Cuando el viejo Raymundo era un peón «joven y bello» -como él mismo dice-, hacía honor a su apellido enclavando herrajes en los caballos del «patrón»… allá, en los arrebolados Llanos Orientales. Sabanas, potros, esteros y ocasos que no volverían jamás a acariciar sus ojos, luego que parte de su familia fuera asesinada por bandas […]
Cuando el viejo Raymundo era un peón «joven y bello» -como él mismo dice-, hacía honor a su apellido enclavando herrajes en los caballos del «patrón»… allá, en los arrebolados Llanos Orientales.
Sabanas, potros, esteros y ocasos que no volverían jamás a acariciar sus ojos, luego que parte de su familia fuera asesinada por bandas al servicio del régimen conservador y tuviera que iniciar una larga trashumancia a lomos de su encabritado terror.
Ahora, 56 años después y tras tres décadas de arrancarle el pan al monótono oficio de zapatero, sus sueños, como su pecho ahuecado, se visten con algo menos que jirones.
Hace varios meses, mientras le observaba empecinarse en hallarle remedio a ése zapato izquierdo que me ha sido fiel durante el último par de años, un agonizante televisor en blanco y negro transmitía la siguiente noticia: «se ha instalado la mesa de negociaciones de paz del gobierno con los paramilitares en Santa Fe de Ralito (Córdoba)… aún se desconoce la agenda a tratar por las partes…»
Don Raymundo, venciendo la joroba, levantó el ojeroso rostro y escrutando durante un instante los estertores de la pantalla, lanzó un puchero de septuagenario que acompañó con unas cuantas palabrotas y una frase que, mucho después, todavía retumba en mi cabeza…
Y no era para menos.
Las actuales negociaciones con los paramilitares, que se pretenden de paz como si dichos grupos se hubieran levantado contra el Estado y no, como ocurrió, del lado de él en su confrontación con la insurgencia, devienen un momento crucial en la historia colombiana. No precisamente porque de ellas se derive un mejor futuro para el país, sino por ser en esencia la mampara tras la cual se pretende legitimar la readecuación de fuerzas de la ultraderecha colombiana. Un sector que históricamente ha carecido de recato a la hora de emplear bandas armadas con tal de preservar y defender sus intereses.
EL AYER
El paramilitarismo, lo señala acertadamente el ex comisionado para la paz Daniel García Peña, «forma parte de una vieja tradición de las elites nacionales de acallar a sus opositores con el uso de la fuerza, como ocurrió con los «pájaros» de los años de la violencia, para no ir más atrás» (2).
Precisamente a consecuencia de la barbarie de la década del 50 y la subsiguiente represión a todo anhelo popular, se originó un abigarrado movimiento insurgente en el que, entre otros, se destacaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC (1964), el Ejercito de Liberación Nacional ELN (1965) y el Movimiento 19 de Abril M-19 (1972); este último ya desmovilizado.
Con fuertes basamentos campesinos, dichas organizaciones (especialmente las FARC) dirigieron su accionar no sólo contra los órganos armados del Estado, sino también contra los grandes terratenientes, ganaderos, comerciantes y «caciques» políticos de ambos partidos.
Así las cosas, quienes siempre habían detentado el monopolio de la fuerza y el poder político-económico en los campos y ciudades, vieron cómo la violencia guerrillera amenazaba sus intereses, privilegios y vidas, derrumbando con ello la tranquilidad de su señorío.
El contraataque no se hizo esperar. Hacia finales de los 70 comenzó a coligarse en la vasta región conocida como Magdalena Medio, toda una serie de factores que darían origen, hacia 1982, a la actual versión del paramilitarismo.
Dichos elementos fueron: primero, la belicosidad de las amenazadas oligarquías locales y regionales; en segundo lugar, la inconformidad de parte de la población campesina agotada con no pocos abusos cometidos por la insurgencia que se decía defenderla; y, tercero, y quizás sea el aspecto más importante, el acoplamiento de ése hastío con los dictámenes, políticas y estrategias contrainsurgentes enmarcadas en la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual, halló en el gobierno del liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982) a su más tenebroso defensor.
De esta manera, el paramilitarismo «contemporáneo» nació en el seno de los grandes propietarios y políticos del Magdalena Medio y lejos de ser un problema de expresión local, encontró eco y apoyo inmediato en la derecha colombiana.
En un momento de gran efervescencia social, de lucha por el derecho a la tierra y las garantías democráticas, de un clamor generalizado por pan, trabajo, salud, educación y futuro, el paramilitarismo fue el instrumento idóneo del establecimiento para acallar las luchas sociales enarboladas tanto por la insurgencia, como por todos aquellos que buscaban un espacio de participación política en medio del monolítico y excluyente sistema bipartidista (liberal-conservador). Asimismo, ha sido el agente fundamental de la violencia estatal como «mecanismo de regulación» del capital y el «control social en Colombia» (3), la cual, halla su razón de ser gracias a los apetitos de la oligarquía local y los intereses transnacionales insertos en el modelo neoliberal.
Al ser una maquinaria para defender los privilegios de una minoría y, paralelamente, refrenar el descontento social, gozó desde su comienzo con la anuencia, apoyo logístico y humano de las fuerzas militares.
Encargada del orden público en el Magdalena Medio y territorios circunvecinos, desde 1983 la XIV Brigada del ejército desencadenó con los paramilitares una ola de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, etc., que hicieron de campesinos, profesores, líderes comunales y obreros, sus principales víctimas.
Es en ése contexto cuando (1985) el narcotráfico penetró y se acopló perfectamente al proyecto paramilitar dando, así, el soporte económico que aquella avanzada requería con urgencia.
En cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, «el mexicano», los narcotraficantes vieron en el Magdalena Medio el lugar perfecto para reinvertir (monstruosas haciendas ganaderas, comercios, fincas de recreo, zoológicos, laboratorios para la elaboración de cocaína, etc.) las ganancias dejadas por el negocio de la droga.
La presencia del narcotráfico no implicó un dilema moral para quienes ya amparaban el paramilitarismo. De hecho, de no ser por aquél, la extrema derecha armada no tendría el poder destructor que hoy le caracteriza.
Los grandes propietarios tradicionales (muy ligados al funcionamiento político del sistema) y los narcotraficantes, compartían una necesidad táctica inmediata: defender y ampliar sus haberes. De ahí la connivencia entre estos dos sectores. Consubstancialmente, les unía al Estado la necesidad estratégica de aferrar el poder político y económico, frente a los crecientes movimientos populares y una subversión cuyo horizonte, ayer como ahora, era precisamente acceder al poder. Por tal motivo el Estado, abanderado por las Fuerzas Militares, respaldó la colusión narcotráfico-paramilitares (4) en el esfuerzo mutuo de arrasar (dentro del contexto internacional de la «Operación Cóndor») (5) con cualquier proyecto democrático alternativo como lo fue, valga recordarlo, la Unión Patriótica (UP), a quienes les torturaron, desaparecieron y asesinaron miles de sus líderes y militantes, y cuya campaña de exterminio, aún hoy, continúa con total impunidad.
En la segunda mitad de la década del 80, esas fuerzas oscuras decidieron tomar una actitud más ofensiva frente a todo lo que consideraban su Némesis.
Para el fortalecimiento cualitativo se hicieron con los servicios de mercenarios provenientes, entre otros países, del Reino Unido, Sudáfrica e Israel; siendo el más célebre el ex teniente coronel del ejército israelí, Yair Klein (6).
No obstante, la cruenta guerra que declarara el Cartel de Medellín contra la nación colombiana, haría que al interior del narcoparamilitarismo surgieran profundas divisiones; muchas producto de las desavenencias entre los propios mafiosos. Carlos Castaño, p.ej., quien con el tiempo se convertiría en el líder máximo de las AUC, integró la cúpula de un grupo denominado los «PEPES» (Perseguidos por Pablo Escobar) que jugó un papel fundamental en la caza y caída del capo de capos en 1993 (7).
Cuando las AUC se constituyeron en abril de 1997, ya había transcurrido casi dos décadas de terror paramilitar. Bajo la égida de Carlos Castaño, dicha organización consolidó su expansión a todo el territorio nacional desplazando, de muchos lugares, a la guerrilla.
Huelga resaltar que la metástasis del narcoparamilitarismo siguió contando con el concurso jurídico del Estado en la medida que este legitimó (1994-1995) las Cooperativas de Seguridad Rural -CONVIVIR-; organizaciones creadas para que en algunas zonas del país la población civil «[realizara] labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea antiguerrillera» (8).
Las CONVIVIR, nacidas gracias al denuedo del por entonces (1995) ministro de Defensa Fernando Botero Zea (9), tuvieron el denodado, irrestricto e inimitable respaldo del actual presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.
La década del 90 culminó con un evidente esfuerzo político-militar de parte del Estado por derrotar a algunos sectores del narcotráfico pero, al mismo tiempo, carente de todo propósito por hacer lo mismo con el paramilitarismo.
EL PRESENTE
Las negociaciones de paz entre el narcoparamilitarismo y el gobierno sólo podrían sucederse en un mandato como el de Álvaro Uribe Vélez. Un poder que es conquistado gracias a tres factores decisivos: el desencanto causado por los fracasados diálogos de paz entre el Estado y la guerrilla (1998-2002) durante la presidencia de Andrés Pastrana; el apoyo con que contó Uribe para su elección por parte del narcoparamilitarismo; y la fabulosa apisonadora orwelliana que son los medios de «comunicación» colombianos que hicieron del oscuro Uribe Vélez una caricatura de Cristo redivivo.
A diferencia de las anteriores negociaciones con la guerrilla, la actual con los paramilitares se caracteriza por el secreto que la cobija. De hecho, el mundo desconoce qué se está tratando allí al tiempo que se dice (desde el Estado) ser representada la nación por miembros de una «sociedad civil» completamente ajena a las voluntades populares.
Pero quizás lo más aberrante de dichos diálogos sea el pretender legitimar política, social y económicamente, a la más feroz de las organizaciones gestoras del holocausto colombiano y responsable, por sólo mencionar algunos de sus crímenes, de la mayoría de las 1969 masacres ocurridas en los últimos 10 años, y de casi todo el desplazamiento forzado (3 millones y medio de personas) generado en el lapso que va de 1985 al 2003.
Vergonzoso desde cualquier punto de vista cuando (a pesar del enmascaramiento) se sabe que las AUC son, en realidad, no sólo el brazo armado de la ultraderecha, sino también la organización militar de los señores de la droga.
Empero, el gobierno de Uribe, salvo los aspavientos mediáticos de rigor, continúa la comedia. Se colige que la impunidad que siempre ha rodeado el accionar de estos grupos y sus patrocinadores, alcanzará dimensiones colosales; de hecho, en la última semana de septiembre, se dieron a conocer unas grabaciones secretas de las conversaciones sostenidas entre el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y la cúpula paramilitar, que inequívocamente respaldan lo afirmado. En ellas, los colombianos escuchamos estupefactos cómo Restrepo, a nombre de Uribe, le anticipaba a la comandancia de las AUC que el presidente usaría su «facultad discrecional» para evitar la extradición hacia EUA de algunos de los dirigentes narcoparamilitares y, lo que es peor, que en Colombia se adelantaría un simulacro de justicia que impediría que los genocidas fueran juzgados por la Corte Penal Internacional (10). Estas revelaciones se suman a pronunciamientos similares hechos con anterioridad por el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega (ex presidente de FENALCO) (11).
Al día de hoy, a pesar de que la extradición de Salvatore Mancuso (cdte. gral. de los paramilitares tras el supuesto asesinato de Carlos Castaño a principios del 2004) (12) ya fue «firmada» por Uribe en un acto de enmascaramiento frente a la opinión pública internacional. El presidente hizo público que dicho procedimiento no se ejecutaría si Mancuso seguía dando muestras de su voluntad de paz. El jefe paramilitar respondió de inmediato desmovilizándose y lanzando al viento lacrimosos discursos pidiendo perdón.
¿Y quiénes integran la jefatura y el equipo negociador de las AUC?; veamos: además de Mancuso; Diego Murillo Bejarano, amigo de Carlos Castaño y otrora subalterno del «narco» Fernando Galeano quien fuera descuartizado por Pablo Escobar en la prisión «La Catedral» (VII 1992) (13); Rodrigo Tovar Pupo; Ramón María Isaza; Víctor Rafael Triana, quien perteneciera a la estructura del extinto narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha; Julián Bolívar; Ramiro Vanoy; Iván Roberto Duque; Víctor Manuel Mejía Múnera y Francisco Zuluaga Lindo, entre otros.
Miguel Arroyabe, uno de los comandantes negociadores, cayó asesinado el pasado 19 de septiembre en un contexto de disputas al interior del paramilitarismo que nos hacen recordar la «noche de los cuchillos largos» de la Alemania Nazi (14).
Todos estos personajes son reconocidos narcotraficantes y han sido pedidos en extradición por el gobierno norteamericano.
En el caso de Mejía Múnera y Zuluaga Lindo, son dos de los más importantes jefes del Cartel del Norte del Valle, el cual libra una vendetta contra narcotraficantes rivales en la ciudad de Cali. Mejía Múnera, además, le pagó unos 800.000 USD a Vicente Castaño (hermano de Carlos Castaño y también requerido por EUA) para hacerse al control paramilitar de la región del Arauca, limítrofe con Venezuela, y sus cultivos de coca (15).
Los vínculos de los paramilitares con el Cartel del Norte del Valle son tan estrechos, que el coronel Óscar Naranjo, director de la DIJIN (Dirección de Investigaciones Judiciales de la Policía), denunció que en febrero del 2003 Carlos Castaño se reunió en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca) con Luis Hernando Gómez Bustamante (otro extraditable) (16), quien fuera capturado en Cuba tratando de ingresar ilegalmente a la isla el pasado 8-9 de julio.
Bustamante había logrado burlar a las autoridades colombianas a pesar de que su jefe de seguridad y también narcotraficante, Mauricio Ríos Quintero, ya había sido apresado no hacía mucho….. Ríos Quintero es hermano del mayor de la Policía Francisco Ríos Quintero, quien hasta hace poco fungiera como jefe de seguridad del controvertido fiscal general de la nación Luis Camilo Osorio.
El mayor Ríos Quintero, al parecer a raíz de todos estos sucesos, se «cayó pa’rriba» y fue llamado a curso de ascenso para teniente coronel (17).
EL FUTURO
En Colombia, en manos del gobierno Uribe, el mundo es testigo de uno de los espectáculos de impunidad más vergonzosos de la historia humana. Y desde el punto de vista de los implicados es comprensible y necesario: al narcoparamilitarismo urge inventarle una legitimación y salida política pues existe una deuda, del establecimiento, con él. No importa que, ¡típico absurdo colombiano!, para alcanzar dicho propósito recurra últimamente a criticar las mismas cosas que dice combatir la guerrilla (18).
La legitimación política traería como valor agregado atenuar (si los hay) los castigos para sus responsables. Además, por más extinciones de dominio que se hicieran, no pocas de las conquistas económicas alcanzadas producto de la guerra y el narcotráfico «podrían salvarse» con lo cual, de facto, habría también una legitimación del botín de guerra (19).
En el caso de Uribe los réditos serían altísimos. Por una parte devolvería el favor al narcoparamilitarismo pues cuando aquél fue candidato a la presidencia, recibió el respaldo público y operativo de Castaño y el por entonces segundo al mando de las AUC, Salvatore Mancuso (20). No obstante, el premio mayor sería indudablemente la publicidad favorable (y la manipulación de la opinión pública) generada por una eventual firma de paz; justo en el momento en que la maquinaria uribista luego de una feroz, corrupta e inmoral batalla para desvirtuar la Constitución de 1991, logró modificar a su antojo el sustrato jurídico-constitucional que le imposibilitaba aspirar a la reelección presidencial para el cuatrienio 2006-2010.
Desde la perspectiva y necesidades estadounidenses, el fin positivo de las negociaciones les beneficia en la medida que podrán consolidar inversiones en zonas de explotación de recursos naturales altamente estratégicos (21) y limpias ya de cualquier foco de resistencia social gracias a la ayuda recibida de los narcoparamilitares, de los mercenarios y tropas especiales norteamericanas acantonadas en el país, y del Plan Colombia.
Sólo en esa dirección podrá comprenderse, por ejemplo, el asesinato (17/IX/2004) de 6 militares y una ingeniera venezolanos en territorio limítrofe de aquél país con el departamento colombiano de Arauca. En efecto, la masacre cometida por los paramilitares y que el gobierno trata aún de imputar a las FARC, hace parte de un complejo plan de movilización conjunta de tropas estatales y paraestatales (con asesoría norteamericana), hacia los más de 2000 kilómetros de línea fronteriza con Venezuela. El propósito de tal posicionamiento para-militar, es doble: por un lado, «resguardar» los intereses norteamericanos del lado colombiano de la frontera de cara a los proyectos de prospección petrolera que el gobierno del presidente Hugo Chávez adelanta en su zona limítrofe (22) y, por el otro, concentrar estratégicamente allí un número importante de tropas regulares e irregulares que, como otrora lo hiciera la contra nicaragüense asentada en territorio hondureño y costarricense, sea lanzada de lleno a mediano plazo contra la Revolución Bolivariana (23).
Por otra parte, hay que recordar que para EUA la extrema derecha armada ha sido un aliado utilísimo en términos geopolíticos y que dicho gobierno no abandonará a quienes desde ella han actuado a su servicio (24). No deberíamos extrañarnos, entonces, si desde el norte se revocaran selectivamente algunas ordenes de extradición que pesan sobre varios de los líderes del paramilitarismo por temor a que su cúpula, tan asociada en su momento con Pablo Escobar y las agencias de inteligencia norteamericanas, aportara valiosos datos extemporáneos en torno a la guerra sucia en Centroamérica… y, todo será, pero luego de tan fastuoso funeral no hay que perturbarle el sueño a Mr. Ronald Reagan.
Tal decisión sería, indudablemente, recibida con satisfacción no sólo por la extrema derecha sino también por muchísimos de los grandes industriales, políticos, ganaderos, comerciantes, militares, agentes transnacionales, jerarcas de la Iglesia y demás «colombianos de bien», recelosos de que ante una inevitable extradición los jefes paramilitares desnuden y revelen cifras y nombres de quienes les han patrocinado.
Entretanto, ¿quién habla en nombre de las víctimas?, ¿de los torturados?, ¿de los campesinos desposeídos por el paramilitarismo y sus protectores?, ¿de los descuartizados?, ¿de los niños y niñas decapitados?, ¿de los desaparecidos?, ¿de los desplazados internos?
Hasta el momento nada se dice de resarcir a las víctimas y sus familias, de responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo colombiano. De borrar algo del dolor con un poco de justicia. En intentar reconstruir un futuro para aquellos que ni volviendo a nacer (no aquí, ni ahora) lo tendrían.
Esto no cuenta en las negociaciones de paz; apenas los intereses oscuros del gobierno Uribe, las necesidades estratégicas de los norteamericanos, y el cínico propósito de los narcoparamilitares y sus gestores de que todo siga igual.
Por eso y a la luz del cinismo y la velocidad de los acontecimientos, muchos colombianos, como el viejo Raymundo al hablar de dichas negociaciones, no dejaremos de decir con ese mordaz humor nuestro: «¡qué vaaaa pariente!, todo eso es asunto de familia».
NOTAS Y FUENTES:
1. Este ensayo es una versión más extensa y actualizada del artículo titulado «Asuntos de familia», publicado en Le Monde Diplomatique. Edición Cono Sur. Buenos Aires. Año IV, número 65. Noviembre 2004. pp: 14-15.
2. Los 22 años del «hijo de Herman Monster». En: El Tiempo. Bogotá. 4/VII/2004. Sec: 1. pp: 2,3.
«Los Pájaros» y «la Chulavita» son dos nombres con los que se conocieron algunos de los grupos de filiación conservadora que, con asesoría o apoyo del aparato militar, desataron una cruenta represión contra las clases más humildes luego de la «insurrección» popular por el asesinato (9/IV/1948) del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. El enfrentamiento entre los dos partidos en el contexto del magnicidio, dio origen a lo que se denomina como «la violencia» (1948-1958), la cual, segó la vida de 300.000 colombianos.
3. Ver: Sarmiento Anzola, Libardo. Gasto militar, control social y violencia en Colombia. En: Le Monde Diplomatique. Edición Colombia. Bogotá. Año III, número 29. Noviembre 2004. p: 19.
4. El protagonismo del Estado como gestor de los paramilitares es tan evidente, que en una entrevista el jefe «para» Iván Roberto Duque dijo: «Las armas que nos llegaron (…) venían con el sello oficial del Estado. Y ahora dirán que el papá no va a responder por el muchachito. Les va a tocar a ellos [el Estado] ver qué hacen con el hijo de Herman Monster que criaron». Ver: Op. cit. No. 2.
Además, el paramilitarismo contó con el apoyo de poderosos gremios económicos: la Federación de Ganaderos (FEDEGAN), Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), etc. Ver: Medina Gallego, Carlos. Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia. Editorial Documentos Periodísticos. Bogotá. 1990. pp: 390-391.
5. Cepeda, Manuel. La experiencia colombiana y el «Plan Cóndor». En la introducción al libro: Mashkin, Valentin. «Operación Cóndor». Su rastro sangriento. Bogotá. Editorial Colombia Nueva Ltda. c/1987. pp: I-XI.
6. Klein fue contratado (1988) por «el mexicano» y la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio -ACDEGAM-. Ésta la había fundado el pionero del paramilitarismo, Pablo Emilio Guarín, quien a su vez era uno de los subalternos políticos del por entonces ministro de Gobierno Jaime Castro (ex alcalde mayor de Bogotá y ex candidato, para el mismo cargo, en la contienda electoral del 2003).
Uno de los alumnos avezados de Klein cuando impartiera clases en las «escuelas de sicarios» del Magdalena Medio, fue Carlos Castaño Gil. Castaño, hasta hace poco jefe nominal de los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-), había previamente recibido entrenamiento militar en Israel.
Klein también hizo parte del heteróclito grupo de mercenarios que asesoraron a la contra nicaragüense y dada su conexión con las fuerzas armadas israelíes y el Cartel de Medellín, no hay que descartar que sea una de las piezas sueltas del «Irangate». En abril del 2000, fue «liberado» de una cárcel en Sierra Leona luego de estar involucrado en el saqueo de diamantes y en atizar la barbarie en dicho país y su vecina Liberia.
7. Fidel Castaño, hermano de Carlos Castaño y jefe de los poderosos paramilitares de los departamentos de Antioquia y Córdoba (asesinado por la guerrilla en 1994), era amigo, socio y colaborador de Pablo Escobar. No obstante, entre Carlos Castaño y Escobar se declaró una guerra secreta (ignorada por Fidel Castaño) luego que «Don Pablo» tratara de asesinar al menor de los Castaño a finales de 1991.
La muerte de Escobar no implicó para nada que los paramilitares rompieran sus nexos con el narcotráfico. De hecho, no pocos de sus dirigentes actuales hicieron parte del Cartel de Medellín y Cali o integran el activo Cartel del Norte del Valle.
8. Rueda, María Isabel. Convivir en blanco y negro. En: Semana. Bogotá. No. 800. 1/IX/1997. pp: 32-37.
9. Botero Zea es hijo del famoso pintor y escultor colombiano Fernando Botero. Aquél, siendo jefe de campaña del ex presidente Ernesto Samper, fue uno de los encargados de «aceitar» la entrada de miles de millones de pesos a dicho esfuerzo provenientes del Cartel de Cali.
10. En un movimiento bien calculado, Uribe se aseguró previamente de que el Estatuto de Roma no sea aplicable para Colombia durante los próximos siete años y, así, dar tiempo a que la justicia nacional invalide con sus «sentencias» la jurisdicción que la CPI tiene sobre los criminales de las AUC.
11. Pretelt manifestó que los paramilitares relacionados con el narcotráfico deberán pagar este delito aunque «no obligatoriamente en un recinto penitenciario». Sin comentarios. Ver: «Todos los grupos ilegales han sido tocados por el narcotráfico». En: El Tiempo. Bogotá. 11/VII/2004. Sec: 1; p: 13.
12. La «muerte» de Castaño, supuestamente a manos de paramilitares enemigos, parece ser un elaborado montaje que pretende salvaguardar de la extradición y de los tribunales internacionales, a uno de los mayores asesinos de la historia contemporánea. La farsa cuenta con el apoyo del gobierno en la medida que ha servido como caja de resonancia de la mentira, no ha hecho nada para investigar el suceso, y ha puesto al servicio de allegados al criminal la logística para encubrir el asunto.
13. Ver: Aranguren Molina, Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Editorial Oveja Negra. Bogotá. 2001. p: 146.
14. Más detalles en: Espinoza, Fermín. Una «nacht der langen messer» a la colombiana. En: Rebelión. Red Eurosur. Edición digital. 7/X/2004. http://www.rebelion.org/noticia. php?id=5755
15. Ver: Dos gallos tapados en Ralito. En: El Tiempo. Bogotá. 4/VII/2004. Sec: 1; pp: 1, 2.; y de la edición digital del mismo diario (1/VII/2004) ¿Quiénes son los 20 jefes paramilitares que se concentran en Santa Fe de Ralito?.
16. Entrevista concedida por Naranjo al programa periodístico «Primera Línea» (RCN T.V. 12/VII/2004; 23:30 horas de Colombia.
17. Carta comprometedora. En: Semana. Bogotá. No. 1148. 3-10/V/2004. pp: 60-61.
18. Durante la comparecencia ante el Congreso (28/VII/2004) al que fueron invitados por el gobierno, el discurso de uno de esos criminales, Iván Roberto Duque, se caracterizó por un vacío ideológico hilarante.
Usurpando las motivaciones de la izquierda y tratando de darle un cariz político a su organización, dicho personaje manifestó que las AUC estaban en contra del neoliberalismo, de la exclusión social, del desplazamiento de campesinos, de la concentración de tierras, etc.
19. En poder de los paramilitares se encuentran 6 millones de las mejores hectáreas de tierras cultivables del país (casi dos veces el tamaño de Bélgica) y 4 mil millones de dólares en cuentas internacionales.
20. Elecciones signadas por las denuncias (negadas por el Estado) que señalaban la «presencia» de casi 4 millones de muertos listos para el fraude electoral. Ver: BBC Radio. Emisión en castellano del 5/III/2002; 22:00 horas de Colombia.
Durante la campaña, los medios hicieron hasta lo imposible (con relativo éxito) para que la opinión pública desconociera la médula de una entrevista hecha a Uribe por el prestigioso semanario norteamericano NEWSWEEK («I Have Been Honorable»; An Interview with Colombian Presidential Candidate Álvaro Uribe Vélez. Edición internacional, Nueva York. 25/III/2002. p: 50; reportero: Joseph Contreras), que revelaba tanto los nexos con el narcotráfico de allegados al por entonces candidato, como las relaciones (circunstanciales según él) del mismo con Pablo Escobar.
Otro de los esfuerzos de ocultamiento se encaminó a evitar que los colombianos redescubrieran que años atrás (1987), en el libro «Los jinetes de la cocaína» (Editorial Documentos Periodísticos. Bogotá. p: 72), el periodista Fabio Castillo había revelado que el padre de Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra, había sido un connotado narcotraficante. Tampoco se hizo público que el actual presidente tiene estrechos vínculos familiares con el «Clan Ochoa», famosos cabecillas del Cartel de Medellín.
21. Además de la frontera con Venezuela, las zonas de: Chocó, en límites con Panamá; el Putumayo, fronteriza con Ecuador y Perú; y el Amazonas, colindante con Brasil y Perú. Todas, con incalculables riquezas bióticas y energéticas.
22. La Occidental Petroleum Company, una de las principales compañías gestoras y patrocinadoras del Plan Colombia cuando se debatía en el congreso norteamericano, explota el pozo petrolero de «Caño Limón» (en Arauca, justo sobre la línea limítrofe con Venezuela) y controla el oleoducto que transporta el crudo hasta la costa caribe colombiana. Por si fuera poco, la compañía Harken Energy, de la que el presidente George W. Bush es uno de sus principales accionistas, tiene también intereses petrolíferos en la región oriental de Colombia.
23. En efecto, así como hasta ahora la colusíon Estado-paramilitarismo ha servido a intereses internos de contrainsurgencia y violencia social, dicha sociedad viene trabajando mancomunadamente desde hace algún tiempo en la desestabilización de Venezuela. Tal propósito se lleva a cabo infiltrando considerables fuerzas paramilitares en territorio venezolano con el objetivo expreso de asesinar al presidente Chávez y, por otra parte, creando una matriz de opinión chovinista que se articula con la peregrina idea de que el país vecino es una amenaza militar para Colombia. El ex ministro Juan Manuel Santos, miembro de la familia propietaria de la Casa Editorial El Tiempo, es el principal adalid de este componente de la estrategia antibolivariana.
24. Carlos Castaño, p. ej., colaboró personalmente con la DEA y la CIA durante la persecución de Pablo Escobar. Los vínculos son tan fuertes que si bien de labios para afuera el gobierno norteamericano le expide orden de extradición por narcotráfico, le ayuda al mismo tiempo (según medios israelíes) a que después de ser «asesinado» huya hacia Israel. La esposa de Castaño, tal como lo confirmó en octubre el embajador William Wood, fue trasladada clandestinamente a EUA (18/IV/2004) en una operación especial coordinada por las agencias norteamericanas y el gobierno colombiano. Allí se le ha acogido como «refugiada».