoyo ni la solidaridad del estudiantado de nuestra Casa de Estudios, que en su mayoría rechaza y repudia enérgicamente esta acción» (Revista «Solidaridad» Nº 128, febrero de 1982).
Uno de los hechos más significativos del primer semestre de 1982, que desmiente en forma contundente el mito del «éxito económico» de la dictadura, fue el descalabro total de la economía del país, a merced de los taumaturgos del neoliberalismo.
Los síntomas comenzaron a mediados de 1981, cuando cerró la emblemática Industria Textil Panal, despidiendo a casi tres mil trabajadores. Luego, se desencadenaría una ola de centenares de quiebras de empresas. A comienzos de noviembre de ese año, el régimen se vio obligado a intervenir los Bancos Español, Talca de Linares y Fomento de Valparaíso, así como las Financieras Cash, de Capitales, Compañía General Financiera y Finansur. Más tarde se sumarían más entidades financieras a la lista. Era el comienzo de una de las mayores crisis económicas en la historia de Chile.
El boletín de la Vicaría de la Solidaridad informaba, en marzo de 1982, que «desde diciembre del año pasado se ha incrementado el número de empresas declaradas en quiebra». Entre ese mes y febrero se habían registrado cerca de 80, «mientras 120 solicitudes estaban pendientes en diversos juzgados del Crimen (…) A esta situación se suma otro número de empresas que paralizaron labores». Consignaba que entre las más importantes quiebras se contaban empresas tan importantes como Industrias de Radio y Televisión (IRT), Manufacturas Chilenas de Algodón (fruto de la fusión de las textiles Yarur, Panal y Caupolicán), Fanaloza, Refractarios Lota Green, Textil Oxford y Paños Tomé. Confites Serrano aparecía entre las empresas cerradas («Solidaridad» Nº 129, primera quincena de marzo de 1982). Poco después se sumó la empresa Firestone al cese de actividades productivas.
En la misma ocasión se informaba que hasta en un 25 por ciento bajaron las ventas del comercio en los doce meses previos, según el Departamento Técnico de la Cámara Nacional de Comercio. La Asociación de Propietarios de Restaurantes y Fuentes de Soda comunicó que, en promedio, las ventas habían experimentado una baja de hasta un 35 por ciento, en circunstancias que la cifra llegaba a un 50 por ciento en los casos de los establecimientos cercanos a industrias quebradas o en vías de desaparecer.
El propio régimen, a través del Ministerio de Hacienda Sergio de Castro, reconocía la existencia de un déficit fiscal que ascendía a 1.666 millones de dólares («Solidaridad» Nº 131, primera quincena de abril de 1982).
El Departamento de Economía de la Universidad de Chile informaba que en marzo de 1982 la tasa de desocupación nacional había llegado al 19,4 por ciento. Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales VECTOR, el desempleo total en realidad era el 26,2 por ciento, al agregar al estudio de la Casa de Bello el Programa de Empleo Mínimo (PEM). Uno de los sectores más afectados era la construcción: un 40,1 por ciento de cesantía, según la Cámara Chilena de la Construcción.
Se informaba que entre el 1º de enero y el 15 de mayo ingresaron a la Sindicatura General de Quiebras 243 casos de empresas en todo el país, de los cuales 142 eran de la Región Metropolitana.
Mientras tanto, la dictadura admitía que el Banco Central había desembolsado un total de 30 mil millones de pesos para salvar ocho instituciones intervenidas por el Estado, a lo que se sumaban 800 millones para cubrir los déficits de los Bancos Austral y de Fomento del Biobío («Solidaridad» Nº 134, segunda quincena de mayo de 1982).
Una de las respuestas de la dictadura vino el 14 de junio de 1982, cuando decidió que el peso se devaluaría en 18% al terminarse el dólar fijo a 39 pesos. El 5 de agosto se decretó libertad cambiaria y luego vino otra devaluación abrupta, esta vez del 40%. El país llegó a la bancarrota absoluta. Uno de los efectos fue el inmediato incremento del volumen de la deuda externa y la disminución de las reservas internacionales de Chile.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Bruno Casanova, señaló que ese año, el sector industrial tendría «crecimiento negativo», manifestando que, según los índices del Departamento de Estudios del organismo, el primer semestre de 1982 la producción industrial registró una caída de 17.2 por ciento, y un 20 por ciento en junio, respecto a iguales periodos del año anterior. A su vez, las ventas bajaron en un 13,1 por ciento en el semestre, y un 17% en junio («Solidaridad» Nº 139, primera quincena de agosto de 1982).
León Vilarín, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y uno de los protagonistas del golpe de 1973, denunció que de los cien mil camioneros que había en el país, el 50 por ciento estaba cesante. El directorio de la Confederación de Trabajadores del Cuero y el Calzado informó que «el sector tiene un porcentaje cercano al 47% de cesantía». La Universidad de Chile informaba que el 50 por ciento de los matriculados no estaba en condiciones de seguir cancelando las cuotas mensuales («Solidaridad» Nº 138, 139 y 140, julio y agosto de 1982).
Al mismo tiempo, la Vicaría de la Solidaridad informaba que entre enero y junio de 1982 se registraron 557 arrestos, los que a fines de ese año llegaron a 1.278, de los cuales inéditamente la mayoría fue en el marco de manifestaciones colectivas: 971.
Entre los detenidos se encontraba una cuadrilla de 23 trabajadores del PEM en Américo Vespucio con Santa Julia. Habían puesto un cartel en la vía pública que decía: «Pedimos ayuda para comprar pan, porque tenemos hambre»…
LA MARCHA DEL HAMBRE
«Desde tempranas horas, las calles céntricas mostraban que la autoridad había tomado sus resguardos. En los días previos al 19 de agosto, las poblaciones del Gran Santiago habían sido profusamente sembradas con panfletos que llamaban a participar en una ‘Marcha del Hambre’. Piquetes de Carabineros se ubicaron en puntos estratégicos del centro: al costado de la Plaza de Armas, en Ahumada con Alameda y en la Estación Los Héroes del Metro (…) En esta ocasión, sin embargo, los desórdenes tuvieron como escenario el Paseo Ahumada», consignó el boletín de la Vicaría de la Solidaridad.
Describió que «pasadas las 19 horas se dejaron oír los primeros gritos de ‘Pan, justicia, trabajo y libertad’ (sic). Pocos minutos más tarde los manifestantes (…) superaban con claridad las posibilidades de control por parte de las Fuerzas de Orden, por lo que éstas pidieron refuerzos. La animación de los manifestantes no autorizados llegó al punto de que arrebataron a la fuerza pública a algunos detenidos, sin que pudiera impedirlo».
«Los refuerzos se hicieron presentes portando cascos, escudos protectores y haciendo uso, por primera vez en nueve años, de bombas lacrimógenas para disolver los grupos que protestaban por la situación económica. Como los manifestantes se confundían con los transeúntes, carabineros procedió a disolver con gases a todo grupo que se encontrara estacionado en el sector», añadió.
Las manifestaciones «se prolongaron hasta después de las 21:00 horas. Un total de 34 personas fue detenida, tres de las cuales -Juan Enrique Bustos Parada, Luciano Olivares Fernández y Claudio Álvarez Concha- fueron puestas a disposición de la Fiscalía Militar acusadas de maltrato a Carabineros. Claudio Álvarez Concha, que padece de epilepsia, sufrió dos ataques durante su reclusión debido a que se vio imposibilitado de seguir el tratamiento médico habitual».
El Ministro del Interior, Enrique Montero Marx, el mismo que más tarde fue asesor del Grupo Edwards y El Mercurio, «anunció la aplicación de drásticas medidas en contra de los detenidos, luego de lo cual dos de ellos, ambos obreros de la construcción, fueron castigados con relegación administrativa. Luis Tillería fue relegado a Puerto Natales y Carlos Soto González, a Porvenir, XII Región» («Solidaridad» Nº 140, segunda quincena de agosto de 1982).
La Vicaría de la Solidaridad en su Informe Mensual de agosto de 1982 notó un hasta entonces inusual incremento de la práctica de arrestos en manifestaciones colectivas, lo que fue resultado del «ejercicio por diversos sectores de la ciudadanía, sin que haya variado el contexto represivo general, del derecho a expresar colectiva y pacíficamente su posición frente a los diversos problemas que aquejan al país y no solamente con respecto a la situación de los derechos humanos como ocurría (hasta) el año pasado».
En este sentido, indicaba que «el 19 de agosto hubo una manifestación en el centro de la capital, para protestar por la situación económica y social, ocasión en la cual fueron detenidos por Carabineros más de treinta manifestantes, todos los cuales fueron posteriormente puestos en libertad, salvo dos de ellos, que deberán sufrir tres meses de relegación en apartadas localidades de la Región de Magallanes, lo que hizo subir a 21 el número de relegaciones administrativas decretadas en el curso de 1982».
En el detalle específico de las circunstancias de violación a los derechos humanos, se menciona que «el 19 de agosto, a partir de las 19 horas, se desarrolló en el centro de Santiago, particularmente en el Paseo Ahumada, una manifestación pacífica en la que un elevado número de personas protestó por la situación económica que atraviesa el país, aludiendo particularmente al flagelo del hambre». Añadió: «Efectivos del Cuerpo de Carabineros se hicieron presentes en el lugar, con la finalidad de poner término a la manifestación, para lo cual se hicieron uso de bombas lacrimógenas y procedieron a la detención de numerosas personas, que la prensa hizo llegar hasta 34, de las cuales 31 concurrieron hasta el Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad en busca de amparo jurídico».
Luego entregaba los antecedentes de los 31 arrestados: 12 eran estudiantes, menores de 23 años y a lo menos tres eran estudiantes secundarios, uno de los cuales tenía 16 años.
La prensa adicta a la dictadura reaccionó con estupefacción. «El Mercurio» consignó el 20 de agosto que había ocurrido «una manifestación» e «incidentes anoche en el Paseo Ahumada», en que «los manifestantes gritaron consignas y lanzaron panfletos contra el Gobierno». Añadía que la policía usó bombas lacrimógenas y que hubo dos carabineros heridos por pedradas.
«Las Fuerzas Especiales de Carabineros, con cascos y escudos protectores, dispararon bombas lacrimógenas para dispersar a los cientos de individuos que gritaban consignas y lanzaban panfletos en contra del Gobierno. Un portavoz policial dijo que se puso a disposición del Ministerio del Interior, por transgredir la Ley de Seguridad Interior del Estado, a 22 hombres, que quedaron detenidos en la Primera Comisaría», mientras que las mujeres «permanecía anoche en la Sexta Comisaría».
Añadía que «debido a los incidentes el comercio del Paseo Ahumada y calles contiguas cerró parcialmente sus cortinas ante el temor de sufrir destrozos en sus vitrinas».
«El Mercurio» detalló que «los hechos comenzaron a las 19:27 horas, en los instantes en que se disparó al aire una luz de bengala que anunció a los manifestantes el inicio de los gritos y las consignas. Tras esta señal luminosa partieron los disturbios que culminaron una hora más tarde, luego que los manifestantes fueran conminados por la policía a dispersarse. El aire del Paseo Ahumada, especialmente entre Moneda y Alameda, se tornó irrespirable por instantes».
En una nota levemente más extensa, «La Tercera» se refirió a «diversos disturbios que se registraron anoche en el centro de Santiago. Algunos centenares de personas se concentraron en el Paseo Ahumada gritando consignas. Al término de los incidentes se supo, extraoficialmente, de la existencia de dos uniformados heridos: un teniente y un suboficial. También se dijo que una decena de manifestantes resultaron con lesiones. En forma oficial se reconoció la existencia de 29 detenidos». De la misma forma señala que «por momentos la acción policial fue insuficiente», puesto que «los manifestantes rescataron a detenidos de las manos de carabineros».
Lo medular de la nota señalaba: «Los incidentes comenzaron a las 19:27 horas, cuando una persona no identificada lanzó una bengala. Simultáneamente se escuchó un ruido similar a un disparo. Al parecer, un tiro de fogueo. En ese momento se dejaron ir gritos alusivos a la difícil situación económica y laboral que vive el país. Simultáneamente, centenares de panfletos fueron arrojados a lo largo de todo el Paseo Ahumada, todos ellos conteniendo consignas».
Más adelante, indica que «los esfuerzos policiales para restaurar el orden se vieron inicialmente impedidos por la cantidad de manifestantes, que llegaron incluso a rescatar a muchos de los detenidos por carabineros». Agrega que se llamó a refuerzos, los cuales incluyeron una dotación de la Escuela de Suboficiales.
«En medio de la refriega, un teniente de Carabineros, de la dotación de la Primera Comisaría, detuvo a la periodista de Radio Chilena Angélica Cabello, a pesar de que la profesional mostraba -inútilmente- su credencial. La intervención de otros periodistas ante oficiales que comandaban al grupo policial permitió su liberación casi inmediata. También el periodista Edgardo Marín recibió en su espalda un golpe de un bastón de la policía», se relató.
Describió: «En esos instantes los manifestantes continuaron su acción por las calles Huérfanos, Agustinas y Moneda, todos lugares donde Carabineros usó, al igual que en el Paseo Ahumada, bombas lacrimógenas. En varias partes la prensa vio cómo eran atendidos, por personas que transitaban por el centro, diversos heridos y personas afectadas por ataques histéricos». Añade que las manifestaciones «posteriormente se ubicaron en varios focos simultáneos en las calles céntricas».
Concluye la nota de «La Tercera»: «Los incidentes concluyeron aproximadamente a las 20:45 horas. Pasadas las 21:00 horas había completa calma en el centro de Santiago, aunque persistía la natural tensión por los sucesos registrados allí».
Fue también la primera vez que escuché gritar aquello de que el pueblo unido jamás será vencido. La primera oportunidad en que observé como tres carabineros daban una brutal golpiza a un adolescente, en la vereda poniente de Ahumada casi al llegar a Huérfanos. La primera vez que el paseo peatonal, con la noche sobre Santiago, parecía arrancado de una realidad onírica, pues llegó el momento en que estaba cubierto con gas lacrimógeno casi por completo.
Cerca de las 20:00 horas, con un grupo nos replegamos a la esquina de Alameda con Teatinos, a continuar la protesta. Fue la primera vez que sentí que valía la pena poner la vida a disposición de una causa colectiva. Y no fui el único.