“Es la decisión política que toma el gobierno colombiano frente a la protesta social que implica el paro”, explica Pablo Garciarena, abogado integrante de la delegación que viajó a Colombia.
Colombia llega al día número 40 del Paro Nacional y la represión a las protestas populares va en aumento. Esta semana la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos presentó un informe preliminar que revela las prácticas represivas empleadas por el gobierno de Iván Duque semejantes a las de un estado terrorista. En la última jornada dos personas murieron en la ciudad de Cali cuando la policía y el ESMAD se desplegaron para levantar los bloqueos, algo que el mandatario Iván Duque reclama a diario. La delegación humanitaria argentina viajó a Colombia entre el 25 de mayo y el tres de junio. El informe trae voces que el gobierno de Duque insiste en ignorar mientras despliega cada vez más militares y el diálogo parece estancarse.
Durante una semana los integrantes de la delegación recorrieron las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá.
“La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de
las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de
nuestro informe”, explican en el documento preliminar. Integraron la
delegación miembros de organismos de derechos humanos como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares. La misión contactó a la Procuraduría y la Defensoría de Colombia para expresarle su preocupación, pero no fue recibida.
La consigna Parar para avanzar reflejó la necesidad de la ciudadanía colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque. La respuesta del mandatario fue reprimir mientras cada vez más personas se unían al grito de disconformidad. “Los jóvenes no quieren morir por no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a tierra para producir”, expresa Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán, integrante de la delegación humanitaria que viajó a Colombia.
El
informe preliminar hace hincapié en el criterio “abusivo y arbitrario”
para realizar las detenciones. «El trato cruel dispensado a los
detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones
sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, constituyen
especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino
primordialmente a la condición humana”, detalla el texto.
En este sentido, el caso de Alison Salazar revela, por un lado, la importante participación de mujeres en las protestas, y de las jóvenes en la primera línea, y por otro lado, el abuso al que son sometidas por manifestarse, dice elinforme. “Me manosearon hasta el alma”, fue el último mensaje de Salazar antes de suicidarse, luego de haber sido abusada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), una dependencia policial.
El informe de la delegación argentina revela el funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata (CAI) y las URI en el contexto del estallido social. “Lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, explica el documento preliminar
Los territorios
recorridos por la delegación y los testimonios de las víctimas de abuso
policial ofrecen una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del
gobierno de Iván Duque. En el departamento del Cauca: 146 heridos,
nueve desaparecidos, tres homicidios, y una desaparición forzada y
posterior homicidio del líder campesino Cristian Torres. En Bogotá: 96
heridos, seis homicidios. En Pereira: 103 personas heridas, cinco
muertos, 95 detenciones arbitrarias. En Cali:
93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la
movilización, 240 detenciones, 149 personas heridas por armas de fuego.
En esta ciudad, la delegación reveló la connivencia empresarial con la
estructura represiva. “Llegando las fuerzas de seguridad a utilizar
instalaciones comerciales como centros de detención y tortura”. El
informe también constata casos de violencia de género y violencia sexual
los departamentos visitados.
La llegada de la delegación de derechos humanos abrió un espacio para que la ciudadanía pudiera denunciar los abusos sufridos en el contexto de paro nacional. “Son denuncias que no pueden hacer en la Fiscalía o en la Procuraduría. La gente tiene miedo”, explica Ferrari, que recuerda el caso de la líder indígena Daniela Soto, que fue herida en un ataque armado en Cali. “Daniela cuando llega al hospital, cae la policía y la fiscalía al hospital, si no era por sus compañeras del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) que la estaban cuidando, no se sabe qué hubiese pasado”, relata Ferrari a este diario. En este sentido, el texto preliminar apunta al rol actual de las instituciones colombianas: “Los casos de re victimización son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su atacante. Personal de Fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima sino para judicializarla (criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada”.
De regreso en Argentina, Ferrari cuenta que no
dejan de llegarle denuncias de personas que han sufrido algún tipo de
abuso por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. “Hay un descredito total de toda la institucionalidad,
en Popayán hay 25 quejas de causas que abrió la gente en relación a las
fuerzas públicas, particularmente el ESMAD (Escuadrón Móvil
Antidisturbios). El Defensor del Pueblo las giró a la fiscalía y a la
procuraduría y todavía no hay respuesta. Es un círculo de descrédito»,
agrega.
El abogado Pablo Garciarena también apuntó a la criminalización que ejerce el Estado colombiano sobre la protesta. “Son prácticas propias de un estado terrorista. Lo vimos en la Argentina de 1976 donde las víctimas del actuar represivo luego eran judicializadas por las autoridades y terminaban imputados por delitos como terrorismo, sedición. En Bolivia pasó lo mismo. Son falsos positivos judiciales: personas víctimas de violencia estatal a las que o no se les toma la denuncia o en muchos casos terminan judicializadas. Es una práctica que hemos podido ver en las experiencias de los estados latinoamericanos”, resume Garciarena.
En este contexto, el informe preliminar de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, devela una crisis humanitaria que el gobierno coolombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia la visita de las delegaciones de derechos humanos a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo, a cambio, datos oficiales. “Un elemento clave es que la defensoría del pueblo y el Ministerio Público no reciben denuncias de víctimas de violencia estatal, los números oficiales de la procuraduría y la defensoría son números muy por debajo de los constatados por las plataformas de derechos humanos”, explica Garciarena.