A mediados de abril, la UE firmó un acuerdo de libre comercio con Colombia. Ahora les toca a los parlamentos respectivos decidir su ratificación. Para quitar posibles obstáculos del camino – como la controvertida situación de los derechos humanos en Bogotá- una delegación de europarlamentarios realizó una visita a Colombia.
El Comisario Europeo de Comercio, Karel De Gucht estuvo formalmente presente en la firma del acuerdo de libre comercio: ‘Este tratado es un paso histórico en nuestras relaciones comerciales y en nuestras relaciones en general. Proporcionará considerables ventajas económicas para ambas partes. Los exportadores europeos, desde ahora hasta 2020, ahorrarán 250 millones de euros por año en tarifas. Esto estimulará el crecimiento económico en este período crítico’. De Gucht subrayó el «mantra» del libre comercio: ‘Creo que las economías abiertas juegan un papel clave en el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es una prueba de que impera el marco legal’. El ministro colombiano de Comercio, Sergio Díaz-Granados, respaldó: ‘El comercio es uno de los instrumentos más importantes para estimular el desarrollo. El crecimiento económico puesto en marcha a través de este tratado, sirve para la estabilidad y el desarrollo de nuestra población. La mejor manera de ayudar a Colombia es a través del libre comercio, que estimula el crecimiento económico y crea empleo. El año pasado nuestra economía creció un 4,6%; para este año esperamos un 5,5% y para cuando el tratado entre en vigencia, un 6%’.
Un show de buenas noticias
En la sede de la Unión Europea en Bogotá, la capital de Colombia, entrevisté al eurodiputado José Manuel García Margallo, del Partido Popular Español e integrante del Partido Popular Europeo, que encabeza la delegación europea de siete eurodiputados, de los cuales cinco son españoles. García Margallo plantea una cantidad de temas candentes con respecto a la relación existente entre la UE y Colombia. Según él, se debe facilitar el acceso de vehículos europeos al mercado colombiano, ya que los vehículos colombianos son aptos para funcionar con una mezcla de 85% de etanol o biodiesel, mientras que los vehículos europeos tienen un grado de mezcla más bajo. Según el eurodiputado, el gobierno colombiano estaría solucionando este problema. También la importación de bebidas alcohólicas debe simplificarse.
Pero además de eso, está el debate sobre los derechos humanos. ‘Todos los integrantes de la delegación coinciden en que Colombia ha registrado un gran avance con respecto a algunos años atrás. Hemos mantenido conversaciones con el Alto Comisionado para la Reintegración, la Corte Suprema de Justicia y la comunidad civil’. Y entonces reitera García Margallo, el mantra de De Gucht: ‘El comercio es la mejor manera de ayudar a Colombia. Más comercio significa más riqueza, mayor posibilidad para la redistribución y más oportunidades para poner freno a la pobreza’. El eurodiputado es optimista sobre la postura del Parlamento Europeo. ‘El Partido Popular está en su mayoría a favor del tratado, al igual que los conservadores. En el bando socialista, dos tercios están a favor. Sólo la Izquierda Unida se encuentra unánimemente en contra’.
García Margallo es muy elogioso en lo que concierne al nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. ‘Su disposición para luchar contra la impunidad es indiscutible. Tengo una gran simpatía personal por su gobierno.’ Los partidarios del tratado de libre comercio señalan las nuevas perspectivas que el gobierno de Santos abre en el campo de la lucha contra la violación de los derechos humanos y la impunidad. Sin embargo, las cifras contradicen las expectativas. Desde 2008 las estadísticas de violencia han continuado subiendo.
Socios desiguales
Existe la expectativa de que el parlamento colombiano ratifique el tratado de comercio. Sin embargo, en Colombia no faltan las críticas. Según Enrique Daza, coordinador de Recalca, el tratado de libre comercio hace caso omiso de la situación desigual entre la UE y su país. Recalca es una red de organizaciones civiles colombianas que se muestran escépticas con respecto al tratado de libre comercio. Esta entidad no estuvo invitada al encuentro entre la delegación europea y las organizaciones colombianas.
Daza subraya las diferencias entre ambos socios: el PNB de Europa es de 10.642.000 millones de euros; el de Colombia, 160.572 millones de euros (2009). El ingreso medio en la UE asciende a 21.222 euros, mientras que en Colombia es de 3.429 euros. Por otro lado, el tratado reduciría nuevamente a Colombia a ser un país exportador de materias primas y riquezas naturales, como lo fue en la época de la colonia, quinientos años atrás. El caso es que Colombia exportará sobre todo carbón, minerales, cultivos energéticos y flores. Europa en cambio, le venderá productos finales como máquinas, vehículos y productos químicos.
La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) también se resiste fuertemente al tratado. Según Fedegan, 400.000 pequeños productores irían a la quiebra si el mercado colombiano fuera inundado con productos lácteos europeos. Europa no quiso excluir estos productos del acuerdo. Para los bananos, en cambio, se elaboró una reglamentación especial: no entran completamente en el mercado libre, se prevé sólo una pequeña reducción de tarifa. La razón es que la UE debe respetar acuerdos previos sobre la importación de bananos con una serie de países de Asia, el Caribe y el Pacífico (países ACP).
El tratado de comercio prevé también la liberalización de todo tipo de servicios: energía, agua, salud, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros. Una considerable parte de las prestaciones de servicios en los hogares colombianos (gas, agua y electricidad) está en manos, ya actualmente, de multinacionales europeas, como Unión Fenosa-Gas Natural, Endesa o Aguas de Barcelona. Sin embargo, Europa misma siempre ha protegido su sector de servicios. Sólo el 10% de la prestación de servicios está en manos de empresas no pertenecientes a la UE.
No todo es color de rosa
Colombia tiene ya veinte años de experiencia en privatizaciones, en las que también empresas europeas están implicadas. En los siete departamentos de la costa caribeña, el suministro de energía está en manos de la multinacional española Unión Fenosa (desde 2009 Gas Natural Fenosa). Especialmente, sus empresas hermanas Electricaribe y Energía Social son responsables de la distribución y comercialización de electricidad. Se trata de una región de 132.244 km2, diez millones de habitantes y 186 municipios. Siete de cada diez habitantes de la región es pobre. Energía Social fue fundada en 2004 especialmente para suministrar energía a los cientos de miles de pobres en los barrios de chabolas (los llamados barrios subnormales). En los papeles se ve bien, pero la realidad no resulta tan color de rosa: entre 2004 y 2010 se electrocutaron nada menos que 600 personas, tanto trabajadores como clientes de Unión Fenosa. No sobrevivieron 450. La razón es el mal estado de la red eléctrica. Los postes de electricidad y los hogares no tienen, frecuentemente, descarga a tierra y los transformadores explotan, con lo cual las calles pueden quedar durante horas (y hasta días) sin corriente eléctrica.
Para reducir costos y evitar robos, el alambre de cobre es sistemáticamente reemplazado por alambre de aluminio, menos resistente al aire salino. Los trabajadores se quejan de los bajos salarios y de la falta de medidas de seguridad.
En una multitudinaria conferencia de prensa en la ciudad costera de Barranquilla, algunas víctimas y familiares de difuntos dieron su testimonio. En 2009, en el lapso de dos meses, perdieron la vida veinte personas por electrocución. La conferencia de prensa fue organizada por la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos, una asociación originada -entre otras cosas- con motivo de las malas prácticas de Unión Fenosa. Dos mujeres jóvenes contaron cómo murieron sus maridos en el mismo accidente de trabajo. No quisieron dar sus nombres por miedo a sufrir represalias. Luego tomaron la palabra los padres de Wilmer: su hijo tenía apenas nueve años cuando fue alcanzado por una descarga eléctrica fatal al abrir la heladera. Otro hombre narró cómo perdió a su esposa por electrocutarse con un ventilador.
¿Cómo toma la empresa Energía Social las quejas? ‘Nosotros somos responsables de llevar energía a los hogares’, dice el director Miguel Ángel Santiesteban en una entrevista con MO*. ‘Lo que ocurre en las casas no es nuestra responsabilidad.’
‘Nadie puede garantizar energía segura’
En junio de 2009, los habitantes de Riohacha -ciudad costera a 200 km de Barranquilla- organizaron protestas por el mal suministro de servicios de Energía Social. Luego de este hecho, la empresa dejó al municipio cinco días sin electricidad. Cuando volvió a darla, la descarga eléctrica fue tan grande que hizo caer un poste de electricidad sobre la casa de Manuel Castro. La vivienda entró en llamas y las hijitas de Manuel, de dos y tres años de edad, murieron carbonizadas mientras dormían.
El director Santiesteban muestra una foto de la casa de Manuel y resalta: ‘¿Ves qué casucha de madera tenía este hombre? ¡Claro que una casa así se prende fuego inmediatamente! Por otro lado, nosotros lo hemos indemnizado: le dimos un colchón y muebles para que pudiera comenzar de nuevo. Por supuesto que no podemos devolverle a sus hijitas’. Según Santiesteban, su empresa no puede ser reprochada: ‘La situación en los barrios subnormales es tan desastrosa que nadie puede allí garantizar un suministro de energía estable y seguro. Esos barrios de chabolas no tendrían que estar aquí, los municipios no deberían permitirlos. Pero bueno, la gente escapa de la guerrilla, de los paramilitares, del tráfico de drogas, de las inundaciones…’. Sin embargo, Energía Social fue constituida precisamente para proveer de energía a esos habitantes -para lo cual recibe subsidios- y aun así presiona continuamente a las autoridades para continuar recibiendo subvenciones. El director Santiesteban lo confirma: ‘Hace dos años queríamos irnos de aquí porque ésta es una tarea infernal’. Una entrevista con el Gobierno resultó en la recepción de nuevos subsidios, entre ellos una tasa sobre toda la energía paga suministrada a lo largo de todo el territorio nacional.
Guardaespaldas
En la sofocante Cartagena, la ciudad de Gabriel García Márquez, entrevisté a Rubén Castro de Asojebol, una asociación de jubilados de la empresa Electricaribe. Castro se queja de que las pensiones de los trabajadores de Electrocosta -que fue adquirida por Electricaribe- se encuentran bloqueadas en una empresa del estado. Además, según Castro, la empresa ha hecho todo lo posible para destruir el sindicalismo.
En las operaciones de privatización en la costa caribeña, 27 líderes sociales fueron asesinados por paramilitares. Según la Asociación de jubilados, existe un estrecho vínculo entre esos paramilitares y las multinacionales. Castro sufrió también la persecución en carne propia: ‘En un determinado momento la dirección me solicitó que abandonara Colombia porque era demasiado molesto. Me negué. Luego me propusieron contar con un auto blindado y guardaespaldas, también lo rechacé. Me tildaron de orgulloso. Recibí muchas amenazas y finalmente decidí mudarme. Mi mujer fue secuestrada, intimidada y finalmente la dejaron aturdida fuera de la ciudad. Nos dieron vuelta todo el departamento, aunque no nos robaron nada’, relató.
¿Las empresas no tienen que dar cuentas a nadie? Castro afirma que sí. ‘Hay una Defensoría del Pueblo para el control y supervisión de los servicios públicos y domiciliarios, pero se encuentra financiada por la empresa misma, por lo cual hay un gran riesgo de que resulte influenciada’.
Organizaciones como la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) y SOMO en Holanda siguen de cerca todas estas anomalías y quieren incluso pedir cuentas a las empresas de España.
‘Nuestro dinero se va al exterior’
El senador Robledo, del partido opositor Polo Democrático Alternativo, se lamenta: ‘La economía colombiana se ha desnacionalizado. Todo el capital se va hacia el exterior -Europa y los Estados Unidos- y hacia una pequeña elite en Colombia que puede tomar su parte del pastel. Ya fuimos alguna vez una colonia española. En aquella época nos arrebataron nuestro suelo, para darnos a cambio espejitos de colores. Eso no lo queremos más. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay y Venezuela no cerraron ningún convenio de libre comercio. Un tratado de libre comercio arruina el aparato productivo nacional y destruye la integración regional’.
Sin embargo, Robledo se apura a subrayar que él no defiende el proteccionismo: ‘Es muy importante que tengamos buenas relaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea. Con Europa tenemos ya hoy el GSP+ (un sistema general preferencial) y esto es muy bueno. No necesitamos un tratado de libre comercio. Me resisto a una alianza de mula y jinete en la que nosotros seamos la mula y las multinacionales, el jinete’.
En MO.be/land/colombia puedes encontrar más información sobre las negociaciones entre la UE y Colombia y sobre la relación entre privatización y desarrollo.