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La mermelada amarga para los colombianos

Fuentes: Revista Insurrección

El ministro de Salud anunció la semana anterior que la Empresa Prestadora de Salud EPS Cafesalud ya está lista para la venta en el 2017. El ministro señala que es necesario vender esta EPS para evitar que se convierta en un «nuevo seguro social». De nuevo el gobierno colombiano prefiere poner en las manos de […]

El ministro de Salud anunció la semana anterior que la Empresa Prestadora de Salud EPS Cafesalud ya está lista para la venta en el 2017. El ministro señala que es necesario vender esta EPS para evitar que se convierta en un «nuevo seguro social». De nuevo el gobierno colombiano prefiere poner en las manos de los privados derechos fundamentales como la salud, a sabiendas de que han sido los mismos quienes han deteriorado la vida de los y las colombianas.

El ciclo se repite

Es irónico que el gobierno pretenda vender la EPS Cafesalud luego de que esta recibiera la crisis de Saludcoop, que dejó de prestar gran parte de los servicios de salud por las mismas causas que ahora se señalan. El ciclo se repite, ante la incapacidad administrativa, finanzas inconsistentes, mala prestación de servicios y deudas del sector privado con el Estado Colombiano, se prioriza la venta a nuevas manos privadas, mas interesadas en hacer rentables sus inversiones que en ser responsables con el pueblo colombiano.

Este es un ejemplo de como las alianzas público-privadas se han convertido en un negocio entre oligarcas que perjudica el bienestar de las y los colombianos. El argumento es el mismo, hay que acabar con las empresas públicas porque son costosas, ineficaces y propensas a la corrupción, mientras que a través de la gerencia privada se puede brindar mejor servicio. Pero la realidad es otra, una vez una parte o la totalidad de la empresa entra en manos de los amigos privados, estos asumen costos mínimos en relación a las ganancias que obtienen rebajando la calidad de los servicios prestados, y si algo sale mal, se lavan las manos aduciendo que el responsable último es el Estado Colombiano. Ante esta realidad el gobierno con gritos de ahogado señala a los privados como responsables de la crisis, pero la única solución que hay para evitar que se destape la mermelada es esconder el robo y volver a vender al mejor postor.

¿Quién responde por los «malos manejos»?

Mientras los grandes capitales se hacen los de la vista gorda con los descalabros en sectores de salud, energía, aseo, vías, entre otros. el gobierno colombiano se hace la víctima, aparece en los medios señalando que va a realizar reuniones con los privados, a concertar nuevos plazos para que paguen sus deudas y hagan planes de mejora. Se empeña en desconocer que la crisis en la prestación de servicios es estructural, que tiene que ver con el modelo de privatización de los derechos y que se necesita de una intervención directa y permanente para superarla; en últimas por la crisis nadie responde.

La EPS Cafesalud ya había heredado casi 4 millones de afiliados después de la crisis de Saludcoop. Lo que existe detrás de esta decisión es que una empresa que tiene la finalidad de garantizar un derecho, es entregada a privados como parte de cuotas políticas, los cuales para optimizar ganancias (o robar a los colombianos) desmejoran el servicio llevándolo a un punto de no retorno. Es en este punto (y no antes como debiera hacerlo) que el Estado colombiano interviene, se lleva la carga de esta realidad pagando del bolsillo de los colombianos las deudas que sus amigos han contraído, mientras los capitalistas siguen llenando de dinero robado sus cuentas bancarias.

Esta es la causa de las fuertes protestas contra empresas mixtas prestadoras de servicios por parte del pueblo colombiano. En la actualidad la empresa de energía Electricaribe cuenta con «inconsistencias financieras», es decir, una deuda $68.000 millones de pesos, a la que se le suman tarifas exorbitantes y servicios intermitentes, situación denunciada hace mas de dos años por los pobladores de diferentes departamentos del Caribe, y a la que solo hasta ahora, el Congreso de la República responde con la convocatoria a un debate. El gobierno colombiano de nuevo no le interesa poner freno a una realidad inevitable, favorece los intereses privados llamando a concertaciones, mientras los habitantes de la costa Caribe viven un suplicio diario llenando las arcas de inversionistas extranjeros.

El impacto fiscal de la mermelada se esconde

A la crisis fiscal del Estado colombiano el gobierno ha respondido con el proyecto de una reforma tributaria «estructural» que sigue afectando los bolsillos de los mas pobres. La reforma tributaria que aumenta el IVA, trata a medianas y grandes empresas por igual, aumenta los declarantes de renta, elimina el impuesto a la riqueza y rebaja las exenciones a grandes capitales, así las cosas la solución empeora la situación real a la crisis de la economía colombiana.

Tampoco lo es la negación de los derechos de los colombianos, como ha pretendido la Procuraduría General de la Nación al declarar que las consultas populares relacionadas con la minería y petróleo requieren una inversión muy grande de recursos públicos. Lo que sugiere la Procuraduría es que para alivianar la crisis fiscal del Estado también se deben limitar de los pocos mecanismos existentes para la defensa de las comunidades víctimas de las empresas extranjeras.

Un gobierno verdaderamente democrático, en vez de estar pensando como cargar en las mayorías nacionales las consecuencias del fracaso de su modelo económico, debería poner la vista sobre el sector privado que ha sido en gran parte causante de esta realidad. Los colombianos no podemos admitir que éste en su negligencia siempre encuentre un colchón estatal que lo cobije, lo esconda y permita que el ciclo se repita.

Contribuir a una paz justa y verdadera implica frenar el modelo de privatización de los derechos de los colombianos, aclarar la responsabilidad de los grandes capitales en el desfalco del Estado Colombiano y discutir el papel de las empresas públicas en la consolidación de una economía nacional soberana.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.