Si el problema de la tierra ha sido un detonador del conflicto, igualmente puede ser un gran obstáculo para materializar la paz.
«Para alcanzar la paz hay que aflojar la tierra»
Darío Fajardo M.
Ningún otro sector como el campesino ha sufrido tan directamente el conflicto social y armado colombiano. Al haber sido considerado un obstáculo para los planes económicos de la burguesía y las transnacionales, este sector ha soportado décadas de violencia política, económica y acciones armadas orquestadas y dirigidas desde el establecimiento contra la población rural.
Aunque algunos estudiosos de la violencia en Colombia pretendan periodizar el conflicto, señalando además causas diferentes en cada uno, lo cierto es que existe una línea continua de tiempo y causas que van más atrás incluso del lapso de cincuenta años que algunos mencionan.
Igual diversidad encontramos frente al carácter y las causas; algunos de ellos solo le reconocen el carácter de conflicto armado y ubican sus causas en razones ideológicas de origen externo. Pero la verdad es que al plantearse la génesis del conflicto no se puede desconocer como una de ellas la problemática agraria, ni se puede dividir el conflicto por etapas en tiempos diferentes y con causalidades distintas.
Sin ser exagerados, podríamos incluso ubicar su origen en la concepción santanderista de la República y el Estado, adoptada por los partidos Liberal y Conservador creados 18 y 19 años después de la muerte del Libertador.
Los santanderistas, acogidos a las tesis del inglés John Locke de que «la propiedad es anterior a la sociedad y al Estado», reconocen poder político solo a los propietarios, excluyendo de él a las mayorías desposeídas de los bienes materiales. Concepción que entró en choque con la doctrina social del Libertador en temas como la propiedad, los alcances de la gesta libertadora y el tipo de sistema político que debería guiar los destinos de las naciones recién liberadas y las repúblicas recién constituidas.
Ha sido esta concepción excluyente el caldo de cultivo de todas las guerras que ha padecido nuestro suelo patrio y es la burguesía, que se eternizó en el poder impidiendo de forma violenta la participación de cualquier otro sector, la responsable de que el conflicto no sólo no se haya superado sino que se mantenga en el tiempo.
Dos aspectos muy importantes de los actuales diálogos deben ser tenidos en cuenta para valorar la problemática de la violencia: el primero, los resultados de la Comisión de la Verdad Histórica, que ubica el problema agrario como una de las principales causas; el segundo, los acuerdos parciales que se alcanzaron en la discusión del primer punto.
Ambos deben servir para entender y superar las razones objetivas del largo conflicto social armado que hemos vivido y que aspiramos superar con los acuerdos que se firmen en La Habana.
Ese es nuestro querer y el de la mayoría de los colombianos; sin embargo debemos ser conscientes de que quienes se oponen y siempre se han opuesto a un proceso de paz temen que un pacto entre los colombianos para superar tantas décadas de violencia arrebate los privilegios de los señores de la tierra que han sido a la vez los señores de la guerra.
La firma de un acuerdo de paz, quizás, no los haga retroceder en sus pretensiones y como es su costumbre utilicen el poder que tienen tanto institucional como parainstitucional para impedir la concreción de lo acordado, particularmente en materia agraria.
¿Está el gobierno dispuesto a enfrentarlos tanto política como judicialmente? Esta debe ser desde nosotros una pregunta obligada y un deber del Gobierno responderla. Pues si el problema de la tierra ha sido un detonador del conflicto, igualmente puede ser un gran obstáculo para materializar la paz.
Los campesinos debemos estar conscientes de que la firma de un acuerdo de paz es una gran oportunidad y un gran reto; prepararnos para aprovecharla y enfrentar las dificultades que puedan surgir es una necesidad como lo es, conocer y difundir el contenido de lo preacordado hasta el momento con el objetivo de acrecentar el respaldo a los diálogos y a la convocatoria de una asamblea nacional constituyente.