Por años, Chile ha sido visto por el mainstream como un caso ejemplar en progreso económico. Las cifras oficiales avalan un rápido crecimiento del producto interno bruto y una marcada reducción de la pobreza monetaria. En los últimos 20 años el PBI per cápita prácticamente se cuadriplica y la pobreza se reduce de 38 por […]
Por años, Chile ha sido visto por el mainstream como un caso ejemplar en progreso económico. Las cifras oficiales avalan un rápido crecimiento del producto interno bruto y una marcada reducción de la pobreza monetaria. En los últimos 20 años el PBI per cápita prácticamente se cuadriplica y la pobreza se reduce de 38 por ciento a un 14,4. Para muchos estos resultados son los frutos prodigiosos de un modelo económico que bebió de forma temprana de la receta neoliberal impuesta a fines de los años setenta, en plena dictadura. La hegemonía neoliberal celebró por años esos indicadores y relegó la desigualdad a un plano menor, por considerar que ella no era necesariamente un problema. Para la vanguardia del modelo, incluso, era considerada deseable. En palabras de F Hayek, premio Nobel de Economía del año 1974, en su visita a Chile: «es precisamente la desigualdad de ingresos la que permite el actual nivel de producción» (Revista Realidad, mayo de 1981).
Bajo este telón interpretativo, por años la pobreza se instaló como el centro de la preocupación gubernamental y de los esfuerzos intelectuales en orden a superarla. La desigualdad, aún después de la dictadura, quedó sumida en un abierto laissez faire.
¿Qué pasó con ella entonces?
Para el año 1990, la brecha de ingresos entre las personas que pertenecían al 20 por ciento más rico versus quienes eran del 20 por ciento más pobre, era de 20,9 veces (ingresos autónomos: sin transferencias del Estado). 21 años después, en 2011, la cifra llegaba a 20,7 veces.
Ahora bien, al revisar lo que sucede a nivel de los deciles (10 por ciento), en 1990, la brecha de ingresos entre las personas del 10 por ciento más rico y las del 10 por ciento más pobre llegaba a 48,4 veces, y en 2011, era de 56,5 veces.
Pero el aspecto realmente significativo aparece recién cuando revisamos lo que sucede en los puntos extremos de la distribución. Por ejemplo, a nivel de los «cinco por ciento»: en 1990 la brecha de ingresos entre las personas del 5 por ciento más rico versus quienes eran del 5 por ciento más pobre, era de 129,4 veces, y en 2011, la brecha alcanza 257,1 veces.
Así, vista en quintiles (dividir en grupos de 20 por ciento) la desigualdad de ingresos prácticamente se mantiene, vista en deciles (grupos de 10 por ciento) la desigualdad sube levemente y vista en veintiles (20 grupos, cada uno con un 5 por ciento), la desigualdad prácticamente se duplica.
Y se puede ir más lejos, al interior del 5 por ciento más rico se manifiesta de forma más nítida la desigualdad. Es el caso del 1 por ciento más rico, grupo que tal como señala el estudio de López, Gutiérrez y Figueroa en 2013, se queda con la «parte del león» de las rentas nacionales. En efecto, usando datos de las declaraciones de rentas (disponibles en el Servicio de Impuestos Internos), los autores arriban a la conclusión de que el 1 por ciento más rico de Chile acumula el 30,5 por ciento del total de ingresos del país. Este nivel de concentración es uno de los más altos a nivel mundial y supera holgadamente a los porcentajes obtenidos por Thomas Piketty para los países OECD en una reciente investigación. Así, tras 23 años de terminada la dictadura y 20 años de gobiernos de centroizquierda, la desigualdad no sólo no disminuyó sino que creció explosivamente sin que nadie -convenientemente- la advirtiera.
Han pasado casi 3 meses desde que se instaló el nuevo gobierno en Chile, cuya máxima autoridad es la presidenta Michelle Bachelet (Partido Socialista). A diferencia de años anteriores, el contexto social y político es diferente, y tras movilizaciones estudiantiles que comienzan en 2006 y tienen un punto crítico en 2011, la desigualdad se convierte en un tema de discusión nacional y los otrora defensores de la desigualdad pierden hegemonía y escena pública (mas no su influencia en los circuitos privados).
En ese contexto, el nuevo gobierno, bajo una coalición de partidos políticos que toman por nombre Nueva Mayoría (NM) y que cuentan con los votos suficientes en el parlamento, asume el desafío de proponer cambios estructurales para combatir la desigualdad, entre ellos, una reforma tributaria (la mayor de los últimos 30 años) y una reforma laboral (la mayor desde el término de la dictadura). ¿Qué se puede esperar de estas dos reformas en el marco del llamado «nuevo ciclo social y político»?
Reforma Tributaria
Es una de las reformas clave de la NM ya que le otorga financiamiento a la prometida reforma educacional. Con la reforma tributaria se espera recaudar anualmente 3,02 puntos del PBI adicionales cuando entre en régimen (año 2018) y, para ello, se plantea (fundamentalmente): a) eliminar la suerte de subsidio tributario para las empresas que tiene el país, el llamado Fondo de Utilidades Tributarias (FUT); b) aumentar la tasa de impuestos a las empresas; c) reducir la tasa máxima de impuestos personales; d) derogar una serie de normas que permiten elusión tributaria y; e) aumentar las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII). Además, hay normas especiales para fomentar la inversión en empresas de menor tamaño.
En términos comparados con otras reformas fiscales ocurridas posdictadura, la actual parece ser la más ambiciosa. Sin embargo, frente a lo que omite, como se verá, se puede apreciar que no es de suficiente profundidad.
Un elemento central de la reforma es la eliminación de un privilegio tributario único en el mundo, el FUT, el cual permite a los dueños de las empresas pagar impuestos sobre la base de las utilidades retiradas, y no en el momento que ellas se devengan. Esto quiere decir que mientras las utilidades no sean retiradas de las empresas, sus dueños suspenden indefinidamente la tributación por rentas del capital, lo que se ha prestado para múltiples maniobras de elusión de impuestos. Desde 1984 hasta 2013, dicho fondo acumula 276.000 millones de dólares y en un 90,6 por ciento ha sido utilizado por el mediano y alto empresariado que, de acuerdo a los datos del SII, representan tan sólo un 4,5 por ciento de las empresas en Chile. Ese privilegio, la NM propone eliminarlo y es especialmente razonable si se considera su origen en dictadura. Sin embargo, se esperará hasta fines de 2017 para que ello suceda.
En segundo lugar, se propone elevar la tasa de impuestos corporativos de un 20 por ciento a un 25 por ciento, de forma progresiva y hasta el año 2017. Sin embargo, se mantiene el diseño del sistema integrado de impuestos a la renta. Este punto es el más cuestionado pues tal como el fut, la integración de impuestos es casi una peculiaridad chilena (opera en muy pocos países): básicamente, permite que los impuestos pagados por las empresas sirvan como adelanto o crédito fiscal de los impuestos pagados por los dueños y socios de esas empresas y por tanto, en estricto rigor, es una recaudación cuyo beneficio no es fiscal. Así, al aumentar la tasa de impuestos corporativos de un 20 a un 25 por ciento, en la práctica, lo que se genera es un incremento en el prepago de impuestos por parte de los dueños de esas empresas. Mantener la integración no va en la línea de un cambio sustantivo de la estructura de impuestos en Chile, la que mayoritariamente se sostiene en impuestos indirectos al consumo, como es el IVA.
Otra omisión fundamental de la reforma es el royalty a los recursos naturales. Se esperaba una modificación al Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), que por su diseño permite enormes espacios para su elusión (este impuesto aporta sólo el 1,3 por ciento de la recaudación total), y la implementación de un royalty efectivo para el resto de las actividades extractivistas. Sin embargo, nada de ello sucedió.
Reformas Laborales
La NM también impulsa cambios en materia laboral. No obstante, al igual que en las modificaciones al Código Tributario, se abren dudas respecto a su eficacia. En Chile tan sólo el 8 por ciento de los asalariados del sector privado puede negociar colectivamente sus condiciones de trabajo con «derecho» a huelga. Pero además, la negociación colectiva que existe en Chile es muy distinta a la de otros países: se permite el remplazo de los huelguistas y sólo se puede negociar al nivel de empresas (contrario a lo que ocurre en la mayoría de los países de Europa, en Argentina, en Brasil y en Uruguay, donde la negociación por rama es un pilar fundamental).
La nm apuesta a terminar con la práctica del remplazo, haciendo nada más que cumplir con las recomendaciones de OIT. Sin embargo no hay voluntad alguna para modificar las normas relativas al nivel de la negociación colectiva. Ella seguiría encapsulada en los límites de la empresa y, muy probablemente, con coberturas bajas como lo ha sido hasta el momento.
En Chile se asiste a una excepcional oportunidad institucional para realizar cambios en la estructura del sistema, sin embargo, en materia tributaria y laboral, el gobierno de la NM, más allá de tocar algunos puntos sensibles (como terminar con el FUT y el remplazo de huelguistas), mantiene intactas normas que en su esencia operan como los dispositivos centrales de acumulación de ingresos y de poder político y económico. ¿Se seguirá avalando la desigualdad? Esa que crece al tiempo que crece el excedente productivo no remunerado a los trabajadores, la contención salarial, el negocio financiero (por la vía del despojo de los fondos de pensiones y del endeudamiento de los hogares) y, también, la inquietud de una población ya cansada de la promesa del «chorreo».
* Economista de Fundación Sol: http://www.fundacionsol.cl/