No es posible que el gobierno continúe agitando las banderas de la paz sin que esté brindando soluciones reales a los problemas agrarios colombianos, a la concentración de la tierra y a la necesidad de establecer un modelo de desarrollo rural incluyente. Y mucho menos que no esté brindando garantías reales para las organizaciones sociales […]
No es posible que el gobierno continúe agitando las banderas de la paz sin que esté brindando soluciones reales a los problemas agrarios colombianos, a la concentración de la tierra y a la necesidad de establecer un modelo de desarrollo rural incluyente. Y mucho menos que no esté brindando garantías reales para las organizaciones sociales y populares que se están movilizando en búsqueda de cambios.
La semana pasada se reanudó la negociación entre el gobierno y la MIA (Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo). Sin avances concretos, y tras varios meses de esfuerzo y discusión, en los cuales las organizaciones agrarias han presentado un pliego de exigencias y documentos desarrollando sus propuestas sin recibir respuestas ni verdaderos gestos de voluntad política por parte del gobierno que den luces por lo menos para llegar a acuerdos. Esta negociación no ha llegado a ningún acuerdo sustancial, y contrariamente está dilatando la posibilidad de dar soluciones a problemas que involucran la crisis humanitaria, la falta de tierras campesinos, indígenas y afrodescendientes, las zonas de reserva campesina, los cultivos de coca, marihuana y amapola, y demás temas respecto a los cuales la MIA ha actuado propositivamente.
Por colocar otro ejemplo, la semana pasada se desarrolló la XII Asamblea Nacional de Dignidad Cafetera, en cuya declaración se evidencia un cumplimiento muy pobre de los acuerdos por parte del gobierno. Por un lado aún hay pendientes pagos del PIC (Programa de Protección del Ingreso Cafetero) y no se avizora el pago para este año. Por otro lado, el gobierno se comprometió a radicar un proyecto de ley para la condonación de deudas a diciembre de 2013, el cual ya fue radicado y aprobado por el Congreso, pero aun no se ha reglamentado, por lo cual no se ha aplicado. Estos y otros asuntos están motivando a convocar a un nuevo paro cafetero para el 28 de abril.
En general, el establecimiento de distintas mesas de negociación y los resultados insipientes están llevando nuevamente a gestar los cambios sociales en las calles y en la movilización, pero ahora en unidad. El gobierno continúa impulsando el pacto agrario el cual representa los intereses privados de empresarios y multinacionales del sector agropecuario. Y se está haciendo el sordo frente a la posibilidad de reformular el modelo de desarrollo agrario de la mano con los pequeños productores, campesinos, indígenas y afrodescendientes. Aunque sean las organizaciones agrarias quienes conocen las problemáticas rurales que los aquejan y los llamados a decirle al gobierno que las atienda de manera integral. Por eso la importancia de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, proceso que requiere todo nuestro apoyo y atención, porque representa la unidad del movimiento agrario, en la cual convergen la mayoría de las organizaciones de este sector con miras a que en un solo pliego se consignen de manera estructural todas sus peticiones y a tomar medidas y acciones que nos permitirán avanzar con pasos cada vez más agigantados hacia una realidad más justa en nuestros campos, y hacia la paz construida con democracia e igualdad.
(*) Hernando Hernández Tapasco es Representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena
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