La paz en Colombia en grave retroceso

Fuentes: Equal Times

A estas alturas es evidente que hay élites políticas y económicas en Colombia que se resisten a cerrar el conflicto armado interno que ya lleva abierto más de 53 años, y todo ello con el objeto de preservar los intereses representados por el ultraderechista Álvaro Uribe Vélez, presidente por dos periodos (2002-2006 y 2006-2010) y […]

A estas alturas es evidente que hay élites políticas y económicas en Colombia que se resisten a cerrar el conflicto armado interno que ya lleva abierto más de 53 años, y todo ello con el objeto de preservar los intereses representados por el ultraderechista Álvaro Uribe Vélez, presidente por dos periodos (2002-2006 y 2006-2010) y quien mantiene las riendas del poder, si bien a la sombra, en el gobierno presidido por Iván Duque (este desde agosto de 2018). Esas élites, y en especial Uribe, temen a la justicia y no quieren que se conozca la verdad de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos durante su presidencia.

La violencia política es sistemática y afecta el ejercicio de la libertad sindical e impide que los trabajadores y trabajadoras en Colombia puedan ejercer la defensa de sus derechos de manera libre y democrática, porque el Estado no ofrece las garantías necesarias. En este sentido, varios de sus funcionarios auspician una política de estigmatización y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) dedicó muchos esfuerzos para convencer a nivel internacional sobre los progresos alcanzados en el proceso. Tanto es así que en muchas organizaciones internacionales persiste el convencimiento de que Colombia es un «caso en progreso». Nada más alejado de la realidad.

Colombia ocupa el puesto 143 de 163 naciones en el Índice de paz global 2019, que mide el estado de la paz en tres ámbitos temáticos: el grado de seguridad y protección social, el grado de conflictos internos e internacionales activos y el grado de militarización.

De acuerdo con el tercer informe (de abril de 2019) relativo al Estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz de Colombia 2 años de implementación, elaborado por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EEUU): apenas avanza en un 2% el cumplimiento de la reforma rural y acceso a la tierra; en el punto de participación pública solo se ha cumplido el 13%; en el tema de los compromisos en relación a las drogas y la sustitución de cultivos ilícitos, se reporta solo un 2% de avance. El punto relacionado con los derechos de las víctimas avanza en apenas un 11% y el tema relativo al fin del conflicto avanza en un 45%, explicado por la desmovilización y reincorporación de los excombatientes. En resumen, las FARC han cumplido en mayor grado su compromiso, mientras el Estado colombiano, representado por su gobierno, no está cumpliendo el acuerdo de paz.

El mismo secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, en su Informe (2019) ante el Consejo de Seguridad, expresó su llamado «al Gobierno, al Congreso y a todas las entidades para que adopten rápidamente medidas para asegurar que la Ley Estatutaria se promulgue lo antes posible, de conformidad con el Acuerdo de Paz». Dijo también que «la JEP [la Jurisdicción Especial para la Paz] es la principal garante de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición». Mientras tanto, el gobierno de Duque objetó durante meses la Ley Reglamentaria de la JEP y ha venido obstruyendo el funcionamiento de la justicia para evitar que se investiguen los hechos ocurridos durante el conflicto armado, se esclarezcan las responsabilidades y se establezcan las sanciones.

El gobierno le teme a la justicia y la verdad, puesto que quiere proteger a su jefe político, Álvaro Uribe, y a los aliados locales que son los presuntos responsables de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, usurpación de tierras a campesinos, asesinatos a personas protegidas como los líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.

La tendencia de la disminución de los asesinatos entre 2015 y 2017 se truncó con la llegada del gobierno de Iván Duque. Desde 2018 aumentó el número de asesinatos de líderes sindicales y sociales, defensores de derechos humanos así como de excombatientes de las FARC.

En este sentido, y según datos de la Escuela Nacional Sindical de Colombia, un total de 702 personas de los sectores sindical, social y de derechos humanos, además de excombatientes de las FARC (constituyendo estos últimos 135 de ese total) fueron asesinados. Esta cifra global incluye igualmente a 73 sindicalistas (desde la firma del acuerdo, en noviembre de 2016).

Según el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en 2018 las masacres aumentaron en 164% en comparación con el año anterior. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, el número de víctimas por desplazamiento forzado aumentó en un 90% y el número de víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos se triplicó desde 2018.

Un colega sindicalista que estaba presente en una reunión en la sede de la OCDE en París, escuchó a un diputado europeo preguntar «por qué continúan los asesinatos si ya se firmó la paz con la insurgencia guerrillera». Quienes conocen Colombia saben que los sanguinarios y derechosos paramilitares continúan actuando con total impunidad, amenazando y asesinando a quienes se atrevan a querer relaciones más democráticas en el país. Por ejemplo, un grupo paramilitar amenaza con matar a dirigentes sindicales por considerarlos «guerrilleros disfrazados de trabajadores» que quieren imponer el socialismo en el país. Dieron un plazo de 48 horas para que quienes están amenazados salgan del lugar o «atenerse a las consecuencias». Varios colegas sindicalistas siguen recibiendo amenazas de muerte.

Las justificaciones oficiales, como la del ministro de Defensa de Colombia -Guillermo Botero-, en relación al asesinato del exguerrillero Dimar Torres reflejan el desprecio hacia la inteligencia del común.

Peor aún, la política de seguridad de Duque está generando la intensificación del conflicto armado, la reactivación de los grupos paramilitares con la complicidad de las autoridades, lo que pone en grave riesgo los derechos humanos, la paz y la vida. Datos no faltan -para muestra los enlaces que he ofrecido en los párrafos precedentes-; cualquiera que se tome el tiempo y la molestia de leer todas las actualizaciones, llegará a esta misma conclusión.

Por tanto, es urgente que pongamos bajo la lupa el proceso de paz en Colombia que, en los últimos dos años no ha tenido progresos sino retrocesos. Cuanto más temprano nos demos cuenta de eso y actuemos en consecuencia, mejor le irá a todo el mundo, especialmente a Colombia.

Hay que presionar fuertemente al gobierno de Duque para que el país tome medidas para detener los asesinatos de los dirigentes sindicales, sociales, activistas de derechos humanos y excombatientes; para que se respete y apoye a las instituciones del sistema de justicia transicional (JEP, CEV) para que haya verdad, justicia y reparación; para mantener la presencia de la Comisión de Verificación del Consejo de Seguridad de la ONU y ampliar las acciones de cooperación con las comunidades y territorios. Finalmente, y no menos importante, hay que hacer exigible el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano, incluyendo los laborales.

*Este artículo se publicó originalmente en Equal Times, puedes leerlo aquí