La campaña de PAH-Valencia que reivindicaba el indulto a la pobreza ha surtido efecto, de manera que no entrara en prisión una familia en riesgo de exclusión social formada por una pareja de 45 y 48 años y su hija de 18, esta con un bebé de apenas diez días. La iniciativa en las redes […]
La campaña de PAH-Valencia que reivindicaba el indulto a la pobreza ha surtido efecto, de manera que no entrara en prisión una familia en riesgo de exclusión social formada por una pareja de 45 y 48 años y su hija de 18, esta con un bebé de apenas diez días. La iniciativa en las redes sociales, la movilización en la calle y los contactos con los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia han rendido fruto, y las tres personas afectadas no ingresarán en la cárcel de Picassent tras la denuncia de Iberdrola por «engancharse» a la luz, al carecer esta familia de recursos para abonar las facturas. El hecho decisivo ha sido la donación por parte de dos personas anónimas de los 1.339,5 euros de deuda acumulada con la compañía eléctrica. Realizada la aportación económica, el juez ha dado marcha atrás a la orden de ingreso en prisión. Portavoces de la PAH dieron ayer la noticia, durante una concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en la que participaron un centenar de personas. Se trataba, para evitar que ocurran casos como el de estos tres vecinos del barrio del Cabanyal, de pedir a los partidos políticos del consistorio el apoyo a la propuesta legislativa de la PAH por una vivienda digna. La convocatoria fue realizada por el conjunto de plataformas antidesahucios del estado español.
Una sentencia del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia condenaba el cinco de mayo de 2015 a MBG, AFF y AMF a la pena de cuatro meses de multa con una cuota de cuatro euros diarios (un total de 1.440 euros), por un delito de «defraudación de fluido eléctrico» tipificado en el artículo 255 del Código Penal. Además, los acusados tendrían que indemnizar -conjunta y solidariamente- a Iberdrola con 1.339,5 euros más los intereses. Al no satisfacerse estas cantidades, el Juzgado de lo Penal número 14 emitió la orden de ingreso en prisión -dos meses, en concepto de responsabilidad civil subsidiaria- que debería producirse el próximo cinco de abril. Pero la presión de la PAH y la aparición de los dos donantes hizo que el juez revocara esta orden, informa Luis Vargas, portavoz del colectivo antidesahucios en Valencia. «Además el juez estudia una posible rebaja de la multa», subraya el activista.
En 2016 Iberdrola alcanzó unos beneficios netos de 2.705 millones de euros, un 11,7% superiores a los de 2015. El presidente y consejero delegado de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, percibió una suma de 9,35 millones de euros el pasado año, y entre el consejo de Iberdrola se repartieron en 2016 unas retribuciones de 14,5 millones de euros. Estas cifras astronómicas contrastan con los datos del estudio «Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética», que cada dos años presenta la Asociación de Ciencias Ambientales. Según el informe de abril de 2016 (con datos de 2014), un 11,5% de los hogares en España -5,1 millones de personas- se declaran «incapaces» de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. La media europea se sitúa en el 10%. Tal vez uno de los porcentajes más llamativos del estudio sea el del incremento -del 22% respecto a 2012- de hogares afectados en el estado español. Uno de los ejemplos más difundidos se produjo en noviembre de 2016, cuando una anciana de 81 años vecina de Reus murió por un incendio en su vivienda, al caer una vela en el colchón en el que dormía. A la mujer, que vivía sola, le había cortado el suministro eléctrico Gas Natural dos meses antes.
El caso denunciado ayer en Valencia es sólo «la punta del ‘iceberg'», resalta Luis Vargas. Tres consignas en las redes sociales difundieron la causa de los tres vecinos del Cabanyal: «#Iberdrola Culpable», «»Cárcel por engancharse a la luz?» e «#Indulto a la pobreza». Otro ejemplo es el de María Encina Cabarco, de 67 años, quien permaneció cerca de dos años sin pagar los recibos de la luz y el agua. Explica sus circunstancias: con una pensión de viudedad de 600 euros vivían tres personas, entre ellas su hijo mayor, de 42 años, en tratamiento por una enfermedad psíquica. «Vivía gracias al Banco de los Alimentos». Tenía que afrontar una cuota hipotecaria de 300 euros con Caja Murcia, gracias a la cual adquirió una vivienda en el barrio valenciano de Orriols. El pasado 25 de enero recibió una carta de Iberdrola en la que la empresa le comunicaba que procedía a denunciarla en el juzgado de guardia, a menos que regularizara su situación. María Encina Cabarco afirma que le reclaman 6.000 euros de multa por «engancharse» a la luz. «Ahora ya puedo pagar las facturas de la luz y el agua, quiero darme de alta; pero me han dicho que no es posible si antes no pago la sanción y 240 euros de recibos pendientes», declara en la concentración de la Plaza del Ayuntamiento. Sin poder pagar la hipoteca, tiene mañana cita con la trabajadora de los Servicios Sociales y le asesora la PAH, que ha remitido escritos con su caso a los técnicos del consistorio valenciano.
Otro drama es el de Amparo Martínez, de 68 años. «He estado pagando los recibos de la luz y el agua, aunque para hacerlo haya dejado de comer», explica. Al final no ha podido con la factura hídrica, de modo que ha entrado en la lista de deudores. «Me han avisado de que van a cortarme el agua». Vive sola, con su hijo de 46 años hoy en desempleo. Sólo tiene para sobrevivir, ella y su vástago, los 369 euros de la pensión no contributiva. Amparo Martínez padece la enfermedad de Crohn (inflamación crónica en los intestinos), pero hace dos años todavía trabajaba cuidando enfermos «y hoy también lo haría, si me llamaran». Para intentar salir del pozo, recibe el apoyo de la PAH y solicita ayuda en los Servicios Sociales. Las deudas se agrandan; de hecho, ya no puede afrontar la hipoteca de 800 euros mensuales con el Banco Sabadell.
Entre las cinco propuestas que vertebran la iniciativa legislativa de la PAH figuran los «suministros básicos garantizados»: que toda familia tenga acceso a agua, luz y gas, que se agregan a la dación en pago retroactiva, un alquiler asequible, la paralización de los desahucios y las viviendas sociales para realojar a las familias en pisos vacíos de la banca. Asimismo, la plataforma colabora con la Alianza contra la Pobreza Energética. En el punto de mira de la campaña, se denuncian flagrantes contradicciones. Mientras las grandes eléctricas alcanzaron unos beneficios de 5.010 millones de euros en 2015, más de 650.000 hogares padecieron cortes de luz. En el primer quinquenio de crisis, entre 2008 y 2013, el precio de la energía eléctrica para el consumo doméstico aumentó un 60%. En muchas ocasiones se han reiterado los ejemplos de «puertas giratorias». No sólo políticos del PP y el PSOE -Ángel Acebes, Manuel Marín y Braulio Medel (consejero del ejecutivo de Chaves en Andalucía)- en Iberdrola; también en Gas Natural (Felipe González y Narcís Serra), Endesa (Rodolfo Martín Villa, Luis de Guindos, Pedro Solbes, Elena Salgado y José María Aznar) o Red Eléctrica de España (José Folgado, Ángeles Amador y Miguel Boyer).
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