Son numerosas las instituciones nacionales e internacionales que advierten sobre el desbordamiento del asesinato de líderes sociales, mientras los Generales involucrados en crímenes de lesa humanidad son premiados con ascensos, lo que evidencia el carácter de este tercer Gobierno de Uribe.
En medio de una cuarentena de más de 3 meses, hasta el 6 de junio, han asesinado 117 líderes sociales y 25 ex combatientes, cifra superior a la de 2019, donde según Naciones Unidas asesinaron a 107 [1]. Por si fuera poco, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirmó que Colombia a nivel mundial es el primer país en desplazamiento interno con 8 millones de personas [2].
En este contexto el Embajador de Países Bajos Jeroen Roodenburg manifestó, que “hay fuerzas muy poderosas que no quieren que sus líderes hagan su trabajo y enfrentar esas fuerzas requiere voluntad política, con recursos y contundencia, pero el Estado tiene una responsabilidad muy grande y continuaremos dialogando con Gobiernos nacionales y locales” [3].
Política de medir los logros por litros de sangre
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) rechazó que el Ministro de Defensa Carlos Holmes, promueva el ascenso de 6 oficiales de las Fuerzas Militares (FFMM), entre ellos el General Eduardo Zapateiro quien está implicado en la Desaparición Forzada de Jaime Enrique Quintero Cano, ocurrida en 1995 [4].
Se ha convertido en una constante el ascenso de oficiales comprometidos en crímenes de lesa humanidad, como el caso del General Diego Villegas, Comandante de la Fuerza Tarea Vulcano, quien antes del asesinato del ex combatiente Dimar Torres, públicamente reconoció pagar sicarios para matar revolucionarios [5].
En este caso de Dimar Torres, donde solo recibieron medida de aseguramiento el coronel Pérez Amézquita y los soldados Casilimas Pulido, Buriticá Duarte y Alarcón Castrillón, pero excluyeron del juicio a su comandante el General Diego Villegas.
Trato de Guerra a la protesta social
El Informe de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todos, denunció las agresiones que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) perpetró contra las movilizaciones del 15 de junio, convocadas en rechazo al asesinato de líderes y ex combatientes, contra el racismo y la falta de garantías para una cuarentena digna [5].
Luis Manuel Berrío Julio y Dionisio Banquez líderes del Consejo Comunitario Rebelión, del corregimiento de Rincón Del Mar en San Onofre, Sucre, desde el año pasado reciben amenazas de muerte y persecución de los narco paramilitares.
José Ángel Mena Rentería Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Chocó, denunció que el 16 de junio hombres armados ingresaron a su casa e intentaron asesinarlo.
La Guerra oligárquica solo mata líderes populares
Armando Rodríguez ex combatiente desplazado de Vista Hermosa, Meta, el pasado mes de febrero fue víctima de un atentado perpetrado por integrantes del Ejército vestidos de civil, enviados por el Coronel William Ernesto Peña y el Sargento Edwin García pertenecientes al Batallón de Operaciones Terrestres número 6 de Vista Hermosa; el coronel Manuel Guillermo Gracia, Comandante de este Batallón respaldó el accionar de sus subalternos.
Mario Téllez ex combatiente, fue asesinado el 15 de junio en inmediaciones de Campo Giles y Campo 2 en Tibú, Norte de Santander, a 10 minutos de un puesto de control del Ejército.
Gracelio Micolta vocero y fundador del Consejo Comunitario Alto Guapi, fue interceptado y posteriormente asesinado el 15 de junio en el sector Yantin de Guapi, Cauca.
Ángel Alberto Calderón ex combatiente, fue asesinado el 16 de junio en el Cabildo Santa Rosa en Puerto Asís, Putumayo.
Jorge Manuel Ortiz docente e integrante de la Corporación de Líderes Sociales y Víctimas de Colombia, en reiteradas ocasiones había denunciado amenazas de muerte, sin embargo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le redujo el esquema de seguridad; finalmente el 16 de junio fue asesinado en el casco urbano de Barranca de Loba, sur de Bolívar.
Edier Lopera era el Coordinador del Comité de Conciliación de la Junta de Acción Comunal de la vereda Urales en Tarazá, Antioquia, y de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (ASOBAC), del Movimiento Marcha Patriótica y del Plan de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); fue asesinado el 15 de junio por narco paramilitares en la vereda Caracolí, Tarazá, hasta el día 21 de junio, sus asesinos han impedido recoger su cadáver.
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[1] Las prioridades del gobierno en tiempos del COVID-19. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 9-06-2020.
[2] Colombia es el país con más desplazados internos en el mundo. El Nuevo Siglo, 18-06-2020.
[3] Campaña «Defendamos la Vida» seguirá respaldando el trabajo de los líderes sociales. Contagio Radio, 16-06-2020.
[4] No más ascensos a favor de la impunidad en las Fuerzas Militares! Exigimos una fuerza pública para la paz. Movice, 9-06-2020.
[5] “Si nos toca aliarnos con los Pelusos nos vamos a aliar”. Las Dos Orillas, 24-08-2019.
[6] Boletín informativo número 15. Defender la Libertad, 16-06-2020.