«La ‘pacificación’ en Colombia no se detiene ni para tomar aliento»

Hernando Calvo Ospina es autor de una docena de libros, entre los que se encuentra «Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado», que es la historia del sistema represivo en ese país. Aquí nos cuenta algunas etapas de la «tradición» violenta de un Estado que mantiene la imagen de democrático.

Annalisa Melandri. En América latina en los años ’70 y ’80 la mayoría de los países agonizaban bajo dictaduras militares sangrientas como fue el caso de Chile, Argentina y Uruguay entre otros. En Colombia, a excepción del general Rojas Pinilla, que gobernó entre junio de 1953 y mayo de 1957, y fue menos represivo que la mayoría de gobiernos elegidos, nunca han habido golpes de Estado ni juntas militares propiamente dichas. ¿Por qué?

Hernando Calvo Ospina. Al revisar la historia, nos damos cuenta que en Colombia nunca ha existido una verdadera democracia, y que casi todos los gobiernos se han caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos.

Para no ir muy lejos miremos el de Turbay Ayala (1978-1982). Este tuvo particularidades fundamentales dentro del marco represivo. A un mes de posesionado promulgó el Estatuto de Seguridad Nacional, que fue lo más cercano al modelo impuesto por las dictaduras del Cono Sur, estableciendo los mecanismos para sustentar la terrible ola represiva que llegó. Las Fuerzas Militares y de policía fueron investidas de facultades extraordinarias, incluidas las judiciales. Se criminalizó toda práctica de oposición política y a todo tipo de protesta social, asociando todo con la subversión. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder en Colombia, en un proceso que venía caminando desde los años sesenta, y sin dañar la imagen «democrática» al tener a un civil al frente del gobierno.

Turbay terminó de hacer lo que su antecesor, Alfonso López Michelsen, empezó: militarizar las ciudades con el pretexto de acabar con las «redes de apoyo» de la guerrilla rural. Según Amnistía Internacional, 60 mil personas pasaron por las cárceles, casi todas bien torturadas. La inmensa mayoría sin ninguna relación con las guerrillas, las cuales no llegaban a tener ni mil combatientes en conjunto. (1)

Otra particularidad de este gobierno, es que por primera vez Colombia fue puesta bajo el juicio de organizaciones internacionales de derechos humanos, como la ONU. Lo que se volvió una costumbre hasta el día de hoy. A nivel interno también se le llamó la atención porque fueron reprimidos algunos «muchachos» de la burguesía intelectual. Esto ya era demasiado.

 

AM. Con el gobierno que siguió, el de Belisario Betancourt, ¿qué pasó? ¿No se intentó de alguna forma una «pacificación» nacional?

HCO. El gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) fue más «terrible» que el de Turbay. Llegó a la presidencia hablando de paz, dio amnistía a los presos políticos, y empezó diálogos con algunas organizaciones guerrilleras. Y arrancó la matazón a ex presos políticos, dirigentes populares y miembros de organizaciones de derechos humanos. Claro, se dijo que era responsabilidad de sicarios «desconocidos», o de «enemigos agazapados de la paz». Pero poco a poco se fue confirmando que eran aparatos especiales de las fuerzas policías y del ejército.

Este gobierno institucionalizó la práctica más aberrante de la represión estatal, porque la víctima en este caso no está ni viva ni muerta: la detención-desaparición. Este gobierno, entre discursos y negociaciones de paz, también empezó a nacionalizar el paramilitarismo. El ejército coordinaba, mientras terratenientes, empresarios, y, especialmente, los narcotraficantes financiaban. Así el ejército le fue pasando la «guerra sucia», la mala imagen, a un aparato que llegó a ser esencial en el corazón del terrorismo de Estado. Este gobierno fue el responsable de haberse opuesto a que las FARC se desarmaran y convirtieran en partido político, al haber comenzado el exterminio de los miembros de la Unión Patriótica, una propuesta de la organización guerrillera, con miras a dejar las armas.

 

AM. Hernando, entonces, ¿se puede decir que la práctica de terrorismo de Estado empezó con estos gobiernos? ¿O tiene otros orígenes?

HCO. Para comprender el actual terrorismo de Estado, debemos recordar sus primeros y lejanos pasos. Es fundamental conocer la historia, y esta dice que el Estado colombiano ha sido uno de los vanguardistas en la represión a su población en el continente.

En los primeros 25 años del siglo pasado empezaron a llegar las empresas estadounidenses para apoderarse de tierras, oro, platino y petróleo, principalmente. Bueno, no se apoderaron: pidieron y los gobiernos dieron. En octubre de 1924 se dio una huelga contra la Tropical Oil. La huelga fue declarada «subversiva». Era la primera vez que se utilizaba este término en el país para estigmatizar, y tener el pretexto a reprimir. Sobre los 3 mil obreros se lanzó al ejército, el que apenas empezaba a ser institución nacional.

Ante el avance de huelgas y protestas, el razonamiento fue que existía una confabulación internacional del «comunismo». Se sumó a ello la creación del Partido Socialista Revolucionario en 1926. A mediados de 1927 el ministro de Guerra dijo: » La ola impetuosa y demoledora de las ideas revolucionarias y disolventes de la Rusia del Soviet […] ha venido a golpear a las playas colombianas amenazando destrucción y ruina y regando la semilla fatídica del comunismo .» (2) No olvidemos que en 1917 Lenin había creado al primer estado socialista.

En octubre de 1928 se promulgó la Ley de Defensa Social. Su eje central fue prohibir la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición; impedir por todos los medios la difusión de «ideas socialistas»; establecer mecanismos que condenaran rápidamente a los implicados en los delitos contemplados en esa ley. Además, dejaba muy en claro quién decidía si una expresión social de inconformismo era legal. Esta ley marcó la pauta en la concretización de un marco teórico altamente represivo.

Así Colombia se adelantó 34 años a los teóricos del Pentágono estadounidense, en la formulación de la doctrina que ordenaba combatir al «enemigo interno». (3)

¿Es que lo dictado por esa ley de 1928 difiere mucho de lo establecido en la actualidad?

 

AM. Respecto al tema que estamos tratando, o sea el terrorismo y la represión de Estado ¿cuáles son las diferencias, si las hay, entre el gobierno del actual presidente Manuel Santos y el de su predecesor Álvaro Uribe?

HCO. En Colombia el sistema represivo no se recicla: se moderniza y aumenta su socialización. ¿Qué necesidad tiene el presidente Santos de inventar otros mecanismos represivos si ya todos los tiene en la mesa? Le bastan y le sobran. Lo único que está haciendo es seguir los pasos de Uribe, que a su vez se apoyó en los de Andrés Pastrana, el cual retomó y aumentó lo realizado por Cesar Gaviria, quien había adoptado leyes altamente represivas para frenar las protestas que trajo la entrega de la economía al neoliberalismo.

Recordemos que cuando Santos fue ministro de Defensa de Uribe se multiplicaron los llamados «falsos positivos», o sea, civiles asesinados por el ejército o sus grupos paramilitares para hacerlos pasar por guerrilleros, y así mostrar «eficacia». Santos hoy camina sobre los pasos de Uribe, aunque con su propio estilo. Uribe, con Santos como ministro, puso la represión acorde al momento internacional: la llamada lucha contra el «terrorismo». En lo que sí Uribe innovó fue al permitir que la CIA trajera su mejor tecnología de espionaje, represión y muerte, además de entregarle la coordinación de los servicios de inteligencia colombianos. En ese entonces, Santos le brindó más espacio al MOSSAD israelí en esas labores de inteligencia contrainsurgente. Que esos extranjeros los mandaran, quizás fue algo vergonzoso para los militares y policías colombianos, debido a su gran experiencia. Pero es cierto que ante los resultados ellos se han llevado los aplausos.

 

AM. ¿Las diferencias entre Santos y Uribe serían entonces más de forma que de sustancia?

HCO. La manera de actuar de Santos se diferencia a la de Uribe en el estilo. Para Uribe, que es un terrateniente, Colombia fue su hacienda, y la mayoría de habitantes sus vacas a ordeñar y matar. Santos hace parte de la oligarquía tradicional, esa que ya está acostumbrada a gobernar, reprimir, arriar y matar a las «vacas», se llamen obreros o campesinos. Entonces reprime de manera «natural», no tiene necesidad de gritar que es él quien tiene el látigo.

 

AM. ¿Se puede decir que la oligarquía colombiana en su afán de agarrarse al poder se ha mantenido haciendo campañas de «pacificación»?

HCO. No hay que olvidar que la oligarquía le teme a todo, ¡porque hasta una huelga de médicos ha dado para que se declare estado de sitio! Todas las oligarquías del mundo tienen temor de perder el poder y sus riquezas. Y entre ellas saldan diferencias cuando ven en peligro sus intereses. Porque ellas sí que tienen conciencia de clase. Esa misma que le falta a muchos dirigentes de la izquierda mundial. Las oligarquías de la región, a diferencia de la colombiana, saben absorber, integrar y manipular la protesta social sin necesidad de llegar a los niveles represivos que hay en Colombia. Las «campañas de pacificación» en Colombia no se detienen ni para tomar aliento, pues eso es lo que le sobra a la oligarquía para reprimir.

Ya vimos que cambia de tácticas, de formas, se acondiciona, pero la represión contra el pueblo no ha parado, en particular desde el asesinato del dirigente del partido Liberal, Jorge Eliecer Gaitán, en 1948. Aunque como estrategia contrainsurgente empezó desde las primeras luces de los años cincuenta, cuando los campesinos de los llanos orientales y de otras zonas del país se empezaron a organizar para pedir tierras y algunas reformas. Colombia tuvo la primera escuela contrainsurgente de América Latina, en 1959. Y las FARC y el ELN nacieron en 1964…

 

AM. Los diálogos que se están llevando en Cuba, entre la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano, parecen haber logrado acuerdos en algunos puntos importantes. Sin embargo ya son muchos los muertos y las detenciones ilegales en lo que va desde los comienzos de este proceso, entre los luchadores sociales y los integrantes de la Marcha Patriótica. ¿Puede ser una estrategia del poder para cansar a la oposición y entre tanto tomar tiempo? ¿Cuánto tendrá que esperar el pueblo colombiano para vivir en paz y con justicia social?

HCO. Por donde se metan las organizaciones populares, sindicales, campesinas o la Marcha Patriótica, siempre serán judicializados o asesinados algunos de sus dirigentes y militantes. No te olvides de: «Asusta a uno y asustarás a cien. Mata a uno y asustarás a mil».

Lo que pasa es que una porción del pueblo colombiano tiene una capacidad de resistencia y de lucha increíbles. ¡No deja de asombrarme! Me quito el sombrero un millón de veces ante aquellos que siguen luchando allá. En nuestro país, donde nos acostumbraron a convivir con la muerte, el asesinato y la represión. Donde a un dirigente sindical o campesino, hombre o mujer, negro o indio, no se le saluda como es lo habitual: «¿cómo amaneció?», si no «¿cómo?, ¿¡amaneció!?»

¿Cuánto tendrá que esperar el pueblo colombiano para vivir dentro de una real democracia, sin miedos a ser asesinado por balas o por hambre? Cuando la mayoría se una y lo exija, en las ciudades y campos. Ya es hora de que cese esta terrible noche tan larga, y que «la libertad sublime derrame las auroras», como dice el himno nacional. Y esto puede llegar en cualquier momento. Todas las condiciones están dadas.

 

(*) Annalisa Melandri es periodista independiente y activista por la defensa de los derechos humanos – www.annalisamelandri.it

 

NOTAS

1. Las principales guerrillas en ese momento eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); Ejercito de Liberación Nacional (ELN); Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento 19 de Abril (M-19) y Autodefensa Obrera (ADO).

2. Memorias del Ministerio de Guerra, Ignacio Rengifo , 1927 . Citado en Renán Vega Cantor: Colombia entre la Democracia y el Imperio . Editorial El Búho, Bogotá, 1989.

3. Hernando Calvo Ospina. Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. Ed. Foca. Madrid, 2008. 

 

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