La Iglesia católica chilena jamás condenó el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, ni el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, ni la implantación de la junta militar que el general Augusto Pinochet encabezó hasta el 10 de marzo de 1990. Además, en octubre de 1973 la Conferencia Episcopal aprobó […]
La Iglesia católica chilena jamás condenó el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, ni el derrocamiento del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende, ni la implantación de la junta militar que el general Augusto Pinochet encabezó hasta el 10 de marzo de 1990. Además, en octubre de 1973 la Conferencia Episcopal aprobó una declaración de condena del movimiento Cristianos por el Socialismo («Fe cristiana y actuación política»), con el cual había mantenido una ácida polémica desde abril de 1971 en torno al compromiso de sacerdotes, religiosas y laicos con la construcción del socialismo. Asimismo, en diciembre de 1973 el obispo Carlos Oviedo dirigió a las conferencias episcopales del mundo un documento muy semejante al que Eduardo Frei Montalva había remitido el mes anterior al presidente de la Internacional Demócrata Cristiana y que justificaba -y casi aplaudía- el golpe de estado, ya que -como aseguraba la dictadura- habría librado a Chile de la implantación de una dictadura marxista.
Frente a la ambigüedad de una jerarquía en la que también había obispos abiertamente pinochetistas (como el titular de Valparaíso, Emilio Tagle), muy pronto sobresalió el excepcional trabajo de la mayor parte de la Iglesia católica (la mayoría de los obispos incluidos) en la defensa de los derechos humanos. Esta labor se plasmó primero en la creación, el 6 de octubre de 1973, del ecuménico Comité de Cooperación para la Paz en Chile en el que participaron las confesiones católica, luterana y otras de raíz evangélica. Desde el Comité Pro Paz se inició el trabajo en defensa de los prisioneros políticos, con la presentación de centenares de recursos de amparo, la ayuda a aquellas personas que optaron por exiliarse y se dio aliento a la organización temprana de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Además, distintos documentos del Comité Pro Paz denunciaron, ya en marzo de 1974, la gravedad de la represión, el inicio de la actuación criminal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y su práctica de la desaparición forzada de personas.
Los enfrentamientos con la dictadura fueron casi cotidianos y en noviembre de 1975 Pinochet exigió al cardenal de Santiago, Raúl Silva Henríquez, el cierre del Comité. De manera inteligente, Silva Henríquez aceptó las amenazas del tirano, pero respondió con la creación de un organismo integrado en la estructura de su arzobispado: la Vicaría de la Solidaridad. A través de sus distintas áreas de trabajo (jurídica, social, pobladores, documentación, publicaciones como el excepcional periódico quincenal Solidaridad…), la Vicaría, cuyas oficinas estaban en la Plaza de Armas, junto a la Catedral, se convirtió en un emblema universal de la defensa de los derechos humanos. En sus oficinas trabajaron cristianos y gentes de izquierda como José Manuel Parada, sociólogo comunista degollado por agentes de la dictadura junto con Manuel Guerrero y Santiago Nattino el 29 de marzo de 1985.
Cuando falleció en junio de 1999 el cardenal Raúl Silva Henríquez, fueron decenas de miles las personas que acudieron a su funeral y tanto el Partido Comunista como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y la de Familiares de Ejecutados Políticos expresaron su reconocimiento por su opción por la dignidad de los seres humanos en los tiempos más oscuros de la historia chilena del siglo XX.
El monumental Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que incluye también la documentación generada por el Comité Pro Paz, es la mejor fuente para investigar acerca de la magnitud de los crímenes de la dictadura. Sus exhaustivas fichas sobre cada uno de los más de mil detenidos desaparecidos, los siete volúmenes publicados a finales de los años 70 sobre ellos (la colección ¿Dónde están?), que incluyen testimonios conmovedores de sus familiares, las miles de declaraciones sobre los crímenes de la dictadura, sus publicaciones… son imprescindibles para acercarnos a la historia del régimen de Pinochet. Así lo pude comprobar al elaborar mi libro Después de la lluvia. Chile, la memoria herida (Cuarto Propio. Santiago de Chile, 2004. 450 páginas), disponible en Rebelión (http://www.rebelion.org/docs/55782.pdf), que se apoya en gran parte en material de este Archivo.
En las últimas semanas la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad (sucesora de la Vicaría tras su clausura en diciembre de 1992) ha creado una página web donde se van a ir subiendo esta documentación en formato pdf: www.archivovicaria.cl
Se trata, sin duda, de una gran noticia para investigadores de todo el mundo. De momento, los 168 documentos disponibles (entre ellos la colección completa del periódico Solidaridad, con sus magníficas separatas) son una muestra ya de aquel trabajo ejemplar que hicieron callada y pacientemente tantas personas a lo largo de 16 años.