Angela María Buitrago se fue porque no aceptó presiones indebidas ni entendió —o no quiso entender— el juego político del gobierno. Su renuncia muestra, una vez más, por qué la justicia estorba en la política, y por qué la política necesita más que rectitud.
Una ministra sin respaldo
En todo gobierno hay tres tipos de ministros, los que tienen representación política, los de confianza del presidente de turno, y los técnicos, que llegan allí por su conocimiento y experiencia en el tema. Tradicionalmente en Colombia esto último se ve en las carteras de Hacienda, Defensa y Justicia, si bien, de alguna manera, los ministros de estos ramos también tienen un vínculo político, así sea débil o indirecto.
El primer ministro de justicia de Gustavo Petro fue Néstor Osuna, a quien se asociaba con el partido liberal, sin que pudiera decirse que era una cuota directa de César Gaviria. En el Pacto Histórico hubo incomodidad con su nombramiento, si bien se ganó la aceptación de ese grupo político con su discurso moderado y enfoque de derechos. Alrededor de su gestión no hubo ruido —ni grandes ejecutorias— aunque dejó funcionando una comisión para la reforma a la justicia que hoy languidece en la penumbra por mal diseño y falta de apoyo político.
Una penalista seria, pero ajena al poder
Angela María Buitrago venía del mundo judicial y académico. Una fiscal respetada, vertical e incorruptible.
Fue ella quien se atrevió a sentar en el banquillo a altos mandos militares por los crímenes cometidos en la retoma del Palacio de Justicia. Su trayectoria trascendió fronteras, ha sido asesora de Naciones Unidas en algunos países centroamericanos e hizo parte de la Comisión creada a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el crimen de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, México.
Gustavo Petro la incluyó en la terna para Fiscal General, pero ella prefirió no hacer el cabildeo tradicional ante los magistrados de la Corte Suprema, y no fue elegida.
Su llegada al Ministerio de Justicia fue celebrada por propios y extraños, una mujer seria, recta, una penalista destacada que no tenía por qué cumplir con cuotas y con la suficiente solvencia jurídica para lidiar con los chicharrones que le tocan al Ministerio: cárceles, extradiciones, conceptos jurídicos para los procesos de paz, entre otras cosas, que pueden terminar mal si no se tiene el temple que Buitrago demostró durante su paso por esa cartera.
La extraña agenda del Ministerio
Los ministros de justicia en Colombia no son responsables de las políticas en justicia. Esto le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura en desarrollo de los principios de autonomía e independencia de la rama judicial.
En ese sentido, la función de un ministro de justicia es compleja, pues salvo algunos temas como la política de drogas, la política penitenciaria y algunos servicios, como las Casas de Justicia o Centros de Conciliación —y ahora las Comisarías de Familia, una reforma que no se entiende cómo fue posible —, y el tema de los notarios —un recurso que usan todos los gobiernos para pagar favores políticos o de amistad del ministro de turno —, la función del ministerio es la de coordinar el gobierno con las Altas Cortes y el propio Consejo Superior de la Judicatura.
Una buena ministra
Angela Buitrago cumplió bien esa labor —fue fiscal delegada ante la Corte Suprema — y tiene una excelente relación con el mundo judicial, tanto por su trabajo como por su respetabilidad académica.
Ella llegó allí sin experiencia administrativa, tardó mucho tiempo en armar su equipo — dice que prefirió dejar a la mayoría de quienes venían trabajando— y rápidamente entendió que no tenía ni la cercanía ni la confianza necesarias con el presidente Gustavo Petro para tratar temas espinosos como los que suelen ocupar la agenda de un ministro de justicia.
Motivos de la salida
El primer desencuentro se dio en el Consejo de ministros televisado, donde ella manifestó sus reservas sobre la política de paz total, llamando la atención sobre los problemas de seguridad que ella misma conoció en las regiones.
Ese día empezó la salida de Buitrago del gobierno, porque la poca confianza que tenía se perdió. Para seguir en el gobierno había que ganarse el apoyo de Armando Benedetti, y esto no iba a pasar con la ministra, dado su carácter y forma de entender el servicio público. Esperó demasiado, y cuando empezó a sentir que querían interferir en sus funciones y no contó con el respaldo del presidente, decidió irse.
La llamaron a pedirle nombramientos, a pedirle cabezas de personas que ella ratificó —como el Director de Drogas—, traslados de personas privadas de la libertad para ambientar la paz total, hasta autorizaciones para la exportación de sustancias restringidas, gracias a la lamentable intervención de una senadora del Pacto Histórico, vía la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Sin línea directa con el presidente para poder confirmar si esto era de su conocimiento, prefirió irse y denunciar ante medios y organismos de control lo que ella considera una indebida injerencia en los asuntos del Ministerio de Justicia.
Un ministerio sin estrategia ni reforma
En materia de reforma a la justicia, que pudo ser una apuesta importante de este gobierno, la ministra Buitrago hizo muy poco. No apoyó la Comisión dejada por su antecesor y presentó un proyecto de ley para reformar algunos artículos del Código de Procedimiento Penal, con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, la cual está lejos de ser una reforma a la justicia integral pero que es música para los oídos de las asociaciones de litigantes.
No se conocieron sus planteamientos sobre algunas políticas que son de responsabilidad del ministerio, y sus intervenciones fueron más la de una profesora de derecho penal que las de una ministra que tiene que formular políticas, como lo dice el artículo 208 constitucional.
Fue una ministra a la defensiva, que parecía más una suerte de segunda voz en el gobierno en temas jurídicos —función que es responsabilidad de la Secretaría Jurídica de la Presidencia —que no entendió la dimensión política y de política pública que debe tener un ministro en el Estado colombiano.
Sus reservas sobre el manejo jurídico de la paz total debieron reflejarse en la presentación de un marco jurídico adecuado, que sigue sin existir. Su experticia y su cercanía con la Corte Suprema hubieran sido un activo para esto en lo que el gobierno sigue en deuda, y es responsabilidad de esa cartera, pero no lo hizo.
Como ella misma lo ha reconocido en sus diferentes entrevistas en medios, ella nunca se sintió integrada al proyecto político, no entendió como articular las funciones del ministerio a los propósitos del gobierno, lo cual fue mucho más difícil con un presidente que no da lineamientos claros, que no se comunica, que no hace seguimiento a compromisos, que no abre la agenda más allá de sus enunciados ideológicos, que no es capaz de traducir en acciones de gobierno sus ideas.
Buitrago quedó atrapada entre esa falta de direccionamiento estratégico desde Palacio de Nariño y su limitada visión de las funciones del Ministerio, más allá de no meterse en problemas jurídicos e institucionales.
Una lección sobre la política y la ley
Una ministra de justicia que se plante en el cumplimiento de la ley —como debe ser —sin entender también la dimensión política de su cartera, termina siendo incómoda para un gobierno que ve en la legalidad un obstáculo y una formalidad asfixiante.
Un ministro también debe ayudar a gobernar, no solo a no meterse en problemas.
Jorge Iván Cuervo es profesor e investigador de la universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones
@cuervoji.
Fuente: https://razonpublica.com/la-ministra-renuncia-justicia-politica/