En el controvertido y cuestionado proceso de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no solamente pende la espada de Damocles sobre la cabeza de varios paramilitares pedidos por Estados Unidos en extradición, sino la mirada vigilante de la comunidad internacional que desconfía de un procedimiento que […]
En el controvertido y cuestionado proceso de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no solamente pende la espada de Damocles sobre la cabeza de varios paramilitares pedidos por Estados Unidos en extradición, sino la mirada vigilante de la comunidad internacional que desconfía de un procedimiento que termine con la adopción de leyes de perdón que dejen en la impunidad los crímenes atroces cometidos.
En efecto, desde ya algunos sectores de opinión han señalado que si el proceso con las AUC, cuya finalización está prevista para diciembre de 2005 no garantiza plenamente la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas, como lo establece el derecho internacional, se deberán abocar otras instancias para evitar que Colombia siga naufragando en el reino de la impunidad.
El propio presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez Bastidas ha alertado que «el Estatuto de Roma que aprobó la Corte Penal Internacional (CPI) otorga competencia transnacional a este tribunal para juzgar delitos en cuyo país de comisión no haya la voluntad de hacerlo o se haga de manera simulada».
En consecuencia no se puede evitar que en un momento determinado tribunales como la CPI ante la omisión de las autoridades colombianas asuman la competencia para juzgar en debida forma los crímenes de lesa humanidad que son totalmente imprescirptibles. Bastaría solo con esperar que se venza el lapso de siete años (ya han transcurrido dos) que el Estado colombiano puso como reserva para que en el país entre en vigencia el Estatuto de Roma.
Respecto de los contactos entre el gobierno de Uribe y el ELN se vienen realizando gracias a los buenos oficios de México, se ha comenzado a librar un verdadero pulso político.
Según ha trascendido, el grupo insurgente entraría en una negociación si logra una mejor correlación de fuerzas. En principio lo ha logrado, porque según lo indicó Pablo Beltrán, miembro del Comité Central del ELN, el presidente Uribe Vélez, «presionado por sus necesidades cambió de posición, dejó de exigir el cese unilateral como requisito previo para cualquier acercamiento hacia el diálogo, por ello aceptamos la facilitación ofrecida por el gobierno de México, para tantear hasta dónde es posible abrir o no unas conversaciones formales con el gobierno colombiano en este momento».
Para iniciar conversaciones la dirigencia del ELN ha anunciado que ante todo pondrá los puntos sobre las íes en el sentido de que denunciará ante la comunidad internacional que el gobierno de Uribe «le apuesta a aparentar un equilibrio político para encubrir la operación de impunidad que adelanta con los paramilitares».
Adicionalmente y a diferencia del proceso con las AUC, el ELN ha sido reiterativo al señalar que si llega a iniciar conversaciones de paz, solicitará una facilitación múltiple, que incluya organismos e instituciones internacionales, Estados y sociedades de varios países, además de diversas organizaciones políticas y sociales de Colombia para darle transparencia a una eventual agenda de negociación.
FENÓMENOS DIFERENTES
Los pronunciamientos del ELN dejan entrever que un proceso con este grupo insurgente tendría menos tropiezos que el que se está realizándo con las AUC, simplemente por la diferencia en la génesis de estos dos grupos armados.
Pese a que el presidente Uribe en múltiples oportunidades ha señalado que entre la guerrilla y el paramilitarismo no hay ninguna diferencia y los mide con el mismo rasero calificándolos de bandas terroristas, para la comunidad internacional y los tratadistas en Derecho, no hay tal.
Si se hace un poco de memoria, se podrá recordar que el fenómeno paramilitar de ahora para no remontarse al de mediados del siglo XX (pájaros y chulavitas), nace con el MAS (Muerte a Secuestradores) en la década de los 80 que organizó el Cartel de Medellín de los hermanos Ochoa y Rodríguez Gacha y, por ende, se fue consolidando como un ejército privado de las organizaciones del narcotráfico. Posteriormente, en 1995, toman la denominación de Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Carlos Castaño, quien logra ampliar el espectro de participación de diversos sectores, víctimas de la guerrilla y desprotegidos del Estado.
Hernán Gómez Hernández, asesor de Carlos Castaño, al analizar la naturaleza de esta organización señala que «las AUC no es una organización que la forman unos paramilitares inventados por el Estado sino que es una fuerza independiente tolerada por el Estado».
En cambio, la naturaleza subversiva y política del ELN nadie la discute.
DE LO POLÍTICO A LO JURÍDICO
Si bien la guerrilla se ha retroalimentado del narcotráfico en las últimas décadas, su connotación es diferente al del paramilitarismo. Por eso tanto Estados Unidos como la Unión Europea al pronunciarse sobre el proceso con las autodefensas han criticado su connivencia con algunos sectores militares y han reiterado que su desmovilización no puede producirse a expensas de la justicia.
Sin embargo, el gobierno de Uribe le ha dado al paramilitarismo estatus de «autodefensa». De esta manera el Estado queda exento de asumir la responsabilidad que le corresponde y le permite, al mismo tiempo, liberarse de sus combatientes extraoficiales cuando las circunstancias lo requieran.
Por ello, el gobierno de Uribe hábilmente prefabricó un marco jurídico mediante la aprobación del Congreso de la Ley 782 de 2002 que da vía libre para adelantar negociaciones con «grupos armados al margen de la ley», sin determinar su naturaleza.
Sin embargo, el magistrado Ramírez Bastidas al hacerle glosas al controvertido proyecto de ley de alternatividad penal ha explicado que en el proceso con las AUC muy difícilmente se les puede otorgar amnistía o indulto.
«Amnistía es una renuncia transitoria del Estado a su potestad soberana de perseguir y castigar los delitos por motivos de interés público, particularmente por causas de carácter político para mantener o restablecer la conveniencia social y, por ende, la paz. Indulto, es una potestad exclusiva del Presidente de la República que ejerce para extinguir la pena en los casos de los procesos que han finiquitado con la sentencia condenatoria. Ello no implica el desconocimiento el acto históricamente considerado ni los perjuicios patrimoniales y sociales que con él se hubiesen podido ocasionar», explicó el jurista.
Ramírez no se quedó ahí sino que enfatizó en que el delito político persigue el cambio de estructuras de una sociedad o de un Estado para buscar conveniencias colectivas, mientras que el delito común es un hecho aislado que persigue intereses individuales.
«El delito político, según varios tratadistas, -continuó Ramírez – tiene un motivo noble y altruista que persigue un alto interés social. El delito común tiene un móvil egoísta y personal. El delito político en su punibilidad es sancionado benignamente, el delito común es sancionado fuertemente. Al delito político por motivos de conveniencia pública se le concede amnistía o indulto. Al delito común no se le concede estas garantías».
El asesor de las AUC, Hernán Gómez, por su parte, tiene una lectura muy particular del proceso: «En esta negociación entre gobierno y AUC la única autoridad existente es Washington. En este proceso solo se van a tener en cuenta a los que controlen economías tanto lícitas como ilícitas y el grueso de la negociación se hará con grupos armados que dominen territorios de coca, laboratorios y pistas de aterrizaje. El que no maneje estos territorios no tienen nada que negociar».
Pero no es solamente el tema de la extradición el que ronda la negociación con la AUC, sino «el reto de cerciorarse que el gobierno no menoscabe su propia legitimidad y el Estado de Derecho haga caso omiso de los crímenes cometidos por los paramilitares», como lo advirtió la International Crisis Group.
En definitiva, de lo que se trata es de que la negociación sea transparente y no corra el riesgo de que sea impugnada ante la comunidad internacional. Ahí radica el reto de Uribe.
Recordando lo que fue la política de derechos humanos del presidente argentino Raúl Alfonsín, el prologuista del libro de las memorias del ex mandatario que está por salir, Juan Carlos Portantiero, afirma que la misma fue ejemplificadora hacia el pasado, pero a la vez tuvo la precaución de hacerse cargo de sus consecuencias hacia el futuro:
«La necesidad de descubrir y reconstruir la verdad de lo sucedido para, una vez cumplida esa tarea proceder a la alternativa del juicio y del castigo a los violadores de los derechos humanos. Primero el conocimiento de la verdad para establecer la condena ética de la sociedad; luego, el rigor de la ley y el ejercicio de la justicia».
Precisamente, un esquema como el utilizado por el gobierno de Alfonsín en Argentina es lo que le hace falta al proceso con las AUC.
Esa falencia se debe en gran parte a que, como lo señala el investigador social Rafael Duque Naranjo en su estudio «La paz en Colombia según el gobierno, la insurgencia y el paramilitarismo», en este país «los gobernantes en materia de procesos de paz llegan mucho más lejos para evitar lo que temen que para alcanzar lo que desean. La negociación es producto del miedo de las partes».