Subraya que es «especialmente sorprendente» que un país con instituciones fuertes no haya hecho más en favor de las víctimas y recuerda que la Memoria Histórica no es un asunto de «política partidista», sino una cuestión de «derechos generales» que a todos concierne
Nuevo tirón de orejas de Naciones Unidas a España por su inacción ante las demandas de las víctimas del franquismo. Apenas cuatro meses después de que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU visitara España e instara al Estado a juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a derogar la Ley de Amnistía, este lunes ha sido el turno de relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
Greiff ha urgido al Gobierno a «mostrar un compromiso decidido, determinado y prioritario» para reconocer sus derechos a las víctimas de la dictadura en materia de «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» al tiempo que ha destacado la «paciencia» de los represaliados tras décadas de espera. Esta declaración llegar tras una visita de diez días a Andalucía, Galicia, Cataluña y Madrid, y después de encuentros con representantes del Gobierno central, de Ejecutivos autonómicos y de asociaciones de la causa memorialista.
En la rueda de prensa ofrecida a la conclusión de ese recorrido, Greiff ha mostrado su preocupación por la brecha «especialmente profunda» existente en España entre unas víctimas que, ha constatado, se sienten «insuficientemente reconocidas» y unas instituciones que, ha afirmado, resulta «especialmente sorprendente» que no hayan hecho más en favor de las víctimas. Más aún cuando, ha dicho, las instituciones son «fuertes» y la democracia está «consolidada», lo que aleja el riesgo de «quiebra institucional» o de injerencias de las Fuerzas Armadas al abordar las cuestiones pendientes.
Una cuestión de Estado
Durante la presentación de un informe preliminar, previo al documento definitivo que elevará en septiembre, Greiff ha recordado que el reconocimiento de estos derechos «no es un asunto de política partidista», sino una cuestión de «derechos fundamentales» y «derechos humanos» que requiere «políticas de Estado que no estén sujetas a los vaivenes electorales». «No es una cuestión de reabrir heridas», ha precisado, pues «la experiencia internacional sugiere que no implementar medidas asegura que el tema siga en la agenda pública, mientras que hacerlo ayuda a la integración social y a que todo el mundo se sienta reconocido».
Entre otras medidas, el relator de Naciones Unidas ha reclamado dejar sin efecto la Ley de Amnistía, restablecer los recursos dedicados a la Memoria Histórica -tras dos años sin partidas presupuestarias del Gobierno central-, tomar medidas para superar la fragmentación de la información existente, anular las sentencias de todos los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo y revisar un modelo, el actual, en el que «el Estado delega en asociaciones y particulares la responsabilidad de las exhumaciones», algo que ha calificado de «privatización de las exhumaciones».
Preguntado en concreto sobre la Ley de Amnistía, ha señalado que «los mayores déficits» en España para las víctimas del franquismo se observan en el terreno del acceso a la justicia. «Se ha negado que la Ley de Amnistía sea una ley de punto final», ha dicho. «Y es cierto, pero acaba cumpliendo esa función: se ha utilizado para archivar a práctica totalidad de los casos y se ha solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos», ha indicado.
Greiff también ha mostrado su preocupación ante la modificación de la ley que regula el ejercicio de la justicia universal por parte de los tribunales españoles, por la «posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que niega extradiciones pedidas por Argentina» y por la actitud de la Audiencia Nacional y el Fiscal General del Estado que, ha aseverado, «están aparentemente dirigidos a que el Tribunal Constitucional no pueda pronunciarse sobre la Ley de Amnistía».
La esperanza de las víctimas
Las recomendaciones de los procedimientos especiales de Naciones Unidas no son vinculantes, por lo que el Gobierno no estará legalmente obligado a ponerlas en práctica. Preguntado sobre si confía en que los reiterados informes de Naciones Unidas provoquen un cambio de actitud del Gobierno, Greiff ha señalado que «que haya dos procedimientos en un espacio relativamente corto de tiempo dice algo especial» sobre la situación en España, en referencia a la visita el otoño pasado del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.
En esta misma línea, ha recordado que la preservación de la Memoria Histórica y el reconocimientos de los derechos a las víctimas no son «temas de una bandera política particular», sino «temas de derechos fundamentales» que «todos debemos contribuir a resolver». Al tiempo, ha reconocido que hay algo de «crueldad» en su visita, en «levantar expectativas de las víctimas sin poder ofrecer garantías de que [las recomendaciones] se van a cumplir». «Estoy absolutamente determinado a hacer de lo que esté en mi parte por hacerlas efectivas», ha prometido. «Si nadie se rinde, yo tampoco».