En Antioquia y en especial en Medellín todos los que tenemos más de 40 años hemos sabido de las relaciones, mas que amistosas, del presidente-candidato con el cartel de Medellín. Las informaciones, entre otras investigaciones, que hicieron posible la publicación en 1987 del libro Los Jinetes de la Cocaína fueron dadas por muchos de nosotros, […]
En Antioquia y en especial en Medellín todos los que tenemos más de 40 años hemos sabido de las relaciones, mas que amistosas, del presidente-candidato con el cartel de Medellín.
Las informaciones, entre otras investigaciones, que hicieron posible la publicación en 1987 del libro Los Jinetes de la Cocaína fueron dadas por muchos de nosotros, los antioqueños honestos que, pese al peligro, informamos sobre lo que conocíamos al respecto y en especial sobre los miembros, colaboradores y beneficiarios.
Presumiblemente con la previa y la nueva información que suministramos y la ampliación y complementación con otras fuentes es como el gobierno de Estados Unidos, en 1991, ha elaborado una lista de 104 miembros o colaboradores del cartel de Medellín; Pablo Escobar es el 79 y el presidente – candidato el 82.
El gobierno de Estados Unidos durante mucho tiempo consideró al cartel del Medellín como una de las organizaciones más peligrosas para ellos y por eso concentró todos sus esfuerzos investigativos en la identificación y actividades de sus principales miembros y colaboradores.
Deben existir en los archivos de entidades del gobierno de Estados Unidos multitud de documentos comprobados y veraces sobre el cartel de Medellín, sus miembros y sus colaboradores. El actual gobierno de ese país no los desclasifica por razones políticas: para ellos es mejor tener un presidente prisionero de la información que poseen sobre él, que un presidente independiente que pueda actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y a favor del pueblo colombiano.
Muchos antioqueños de bien quisieran informar a una entidad internacional de justicia sobre lo que conocen pasó con el cartel de Medellín luego de la muerte de Pablo Escobar: la proliferación de minicarteles que siguieron traficando; los testaferros que se quedaron con los bienes que estaban a su nombre y ahora pontifican sobre moralidad; los políticos que colaboraban con dicho cartel o se lucraban o eran financiados por él, buscaron otros carteles para su financiamiento y ahora ocupan altísimos cargos en el estado y todos siempre hablan de la necesidad de combatir el narcotráfico; los contactos en el aparato judicial están intactos por eso es que no se han investigado con todo el rigor de la ley los políticos, empresarios, militares, policías, funcionarios judiciales y gubernamentales, beneficiarios y testaferros que se lucraron del cartel de Medellín.
Muchos de los dirigente antioqueños que colaboran con el presidente – candidato, como la embajadora Nohemí, el ex-embajador Valencia Cossio, los senadores Ramos y Gomez Martínez, el ex-alcalde de Medellín y actual representante a la Camara Flórez y muchos otros, conocen a plenitud quien es él, cuales han sido sus relaciones con el cartel de Medellín, cuales son sus métodos políticos, porque los han padecido, cuales fueron sus actuaciones controversiales o reprobables en los cargos públicos que ha ocupado, en el departamento de Antioquia y a nivel nacional, dichos dirigentes antioqueños que han sido cooptados por este supuesto mesías, con la promesa de probables beneficios económicos o políticos para ellos o para sus comunidades o sus regiones o para el departamento de Antioquia, olvidan, pese a que lo conocen muy bien, que el presidente-candidato no piensa en Antioquia o en Colombia, sólo piensa en su beneficio personal político y económico, lo cual disfraza con un discurso politiquero de seguridad democrática.
El presidente – candidato, ha sabido explotar, maquiavélicamente, nuestra ancestral creencia: lo que es bueno para Antioquia es bueno para Colombia.
En la campaña presidencial pasada la candidata Nohemí denunció públicamente muchas de las relaciones non sanctas del actual presidente – candidato, muchas de sus decisiones gubernamentales han demostrado que Nohemí decía la verdad; pero la candidata olvidó muy pronto lo denunciado y se unió al gobierno, dicen los que saben, luego de que el presidente – candidato le prometiera que en la reelección ella sería vicepresidente de la república.
Afortunadamente aún quedamos muchos antioqueños honestos que no hemos sido asimilados por el influjo regionalista politiquero del presidente – candidato y que no queremos que la ignominia se traslade a nuestros descendientes, como Juan Camilo Restrepo, Carlos Gaviria, Gloria Cuartas, Iván Marulanda y muchos mas.
¿Por qué no solicitar a la comunidad internacional, con base en la legislación internacional vigente en lo referente al narcotráfico, la creación de una Comisión Especial para Colombia, compuesta por jueces e investigadores de Estados Unidos, Italia, España, etc, que investigue en profundidad los efectos del narcotráfico en la política, la economía, las instituciones armadas, el aparato judicial, los medios de comunicación, etc., y que juzgue y castigue a quienes resulten culpables?
La fiscalía colombiana ha demostrado hasta la saciedad ser incapaz de investigar profunda e imparcialmente a los narcotraficantes; está permeada por la politiquería que tiene relaciones con el narcotráfico. Sus decisiones son más de carácter político que judicial. Es un apéndice del poder ejecutivo pues el presidente es quien elabora la terna de la cual se escoge el fiscal general.
Se requerirá el compromiso expreso y sincero del gobierno de Estados Unidos de luchar contra el narcotráfico
para lo cual es necesario que desclasifique todos los documentos relacionados o de utilidad para el propósito buscado que existan en sus organismos de investigación, tanto del orden federal como estatal y municipal y en el aparato judicial. Será necesario también el compromiso del gobierno italiano por las relaciones denunciadas entre narcotraficantes o carteles colombianos con la mafia italiana. Idem con los otros gobiernos.
El presidente-candidato no podrá oponerse a esa comisión internacional por cuanto él desde hace mucho tiempo está pidiendo la intervención de cascos azules extranjeros y porque su gobierno permite la injerencia indebida del gobierno de Estados Unidos en todos los aspectos de la vida nacional.
La oportunidad se presenta apropiada por los hechos recientes relacionados con la investigación del asesinado del candidato presidencial colombiano Luis Carlos Galán.