La esperanza de paz continúa siendo, pese a las dificultades, el combustible que alimenta los esfuerzos de la sociedad colombiana para construir un nuevo país. Para ello, todos los proyectos políticos tienen que poder ser defendidos pacíficamente y la exclusión de las mayorías tiene que dejar de ser la clave de bóveda sobre la que […]
La esperanza de paz continúa siendo, pese a las dificultades, el combustible que alimenta los esfuerzos de la sociedad colombiana para construir un nuevo país.
Para ello, todos los proyectos políticos tienen que poder ser defendidos pacíficamente y la exclusión de las mayorías tiene que dejar de ser la clave de bóveda sobre la que se sostiene el sistema político y económico. Porque es esta exclusión secular, unida a la histórica desigual distribución de la tierra y la concentración del excedente económico en muy pocas manos, la característica principal de un sistema que ha deshumanizado a gran parte de su población y que ha contribuido decisivamente a la cronificación del conflicto armado colombiano durante más de 50 años.
En el momento actual, en el que se vislumbra la posibilidad del final del conflicto armado, es un objetivo impostergable la superación de la contradicción entre el modelo de desarrollo de la oligarquía colombiana (basado en el extractivismo depredador) y la ausencia de violencia, ya que el primero necesita las condiciones objetivas que perpetúan las causas estructurales del conflicto armado.
Así, una realidad social que no construya sus significantes políticos alrededor de la violencia solo es posible mediante la participación de los sectores populares en el diseño de un nuevo país, la democratización radical del sistema económico y del disfrute de sus beneficios y la terminación del conflicto armado, que comprende el cumplimiento por parte del gobierno de Colombia de los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y en lo inmediato la firma de un cese al fuego bilateral temporal con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El proceso de acuerdo para un deseable cese de hostilidades, como medio de desescalamiento del conflicto armado y que está siendo negociado en estos momentos en Quito (Ecuador) por sendas delegaciones del ELN y del gobierno de Colombia, se verá fortalecido en tanto en cuanto la sociedad colombiana acredite la buena voluntad de este último en relación al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las FARC-EP y los compromisos pactados con la Cumbre Agraria, con organizaciones indígenas, con pueblos afrodescendientes y con el sector sindical, entre otros, que, desgraciadamente, continúan siendo incumplidos.
Más allá de los términos en que pueda concretarse este cese bilateral, el proceso de negociación de Quito constituye, por el momentum elegido, por sus objetivos y por sus características metodológicas, la piedra angular sobre la que consolidar el fin definitivo del conflicto armado y la generación de las condiciones objetivas y subjetivas que eliminen la necesidad de la violencia como medio de lucha política.
Además de los primeros años noventa del siglo pasado, cuando se alcanzaron acuerdos parciales con organizaciones guerrilleras de menor dimensión, el momento en el que esta negociación se pone en marcha es uno de los más propicios en la historia de Colombia para llegar a acuerdos concretos para alcanzar la paz. Pese a las incertidumbres que existen, los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP presentan una gran oportunidad para ampliar la agenda, profundizar en la complementariedad de ambos procesos y extraer lecciones valiosas sobre la funcionalidad de los mecanismos de implementación.
Los objetivos de la mesa ELN-Gobierno se dirigen hacia la transformación de las condiciones estructurales que perpetúan el conflicto, como condición de estabilidad de una sociedad libre de violencia. Para ello, Quito tiene que ser escenario de una discusión profunda sobre la eliminación del uso de la violencia en la política (en la que el Estado tiene la mayor responsabilidad) y sobre alternativas de desarrollo que respondan a las necesidades de las mayorías sociales y acaben con la exclusión histórica a la han sido sometidas por las élites oligárquicas.
Para que estas alternativas sean factibles, es urgente que en el marco de la mesa de Quito se adopten acuerdos que permitan anular la influencia de los sectores estatales militaristas (y el paramilitarismo como su apéndice) con interés en que la guerra, la industria asociada y las condiciones sociales que la hacen posible, continúen gozando de buena salud. De esta manera podrá incidirse con mayores garantías en la definición de medidas dirigidas a fortalecer la seguridad de los/as líderes y lideresas sociales y acabar con la curva ascendente de asesinatos, así como a la implementación de acciones de alivio humanitario en las zonas más afectadas por los combates entre la insurgencia y el estado colombiano.
En términos metodológicos, la mesa de Quito plantea retos que van más allá de lo técnico y que incursionan en las raíces políticas del conflicto. El factor participación de la sociedad civil y el protagonismo de las organizaciones populares, indígenas y afrodescendientes, como elemento característico de este proceso, ha sido reconocido desde sectores antagónicos como una necesidad urgente que demanda voluntad política, enfoque integrador y capacidad logística y de movilización de recursos.
La articulación del tiempo histórico, de los objetivos y de la metodología de trabajo permite atisbar la dimensión de la mesa de Quito y su trascendencia para el futuro de Colombia y de la región. Sin embargo, la proyección exterior de este proceso no ha adquirido aún una relevancia equiparable, lastrando en cierto modo la implicación de la comunidad internacional y el ejercicio de su imprescindible papel garante para la superación de diferencias, generación de confianza e implementación de acuerdos.
Es imprescindible que desde las organizaciones sociales, partidos políticos y ONGD nos comprometamos sin ambages con la construcción de la paz en Colombia en general y con la mesa de Quito en particular, incorporando a esta dinámica a las instituciones vascas, estatales y europeas. Tenemos que internacionalizar la agenda de progreso de la Delegación del ELN en Quito y exigir a los/as representantes institucionales su compromiso con la movilización de recursos políticos, materiales y financieros para contribuir a su éxito.
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