Nos venimos enterando a través de los medios de comunicación que el Gobierno Nacional y algunos sectores políticos del Congreso de la República, sin el concurso de las FARC, vienen adelantando de manera caprichosa, iniciativas dirigidas a aprobar mecanismos legislativos con los que se pretende dar cumplimiento al punto seis del Acuerdo General para la […]
Nos venimos enterando a través de los medios de comunicación que el Gobierno Nacional y algunos sectores políticos del Congreso de la República, sin el concurso de las FARC, vienen adelantando de manera caprichosa, iniciativas dirigidas a aprobar mecanismos legislativos con los que se pretende dar cumplimiento al punto seis del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito por las partes el 26 de agosto de 2012 en la ciudad de La Habana, que trata sobre mecanismos de implementación, verificación y refrendación de lo acordado, o de lo que pudiera eventualmente acordarse.
También se incluiría entre los anteriores mecanismos legislativos, conforme a lo que se habría tratado en una reunión entre el Presidente y el Partido Liberal, lo relativo a la creación de un «Tribunal Especial para Juzgar a las FARC», cuando lo cierto es que el diseño del mecanismo de justicia para el post acuerdo sobre el que actualmente trabajan las partes, no es un mecanismo penal sino un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición ante el que deberán comparecer todos los actores del conflicto -combatientes y no combatientes- sobre los cuales hubiera acusaciones.
Es obvio que tales situaciones contravienen el compromiso de que todos los puntos de la Agenda deben tratarse primeramente en la Mesa de conversaciones.
Queremos manifestarle con toda claridad al pueblo de Colombia, que ninguna de las iniciativas que se lleven a las Cámaras por el Gobierno de forma unilateral, so pretexto del desarrollo del punto seis del Acuerdo General citado, es vinculante para las FARC-EP si previamente no han sido consensuadas en la Mesa de Diálogos, tanto sus contenidos como el método de su tramitación legislativa. Nuestra posición ha sido que implementar los acuerdos de paz requiere un nuevo proceso constituyente. Ello no significa que nos cerremos a utilizar cualquier mecanismo de los actualmente existentes en la Constitución, -incluida la adopción de un Acuerdo Especial tal y como se regulan en las convenciones de Ginebra, que forman parte del Bloque de Constitucionalidad-, que permita darle rango constitucional a los acuerdos adoptados por los plenipotenciarios en La Habana.
No sobra advertir que toda iniciativa por fuera de la Agenda pactada o de los acuerdos ya alcanzados, constituirían la mejor fórmula para echar por la borda, anticipadamente, el trabajo realizado de mutuo acuerdo por ambas partes en la Mesa y la seguridad jurídica que se le pretende garantizar al país y a quienes hoy tratan de dejar atrás el actual conflicto interno.
Si bien algunos consideran -lo afirma el editorialista del diario El Tiempo-, que es mejor tener preparados los arneses por si eventualmente «las bestias vienen en camino», ponemos de presente que «no por mucho madrugar amanece más temprano». Y que somos enemigos de la improvisación y de las supuestas soluciones que desconocen que lo que se debe elevar a norma constitucional, con la correspondiente refrendación popular, es lo acordado en La Habana. Solo así se garantiza la vinculación, participación y decisión del soberano, el pueblo colombiano.
Lo manifestamos claramente y con toda serenidad y respeto: para construir la paz no se puede improvisar; y precisamente por eso, para llevar a buena realización el Acuerdo que denominamos agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, internamente convinimos un riguroso Plan de Trabajo que es el que estamos y debemos continuar desarrollando.
Recordamos además, que el punto 3 Fin del conflicto que se ha abordado en paralelo al de víctimas, tiene aún trascendentales aspectos por tratar.
Nuestra preocupación al oír las propuestas que el Gobierno hace en Bogotá y no en La Habana, es que no se estarían respetando las reglas suscritas frente a Garantes si se realizaran ajustes institucionales sin acuerdo previo. A fecha de hoy y a pesar de nuestras sucesivas reclamaciones, el Gobierno aún no ha expuesto en la Mesa de La Habana cuál es el contenido del paquete legislativo, ya anunciado a la prensa, con el que se dice que se pretende elevar a rango de norma constitucional lo acordado.
De forma coloquial y llana pedimos que no se borre con el codo lo que se viene escribiendo con la mano. Estando la paz tan cerca, ¿para qué la alejamos con actuaciones unilaterales?
Si el Congreso quiere en realidad aportar a la paz debería empeñarse en trasladar a las cámaras fielmente lo acordado por las partes en la Mesa de Conversaciones.