Revisado por Caty R.
La administración estadounidense actual que preside George W. Bush sufre una singular obsesión con respecto a Cuba. A pesar de la sangrienta tragedia iraquí y el fracaso de la invasión de Afganistán, Washington está más decidido que nunca a derrocar al gobierno de La Habana e instaurar un régimen a sus órdenes. La Unión Europea, tan rápida en seguir los pasos estadounidenses cuando se trata de estigmatizar a Cuba, sigue observando un silencio cómplice frente a la política irracional de la Casa Blanca.
En mayo de 2004 Washington impuso nuevas sanciones económicas que han tenido consecuencias desastrosas para la población cubana. El envío de remesas se ha limitado drásticamente. Los ciudadanos cubanos de Estados Unidos ya no pueden mandar ayudas económicas más que a los miembros directos de sus familias, según la nueva definición del término que dio Bush. Se excluye, por tanto, a todos los demás miembros (primos, tíos, sobrinos…) salvo a los abuelos, padres, hermanos, hijos y esposos. Los emigrados cubanos ya no pueden visitar a sus familiares en la isla más de 14 días cada tres años en el mejor de los casos. En efecto, antes necesitan obtener una autorización del Departamento de Tesoro. Además no pueden llevar más de 20 kilos de equipaje ni gastar más de 50 dólares al día allí (1).
En julio de 2006 el presidente Bush implantó sanciones adicionales aún más duras. ¡Incluso designó a Caleb McCarry como coordinador de la «transición», a semejanza del procónsul Paul Bremmer nombrado en Iraq en 2003, y fijó el plazo para deshacerse del gobierno cubano en 18 meses! Dedicó un presupuesto de 31 millones de dólares para la creación y el refuerzo de una oposición interna, que se añade a la suma de 50 millones de dólares prevista en 2004 y 2005. Washington prevé incluso sancionar económicamente a los países que inviertan en Cuba y ha redactado una lista negra de funcionarios a neutralizar en una futura Cuba recolonizada. Se limitan sumamente los intercambios académicos, culturales, religiosos, deportivos y humanitarios entre los dos países y las más severas sanciones -hasta diez años de cárcel- se pueden aplicar a los infractores. Los envíos de remesas se restringen todavía más y las condiciones requeridas a las empresas estadounidenses para vender productos de alimentación a Cuba cada vez son más difíciles de satisfacer (2).
En octubre de 2007 el presidente Bush pronunció un discurso sumamente virulento contra La Habana subrayando que «pocos problemas habían desafiado […] a nuestra nación como la situación de Cuba» y reafirmó su voluntad de incrementar todavía más el estado de sitio del cual es víctima la población cubana. También lanzó una llamada a la insurrección destinada al ejército (3).
El 19 de diciembre de 2007 la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (United States Government Accountability Office – GAO) publicó un informe de 96 páginas sobre las consecuencias originadas por el endurecimiento de las sanciones económicas contra Cuba, a las que considera como «la red más desarrollada de sanciones económicas impuesta por Estados Unidos». Así, los servicios aduaneros (Customs and Border Protection – CBP) de Miami realizaron inspecciones «secundarias» sobre el 20% de los pasajeros procedentes de Cuba en 2007 con el fin de comprobar que no importaban tabaco, alcohol o productos farmacéuticos de la isla. En cambio, el promedio de inspecciones fue sólo del 3% para todos los demás viajeros. Según el GAO, este enfoque sobre Cuba «reduce la aptitud de los servicios aduaneros para llevar a cabo su misión que consiste en impedir que los terroristas, criminales y otros extranjeros indeseables entren en el país» (4).
«Desde 2001 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros [OFAC] abrió más investigaciones e impuso más sanciones por violaciones del embargo -como la compra de tabacos cubanos- que por todas las demás violaciones de otras sanciones tales como las impuestas a Irán», subraya el informe (5). Más grave aún, el GAO afirma que se detectaron numerosos fallos en «grandes puertos de entrada de toda la nación que aumentan la posibilidad para los terroristas […] de entrar en el país. El uso eficiente de los recursos de inspecciones secundarias es indispensable para el cumplimiento de la misión prioritaria antiterrorista de los servicios aduaneros» (6). La lucha contra el terrorismo se ha vuelto «la principal prioridad de la CBP desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001» (7).
Así, entre octubre de 2006 y marzo de 2007, los servicios aduaneros del aeropuerto de Miami procedieron a 1.500 embargos «de pequeñas cantidades de tabaco, alcohol y productos farmacéuticos en la mayor parte de los casos» a pasajeros procedentes de Cuba durante inspecciones que duraron entre 45 minutos y tres horas. En cambio, sólo efectuaron 465 embargos a todos los demás pasajeros procedentes del resto del mundo, entre los que requisaron 211 kilos de drogas y 2,4 millones de dólares en efectivo (8).
La administración Bush, en vez de usar los recursos humanos y técnicos a su disposición para preservar la seguridad nacional y luchar contra el terrorismo y el tráfico de drogas, prefiere concentrar sus esfuerzos para reprimir a los turistas que importan una caja de tabaco, una botella de ron o medicinas de Cuba. Este ensañamiento irracional es aún más grave pues se hace en detrimento de la protección de los ciudadanos estadounidenses. En efecto, el informe destacó la importante carencia de personal aduanero que «ha creado vulnerabilidades en su proceso de inspección en los puertos de entrada estadounidenses» (9).
El informe insiste también en el carácter obsesivo de la política anticubana de Washington. Así, mientras que existen más de veinte programas de sanciones económicas contra terceros países, la OFAC dedicó, entre 2000 y 2006, el 61% de sus recursos a perseguir a los turistas estadounidenses que viajaron a Cuba sin permiso (10). La OFAC realizó 10.823 investigaciones relativas a violaciones de las sanciones económicas contra Cuba y sólo 6.791 investigaciones para todos los demás programas de sanciones (11).
«Mientras que el embargo contra Cuba sólo es uno de los más de veinte programas de sanciones que la OFAC administra, las multas que impuso la OFAC por las violaciones del embargo contra Cuba representan más del 70% de las multas totales impuestas entre 2000 y 2005» (12). El estudio concluye que «desde 2000, la OFAC realizó más investigaciones e impuso más multas por violaciones del embargo cubano que por el conjunto de los demás -más de veinte- programas de sanciones que aplica la agencia» (13). El Departamento del Tesoro impuso multas por un total de 8,1 millones de dólares para las 8.170 violaciones de sanciones contra Cuba, lo que representa un promedio de 992 dólares por violación. «La mayor parte de esas violaciones eran relativamente menores, como comprar tabacos cubanos por Internet» (14).
Le GAO exhortó a las autoridades gubernamentales, y al secretario de la Seguridad Nacional en particular, a que destinaran prioritariamente los recursos humanos de los servicios aduaneros a la seguridad del país y no a «las inspecciones secundarias de viajeros que regresan de Cuba». También pidió a la OFAC que diera prueba de más equilibrio en la administración de las sanciones económicas y se concentrara prioritariamente en los países «involucrados en el terrorismo, la proliferación de armas y el tráfico de drogas» (15).
Estados Unidos está resuelto a derrocar al gobierno cubano y no tiene ningún escrúpulo en infligir un tratamiento cruel e inhumano a los sectores más vulnerables de la población de la isla para alcanzar su objetivo. Persiste en aplicar una política anacrónica e ilegal que viola los derechos fundamentales de los cubanos y por añadidura pone en peligro su propia seguridad. Rechazadas por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, las sanciones económicas han fracasado desde hace casi medio siglo e ilustran la incapacidad de Washington para aceptar la independencia y la soberanía de Cuba.
Notas
(1) Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, mayo de 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 mayo de 2004), pp. 40-41.
(2) Condoleezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba, (Washington: United States Department of State, julio de 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio de 2006), pp. 19, 24, 25, 27 ; Salim Lamrani, Cuba face à l’Empire (Genève: Editions Timéli, 2006), pp. 139-54.
(3) George W. Bush, «Remarks by the President on Cuba Policy», Office of the Press Secretary, The Miami Herald, 24 de octubre de 2007.
(4) The United States Government Accountability Office, Economic Sanctions. Agencies Face Competing Priorities in enforcing the U.S. Embargo on Cuba, Report to Congressional Requesters, noviembre de 2007. http://www.gao.gov/new.items/d0880.pdf (sitio consultado el 21 de diciembre de 2007), introducción, pp. 1, 6.
(5) Ibid., introducción.
(6) Ibid., p. 6.
(7) Ibid., p. 18.
(8) Ibid., p. 44.
(9) Ibid.
(10) Ibid., p. 6.
(11) Ibid., pp. 45-46.
(12) Ibid., p. 7.
(13) Ibid., p. 9.
(14) Ibid., p. 48.
(15) Ibid., p. 61.
Salim Lamrani es profesor, escritor y periodista francés especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado los libros: Washington contre Cuba (Pantin: Le Temps des Cerises, 2005), Cuba face à l’Empire (Genève: Timeli, 2006) y Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006).
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Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Este artículo se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la revisora y la fuente.