El más destellante logro de 2 años de proceso de paz en La Habana es la progresiva expansión del sentimiento de reconciliación en el corazón de los colombianos. Ahora más que nunca necesitamos darle vida y movimiento al preámbulo, al espíritu del Acuerdo General que establece que la construcción de la paz es asunto de […]
El más destellante logro de 2 años de proceso de paz en La Habana es la progresiva expansión del sentimiento de reconciliación en el corazón de los colombianos.
Ahora más que nunca necesitamos darle vida y movimiento al preámbulo, al espíritu del Acuerdo General que establece que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, para que la marcha de Colombia hacia su destino de paz, avance sin reversa.
Nadie controvierte hoy que el respeto a los derechos humanos debe tremolar en todos los confines del territorio nacional; que el desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso; que es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de paz y que el desarrollo social con equidad y bienestar, nos permitirá crecer como país.
Estos postulados del marco conceptual del Acuerdo de agosto de 2012, están en sintonía con el palpitar del anhelo nacional; pero también en contraste con estos fundamentos, y en contradicción con lo hasta ahora logrado en los acuerdos parciales, el gobierno avanza con sus iniciativas legislativas neoliberales que tiran por la borda la posibilidad cierta de una Reforma Rural Integral, lo cual indica, que si algo urge para lograr un rumbo de irreversibilidad hacia la conquista del Acuerdo Final, deberá el gobierno actuar con sindéresis, interpretando el sentir de las mayorías nacionales que piden paz, democracia y buen vivir, en vez de marchar al compás del egoísmo y la exclusión que caracteriza a la derecha guerrerista.
La mayoría de los acuerdos parciales, y gran parte de las 28 salvedades, no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad estas aspiraciones.
Una Reforma Rural Integral como la que pretende el primer acuerdo parcial, por más intentos de formalización, distribución y restitución que se hagan, es imposible si no resuelve el grave problema del latifundio que está latente y en crecimiento; es imposible si sigue avanzando el proyecto de Ley 133 de 2014 impulsado para complacer a los empresarios que están tomando por asalto la Altillanura, o si no se resuelven asuntos de suma trascendencia como los conflictos de uso del suelo, que con aspectos como la explotación minero energética llevan aparejados el saqueo de nuestras riquezas naturales, el detrimento de nuestra soberanía y la necesidad de un reordenamiento territorial participativo.
La expansión de la democracia, por más iniciativas de participación ciudadana que se hayan pactado, no será cierta si se continúa con la contra-reforma política que impide el acceso de las minorías a las instancias de representación, como si se mantienen la Doctrina de la Seguridad Nacional, la concepción del enemigo interno, el paramilitarismo, las leyes liberticidas de seguridad ciudadana, la pretensión de aprobar un fuero militar de impunidad, y el monopolio mezquino de los medios de comunicación. Menos si se niega la posibilidad de abordar los problemas de orden político, económico y social que tienen las enormes masas de población urbana y se obstruyen las iniciativas de transformaciones institucionales.
La vieja política antinarcóticos que aún pervive como desarrollo de la fracasada «guerra contra las drogas» impuesta por Washington ha favorecido en Colombia la corrupción, el crimen, la impunidad y la ofensiva contrainsurgente de un Estado gansterizado, y en gran medida capturado por las mafias del narcotráfico. Frente a esta realidad logramos construir un tercer acuerdo parcial, que concibe una nueva política de lucha contra las drogas de uso ilícito, fundamentado en el carácter social del problema, desmilitarizándolo, restándole el acento prohibicionista y punitivo respecto a los campesinos cultivadores y a los consumidores, que en realidad son víctimas y el eslabón más débil del problema. Este acuerdo parcial, que enfatiza en que la persecución debe dirigirse contra los comercializadores y el sector financiero que se lucra del lavado de activos, ha sido ponderado con creces por organismos internacionales como Naciones Unidas. No obstante, el fenómeno en cuestión no tiene posibilidad de solución sin el concurso del conjunto de las naciones del mundo por la condición de negocio capitalista que entraña.
Por otra parte, en nuestro propio territorio la solución del problema implica definir una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; y requiere acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, que ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
Al lado de estos y otros profundos problemas sociales que se encuentran en el centro de los debates de la Mesa de Conversaciones, está el trascendental tema de las víctimas del conflicto, hoy en pleno desenvolvimiento y ya con algunos compromisos suscritos en el Acuerdo de Principios y en la realización de 4 de las 5 audiencias que se programaron para escuchar sus dolores del alma y sus esperanzas de paz. En todos los encuentros no hay idea que haya resplandecido más que la de encontrar la reconciliación desde ya, cesando las hostilidades que eviten la generación de nuevas víctimas. Creemos estar marchando con paso firme y seguro en la construcción de mecanismos que esclarezcan los orígenes, las causas y las responsabilidades en el surgimiento y la permanencia de una guerra impuesta por el bloque de poder dominante, respecto a la cual, instancias no gubernamentales de alta credibilidad han señalado al Estado y a sus grupos paramilitares, como los responsables de más del 80% de los casos de victimización, sin contar su protagonismo en la proliferación de la miseria, la desigualdad y la violación del conjunto de los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales.
Entre los mecanismos a los que aludimos, registramos la puesta en marcha de la «Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas», cuyo informe deberá tener alcances vinculantes, con un marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la comisión de esclarecimiento y de memoria que nos entregue verdades sobre la confrontación y siente bases de no repetición. Para dinamizar estas instancias, las FARC-EP presentaron un decálogo de propuestas mínimas y lineamientos orientadores para la discusión del punto 5 de la Agenda, las cuales son elementos de discusión que hemos propuesto para que el país busque alternativas de resarcimiento y convivencia sobre bases de justicia, en su sentido más amplio e integral.
Otros espacios de interlocución para tratar aspectos centrales de la Agenda, son la subcomisión de género y la subcomisión técnica, la última de las cuales, además de tener la misión de abordar asuntos como el del cese bilateral de fuegos y la dejación de las armas, tiene al Comando Guerrillero de Normalización como complemento en la tarea de observar el necesario y honroso retorno de las Fuerzas Militares a su rol constitucional de defensa de las fronteras de la patria.
Vale resaltar que las discusiones y construcciones teóricas realizadas por la insurgencia durante los ciclos dedicados a analizar el punto VÍCTIMAS, han permitido poner en claro el sentido que para las FARC tienen conceptos y procedimientos como los de armisticio y dejación de armas, o cómo ha de ser el paso de organización armada a movimiento político para la lucha abierta en un periodo de normalización, que no de transición. En este plano de ideas, cuyas consecuencias tocan en compromisos, tanto al gobierno como a la insurgencia, no hay para el proceso de paz ningún marco jurídico diferente al Acuerdo General de La Habana, ni hay Ley de justicia transicional diferente a los compromisos que de este se deriven.
Tanto la dejación de las armas, que es el compromiso de la guerrilla y del Estado de su no utilización en política, como el armisticio, durante el cual se deben implementar los acuerdos, serían elementos básicos del tratado de paz, cuya refrendación deberá tener un mecanismo pactado entre las partes para llevarlo a la más amplia posibilidad de complementación y convalidación del soberano.
Sin duda, el Tratado de Paz deberá forjarse como producto de profundos acuerdos políticos que le suministren un suficiente blindaje jurídico, en el que el reconocimiento de la rebelión como derecho universal, puesto en práctica por la insurgencia, tenga la valoración y las garantías propias del carácter altruista que lo inspira, circunstancia que implicará, aparte de los cambios estructurales para superar la desigualdad, la miseria y falta de democracia, el restablecimiento del delito político como aspecto nodal de las conclusiones que debe tener el tratamiento integral y simultáneo de los temas que se comprenden en el punto 3 FIN DEL CONFLICTO, porque nadie entendería que las FARC-EP depusieran su opción por la rebelión, sin que su lucha haya aportado de manera sustancial a la superación y solución de los factores que generaron el alzamiento.
Con este balance altamente favorable a la salida política del conflicto y, sobre todo, teniendo en nuestras manos los acuerdos parciales y los avances a los que hemos hecho alusión, indicando que con ellos comenzamos la discusión de temas decisivos, debemos decir que no es sensato que continuemos matándonos en una confrontación, que de no parar, generará prisioneros e incidentes que pueden poner en peligro la continuidad de la Mesa de Conversaciones y la anhelada posibilidad de llegar a la firma del Acuerdo Final. No es este un temor infundado, porque hoy mismo tenemos la circunstancia de que el Gobierno, habiendo ordenado arreciar la ofensiva contra la insurgencia, cuando recibe golpes que involucra la captura de prisioneros, tal como ocurrió con los soldados de la fuerza de tarea Quirón o como sucedió con la captura por fuerzas guerrilleras del comandante de la fuerza de tarea Titán, general Rubén Darío Alzáte, de manera impulsiva e inconsecuente suspende las conversaciones. No es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se le toquen a sus soldados y generales.
Finalmente, debemos recordar que si todos los subpuntos del punto 3 sobre «Fin del conflicto» deben resolverse integral y simultáneamente, es bueno que el gobierno, en atención al subpunto 5, vaya estableciendo con su interlocutor cómo se «revisará» y se van a hacer «las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz».
A dos años de desenvolvimiento de estas conversaciones que han hecho reverberar la esperanza de un pueblo, no podemos dejar de pronunciar con profundo sentimiento bolivariano y con la memoria viva de nuestro comandante Manuel Marulanda Vélez, las siguientes palabras:
A Cuba, garante del proceso y país anfitrión, a su gobierno revolucionario y a su pueblo, en nombre de los colombianos, nuestro amor y eterna gratitud por tanto desvelo por la paz de Colombia. Al gobierno y al pueblo de Noruega, gracias por contribuir a la reconciliación de un país latinoamericano que merece vivir en paz. Gracias presidente Nicolás Maduro de Venezuela, gracias presidenta Michelle Bachelet de Chile, por su acompañamiento y solidaridad.
La paz deberá triunfar en Colombia. VENCEREMOS.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP