Durante décadas la política antidrogas norteamericana y por ende la colombiana se ha basado en el uso de la fuerza, empleando la erradicación forzada a través de fumigación por aspersión aérea con Glifosato; Sin embargo, esta política ha sido un rotundo fracaso, según la ONU la producción mundial de cocaína aumento un 25 por ciento […]
Durante décadas la política antidrogas norteamericana y por ende la colombiana se ha basado en el uso de la fuerza, empleando la erradicación forzada a través de fumigación por aspersión aérea con Glifosato; Sin embargo, esta política ha sido un rotundo fracaso, según la ONU la producción mundial de cocaína aumento un 25 por ciento y el 70 por ciento de la cocaína de alta pureza se produjo en Colombia [1].
En los Acuerdos de Paz con la FARC el Estado colombiano se comprometido a desarrollar un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, sin embargo el Gobierno no ha cumplido los Acuerdos dejando en el limbo el futuro de las casi 100.000 familias.
El más reciente informe de la ONU se evidencia una serie de incumplimientos por parte del Gobierno, ninguna de las 99.097 familias inscritas en el programa ha recibido la totalidad de los pagos acordados, y 40.000 de estas aún no reciben el primer pago [2].
Glifosato como herramienta geopolítica
El debate sobre el uso del glifosato como herramienta de la política antidrogas colombiana nunca ha sido una discusión eminentemente ambiental o de salud pública, por el contrario siempre ha estado enmarcada como un componente transversal del complejo tablero geopolítico, que gira entorno a los intereses imperialistas de Trump y los EEUU.
El glifosato no debe ser usado como un arma de presión internacional; levantar la prohibición de su uso es una equivocación que iría en contra de la evidencia científica sobre sus daños a la salud y al ambiente; el Gobierno debería considerar que sus ciudadanos merecen protección y por ende no obviar la evidencia científica que ha demostrado que el glifosato causa problemas de salud.
El Estado tiene una responsabilidad ética, si existe alguna posibilidad de que la fumigación dañe la salud de sus compatriotas su uso debe prohibirse. ¿A que intereses debe corresponder Duque, al de sus compatriotas o a los de Trump?
El pasado 25 de junio los obispos católicos del Pacífico y Suroccidente colombiano, manifestaron: «Rechazamos frontalmente la decisión anunciada por parte del Gobierno de reanudar las fumigaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato, dadas las consecuencias negativas para la vida humana y el medio ambiente; consideramos que el Gobierno debe tener en cuenta que la presencia de estos cultivos es en muchos casos consecuencia del abandono en que viven sumidos los habitantes de estas regiones» [3]
Jhon Jairo González, miembro de la Asociación para el Desarrollo Productivo, Económico, Social y Ecológico de Briceño (ASDESEBRI), afirma: «Si nos traen opciones para cultivar y nos garantizan la comercialización, para qué seguimos sembrando coca. El problema de erradicación de los cultivos de uso ilícito no es el tiempo, porque lo podemos hacer más rápido que el glifosato o con la erradicación forzosa, la cuestión es qué ofrecen a cambio de sustituir».
Desastre social ocasionado por la orfandad estatal
El narcotráfico tiene una dimensión social en lo referente a los cultivos de uso ilícito, esta problemática social no está reflejada en la política antidrogas que diseñó Estados Unidos y que Colombia ejecuta obedientemente; resulta indispensable comprender que los campesinos cocaleros no hacen parte de la mafia, que están inmerso en la cadena productiva como consecuencia de la orfandad estatal en sus territorios.
Ante la falta de inversión social, apoyo e incentivos para la producción agrícola, el campesino se ve obligado llenar sus predios de cualquier otra planta de uso ilícito, no porque exista una identidad con el fenómeno del narcotráfico, sino porque no cuenta con otra alternativa y este se convierte en su única opción de sustento.
La fumigación con glifosato como política antidroga no responde a ninguna de las problemáticas sociales que generan el incremento de los cultivos de uso ilícito; por consiguiente, una política antidrogas que desconoce el contexto social de los territorios y basa la erradicación en la fuerza está condenada a fracasar.
Notas
[2] Fracaso de la sustitución de cultivos de coca en Colombia. https://bit.ly/2YENGsq
[3] Comunicado a la opinión pública. https://bit.ly/2Yefl2P