El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha sorprendido esta semana pasada con dos propuestas aparentemente audaces y que aparentemente suponen un cambio en lo que ha venido siendo su política en los tres años de mandato. Por una parte, muestra su disposición a iniciar un proceso de negociación con el ELN, para lo que adopta como […]
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha sorprendido esta semana pasada con dos propuestas aparentemente audaces y que aparentemente suponen un cambio en lo que ha venido siendo su política en los tres años de mandato. Por una parte, muestra su disposición a iniciar un proceso de negociación con el ELN, para lo que adopta como decisión unilateral la excarcelación temporal, por tres meses, del portavoz de esta organización guerrillera, Francisco Galán, y muestra sus disposición a reconocer que en Colombia hay un conflicto interno de carácter político y no una mera cuestión terrorista; por otra, anuncia que es posible un encuentro con delegados de las FARC en un pequeño municipio del suroeste del país -Bolo Azul- para negociar un acuerdo humanitario que haga posible el canje de los más de 500 guerrilleros presos por los 60 soldados y cargos públicos que retiene la guerrilla.
El giro de Uribe es eminentemente táctico: inmerso en una gran campaña de desprestigio internacional por las negociaciones con los paramilitares (ha sido criticado por todos los sectores, desde la sociedad civil colombiana hasta Amnistía Internacional, desde la UE hasta el periódico «The New York Times»), a quienes prácticamente ha garantizado la impunidad para su desmovilización pese a ser autores de «delitos atroces», como reconoce la propia ley, necesitaba un cambio de imagen y demostrar que también puede llegar a acuerdos con una guerrilla a quien repetidamente ha calificado de «narcoterrorista» y a la que prometió derrotar militarmente cuando llegó al poder, en el año 2002.
El presidente colombiano está muy preocupado por dos elementos para él importantes, la Unión Europea y, curiosamente, el huracán «Katrina» y los efectos que va a tener sobre la economía estadounidense. Uribe no olvida que la llamada Mesa de Donantes europea que iba a financiar el proceso de desmovilización de los paramilitares, ante las críticas a la ley que les da una práctica inmunidad, se ha aplazado en varias ocasiones y de la última reunión prevista, el 6 de septiembre, se ha pasado a otra convocatoria, el 3 de octubre. A ello hay que añadir que la ayuda económica que la Administración Bush ha prometido para una nueva reedición del Plan Colombia, casi 800 millones de dólares, podría verse afectada por el ingente esfuerzo económico que va suponer la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán «Katrina», cuyo monto se estima en los 100.000 millones de dólares, y la repercusión que ello va a tener para las arcas estadounidenses y el incremento del déficit público en ese país.
¿Qué ha llevado a Uribe a este giro táctico? Si hay que hacer caso de los analistas colombianos, a los aspectos señalados habría que añadir lo que se considera la gran razón: la campaña electoral de mayo 2006, donde se quiere presentar a la reelección. La Corte Suprema tiene que emitir su fallo este mes sobre si es constitucional o no que Uribe se presente a la reelección, posibilidad que hasta ahora no contemplaba el ordenamiento legal colombiano.
Pero hay otras razones también de gran calado y que le hacen no tener todas consigo en este propósito. En primer lugar, la firme campaña de las familias de los soldados y políticos retenidos por la guerrilla, que han comenzado a movilizarse en las proximidades del Palacio de Nariño, sede de la presidencia, al modo de las Madres de Mayo argentinas reclamando al gobierno que dé los pasos necesarios para que el Acuerdo Humanitario que haga posible el canje que reclaman las FARC por sus camaradas presos sea real. La negativa presidencial a cualquier acuerdo en este sentido había llevado a los familiares a buscar sus propios canales de acercamiento a las FARC, donde le había salido un competidor a Uribe, Angelino Garzón, un hombre que también podría presentarse como candidato a la presidencia y hacerle sombra si consiguiese el éxito del canje. Además, Francia viene desde hace tiempo haciendo gestiones para la liberación de Ingrid Betancurt, que tiene la doble nacionalidad franco-colombiana, y ha enviado ya un emisario para que se reúna con Raúl Reyes, gesto al que correspondió la guerrilla respondió liberando un soldado retenido. Y, por si fuera poco, el pasado 26 de agosto el director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michael Frühling, dijo que el gobierno de Uribe tenía que dar «prioridad» a la liberación de los retenidos por la guerrilla, que él denominó «secuestrados», como un hecho que «facilitaría el diálogo y las negociaciones para lograr una paz auténtica, firme y perdurable» (1).
A expensas de lo que respondan las FARC a esta propuesta, hay que recordar que Uribe sí ha cedido en un aspecto importante, y esto ya en sí mismo es un gesto de debilidad: dijo que no se reuniría con las FARC mientras no hubiese «un proceso de paz con cese de hostilidades» y ahora dice estar dispuesto a hacerlo, pero aún no ha aceptado el despeje militar de la zona donde se produciría el encuentro y, además, pone como condición que los guerrilleros que sean liberados en el canje no vuelvan a las filas de la guerrilla, sino que se reinserten o se vayan a otro país. Para la guerrilla es crucial el despeje porque la desmilitarización es una necesidad real de seguridad para sus portavoces dado que en otras ocasiones han sido atacados.
En segundo lugar, la constatación de que no es capaz de derrotar militarmente a la guerrilla una vez que las FARC han finalizado su repliegue estratégico y han reiniciado sus acciones militares abarcando la práctica totalidad del territorio colombiano y poniendo de manifiesto que todos sus frentes están activos, con una intacta capacidad militar y con los canales de comunicación en perfecto funcionamiento para coordinar operaciones en departamentos como Putumayo, Nariño, Meta, Guainía, Antioquia y Chocó, por mencionar sólo los últimos donde se han producido ataques contra el ejército y la policía. Es decir, Uribe ha llegado a la conclusión de que el ejército colombiano ha llegado a su techo operacional, que la iniciativa militar la lleva la guerrilla y que, además, ha recuperado el control de zonas que habían abandonado en los últimos años como consecuencia de su repliegue estratégico. Como una imagen es más esclarecedora que mil palabras, ahí el hecho de que en las tres últimas semanas las FARC han realizado atentados contra las torres de suministro eléctrico en el sur del país, dejando sin energía a más de dos millones de personas en un total de 96 municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, según ha reconocido la empresa Interconexión Eléctrica (2), que tiene que importar esa energía desde Ecuador hasta que estén reparadas las torres. El periódico «El Tiempo», muy vinculado con el gobierno Uribe -el actual vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, fue su editor durante años-, ha tenido que reconocer que en departamentos como Putumayo «las FARC no han dado tregua con sus ataques durante los últimos cuatro meses. Un paro armado que afectó a 350.000 habitantes de Putumayo y el ataque contra una base militar en Teteyé han hecho parte de la agresiva actuación del grupo guerrillero en esta parte del país»(3).
«Visión Colombia II Centenario»: reconocer lo evidente
Hoy ya nadie en Colombia se cree que la guerrilla pueda ser derrotada militarmente a corto plazo, como predijo Uribe en su toma de posesión como presidente, y en documentos oficiales, como el conocido como «Visión Colombia II Centenario» -presentado el pasado 7 de agosto y que ha pasado desapercibido en Europa- se reconoce abiertamente cuando se afirma que la finalización del conflicto interno no será posible hasta el año 2016 y que la desmovilización de los grupos guerrilleros no se alcanzará hasta el 2019 (4). Dicho plan dice partir de las metas establecidas por la ONU en los «retos del milenio» y, por ejemplo, se plantea que el 7 de agosto de 2016, cuando se cumpla el segundo centenario de la independencia de la metrópoli española, Colombia debe haber reducido la pobreza al 5% (hoy está, según cifras oficiales en el 45%, según las extraoficiales en el 70%), mejoras en sanidad, educación, infraestructuras, etc. Pero también que Colombia va a mantener «una relación estratégica con EEUU» y buscará una mayor coordinación y relaciones de buena vecindad con los países limítrofes, entre otras cosas.
La realidad es terca. La ilusión gubernamental de ganar la guerra era sólo eso, una ilusión. La guerrilla colombiana siempre ha tenido una visión programática, es decir, revolucionaria, entendida como medio para alcanzar el poder, y no una visión metodológica, entendida como un fin en sí mismo. La guerrilla, además, ha aprendido de los procesos de paz llevados a cabo en los años 90 con otras organizaciones y que terminaron en papel mojado, sin que los diferentes gobiernos que se han sucedido cumpliesen los acuerdos firmados con cada organización guerrillera. La «reinserción social» de los guerrilleros desmovilizados se produjo poniendo el acento en los proyectos económicos individuales que en gran medida fracasaron por no tener en cuanta las dinámicas sociales colectivas y lo que provocó que no pocos de ellos se reenganchasen en los paramilitares por un simple salario. En esos procesos de paz no se produjo ningún cambio de las estructuras económicas del país, no se introdujeron reformas estructurales. Y es que al sector oligárquico colombiano no le preocupa tanto la búsqueda de una solución negociada, en términos de desmovilización pura y simple, de entrega de las armas, como que en ella se incluya la reformulación de la política económica y su consecuencia más inmediata: una mejor distribución de la riqueza y la finalización de la injusticia social. Eso, y no otra cosa, es lo que plantearon las FARC en las conversaciones mantenidas en San Vicente del Caguán con el gobierno del predecesor de Uribe, Andrés Pastrana.
Ante la debilidad que manifiesta en el terreno militar, a Uribe sólo le queda jugar la baza de un inicio de conversaciones de paz con el ELN, una organización que parece atravesar, también, un momento de cierta debilidad militar puesto que realiza más acciones defensivas que ofensivas, -las cifras oficiales del ejército colombiano dicen que el 67% de los combates que se han producido con las guerrillas en los tres años de mandato de Uribe han sido con las FARC, mientras que con el ELN han sido sólo del 17% del total- y se encuentra inmersa en un debate interno sobre la necesidad de participar en el proceso político, de una u otra forma, y en concreto en las elecciones del año 2006. El ELN, que se define como «organización político-militar», cuenta con una importante influencia en sectores sociales en diferentes partes del país, especialmente en el norte de Antioquia, y está recibiendo sugerencias desde ellos para que «se refuercen los espacios de gobernabilidad que se vienen conquistando» y reforzar su actividad política de cara a esas cruciales elecciones.
En el último número de la revista «Insurrección», el ELN llama «a luchar desde todos los espacios contra la reelección» de Uribe y dice compartir «que las masas organizadas y en movimiento aprovechen el espacio electoral, como otro escenario para activar la lucha política, confrontar y denunciar al régimen, para difundir propuestas con soluciones a la crisis del país y afianzar en el pueblo las ideas fundamentales de la nueva Colombia que queremos los desheredados de la fortuna» (5).
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(1) Servicio de Noticias de la ONU, 26 de agosto de 2005.
(2) El Tiempo, 6 de septiembre de 2005.
(3) Ibid.
(4) Presidencia del Gobierno de Colombia, 7de agosto de 2005.
(5) «Insurrección», nº 43, 2 de septiembre de 2005.