La transición democrática La reincorporación de un actor armado a la vida institucional exige ajustes, por lo menos temporales, en el sistema político del país en cuestión. En el Acuerdo Final entre las FARC y el gobierno se estimó que el período de transición durará 8 años, aunque en algunos temas, como en el de […]
La transición democrática
La reincorporación de un actor armado a la vida institucional exige ajustes, por lo menos temporales, en el sistema político del país en cuestión. En el Acuerdo Final entre las FARC y el gobierno se estimó que el período de transición durará 8 años, aunque en algunos temas, como en el de la reforma rural integral, se calculó en 15 años por cuenta de la sostenibilidad fiscal.
Además, en La Habana se acordó que durante dos períodos legislativos (2018- 2022 y 2022-2026) existirán:
- 16 Circunscripciones Especiales de Paz,
- Una representación mínima en el Congreso de la República para el nuevo partido de las FARC (5 senadores y 5 representantes a la Cámara),
- Financiación especial para su funcionamiento, y
- Promoción de sus plataformas programáticas como nueva fuerza política.
Después de este período de transición democrática el nuevo partido jugará con las reglas generales que gobiernan el desarrollo de todos los partidos políticos. Pero antes de esto se van a modificar el régimen y la arquitectura electoral, se va a expedir el Estatuto de la Oposición, las Minorías y los Independientes, y se va a reformar el régimen de partidos políticos.
Además, se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana, se impulsarán medidas para combatir la corrupción, y se buscará ganar una mayor transparencia en los procesos electorales y en el manejo de los recursos públicos.
¿Garantías para todos?
La incursión de un nuevo actor político en el escenario nacional traerá innegables consecuencias que alterarán el ejercicio de la actividad política y electoral de los partidos con presencia en el Congreso. Estos cambios pueden ser imperceptibles para los grandes partidos, pero se harán sentir con fuerza entre los partidos de minorías, de sectores independientes y de la izquierda democrática.
Es claro que el nuevo partido político de las FARC puede lograr la participación electoral de nuevos votantes, pero también es cierto que va a llegar a competir por los votos que hoy acompañan a los sectores de la izquierda democrática. El nuevo partido de las FARC no le va a quitar votos al Centro Democrático o a Cambio Radical, y tal vez tampoco al Partido Liberal o al Partido Conservador, pero con seguridad se los va a quitar al Polo Democrático Alternativo, a los partidos de las minorías étnicas, al partido Alianza Verde e incluso a los sectores independientes.
La reincorporación de un actor armado a la vida institucional exige ajustes, por lo menos temporales, en el sistema político.
Se hace necesario entonces tener claro cuáles pueden ser las consecuencias positivas y negativas que traerá este período de transición democrática para movimientos políticos como el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Verde, el Movimiento MIRA, Opción Ciudadana, el Partido Alianza Social Independiente, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
No tendría sentido que para que ingrese el nuevo partido surgido de la reintegración de las FARC se tenga que sacrificar a los partidos que han estado jugando dentro de las reglas de la democracia y la institucionalidad. Por esto se hace necesario que el gobierno y los representantes de los partidos minoritarios y de la oposición democrática también pacten unas reglas que impidan su desaparición y que operen durante el mismo período de transición democrática.
Los cambios del nuevo Acuerdo
Entre lo pactado en el primer Acuerdo suscrito en La Habana Cuba el 24 de agosto y el nuevo Acuerdo Final de paz firmado el 12 de noviembre, se realizaron 6 cambios o precisiones en la sección dedicada a la «Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz».
1. El Estatuto de la Oposición
El nuevo texto justifica la expedición del Estatuto de la Oposición en «el cumplimiento de la obligación constitucional (artículo 112) de reglamentar íntegramente los derechos de los partidos y movimientos que se declaren en oposición al gobierno». Antes, la expedición de este documento podría entenderse como una conquista o exigencia de las FARC.
2. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
Se mantiene las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz como un acto de reparación a las víctimas del conflicto, quienes ahora elegirán 16 representantes a la Cámara por dos períodos legislativos consecutivos (2018-2022 y 2022-2026).
También se incluye la obligación del gobierno de fortalecer las organizaciones de víctimas con miras a su participación política en estas circunscripciones. Esto constituye un gran reto para las Mesas Municipales de Víctimas y las organizaciones en ellas representadas, que ahora podrán hacer parte del proceso de toma de decisiones.
Adicionalmente, se dejó claro que no solamente no podrán inscribir candidatos en esas circunscripciones los partidos y movimientos con personería jurídica, sino que se impone esta misma restricción al partido de las FARC.
Aun cuando esto ya se había incluido en el primer documento, es necesario resaltar como un acto de reconocimiento y reparación a las comunidades étnicas (indígenas y afrocolombianas) que en el numeral 6.2, denominado «capítulo étnico», se haya incluido que: «Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz -CTEP-, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios». Gracias a esto, en los próximos ocho años se verán sujetos políticos de todas las etnias en los pasillos del Congreso.
3. Garantías para la movilización y la protesta
En el ítem 2.2.2. el gobierno precisó que no se trata de garantizar cualquier tipo de protesta, sino que esta debe ser pacífica y que el Estado debe ajustarse a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta.
El gobierno mantiene su compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos a las movilizaciones, las protestas (incluso los disturbios), pero los limita, al plantear que se deben garantizar también los derechos de los demás ciudadanos.
4. El acceso al sistema político
En el primer Acuerdo se tenía claro que para evitar obstáculos para la consecución y pérdida de la personería jurídica de los partidos, nuevos y viejos, se «eliminará el requisito de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso». En su lugar, se proponía la redefinición de los requisitos para la constitución de partidos, siendo uno de ellos el número de afiliados.
En los próximos ocho años se verán sujetos políticos de todas las etnias en los pasillos del Congreso.
En el nuevo documento, para mantener la personería jurídica se conserva la exigencia de un mínimo número de afiliados. Sin embargo se incluyó la siguiente restricción: «El nuevo régimen conservará los requisitos en materia de votos en las elecciones de Senado y/o Cámara de Representantes por las circunscripciones ordinarias actualmente existentes para la adquisición de la totalidad de los derechos a financiación, acceso a medios y a inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular».
Esta restricción anuló la intención planteada en el primer documento, en desmedro de los intereses de las minorías políticas y de la oposición política. Tampoco es claro por qué, si de lo que se trataba era de brindarle garantías al nuevo movimiento nacido de la desmovilización, en el segundo documento se incorpora a «otros partidos o movimientos que habiendo tenido representación en el Congreso la hubieran perdido». Esto le podría abrir el espacio a más de 60 partidos y movimientos que han tenido representación en el Congreso durante los últimos 25 años.
5. Reforma del régimen electoral
Ambos documentos reconocen la necesidad de realizar una reforma que permita modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, pues el actual dejar serias dudas sobre las garantías para la participación política en igualdad de condiciones.
Esta reforma electoral no puede ser cosmética, sino de carácter estructural, de manera que se reforme el régimen electoral y se rediseñe la arquitectura institucional. Hay que transformar el Consejo Nacional Electoral, que ahora depende de los partidos políticos, en un organismo independiente y transparente, y crear un tribunal electoral independiente y autónomo (ambos separados del poder de la Registraduría Nacional).
Para adelantar esta tarea se propuso una Comisión Electoral Especial, integrada por siete expertos de alto nivel, que luego de un amplio proceso de participación con todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, construyan el más amplio consenso posible en la producción del informe final.
Con este insumo el gobierno nacional hará los ajustes normativos e institucionales necesarios, lo que implica una reforma constitucional y una ley estatutaria que debe ser tramitada en el Congreso. Pero sin la habilitación del trámite legislativo especial será muy difícil que esta esté lista para las elecciones de 2018.
6. Financiación
En el primer documento se establecía que el partido político que surja de la desmovilización y reintegración de las FARC recibiría durante ocho años para su funcionamiento un monto equivalente al 10 por ciento del valor del fondo de financiación de los partidos políticos.
Pero en el segundo documento este apoyo se reduce de manera sustancial, y ahora solo recibirá un monto igual al promedio que reciben hoy los partidos y movimientos con personería jurídica. En esta nueva fórmula, los recursos para el funcionamiento del partido de las FARC no serán tan cuantiosos como los recibidos por los partidos mayoritarios ni tan escasos como los que reciben las minorías, sino una media entre ellos.
También se disminuyó la cantidad de recursos pactados para el posicionamiento de la propuesta política y la plataforma ideológica y programática del nuevo partido. Ahora, por un período de 5 años (2017-2022), tendrán una financiación equivalente al 7 por ciento del monto anual apropiado para el funcionamiento de los demás partidos políticos.
Miguel Antonio Galvis, Veedor nacional del Partido Alianza Social Independiente (ASI).