La Justicia ha puesto en vilo los acuerdos de paz. Después de estudiar la demanda interpuesta el año pasado por el senador Iván Duque, ficha clave del uribismo para las próximas elecciones presidenciales, la Corte Constitucional falló a favor de modificar el numeral h del artículo primero del acto legislativo del 17 de julio de […]
La Justicia ha puesto en vilo los acuerdos de paz. Después de estudiar la demanda interpuesta el año pasado por el senador Iván Duque, ficha clave del uribismo para las próximas elecciones presidenciales, la Corte Constitucional falló a favor de modificar el numeral h del artículo primero del acto legislativo del 17 de julio de 2016. El mismo versaba que «los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno nacional». Además, el numeral j del artículo primero que manifiesta, literalmente, «en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación» fue objeto de modificación tras el fallo, quedando fuera del ordenamiento jurídico del método abreviado para implementar los acuerdos -más conocido como ‘Fast Track’-, dando lugar a una previsible dilatación del proceso expedito que inicialmente se había planteado.
Si bien la decisión no tiene carácter retroactivo, los efectos de la votación dan lugar a la alarma, puesto que de la misma se deriva la dificultad de la implementación de los acuerdos y el cumplimiento del paquete de leyes pendientes de discusión, que van a sistematizar temas tan delicados como el Fondo de Tierras para la Paz, la participación política de las comunidades afectadas por el conflicto armado, la sustitución de cultivos ilícitos y la reintegración social de excombatientes de las FARC-EP (Fuaerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército del Pueblo) hoy concentrados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización [1].
Frente a esto, el comandante en jefe Rodrigo Londoño «Timochenko» y el Secretariado de las FARC-EP ya han hecho una declaración en la cual manifiestan su preocupación por la posible ruptura del proceso, señalando a través de su cuenta de Twitter que todas las zonas veredales a las que han llegado los guerrilleros de las FARC-EP entran en asamblea permanente. Por su parte Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC-EP durante el proceso, ha destacado la situación catastrófica que supondría que la Corte también declarara inconstitucional la aplicación de los acuerdos pendientes, siendo ésta una decisión que se presenta, además, en un delicado momento del avance de los diálogos en Quito con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).
En el oficialismo no hay acuerdo frente a la decisión; mientras Humberto de la Calle ya declara que la Corte puso en «jaque» los acuerdos [2], el jefe del Ejecutivo [3] le quita relevancia a tamaña decisión, señalando que esta sólo afectaría lo procedimental, mas no la seguridad jurídica. Sin embargo, en el debate político todos los ojos recaen sobre el uribismo, la fuerza política que una vez más sale victoriosa con este fallo, siendo Iván Duque -precandidato para 2018- quien se anota el gol, precisamente por ser quien tramitó la denuncia el pasado año. De esta forma, parece quedar en el olvido su asistencia a la reunión con Duda Mendoça [4] que levantó suspicacias frente al escándalo Odebrecht, el mismo por el que su copartidario Oscar Iván Zuluaga estaba hasta hace pocos días en la mira del Consejo Nacional Electoral [5] -y razón por la cual fue liquidado de la lista de presidenciables en el partido de Uribe para los próximos comicios-.
Iván Duque se posiciona, en un escenario político en el que el uribismo no ha definido su adalid en el proceso que se avecina [6]. Sin embargo, al igual que gran parte de los presidenciables, por su formación política resulta un perfil poco popular entre la ciudadanía, según los sondeos más recientes [7]. Por ello, le conviene el efecto del fallo de la Corte Constitucional que puede derivar en una mayor presencia mediática y reconocimiento público entre una ciudadanía que, aún, no le pone cara al uribismo, fuera de la del líder del movimiento. Por su parte, el partido de Germán Vargas Lleras [8], Cambio Radical, a través de Jorge Enrique Vélez (jefe del partido) se aleja cada vez más de las prerrogativas oficialistas y avanza hacia el cierre del camino hacia la paz, anunciando desde ya su rechazo a continuar con los diálogos con el ELN, de llegar a la Presidencia.
También, de manera muy temprana, se comienzan a hacer efectivas las preocupaciones de líderes sociales y activistas LGBT, quienes elevaron sus quejas por la elección en la Corte Constitucional de dos magistrados escorados a la derecha: Cristina Pardo y Carlos Bernal [9] -éste último, ficha de Santos en la Corte pero que ha manifestado un espíritu de rechazo a la implementación de los acuerdos de paz, en particular a los temas asociados a la Jurisdicción Especial para la Paz [10]-.
Así las cosas, el escenario en Colombia para la paz no es nada halagüeño, el posicionamiento de la extrema derecha política en guerra abierta contra la implementación de los acuerdos va tomando fuerza ante un Gobierno que observa impávido la desestructuración de los acuerdos de paz desde las instituciones, que cierra los ojos ante el avance del paramilitarismo en territorio y que no desarrolla respuestas eficaces ante las demandas de los ciudadanos más afectados por el conflicto latente y en constante avance.
Notas:
[1] http://nuestropartidoescol
[2] http://www.eltiempo.com/po
[5] http://www.elespectador.co
[7] http://www.semana.com/naci
[8] http://www.elespectador.co
Ava Gómez Daza / Investigadora CELAG
@Ava_GD
Artículo publicado en: http://www.celag.org/la-paz-pr
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