Varios hechos en los últimos días nos hacen recordar a los optimistas de la paz que este no será un propósito fácil en una sociedad como la colombiana que tiende al olvido. Todos los procesos de negociación en el mundo para llegar a un acuerdo de paz, han transitado caminos difíciles, que incluso los han […]
Varios hechos en los últimos días nos hacen recordar a los optimistas de la paz que este no será un propósito fácil en una sociedad como la colombiana que tiende al olvido. Todos los procesos de negociación en el mundo para llegar a un acuerdo de paz, han transitado caminos difíciles, que incluso los han llevado al fracaso en muchos casos. Pero en Colombia el terreno sigue siendo árido, a pesar de los resultados iniciales que ha mostrado el proceso: disminución de muertes, atentados, concentración de la guerrilla de las FARC, movilización ciudadana, etc.
Con razón, distintos sectores de la comunidad internacional como las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, los gobiernos y parlamentos del mundo, la Unión Europea, el Celac, las agencias de cooperación, entre otros, a pesar de respaldarlo y de valorarlo, quizás como el único ejemplo en un mundo lleno de confrontaciones armadas, sigan sin entender por qué nuestro país no celebra ni lo reconoce como un acontecimiento fundamental; ni mucho menos logra los consensos necesarios, tanto en la institucionalidad como en la sociedad.
El primer hecho, fue la Segunda Convención Nacional del Centro Democrático realizada en la sede de la Misión Carismática Internacional en Bogotá a principios de mayo, pues además de ratificar la mezcla de religión y política, también se hizo explicita la postura de oponerse a la implementación de los acuerdos logrados entre el Estado colombiano y las FARC – EP y la invitación a hacer trizas el acuerdo firmado.
Lógicamente, esa promesa será su plataforma política de llegada al poder y la fórmula para conquistar el corazón de los colombianos que votaron el plebiscito, buscando lograr la coalición de empresarios, iglesias de distintos credos, sectores de ex militares, de opinión y líderes políticos, para disputarse el retorno a la Presidencia y las curules del Congreso de la República en 2018.
Dicha coalición recoge una muestra variopinta de puntos de vista políticos que pretenden devolver al país a los tiempos de la guerra fría, al modelo latifundista medieval, al Estado religioso y contrainsurgente, a los cacicazgos políticos, en fin, a un país sin modernidad y sin modernización.
El detalle no es menor, cuando sin sonrojo se declaran como partido de derecha recogiendo lo más selecto de la fauna política del país que pretende la restauración conservadora. Eso hace más transparente el debate de la lucha política ideológica en el país y, por ende, de los proyectos políticos que aspiran llegar a la Casa de Nariño y al Congreso, y dirigir las instituciones. Es un bloque de poder organizado con una agenda concreta, así hayan tratado de matizar su adscripción a la derecha difundiendo su carácter pragmático y eludiendo el debate político de lo que realmente son.
Debate alrededor de la decisión de la Corte
El segundo aspecto es la reciente decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles varios apartes del Acto Legislativo 01 de 2016, Acto Legislativo para la Paz, invocando razones de inconstitucionalidad frente a la limitación del Congreso en relación al mecanismo de contrapesos que requiere el Ejecutivo, y la separación y el equilibrio de poderes en el Estado colombiano, dándole un fuerte golpe al mecanismo extraordinario del Fast-track para tramitar las normas que garantizarían la implementación del Acuerdo Final de manera rápida y en los tiempos necesarios.
Pero la Corte debería tener en cuenta que la paz es un derecho establecido en el artículo 22 de nuestra Constitución Política, y que el acuerdo firmado en el Teatro Colón se hizo en el marco de ese derecho que tenemos los colombianos.
En tal sentido, y etendiendo el papel de la Corte, la paz no puede quedar atrapada en los debates jurídicos, en un ambiente de polarización y presión política, agenciado desde aquellos que han prometido «volver trizas» el acuerdo de La Habana; más cuando la realidad de las instituciones en Colombia da cuenta de que éstas también están cuestionadas: La politización de las Cortes, las puertas giratorias en la justicia, el descredito del Congreso, el uso político a la defensa de la Constitución con intereses mezquinos, por mencionar algunos aspectos.
Y no se puede olvidar que la Constitución del 91 ha sufrido en su poca existencia varias contrarreformas agenciadas por ellos mismos, que han opacado su espíritu y obstaculizado su implementación como Carta de navegación de la sociedad colombiana.
No es menor el detalle de que el demandante del Acto Legislativo para la Paz haya sido Iván Duque, precisamente del Centro Democrático. Ni que después del pronunciamiento de la Corte, y a pocos días de haberse declarado en rebeldía y resistencia ante los acuerdos de paz, reclamen como suya la victoria de obstaculizar el desarrollo legislativo por la vía rápida acorde a los tiempos establecidos en la negociación.
En este terreno, será fundamental el papel del Congreso en garantizar que los puntos acordados mantengan el espíritu en su agenda legislativa, y la vigilancia ciudadana para que así sea. Pero esto será hará en un tránsito de bastante incertidumbre, pues es ya conocido que en ambientes preelectorales mantener la unidad es algo ingenuo. Basta ver el papel de Cambio Radical, el Partido Conservador y, lógico, el Centro Democrático, para renegociar lo pactado o ponerle «micos» a los primeros proyectos de ley que implementarían los puntos del Acuerdo final. Quizá uno de los más notables fue el ocurrido en el debate del Acto Legislativo de la Jurisdicción Especial de Paz, a la cual le limitaron su competencia para investigar a los financiadores de la guerra.
La continuidad de la violencia en tiempos de paz
Un tercer aspecto, es lo que viene ocurriendo con el Plan Pistola ordenado por la estructura criminal llamada Clan del Golfo. Ya van 9 policías muertos según el mismo comandante de la Policía Nacional, José Hernando Nieto en entrevista con la W. Esta situación nos hace volver a tiempos aciagos donde existió ese mismo repertorio en época de los Carteles del narcotráfico a principios de los años noventa. No son las FARC las que están matando policías en el país, pues hasta el momento han honrado, tanto ellas como las Fuerzas Militares, el cese al fuego y de hostilidades definitivo que fue pactado desde el 29 de agosto de 2016. Pero no deja de llamar la atención la estrategia de hacer la guerra en medio de la guerra o en tiempos de paz.
No se puede olvidar, que precisamente la existencia del Clan del Golfo, Urabeños, Autodefensas Gaitanistas, o como se les quiera llamar, es una continuidad del proyecto narco paramilitar hijo del proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe, hoy senador, y quien dirige y orienta el Centro Democrático. Por ende ese partido que se opone al logro de la paz.
Tampoco podemos olvidar que con la extradición de los jefes paramilitares se fue de este país parte del relato para conocer la verdad del fenómeno paramilitar y sus alianzas criminales con sectores políticos y empresariales, y los beneficios que acumularon gracias a la violencia desatada. No es gratuito que luego de 5 meses y medio de la firma del Acuerdo final, en Colombia hayan sido asesinados alrededor de 40 líderes y defensores de Derechos Humanos, 8 de ellos en Antioquia, cuyo único delito ha sido la lucha por la devolución de sus tierras, por la defensa del medio ambiente, por la construcción de la paz en los territorios, por abrir la participación democrática y por rodear la negociación política del Estado con las insurgencias.
La experiencias y los riesgos de procesos anteriores
Por último, la memoria nos recuerda que la violencia política se ha ensañado ante cualquier esfuerzo de negociación política del conflicto armado, bien con el aumento de la «guerra sucia» contra líderes sociales, dirigentes políticos progresistas y de izquierda, y la eliminación de cualquier nueva expresión política que pretenda competir en los espacios de representación. No es gratuito tampoco que muchas de las agresiones sistemáticas se concentren en zonas del país en las que se implementarían las 16 Circunscripciones Especiales de Paz. Yendo un poco más lejos, es bueno recordar que ante el intento de negociación de las FARC a mediados de los años ochenta fue exterminada la Unión Patriótica como expresión política, y sus dirigentes Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo.
Pero además en los distintos procesos de negociación política de los años noventa, varios de los máximos dirigentes de guerrillas fueron ejecutados durante la negociación o luego de los acuerdos firmados (M-19, EPL, Quintín Lame, CRS); aun cuando parte de esos acuerdos dieron como fruto la Constitución Política de 1991 que hoy tenemos. Por aquellos días se empezaba a configurar el modelo paramilitar en el Magdalena Medio, luego transferido a la región del Urabá y Córdoba, y posteriormente expandido en todo el país como proyecto político-militar bajo las AUC, que fuera la máquina de guerra y muerte que hoy conocemos.
De manera que el repertorio de violencia política para oponerse a los intentos de paz en Colombia y recibir beneficios de ella, sigue siendo una constante histórica y una verdad por esclarecer. Los tiempos difíciles tienen la virtud del recuerdo, y de poner los retos que implica este árido camino de la paz, una vez más, en Colombia. Es fundamental mantener el proceso de refrendación de lo acordado, el cual no se agotó ni en el plebiscito, ni en el Congreso; la legitimación es un proceso continuo que se deberá ver reflejado en la movilización ciudadana, en transformar la cultura política impuesta del Odio y la venganza por la solidaridad y la pluralidad, y en delegar a conciencia y sin ataduras, el poder que se otorga a quienes pretenden representarnos políticamente. Ese será uno de los caminos para constituir una convergencia social y política por la paz que contrarreste el bloque de poder que pretende perpetuar el relato de la guerra. No debemos olvidar.
Diego Herrera Duque, presidente de la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC).
Fuente: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/05/19/tiempos-dificiles-para-no-olvidar/