Las más grandes manifestaciones públicas de los últimos veinte años en Chile se han registrado en este mes de mayo. Sus demandas cuestionan la esencia del modelo económico, social y cultural implantado a sangre y fuego por la dictadura militar y conservado por la Concertación y la derecha. Decenas de miles de personas, en su […]
Las más grandes manifestaciones públicas de los últimos veinte años en Chile se han registrado en este mes de mayo. Sus demandas cuestionan la esencia del modelo económico, social y cultural implantado a sangre y fuego por la dictadura militar y conservado por la Concertación y la derecha. Decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes, en Santiago y las principales ciudades del país han impugnado tanto la privatización de la educación como la entrega de la Patagonia a un consorcio multinacional de la energía eléctrica. Las movilizaciones comenzaron el 13 de mayo y tuvieron un punto culminante el 20 en Santiago, y el 21 en Valparaíso, cuando el presidente de la República leía su Mensaje anual al Congreso. Las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas continuarán.
Por motivos diversos, estas expresiones populares han resultado sorprendentes. En el caso de HidroAysén, por la velocidad entre la convocatoria y la masiva respuesta alcanzada gracias al impacto que ese tema produce en una opinión pública previamente sensibilizada por la defensa del medioambiente. No ha habido en estas manifestaciones una organización vertical, ni jerarquías, ni grupos políticos hegemónicos. Las redes sociales han demostrado una vez más su capacidad de convocatoria en amplios sectores que hoy tienen acceso a esos canales de comunicación. Se trata en su mayoría de jóvenes de sectores medios y altos que, no obstante contar con la protección de los ingresos familiares, experimentan la enorme frustración que produce un modelo económico y social que los condena a graduarse de «cesantes ilustrados» y a cargar con un pesado endeudamiento por su educación. Encuestas efectuadas pocos días después de la primera protesta, muestran que la oposición a HidroAysén es de entre un 70 y 75%. La Iglesia, a través del comité permanente de la Conferencia Episcopal, calificó de «inaceptable» toda decisión en materia energética que se guíe sólo por intereses económicos. Más áspero fue el juicio del New York Times que llamó al gobierno de Chile a proteger la Patagonia y a rechazar el proyecto HidroAysén por los enormes costos que significará al país y al equilibrio medioambiental. Quizás ese periódico no diría lo mismo si Chile optara por las centrales nucleares que ofrecen construir las transnacionales norteamericanas. Pero el hecho es que el gobierno chileno se ve sometido, por su torpeza, a duras críticas de sectores internos y también extranjeros que deberían ser sus más fieles aliados. Vale la pena consignar que tanto HidroAysén como las organizaciones ecologistas internacionales que rechazan el proyecto, han destinado cuantiosos fondos a financiar la publicidad y la movilización de esta batalla medioambientalista que tiene a Chile como escenario.
A la cabeza de las manifestaciones estudiantiles, entre tanto, está la confederación que agrupa a los estudiantes universitarios. La capacidad de convocatoria de la Confech es también insólita, dadas las elevadas cifras de abstención que registran las elecciones estudiantiles. A diferencia de la protesta contra HidroAysén, en este caso se levanta una crítica de fondo al sistema institucional y al modelo económico, social y cultural originado en el régimen dictatorial. Unas y otras protestas, sin embargo, han ido más allá de lo puntual. Se cuestiona al gobierno por su responsabilidad en la aprobación de los proyectos energéticos que favorecen a grandes empresas transnacionales, y por su hipocresía al recurrir a una «institucionalidad ambiental» que oculta la actuación del presidente de la Republica, que nombra directa o indirectamente a casi todos los integrantes de las instancias decisorias. La protesta estudiantil, a su vez, es muy directa, al acusar al modelo que ha convertido la educación en fuente de lucro de consorcios nacionales y extranjeros, y hasta de partidos políticos, incluyendo algunos de la sedicente «izquierda» que adhiere al sistema.
Lo que está pasando en Chile -con características propias de nuestra realidad- se inscribe en un fenómeno universal de cuestionamiento del capitalismo neoliberal. Y este rasgo común tiene gran importancia, porque señala la necesidad de una alternativa al sistema inoperante. En España miles de personas reclaman contra el Estado y repudian a los partidos que no consiguen detener el desempleo. El estruendoso fracaso electoral del PSOE ha sido la primera consecuencia política de la «indignación» que canaliza el M-15 ciudadano. En Grecia, sumida en la crisis financiera, las manifestaciones populares de trabajadores y estudiantes han conmocionado a Europa. En otras naciones, el descontento se expresa en plebiscitos que repudian al FMI. La situación de España, Italia y Grecia mantiene en vilo la economía europea cuyo desplome lo evitan las multimillonarias transfusiones de recursos del FMI y de la Unión Europea. La protesta social ha aparecido también en EE.UU., llegando al riñón del imperio. Más de diez mil profesores y estudiantes de Nueva York cercaron Wall Street, exigiendo que los bancos y los ricos paguen los costos de una crisis que ellos mismos desataron. Por otra parte, lo que ocurre en los países árabes con las movilizaciones ciudadanas puede cambiar el curso de la historia de esa región, si termina con los regímenes corruptos y las monarquías feudales protegidas hasta ahora por EE.UU.
Lo que sucede en Chile se inscribe en esa ola mundial que quiere sacudirse de la explotación y el abuso capitalista. El fenómeno es auspicioso y estimulante. Vigoriza un cuerpo social adormecido por la economía de mercado y pone en marcha nuevas iniciativas que miran hacia la construcción de una alternativa democrática, solidaria y participativa. La movilización social, sin embargo, necesita crear un eje orientador que le permita subsistir al desgaste que sufre esta forma de lucha, y renovar sus demandas y liderazgos. Neutralizar a la represión, que sigue siendo el instrumento privilegiado para contener la protesta social, es también un asunto de primera importancia. El rechazo a los partidos políticos que expresan sobre todo las manifestaciones contra HidroAysén, debe ser motivo de preocupación especial. El «apoliticismo» ha sido un arma tradicional de la derecha. Los partidos ciertamente se han ganado su desprestigio y deben respetar la autonomía de las organizaciones sociales. Y éstas (así como los movimientos que las agrupan) tienen que asumir que la política, como fuente de reflexión y acción colectivas, proporciona visiones globales y orientaciones que hacen posible el cambio social. Buscar entendimientos y plataformas comunes resulta urgente para fundir lo social y político. El objetivo es construir una alternativa al capitalismo salvaje. Para nosotros se llama socialismo. Socialismo del siglo XXI, democrático y participativo, bien distinto de las experiencias fracasadas del siglo pasado.
(Editorial de «Punto Final» edición Nº 734, 27 de mayo, 2011)
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