“¡Por una vivienda digna!”, reivindicaba el cartel de la convocatoria, el 15 de junio, a una concentración ante el Centre de Serveis Socials del Ayuntamiento de Valencia (en el distrito de La Zaidía), convocada por la familia de una persona mayor en situación muy vulnerable, y respaldada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Valencia.
La persona afectada, enferma de diabetes, acaba de cumplir 60 años, cuenta con un certificado de discapacidad (grado del 53%), no dispone de una vivienda -desde hace tres años malvive en un trastero de apenas 9 metros cuadrados-, por el que paga un alquiler; sin las condiciones de salubridad elementales, percibe actualmente una prestación de 677 euros al mes.
“Directora de los Servicios Sociales: ¡Un trastero no es un hogar!”, interpelaba el anuncio de la movilización; a la concentración asistió un grupo de 30 activistas, algunos con las camisetas de Stop desnonaments y Sí es pot, PAH. Estuvieron presentes las cámaras de televisión, y la presencia policial fue (aparentemente) escasa.
Tras reunirse con la responsable de Servicios Sociales, uno de los portavoces de la PAH, José Luis González, informo de que no se alcanzó un acuerdo; “le hemos dicho (a la directora) que no han de establecerse diferencias por la prioridad de los casos, todos lo son; consideramos que el de este vecino es de emergencia habitacional, casi una situación de calle”.
En consecuencia, añadió el activista, “entendemos que Servicios Sociales ha de valorar sus circunstancias como de extrema necesidad; nos dicen que aplican criterios profesionales, pero nosotros discrepamos de las conclusiones”.
La Plataforma explicó el 15 de junio, en su cuenta de Twitter, que corresponde a los Servicios Sociales determinar la necesidad de una vivienda; y que ésta se adjudique -con carácter “de urgencia”- a quienes lo necesiten; la adjudicación corresponde a la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) de la Generalitat.
Una de las claves, afirman los activistas, es la falta de un parque público de viviendas; según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, el parque de vivienda social en el estado español es del 2,5% sobre el total de viviendas; en Europa, la media se sitúa en el 9,3% (en Países Bajos representa el 30%, el 24% en Austria y el 21% en Dinamarca).
El informe La vivienda como derecho. Realidad o ficción,de Comisiones Obreras-País Valenciano (mayo 2021), destacaba que las viviendas públicas “cubrían solamente a un 0,7% de hogares en nuestro territorio”, lo que muestra la “insuficiencia” de la vivienda social en el País Valenciano.
Los grupos antidesahucios han anunciado movilizaciones, ante situaciones como el fin -el próximo 30 de junio- del denominado escudo social (éste incluye la regulación gubernamental de “determinadas protecciones a aquellos colectivos que por su vulnerabilidad puedan ser objeto de desahucio”).
A ello se agregan las cifras publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los lanzamientos o desahucios, durante el primer trimestre de 2023 en el estado español: 6.579, de los que el 74% están relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 20% por las ejecuciones hipotecarias.
El País Valenciano se sitúa como tercera autonomía en lanzamientos por procedimientos derivados de la LAU (675 entre enero y marzo), tras Cataluña y Andalucía; y la segunda en desahucios por ejecuciones hipotecarias (304), por detrás de Andalucía y por delante de Cataluña y Madrid.
El 21 de marzo la PAH-Valencia informó, en una rueda de prensa, del inicio de una campaña contra el “acoso inmobiliario” por parte de los “grandes tenedores” de Vivienda; tuvo lugar en la sede del Servicio Territorial de Vivienda de la Generalitat (el Decreto Ley 3/2023 aprobado por el Gobierno Valenciano el 17 de febrero establece sanciones a los supuestos de acoso inmobiliario).
El informe Estado y tendencias del build to rent en España, publicado en 2021 por Atlas Real State, señalaba que el 4,2% del stock residencial en alquiler estaba -a finales de 2020- en manos de 40 entidades financieras y propietarios institucionales; el listado de propietarios, que apuntaba la cifra de 109.868 viviendas, estaba encabezado por Caixabank (25.000), seguido por Testa Residencial (20.000); Albirana Properties (9.976); SAREB o banco malo (9.583) y Lazora (7.000).
Una semana después de presentar la iniciativa contra el acoso, la PAH convocó a la paralización de un desahucio en el municipio de Xirivella (30.300 habitantes, Valencia): “María, sus tres hijos y abuela tienen que quedarse”; la familia fue finalmente desalojada. A primeros de abril los activistas lograron paralizar el desahucio de un ciudadano -Henry- en Valencia, instado por la inmobiliaria Promontoria Coliseum (fondo buitre estadounidense Cerberus).
Y
el 19 de abril, en el contexto de la campaña estatal contra Cerberus,
reivindicaron -en una oficina del BBVA– que Divarian Inmobiliaria
renovara el contrato de María Luz, vecina de Xirivella; de este modo, se suceden
los anuncios y acciones contra los desahucios.
Una de las últimas convocatorias, el 19 de junio, en la calle Pare Ignasi Casany del municipio de Massanassa, tiene como objetivo frenar un desalojo instado por Promontoria Coliseum y Divarian. “Paremos el desahucio de Abdelkarim y Rahma”, difundieron en las redes sociales.
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