Organizaciones sociales del Estado español y del exilio colombiano apoyan el Congreso para la Paz en Colombia, que comenzó este 18 de abril en Bogotá, presentando allí sus propuestas al proceso de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano. Exigen a la UE y al Gobierno español un apoyo público a las negociaciones de […]
Organizaciones sociales del Estado español y del exilio colombiano apoyan el Congreso para la Paz en Colombia, que comenzó este 18 de abril en Bogotá, presentando allí sus propuestas al proceso de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano. Exigen a la UE y al Gobierno español un apoyo público a las negociaciones de paz.
Artistas, investigadores, representantes políticos y activistas de organizaciones sociales del Estado español participan en el Congreso Nacional para la Paz que se realiza entre el 18 y 22 de abril en la Universidad Nacional y al que asistirán unas 20.000 personas de comunidades rurales y urbanas de las diferentes regiones del país.
A pesar de los mensajes del Gobierno colombiano, español y de la Unión Europea (UE) que «la situación en Colombia está mejorando», se observa el recrudecimiento de la guerra, bombardeos a comunidades campesinas, amenazas y hostigamiento a la oposición y defensores de los DDHH, detenciones arbitrarias, muerte de presos políticos por falta de asistencia médica, así como la continuidad de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano y sus grupos paramilitares.
Por ello resulta fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional al Congreso para la Paz con el fin de informar y llevar la voz de las víctimas de la guerra y violencia estructural en Colombia al mundo.
El pasado 9 de abril más de un millón de personas manifestaron en Bogotá no sólo su clamor para poner fin a 60 años de conflicto social, político y armado, bajo el lema «por la paz, justicia y en defensa de lo público», sino reclamaron su derecho a «construir paz para una vida digna». El Congreso para la Paz será un paso muy importante en este proceso de la construcción de propuestas de los sectores populares y civiles de cara a las negociaciones de paz, así como para alcanzar las condiciones de una paz integral con justicia social.
La Plataforma Estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, que participa en este congreso, expresa su solidaridad con el clamor de paz del pueblo colombiano y sus organizaciones. «Respaldamos solidariamente los esfuerzos unitarios de los sectores populares de Colombia que convergen en la Ruta Social Común para la Paz, reconociendo en ese espacio la expresión soberana de las mayorías sociales de la sociedad colombiana que luchan por la paz con justicia social, democracia real, vida y trabajos dignos, por la igualdad de género, por salud y educación pública y gratuita, por el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, la no mercantilización de los bienes comunes y los derechos a la memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición», exclaman en el llamado internacional en apoyo al Congreso Nacional para la Paz en Colombia.
La delegación del Estado español trae a este congreso también las recomendaciones de los colectivos que en los distintos territorios del Estado español trabajan en pro de la paz con justicia social en Colombia, así como exiliados y refugiados colombianos y miembros del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado en Colombia-Capítulo español, quienes se dieron cita en el municipio de Rivas Vaciamadrid el pasado 12 y 13 de abril para poner en común propuestas para la paz con las que contribuir a la Mesa de Diálogos de La Habana y al Congreso para la Paz convocado por las organizaciones sociales y movimientos populares que convergen en la Ruta Social Común para la Paz.
Una de las reclamaciones más enfáticas del Encuentro Estatal por la Paz es el rechazo de la impunidad. «Es imprescindible el desmantelamiento del paramilitarismo, que como estrategia terrorista del Estado Colombiano constituye un grave obstáculo al proceso de Paz. Así mismo es necesaria la depuración de las Fuerzas Armadas», señala el documento de conclusiones.
«El proceso de Paz no puede permitir la impunidad de las violaciones a los DDHH. Experiencias como las de España y el modelo de transición aplicado en El Salvador y Guatemala para la firma de acuerdos de paz, han demostrado que la reconciliación no es posible sin verdad, justicia y reparación integral», añaden.
Los participantes en el Congreso para la Paz denuncian también la connivencia de la UE y de los respectivos gobiernos de España con los crímenes de Estado en Colombia, funcionales a los intereses comerciales y económicos de las empresas transnacionales asentadas en el país andino.
Por ello exigen la «no ratificación y no implementación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia por constituir un claro obstáculo para la paz». El Tratado de Libre Comercio legitimará y posiblemente exacerbará las violaciones de los derechos humanos en Colombia, acentuará las enormes desigualdades existentes, incrementará el lavado de dinero, del narcotráfico y de la elusión fiscal o la evasión de impuestos, «dificultando la consecución de un acuerdo negociado de superación del conflicto social y armado, así como el control efectivo del comercio internacional de armas que perpetúa los conflictos y causa desplazamiento», denuncian en su documento que también entregarán a las partes negociadoras en La Habana.
Asimismo demandan de la UE y el Gobierno español «un apoyo público al proceso de paz en Colombia, acompañándolo, facilitándolo y dando seguimiento a los eventuales acuerdos».
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