Condenada la nación por la operación militar más sangrienta y criminal del conflicto en Colombia
Entre los meses de febrero y octubre de 2002, las Fuerzas Armadas realizaron once operaciones militares en los 19 barrios que componían la Comuna 13 de la ciudad de Medellín. La última de ellas fue Orión y se ejecutó en los barrios Belencito, Corazón, 20 de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores, Las Independencias II. Nunca antes una ciudad en Colombia había vivido el conflicto de la misma manera que lo sufren habitantes de las zonas rurales.
El 16 de octubre fue el día de la Operación Orión. Se vieron tropas ocupando las calles de la comuna como nunca antes se había visto. Los efectivos militares entraron con tanques de guerra, ametralladoras M60, helicópteros artillados y fusiles, bajo el mando del general de la Cuarta Brigada con sede en esa ciudad, Mario Montoya.
Previo a esa aparición militar, en la comuna se vivía una crisis humanitaria. Desde febrero de ese año se venían denunciado sistemáticos y selectivos asesinatos, detenciones arbitrarias y desapariciones, ordenadas por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, que había declaró el sector de la capital antioqueña como objetivo militar, por ser éste el último escollo para empoderar su proyecto criminal en toda la ciudad.
La tenebrosa operación
«[…] nosotros primero nos ubicamos en el corregimiento de San Cristóbal, eso lo hemos llamado el Morro, al frente de San Cristóbal y en la vereda Llano de San José […]. Cuando entramos, iba de comandante King Kong con 80 hombres, eso fue más o menos en el 2002. La orden que teníamos de los mandos era acabar con las milicias», le dijo un paramilitar desmovilizado al Tribunal Superior de Medellín el 25 de marzo de 2009.
Para el centro de investigaciones Cinep, la Operación Orión fue una agresión violenta contra la población: «Durante esta operación se disparó indiscriminadamente contra todas las personas que se atrevieran a salir a la calle, incluyendo a las que salieron a auxiliar a los heridos, ondeando sábanas blancas; además, algunas viviendas habrían sido tomadas como trincheras por miembros de la Fuerza Pública y otras asaltadas y robadas por éstos», señaló el Banco de Datos de Violencia Política del Cinep. Se reportaron 37 heridos entre los habitantes y 55 capturas ilegales que se sumaban a los cientos que se habían efectuado desde el mes de febrero y 1.711 habitantes desplazados por la presencia paramilitar.
Las víctimas
Uno de los relatos dramáticos de las víctimas de Orión recoge una tragedia: «La noche de terror despertamos en medio de las balas y del helicóptero. Sucede que entraron varios fiscales a hacer allanamientos ilegales con órdenes de captura que después de un tiempo se dieron cuenta que eran simples demandas por inasistencia alimentaria. Entonces, con esas excusas llegaron a varias casas a sacar los jóvenes… Después de eso, nos dimos cuenta que un mismo fiscal firmó varias órdenes, varios allanamientos a una misma hora […]. Nos sacaban para montarnos en los carros. Para desaparecernos…».
Quince años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó a la Nación por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín, en medio de la Operación Orión.
Alianza criminal
El organismo de justicia internacional, sin razón alguna, dejó de hacer referencia particular a los altos funcionarios responsables de la operación en cabeza del Presidente de la República, quien en la época era Álvaro Uribe Vélez; su ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez; el jefe del operativo, el comandante de la IV Brigada Mario Montoya; y el alcalde de la ciudad, Luis Pérez Gutiérrez.
Sin embargo, en la Fiscalía General de la Nación reposan investigaciones contra el exgeneral Mario Montoya por delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Del mismo modo, el exalcalde y hoy gobernador Luis Pérez Gutiérrez no ha podido quitarse de encima la insinuaciones de, supuestamente, haber cogobernado con el auspicio de los paramilitares, que por aquella época libraban una guerra entre los bloques Cacique Nutibara del paramilitar alias Don Berna y el Bloque Metro. Terminada esa confrontación, que coincide con el apoderamiento de la Comuna 13 de Medellín para las huestes del Bloque Nutibara, llegó una relativa calma a la ciudad que justamente gobernaba Pérez.
Hay evidencias que marcan el accionar articulado del paramilitarismo y los altos oficiales encargados de la operación Orión. Además de las declaraciones de alias Don Berna ante una corte de Nueva York, señalando la participación de los militares y políticos en la operación Orión, el propio Tribunal de Justicia y Paz en Medellín, mediante providencia del 24 de septiembre de 2015, señaló:
«La Operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del general Mario Montoya Uribe, la Policía Nacional al mando del general Leonardo Gallego Castrillón y el Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano. Así se desprende de la versión de Luis Adrián Palacio Londoño, alias Diomedes, y el propio Murillo, quien admitió que la operación fue concertada con la Fuerza Pública porque era la única zona de la ciudad de Medellín que el Bloque Cacique Nutibara no había podido capturar, dominar y controlar».
Los defensores
El Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, GIDH, una organización no gubernamental con sede en la ciudad de Medellín, que llevó la representación de las víctimas de la Operación Orión ante la CIDH, señaló que la sentencia llega en un momento histórico para Colombia.
Y es que la CIDH reconoció la violencia ejercida contra la mujer en los casos de las defensoras María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, a quienes les reconoce el grado de afectación de sus derechos por parte del Estado. «La sentencia analiza la situación de la comuna 13, así como el contexto de riesgo para las defensoras de los derechos de las mujeres en Colombia; y el desplazamiento forzado y su impacto específico en las mujeres. Es la primera vez que un tribunal internacional analiza este contexto y sus consecuencias para las mujeres defensoras de derechos humanos», señalaron voceros del GIDH.
Aunque por la vía ordinaria aún se transita entre tinieblas para conocer la verdad sobre las actuaciones de los altos funcionarios del Gobierno nacional, departamental y local en la Operación Orión, la sentencia de la CIDH va a tener un alto grado de influencia, quizás para acelerar las investigaciones, acusaciones o juicios de los auspiciadores del horror paramilitar que vivió la ciudad de Medellín.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article20840