Ante la designados los futuros ministros, subsecretarios e intendentes, ¿cómo se configura el escenario respecto de las autoridades que encabezarán posiciones relevantes en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche? ¿Cuál es la evaluación de los mismos comuneros, organizaciones de derechos humanos y otros actores? Con un nuevo gabinete designado, ya aparecen nuevas […]
Ante la designados los futuros ministros, subsecretarios e intendentes, ¿cómo se configura el escenario respecto de las autoridades que encabezarán posiciones relevantes en el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche? ¿Cuál es la evaluación de los mismos comuneros, organizaciones de derechos humanos y otros actores?
Con un nuevo gabinete designado, ya aparecen nuevas preguntas en torno al conflicto entre el Estado chileno y los comuneros mapuche, marcado en los últimos años por la judicialización y criminalización de la protesta social por el acceso a tierras, a los derechos políticos y la autonomía del pueblo originario que cuenta con mayor población en nuestro país, situada principalmente en la región de La Araucanía.
La utilización de la Ley Antiterrorista y una serie de procedimientos judiciales cuestionados han tensado el clima, sobre todo porque fue en el gobierno de Michelle Bachelet en el que se comenzó a aplicar este criterio de forma regular. La Presidenta electa en campaña afirmó que su uso fue «un error» y que la ley común era suficiente. Pero serán sus colaboradores los encargados de decidir en qué casos se aplica esta legislación, en particular el ministerio del Interior.
Rodrigo Peñailillo encabeza la cartera y como subsecretario queda Mahmud «Francisco» Aleuy. Sobre estas nominaciones se refirió Manuel Andrade, integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura.
«En relación al señor Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior, esperamos que se comprometa con el respeto de los derechos humanos de los pueblos originarios. Vamos a estar atentos en ese sentido, tiene un pasado como gobernador de la provincia de Arauco y creemos que tiene una oportunidad para poder plantear un proyecto y un camino completamente diferente. Esa es la oportunidad que tiene el gobierno entero de la Nueva Mayoría, marcar una diferencia significativa en materia de derechos humanos en general con los pueblos indígenas y particularmente con el pueblo mapuche», enfatizó el experto en temas de DD.HH.
También existe expectación sobre los pasos de quien quedó a cargo de la cartera de Justicia; el ex senador y candidato presidencial en primera vuelta por el Partido Radical, José Antonio Gómez y su subsecretario, el abogado, Marcelo Albornoz. El Historiador de la Universidad de Chile, Sergio Grez, afirmó que la figura de un crítico Gómez podría marcar un cierto progresismo, pero que hay que tomarse el nombramiento con cautela.
«El entonces candidato José Antonio Gómez, cuando fue pre candidato a la Presidencia de la República levantó varios puntos de una plataforma bastante progresista, entre otras Asamblea Constituyente, hay que ver ahora si una vez convertido en ministro de Justicia va a mantener esos planteamientos o va a bajar sus banderas en aras de la gobernabilidad y de la mantención del cargo. Al igual que el resto de los personeros de este y de cualquier gobierno y de los personajes que actúan en política en general, hay que juzgarlo más por sus hechos que por sus palabras», detalló.
Desde la comunidad Autónoma de Temucuicui, uno de los centros del conflicto territorial, recordaron que Gómez fue uno de los impulsores de la reforma procesal penal, cuyo plan piloto se habilitó justamente en La Araucanía, como una forma de contener las movilizaciones. En ese sentido mostraron su suspicacia y sostuvieron que la lucha seguirá hasta que no se realice un giro que permita abordar un diálogo real.
Otra de las figuras destacadas es la del Intendente, Francisco Huenchumilla, quien se ha mostrado contrario a la Ley Antiterrorista y ha afirmado que no quiere «hacer más de lo mismo». En esa línea se pronunció el consejero de Conadi, Iván Carilao.
«Hoy ellos tienen una nueva oportunidad y esa tiene que estar dada no por seguir criminalizando la causa mapuche, sino que se tiene que abordar de una manera mucho más seria. El tema mapuche es un tema político, que requiere una atención y una mirada distinta, por lo tanto, nuestra expectativa va a estar en ese sentido, si nosotros estamos llanos a colaborar con este Gobierno en la medida que su accionar vaya también por soluciones que permitan a las comunidades y a nuestra gente garantizarle sus derechos», explicó el consejero de la entidad estatal ligada a los pueblos originarios.
En síntesis, comuneros y organizaciones atentas al conflicto concuerdan, en que más allá de quienes adopten los cargos, el criterio para juzgar las relaciones a futuro será los hechos. Esto cuando Chile es fuertemente observado por diversos organismos internacionales como las mismas Naciones Unidas y la Corte Interamericana por su trato a los pueblos indígenas.