El vacío de poder genera fragmentación. Tras la salida del Sexto Frente de las FARC del Norte del Cauca las comunidades viven escenas de violencia que parecían olvidadas en un contexto volátil donde los incumplimientos del Estado atizan las economías ilegales. El 17 de enero unos hombres armados plantaron un retén en las […]
El vacío de poder genera fragmentación. Tras la salida del Sexto Frente de las FARC del Norte del Cauca las comunidades viven escenas de violencia que parecían olvidadas en un contexto volátil donde los incumplimientos del Estado atizan las economías ilegales.
El 17 de enero unos hombres armados plantaron un retén en las afueras de Corinto, al norte del departamento del Cauca, allí se robaron un furgón cargado de cerveza que condujeron por trochas montaña adentro. Este robo pasó desapercibido en la prensa local pero no era un hecho menor: se sumaba a la seguidilla de asaltos, asesinatos, emboscadas, amenazas y retenes que suceden en la región desde mediados de 2017, cuando empezaron a aparecer pintadas las paredes de Toribío, Caloto, Miranda y Corinto con letreros que dicen «ELN» en unos casos, «Sexto Frente – Comando Conjunto» o «EPL» en otros casos. Ni el ELN (Ejército de Liberación Nacional), ni el EPL (Ejército Popular de Liberación) han sostenido presencia en esta zona del país en tiempos recientes, por eso la gente asegura que se trata de antiguos combatientes y milicianos de las FARC que no comulgaron o se decepcionaron con el proceso de paz y ahora se disputan entre ellos el control de los cultivos de marihuana.
Uno de esos grupos incendió dos buses de transporte público sobre la vía que va de Corinto a Caloto entre diciembre y enero. Meses antes, otro comando armado emboscó una patrulla de la Policía y asesinó a tres uniformados en jurisdicción de Miranda.
La misma semana del robo del furgón la mayoría de comerciantes de Corinto, sin distinguir entre grandes o pequeños, ricos o modestos, habían recibido boletas de citación para presentarse en distintas veredas de la parte alta de la cordillera, principalmente en un corregimiento llamado El Jagual, que limita con el municipio vecino de Caloto. El propósito de las citaciones no era otro sino coordinar el pago de extorsiones con alguno de los tres bandos que se pelean el dominio del norte del Cauca desde que el Sexto Frente de las FARC y la columna móvil Jacobo Arenas abandonaran estas montañas, donde mantuvieron por décadas un control casi absoluto.
«Hay una tensa calma», le dijo a Colombia Plural el alcalde de Corinto, Eduard García, durante una visita a la zona en la última semana de enero. «No hemos tenido ningún homicidio, todo mundo creía que este era el municipio donde más homicidios iba a haber porque tenemos la tasa más alta del departamento. Los dos últimos dos años hubo una cierta calma: ya no tenemos las mismas acciones, los hostigamientos, los tatucos, los enfrentamientos, ahora tenemos muertes producto del narcotráfico: desde 2015 hasta 2017 todo ha sido producto del narcotráfico».
Una vez las FARC salieron del territorio se generó un vacío de poder que el Estado no quiso o no fue capaz de llenar. Eladio de Jesús Correa, alias ‘Ramoncito’, quien es subordinado de la Oficina de Envigado, intentó monopolizar el mercado de la marihuana y mandó matar a mucha gente ligada al negocio que no aceptaba sus órdenes. Estas muertes mostraban por lo general el mismo sello: fueron atentados cometidos por sicarios desde motos con alto cilindraje utilizando armas medianas como subametralladoras y miniuzis. Los últimos dos casos se presentaron justamente a finales de 2017, a pesar de que Ramoncito ya había sido capturado en Medellín.
Luego, muchos combatientes del Sexto Frente de las FARC que se concentraron en la Zona Veredal de Monterredondo, en el municipio de Miranda, más pronto que tarde se desencantaron del proceso de paz y buscaron la forma de armarse otra vez. «En Miranda terminaron muy pocos, unos veinte o treinta nada más, y todos los demás se replegaron porque el Gobierno les incumplió», afirma el alcalde Eduard García. «Todo mundo busca su supervivencia. Muchos guerrilleros y milicianos de las Zonas Veredales de Monterredondo, de Caldono, incluso de Buenos Aires, están aquí en Corinto, espero que no estén delinquiendo, pero no sabemos», concluye el alcalde.
Durante una visita a la Zona Veredal de Buenos Aires en septiembre de 2017 Colombia Plural confirmó que el Gobierno ni siquiera había terminado las obras básicas de infraestructura, por lo tanto, los antiguos combatientes seguían durmiendo con plásticos tendidos bajo el monte. Los comandantes de las FARC han argumentado que ellos ya no tienen ningún mando efectivo sobre las que fueron sus tropas y que el deber del Gobierno es garantizar la seguridad, los proyectos productivos, las tierras y demás componentes del proceso de reincorporación a la vida civil.
Un líder indígena de la región que por su trabajo debe recorrer las comunidades más apartadas de la cordillera le contó a Colombia Plural que buena parte de los guerrilleros volvieron a la montaña y ahora operan a la deriva en tres facciones distintas: unos se hacen llamar EPL, otros se denominan ELN -a pesar de que el Comando Central de dicha guerrilla ha negado varias veces cualquier relación con ellos-, y finalmente hay un grupo de milicianos que sigue firmando con las siglas FARC. Al frente de estos grupos estarían tres mandos medios del antiguo Sexto Frente: Mordisco, El Burro y Giovanny, cada uno anda cobrando por su lado el conocido impuesto al gramaje que pagan compradores y cultivadores de coca y marihuana, lo que ya ha causado problemas a los indígenas y campesinos: si le dan plata a un grupo se ganan retaliaciones del bando contrario.
«Cuando los encontramos en la montaña no sabemos con quién estamos hablando, porque no tienen una estructura centralizada», asegura un miembro del Cabildo Indígena de Corinto. Además agrega que a lo largo de 2017 la comunidad vio hombres desenterrando caletas con armamento. Siempre lo hacían de noche y a escondidas; «se suponía que el Estado iba a tomar el control y a darle opciones a ellos para que se reintegraran. ¿Entonces qué pasó?». La comunidad de indígenas Nasa se reunió en la vereda Carrizales y citó al supuesto EPL para pedir que abandonaran su territorio porque no querían más guerra. Los armados nunca se presentaron. Dos fuentes distintas aseguran que hasta la zona llegaron emisarios del Frente Primero de las FARC, una estructura que no hizo parte del proceso de paz liderada por el comandante Gentil Duarte que actualmente opera entre Meta y Guaviare, ellos tendrían el propósito de reorganizar a los guerrilleros sueltos que han desertado del proceso. Esto coincide con otro hecho aparentemente aislado que ocurrió en el municipio cercano de Silvia: los indígenas Misak detuvieron el año pasado en su resguardo a tres hombres armados que al parecer venían desde el Caquetá y resultaron ser disidentes de las FARC, ninguno era de la región.
La historia de Omar Ipia es célebre en el cañón del río Paila, entre Corinto y Tacueyó. Los indígenas Nasa recuerdan la buena y mala fortuna de aquel hombre, el primero que introdujo la famosa marihuana Creepy o «Cripa» a las montañas del Cauca. Omar Ipia montó unos invernaderos con luces permanentes en su finca del caserío La Cima, las semillas y asesoría provenían de los mafiosos; estos habían importado variedades especiales de marihuana desde Europa y Estados Unidos y enseñaron a los campesinos diversas técnicas de cultivo como la instalación de luces para acelerar el crecimiento, lo que aumenta la productividad. En aquellos años -2000, 2001, 2002-, de las montañas de Corinto salía por lo menos la mitad de la marihuana que se fumaba en el país, pero toda era de las variedades criollas: una que los indígenas llamaban «marihuana negra» y que secaban colgada del techo de los tambos, otra que llamaban «marihuana blanca», también las tradicionales «Punto rojo» y «Santa Martha Golden».
Nadie puede decir a ciencia cierta cuándo empezó a cultivarse marihuana en el norte del Cauca, no obstante los indígenas aseguran que la tradición se remonta por lo menos cuarenta años atrás. Lo que sí se puede decir a ciencia cierta es que el Sexto Frente de las FARC se impuso en los años noventa como el regulador de cuotas de dicho mercado, protegiendo a los cultivadores y cobrando impuestos a los grandes traficantes. Quien llegara a Corinto a comprar marihuana debía hacerlo en unos puntos autorizados, generalmente los lugares de la montaña donde se ubicaban las prensadoras, y allí siempre había alguien de las FARC vigilando y recolectando el impuesto, que variaba según el precio de la libra. Conforme el precio aumentaba mejoraban también las finanzas del Sexto Frente de las FARC, que llegó a ser uno de los más beligerantes de esa guerrilla.
Durante la bonanza marimbera que sobrevino a la aparición de los primeros invernaderos en el año 2001, hubo cultivadores que alcanzaron a vender libras de marihuana Creepy a precios que superaban el millón de pesos. Aquello era una locura: los indígenas y campesinos cortaron sus plataneras y cafetales para sembrar esa nueva variedad milagrosa que crecía tan rápido, que daba cantidades de «moños», y que además se vendía bien. Había personas dedicadas sólo a «desmoñar» cogollos, es decir, a motilar las plantas cosechadas para quitarles tallos y hojas inútiles. En aquella labor podían ganar jornales de cien o ciento cincuenta mil pesos diarios, algo impensable en cualquier otro oficio agrícola. Omar Ipia, el pionero, el hombre que tendió cables y bombillos para que su parcela alumbrara toda la noche, hizo una fortuna con la «Cripa»: los vecinos certifican que alcanzó a cobrar hasta un millón y medio por cada libra; Ipia también revendía semillas a cinco mil pesos cada una y así consiguió dinero, lujos, tierras y se endeudó para ampliar los cultivos hasta que terminó en la ruina con el desplome de precios. Omar Ipia tuvo que volarse del Cauca, donde dejó una colección de enemigos… y de deudas.
Hoy es difícil encontrar en Corinto y Toribío alguien que aún siembre punto rojo, marihuana blanca o morada; cuando oscurece, las montañas resplandecen con cientos de parches luminosos, cada uno de ellos es un cultivo de Creepy, que funciona por lo general gracias a conexiones fraudulentas del alumbrado público. También es difícil encontrar compradores que paguen más de 30.000 o 40.000 pesos por libra de marihuana. Como en Pereira y Medellín el precio puede multiplicarse hasta diez veces, ante la crisis muchos indígenas Nasa de Corinto y Toribío corren el riesgo de viajar con uno o dos kilos para venderlos por su cuenta en las ciudades, por eso en las cárceles de Cali y Popayán hay muchos indígenas procesados por narcotráfico.
«Viene un operativo de mil policías para el Cauca que busca atacar exclusivamente grupos armados residuales», dice el alcalde Eduard García. «Primero van a Tumaco, luego para el Tambo y Argelia, al sur del Cauca, y después para la zona norte». El 20 de enero hubo un consejo de seguridad para analizar la inestabilidad que se vive en el territorio, entre otras cosas se dijo que la segunda semana de febrero empezaría la inscripción de familias en el programa de erradicación voluntaria, un proyecto que resultó de los acuerdos de paz de La Habana y que en teoría iba a solucionar el problema de los cultivos de uso ilícito, uno de los pilares del conflicto armado. Sin embargo, la sustitución de cultivos sólo ha sufrido un tropiezo tras otro en todo el país por la misma inoperancia del Estado que incumple los pactos con los campesinos cultivadores. Sólo en el norte del Cauca se estima que el sustento de 4.000 familias depende directamente de la coca y de la marihuana, en ese sentido el peor escenario serían los operativos de erradicación forzada que incrementan la violencia.
«¿Cómo van a plantear un programa donde ni siquiera le han preguntado a la gente?», se pregunta Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena. Varias veces los Nasa han propuesto al Gobierno planes de sustitución de la marihuana que incluyen inversión estatal para cubrir la deuda histórica del Estado con las comunidades rurales. Los indígenas han realizado tres grandes asambleas donde asistieron miles de comuneros con el propósito de enfrentar el problema y discutir frente a frente con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien fue invitado a la última de ellas en 2016 pero nunca llegó. «En 2005 tuvimos una erradicación fuerte en el corregimiento Los Andes», recuerda Jorge. «Al que tumbaba las matas le daban 5 gallinas, un barretón, un palín y una manguera tan delgada que parecía de enfermería para inyectar pacientes. La gente ya no cree».
El domingo pasado, 11 de febrero, otra vez los encapuchados aparecieron en la carretera para incendiar un bus. Simultáneamente otro comando con una treintena de hombres hostigaba el puesto militar del Ejército ubicado en las afueras de Corinto. La Policía y algunas medios de comunicación atribuyeron todo al ELN, que ha negado y sigue negando cualquier presencia en la zona.
El Ejército afirmó en un comunicado que se trataba de unos disidentes del Sexto Frente en retaliación por una marihuana incautada. El combate duró varias horas, hasta que llegó un avión fantasma, varios helicópteros, refuerzos de tropas y unos policías de civil que repelieron el ataque desde el pueblo con fusil en mano. Los atacantes huyeron hacia la montaña mientras ocurría la respuesta eficaz y contundente del Estado. No obstante, habría que preguntar si esa respuesta eficaz y contundente es la que esperan y necesitan las comunidades. Aquella calma tensa de la que hablaba el alcalde de Corinto hace un mes al final se rompió dejando una certeza: la paz quedó mal hecha, frágil y a punto de reventar.
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