La masacre de nueve campesinos en Alto Mira y Frontera, corregimiento de Llorente en Tumaco (Nariño), ocurrida el jueves 5 de octubre al parecer a manos de la Fuerza Pública, representa al menos tres problemas graves para el proceso de paz en Colombia. Primero, es una afrenta al acuerdo de La Habana, particularmente al punto […]
La masacre de nueve campesinos en Alto Mira y Frontera, corregimiento de Llorente en Tumaco (Nariño), ocurrida el jueves 5 de octubre al parecer a manos de la Fuerza Pública, representa al menos tres problemas graves para el proceso de paz en Colombia. Primero, es una afrenta al acuerdo de La Habana, particularmente al punto cuatro sobre cultivos de uso ilícito que hace énfasis en la sustitución voluntaria. Segundo, cuestiona la manera como la Fuerza Pública interviene las manifestaciones sociales vulnerando los derechos humanos de las personas y el derecho mismo a la protesta. Y tercero, pone en duda la posibilidad de que el posconflicto transite por el camino de la democracia y la eliminación de la violencia, más si se consideran otros hechos que vienen ocurriendo en distintas zonas del país.
Antes de abordar estos asuntos, hay que advertir que aún no existe plena claridad sobre lo sucedido en el territorio colectivo Alto Mira y Frontera, habitado por cerca de 4.000 familias que, en su mayoría, derivan su sustento del cultivo de coca.
En un escueto comunicado publicado el mismo 5 de octubre desde Bogotá por el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Policía afirmaron que el ataque a la población civil fue realizado «al parecer» por alias ‘Guacho’ quien lidera una disidencia de las FARC. Y aseveraron que los disidentes están obligando a la comunidad a protestar contra la erradicación. Según la versión oficial, el grupo disidente lanzó «al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades», causándoles la muerte a 4 civiles y heridas a otros 14.
Pero otra es la versión de la Coordinadora Nacional de Cultivadores Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) elaborada con base en información de la comunidad que estuvo presente en lo sucedido. En un informe preliminar, esa organización relató que desde el 29 de septiembre los campesinos estaban protestando contra la Policía que había desplegado al menos mil efectivos para adelantar acciones de erradicación forzada, por lo que cerca de mil personas realizaron un cerco humanitario para proteger los cultivos de los que derivan su sustento. Pero el 5 de octubre, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, la policía «sin mediar palabra abre fuego de forma indiscriminada contra la población».
Lo que argumentó la Coccam, contra el comunicado que emitió el Ministerio de Defensa, es que «no existen rastros del impacto de los explosivos en la zona y por demás, si la acción iba en contra de la policía, hasta el momento no existe reporte de ningún integrante de la fuerza pública herido o muerto».
De otro lado, el mismo 5 de octubre desde San Andrés de Tumaco el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera, denunció que su comunidad ha emitido varias alertas por los riesgos que corren sus integrantes ante la presencia de grupos armados que se disputan el territorio y reclutan a los jóvenes, ocasionando «desplazamiento, confinamiento de cientos de familias y terror en diferentes veredas». Y agregó que «durante las últimas semanas se han venido presentando presiones de grupos armados hacia la comunidad perteneciente al consejo comunitario, buscando que asuman el rol de escudos humanos ante la intervención de la fuerza pública que realiza labores de erradicación forzosa».
Frente a este ambiente de confusión un grupo de representantes y expertos de la sociedad civil, integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, rechazó los hechos ocurridos y exigió «la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión II de la ONU, con el propósito de verificar la situación en la zona y acompañar a las comunidades afectadas.» Además respaldó la creación de una Misión de Verificación de la sociedad civil para colaborar en la investigación.
Precisamente este domingo 8 de octubre la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que denuncia la responsabilidad de la Policía en los hechos. Según el documento del Ministerio Público, «los manifestantes aseguran que fueron atacados con arma de fuego por miembros de la Policía antinarcóticos. Señalaron que en el momento de los hechos no hubo intervención de grupos armados ilegales (disidencias de las Farc) ni tampoco se registró el lanzamiento o activación de cilindros bomba o los denominados ‘tatucos’, contrario a lo informado por las autoridades». Por ello, la Defensoría pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar una investigación especial
De otro lado, el grupo de expertos advirtió que «es un deber del Estado garantizar el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, impidiendo maniobras para desviar, obstruir o manipular la evidencia en los primeros actos urgentes de indagación, asegurando la adecuada cadena de custodia, la práctica de pruebas técnicas y el retiro de la escena del crimen de los miembros de la Fuerza Pública presuntamente implicados».
Hasta ahora, defensores de derechos humanos hablan de nueve víctimas mortales y más de 50 heridos en los acontecimientos de Alto Mira y Frontera. Pero el Gobierno aseguró el pasado viernes 6 de octubre que se trató de ocho personas muertas.
Erradicación forzada hace inviable la sustitución
Para César Jerez, vocero nacional de la Coccam, «el asesinato de los compañeros en Tumaco es terrible y lo que evidencia es el garrafal incumplimiento del gobierno al acuerdo de sustitución». Pero además, anota, este asunto es producto de la presión que ha venido ejerciendo el Gobierno estadounidense, en cabeza del presidente Donald Trump, sobre el proceso.
«El gobierno de los Estados Unidos está presionando para que se haga énfasis únicamente en las medidas de fuerza e incluso para que se retorne a las fumigaciones aéreas con glifosato. Y aquí también hay intereses de gente que se ha enriquecido con los contratos del Plan Colombia en la supuesta lucha contra las drogas en materia de fumigación y erradicación. Esa presión hace que el gobierno colombiano improvise, que actúe con negligencia, y que opte por la violencia como una supuesta salida al problema de los cultivos de uso ilícito», manifestó Jerez.
Lo que concluye el líder campesino, es que la estrategia de erradicación forzada terminará haciendo inviable el acuerdo de sustitución. Según él, «el Gobierno está incumpliendo en sustitución y se está justificando con la erradicación misma, lo que expresa cinismo de parte del Gobierno porque no se pueden compaginar sustitución -que es de un carácter estructural- con medidas de fuerza y con acciones violatorias de los derechos humanos».
De hecho, el Consejo Comunitario del Pueblo Negro Alto Mira y Frontera advirtió en su comunicado, que a pesar de las insistencias de esa comunidad afrodescendiente para que se implemente el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, éste ha tenido un «ritmo paquidérmico, mientras que la erradicación forzada avanza a toda marcha en distintas veredas de nuestro territorio, evidenciando una enorme contradicción con lo pactado en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP». Lo grave es que esto «ha alimentado la zozobra, incertidumbre y desconfianza entre muchos de los habitantes del Consejo Comunitario».
Fue este escenario, insiste Jerez, el que llevó a esta grave equivocación del Gobierno y a los excesos de fuerza cometidos en medio de la estrategia de erradicación. Por eso, el vocero de la Coccam pide «una investigación exhaustiva y que los funcionarios públicos responsables de estos asesinatos vayan a los estrados judiciales».
La continuidad de la violencia pone en jaque la paz
Para Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), «la masacre de los campesinos en Tumaco es lamentable en tiempos en que se viene hablando de paz, de solución política negociada y de que la vía civilista, y no los medios violentos, es la alternativa para dirimir los conflictos que hay en la sociedad».
Según Herrera Duque algo muy crítico es que de manera gradual se ha venido estigmatizando y criminalizando a los campesinos colombianos como responsables del aumento de los cultivos de uso ilícito. Y, en ese sentido, es muy malo el mensaje que manda la fuerza pública con actuaciones como la sucedida en Tumaco.
Al respecto, el sociólogo e investigador social, Max Yuri Gil, insistió en que lo más necesario en este momento es la implementación de una comisión que esclarezca la verdad de lo que pasó, y advirtió que «sería muy grave si se confirma que la fuerza pública es responsable de la masacre, pero más grave aún sería el hecho de que se haya intentado ocultar su responsabilidad. De modo que si se comprueba la responsabilidad institucional, hay que castigar esto con la mayor severidad».
Por eso el sociólogo hizo una alerta sobre la manera cómo, en general, viene actuando la fuerza pública contra el derecho a la protesta. Y conectó su reflexión con la violenta represión que vivieron los ciudadanos catalanes en España, durante el referéndum de independencia. Aunque son contextos diferentes, y en el caso de Tumaco se trata de un escenario convulsionado, la pregunta es: ¿Cuáles son los límites de actuación de la fuerza pública en una sociedad democrática?
«Yo creo que en ninguno de los dos casos, ni en España ni en Colombia, hay cuestionamientos a la existencia de la Fuerza Pública ni al rol que cumplen como garantes, en un Estado de derecho, de unas mínimas pautas de convivencia. Pero eso de ninguna manera significa que tengan cartas para hacer cualquier cosa», explicó Max Yuri.
Para concluir, Diego Herrera planteó que la masacre de Tumaco, es «un acontecimiento que genera un ambiente de mucha hostilidad y reitera que en Colombia los campesinos y campesinas son el sector más vulnerable frente a cualquier alternativa de paz y frente a los riesgos que significan el actual acuerdo con las FARC y el eventual acuerdo con el ELN. O sea, que las fuerzas oscuras y la guerra sucia, se pueden enfocar hacia la población campesina, y justificarse en este tipo de acciones del Estado sobre la base de la estigmatización».
Con este panorama la situación es preocupante si se tienen en cuenta otros hechos que vienen sucediendo en el país como la avanzada de los grupos paramilitares, el asesinato de miembros de las FARC en proceso de reincorporación, y las agresiones y asesinatos sistemáticos de líderes y defensores de derechos humanos; el hecho más reciente fue la muerte a manos de paramilitares del líder indígena Ezquivel Manyoma del Pueblo Emberá Dobida del resguardo Dabeiba Queracito, en el municipio Medio Baudó, departamento de Chocó, ocurrida este fin de semana.
El papel de los grandes medios
Un asunto sobre el que llamó la atención Max Yury, fue acerca del papel que han jugado los grandes medios de comunicación en el cubrimiento de esta masacre, «porque yo llamo la atención sobre el tratamiento diferencial que reciben las víctimas de acuerdo al victimario. Si esto lo hubieran hecho la guerrilla del ELN o la disidencia de las FARC, los medios le estarían dedicando las 24 horas del día al tema, ya conoceríamos las identidades de las víctimas, sus historias familiares, todo el impacto sobre sus proyectos de vida. Pero me llama mucho la atención el silencio y los eufemismos que han construido sobre lo que pasó, que son: en oscuros incidentes, en asuntos por establecer, víctimas de la violencia… Yo la verdad creo que estamos ante una masacre cometida por las autoridades institucionales y me parece que hay que exigir y no bajar la demanda sobre lo que pasó».
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22157